Rapport définitif - Rapport No. 286, Mars 1993

1. 153. El Congreso del Trabajo de Canadá (CLC), en nombre de su afiliado, el Sindicato de Transportes y Comunicaciones (TCU), presentó, el 3 de noviembre de 1992, una queja contra el Gobierno del Canadá en la que alega violación de los principios de la libertad sindical.
2. 154. El Gobierno del Canadá envió su respuesta el 24 de diciembre de 1992.
3. 155. Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

A. Alegatos del querellante

1. 156. En su comunicación de 3 de noviembre de 1992, el CLC alega que el Gobierno de Canadá ha violado los principios la libertad sindical al adoptar, el 11 de octubre de 1992, una legislación sobre reanudación del trabajo denominada ley sobre operaciones de manipulación de cereales en Thunder Bay, proyecto de ley C-37.
2. 157. El 31 de enero de 1991 expiró el acuerdo concertado entre el TCU y los seis miembros de la asociación Lakehead Terminal Elevator Association (LTEA) que abarcaba aproximadamente a 900 trabajadores en Thunder Bay, Ontario. Negociaciones contractuales se celebraron durante 18 días entre enero y agosto de 1991 y se suspendieron el 22 de agosto por no llegarse a un acuerdo sobre cuestiones de seguridad en el empleo, pensiones, formación y salarios. El Ministro Federal de Trabajo publicó el 24 de septiembre una decisión de "no designación de junta" ("no board report"), por lo cual significaba que había decidido no designar a un comisionado de conciliación o una junta de conciliación y que los trabajadores cerealistas tendrían la facultad, dentro del plazo de una semana, de declararse en huelga. Mientras tanto, una orden del 2 de octubre por la cual el Gobierno ordenaba la reanudación del trabajo, puso término a una huelga legal de empleados federales de la Alianza de la Fundación Pública del Canadá (PSAC), que había interrumpido todas las operaciones de manipulación de cereales en Thunder Bay durante el mes de septiembre y a principios de octubre. El TCU empezó su huelga el día siguiente, 3 de octubre.
3. 158. En la tarde del 8 de octubre, el Ministro de Trabajo llamó al Vicepresidente Ejecutivo de la División de Cereales del TCU, Herbert Daniher, para informar al sindicato de que había evolucionado la situación respecto de la ruptura de las negociaciones y de que la LTEA estaba dispuesta a discutir todas las cuestiones pendientes. En lugar de ello, el conciliador principal del Gobierno llegó a Thunder Bay en la mañana del día siguiente para decirle al Señor Daniher que las partes en la negociación habían de llegar a un acuerdo en la tarde o que el Ministro de Trabajo promulgaría una legislación sobre la reanudación del trabajo. Por otra parte, el Ministro de cereales y semillas oleaginosas anunció, en una manifestación en la que participaron varios millares de campesinos en Manitoba, que se promulgaría con efecto inmediato la legislación sobre reanudación del trabajo. El CLC alega que la declaración del Ministro de cereales imposibilitó toda oportunidad de llegar a un acuerdo colectivo. El Gobierno promulgó la legislación mencionada en la tarde del 9 de octubre. La aprobó el Parlamento el 10 de octubre tras debates y comentarios incluida la crítica de la misma por el Señor Daniher. La ley recibió sanción real el 11 de octubre. Los trabajadores cerealistas reanudaron el trabajo el 12 de octubre.
4. 159. En los documentos complementarios que presenta, el CLC señala que anteriormente las negociaciones entre los sindicatos y la LTEA siempre habían conducido a acuerdos sin intervención del Estado, con un total de tres huelgas en los últimos 25 años. Los motivos esenciales del conflicto eran el cese de empleados con muchos años de servicio y el pago de pensiones insuficientes por las compañías de seguros. La plantilla de trabajadores cerealistas de Thunder Bay se había reducido de 1.800 a 900 personas en los últimos siete años y la mitad de la mano de obra ocupada trabajaba solamente la mitad del año. En la declaración que hizo en el Senado, el Señor Daniher, del TCU, señaló que la huelga no se había declarado contra el Gobierno sino contra la LTEA y que no debía ser suspendida por el Gobierno.

B. Respuesta del Gobierno

1. 160. En su comunicación de 24 de diciembre de 1992, el Gobierno declara que ofreció "todas las oportunidades" a los trabajadores cerealistas y a los empleadores para resolver sus discrepancias sin solución impuesta, y que no ha violado ninguno de los derechos de negociación colectiva. El Gobierno ofreció servicios de mediación y de conciliación a las partes al principio de las negociaciones y volvió a ofrecerlos cuando se declaró la huelga. El 8 de octubre, con el fin de convencer a las partes de la gravedad con que el Gobierno consideraba la situación, el Director General del servicio de mediación y conciliación fue enviado a Thunder Bay. Como no se llegó a un acuerdo, el Gobierno presentó el proyecto de ley sobre reanudación del trabajo. En virtud de un sistema de mediación y arbitraje previsto en la legislación, las partes llegaron finalmente a un acuerdo sobre muchas cuestiones, incluido el período de vigencia del acuerdo, la seguridad y la salud, el seguro de enfermedad y accidentes, el seguro de asistencia bucodental, el seguro colectivo, la invalidez de la larga duración, las primas correspondientes a los turnos de trabajo y el subsidio de comidas.
2. 161. El Gobierno tomó la decisión de terminar rápidamente la huelga del TCU porque los montacargas de Thunder Bay son esenciales para asegurar el transporte de cereales a los mercados nacionales e internacionales. Por otra parte, la huelga de empleados federales en el mes anterior había puesto en peligro el equilibrio económico local y regional, así como la reputación de Canadá, como abastecedor fidedigno de exportaciones de cereales. Canadá es el segundo exportador mundial de cereales y Thunder Bay es el puerto cerealista más importante del mundo.

C. Conclusiones del Comité

1. 162. El Comité toma nota de que el presente caso se refiere a restricciones a la negociación colectiva impuestas por el Gobierno a 900 trabajadores de la asociación Lakehead Terminal Elevator Association (LTEA) con la promulgación de una legislación sobre reanudación del trabajo. El Congreso del Trabajo de Canadá (CLC) declara que el Gobierno violó los principios de la libertad sindical al poner término con carácter obligatorio a una huelga de nueve días. El Gobierno sostiene que las medidas que adoptó se debían a la crisis creada por el cierre prolongado de un puerto esencial para la economía de Canadá y que estas medidas se ajustan a los principios básicos de la OIT.
2. 163. El Comité lamenta que el Gobierno no haya dado prioridad a la negociación colectiva para reglamentar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y se haya sentido obligado, en lugar de ello, a adoptar la ley sobre trabajadores cerealistas de Thunder Bay, proyecto de ley C-37.
3. 164. El Comité observa que la respuesta del Gobierno sugiere que sus disposiciones pueden justificarse con la teoría de que las operaciones de manipuleo de cereales son un servicio esencial. El Gobierno se refiere repetidas veces a las características "esenciales" del puerto, a saber, que los montacargas "son esenciales para el transporte del grano de las zonas de producción agrícola a los mercados nacionales e internacionales" y que la reanudación de las operaciones es "esencial" para defender la reputación de Canadá como abastecedor de cereales. De hecho, la respuesta del Gobierno refleja el debate parlamentario sobre el proyecto de ley relativo a la reanudación del trabajo en el que los defensores del proyecto de ley sostenían que el manipuleo de cereales era un servicio esencial. (Véanse comentarios del honorable H.A. Olson, Debates of the Senate, 11 de octubre de 1991, página 418 - documentos incluidos en el anexo de la queja.)
4. 165. El Comité recuerda que los servicios esenciales son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. El manipuleo de cereales no es un servicio esencial en el sentido estricto de la expresión. (Véase Recopilación, párrafos 400-410.)
5. 166. Teniendo en cuenta el hecho de que el Gobierno ha adoptado una legislación de este tipo en numerosas ocasiones en un pasado reciente, el Comité insta al Gobierno a que se abstenga en el futuro de recurrir a tal legislación en los servicios no esenciales.