Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración

1. 53. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2003. En dicha ocasión, al examinar alegatos sobre hechos violentos contra huelguistas y trabajadores, el Comité deploró los hechos violentos contra huelguistas y trabajadores de la hacienda Los Alamos en mayo de 2002 y pidió al Gobierno que le comunique el texto de la sentencia que se dicte y espera que los heridos y los perjudicados en sus bienes serán debidamente indemnizados [véase 332.º informe, párrafos 536 a 550].
2. 54. Por comunicación de 15 de diciembre de 2003, el Gobierno informa que apenas se tuvo conocimiento de los hechos suscitados en la hacienda Los Alamos, el Fiscal de la ciudad de Naranjal dictó la instrucción núm. 050-2002 en contra de los Sres. Mireses Obando, Carlos Bahamonde, Temistocles Navas, Angel Estrada, Hernán Nazareno, Roger Ducan, Marcos Galarza, Findley Gallegos, Carlos Cabindo, Mauro Sánchez, Arístides Lara, José Barroso y Víctor Argoti, por los delitos de lesiones y tenencia ilegal de armas. Luego de practicar varias diligencias, el Fiscal presentó dictamen acusatorio y el Juez dictó auto de llamamiento a juicio en contra de los prenombrados imputados como autores de la infracción tipificada en el artículo 162 en concordancia con el artículo 470 del Código Penal. El mentado auto fue impugnado por los acusados mediante recurso de apelación, en virtud de lo cual la Quinta Sala de la H. Corte de Justicia de Guayaquil lo revocó dictando auto de sobreseimiento.
3. 55. El Comité toma nota de estas informaciones. El Comité lamenta profundamente que los graves actos de violencia (12 trabajadores heridos; dos de ellos gravemente), malos tratos y actos de agresión contra huelguistas y contra sus bienes en la hacienda Los Alamos que datan de mayo de 2002 puedan quedar impunes tras los sobreseimientos dictados por la autoridad judicial. A este respecto, el Comité pide al Gobierno que se continúen tomando medidas para sancionar a los autores de los actos de violencia en cuestión y para que las víctimas sean debidamente indemnizadas.