Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 246, Novembre 1986

1. 184. El Kilusang Mayo Uno (KMU) presentó una queja por violaciones de los derechos sindicales mediante comunicación de 1. de octubre de 1985. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITAA) presentó una queja sobre el mismo asunto por carta de 19 de febrero de 1986, en nombre de su afiliada, la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar. El Gobierno envió sus observaciones en sendas comunicaciones de fecha 28 de abril y 22 de septiembre de 1986.
2. 185. Las Filipinas han ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de los querellantes

1. 186. En su comunicación de 1. de octubre de 1985, el KMU alega que el 20 de septiembre de 1985 en Escalante Town, Provincia de Negros, un nutrido grupo de trajadores del azúcar afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, fueron atacados por una unidad paramilitar de las Fuerzas Armadas. Según alega, 17 cayeron muertos, 30 fueron heridos y 197 desaparecieron. A tenor del querellante, dichos trabajadores habían ejercido sus derechos constitucionales de libertad de expresión, reunión pacífica, derecho de sindicación y derecho a la huelga para conseguir una serie de demandas presentadas al empleador (subsidios de arroz gratuitos, aumentos salariales, etc.). Según el KMU, en el momento de producirse los disparos los trabajadores manifestaban pacíficamente.
2. 187. A tenor del informe elaborado por los abogados sindicales que visitaron Escalante para realizar una misión investigadora, cinco días después de producirse la matanza, el 18 de septiembre unas 5 000 personas (trabajadores del azúcar, estudiantes, vendedores ambulantes y otros organizaron una ruidosa manifestación en el centro de la ciudad; ello fue seguido al día siguiente por el levantamiento de varias barricadas humanas que se montaron enfrente del mercado público y a la entrada de la plaza municipal. Según relatos de testigos oculares, dichas barricadas sólo ocupaban un carril y no obstruían la circulación del tráfico. El 20 de septiembre un coche de la policía se dirigió a las barricadas e invitó a los dirigentes a participar en una conferencia negociadora en el Ayuntamiento. Como los léderes no vieran claro el ofrecimiento y pidieran que las negociaciones se llevaran a cabo en los centros de las barricadas, los policías se alejaron del lugar. Esa misma tarde los manifestantes fueron atacados con tanquetas que arrojaban chorros de agua a alta presión, en la que se contenían productos quémicos, y bombas lacrimógenas. Cuando algunos manifestantes arrojaron a su vez los botes de humo hacia la plaza vacía, y no en dirección de las tanquetas de agua, las unidades paramilitares de las Fuerzas de Defensa Interior Civil, abrieron fuego. Como la mayoría de los manifestantes se echaran al suelo, recibieron los impactos de las balas en la espalda o en el costado. Al parecer, se había instalado una ametralladora en la torre del Ayuntamiento. Tras dispersarse los manifestantes presos del pánico hacia los campos de caña de azúcar o los canales, las fuerzas militares y paramilitares acordonaron la zona y ordenaron a los presentes que trasladaran a los heridos a los hospitales cercanos.
3. 188. En el informe se relacionan los nombres y datos clénicos de los 18 manifestantes que cayeron muertos: Rowena Franco, Clara F. Monares, María Luz Mondejar, Juvelyn Jarbilo, Rogelio, Michael Dayanan, Jahnny Suárez, Loloy Tan, William Alegre, Alex Lobatos, Edgardo Osalili, Nenita Orot, Ronilo Santa Ana, Angelina Lape, Manuel Tan, César Tejones, Norberto Locanilao y Rodolfo Montealto. También se recogen en él los nombres de los 23 manifestantes heridos, junto con sus lesiones: en el Hospital Magadalene, Lucía Ravanes, Eliza Zaraga, Henry Bernal, Félix Almoros, Nelson Cabahug, Celso Seborado, Joel Guiameo, Nono Jarabello, Leones Luvina, Eduardo Latoza, Julio Iwayon, Renato Saratobias; en la Clínica Hinolan, Virginita Mabuyao, Ernesto Caro, Nelly Artigo, Renato Tapel, Magdalene Hemolas; en el Hospital Lopez District Foundation, Hermógenes Elías, Alejandro Bucabal, Abundia Caraat, Federico Dogomeo, Globen Gabrido y Luzinda Genola.
4. 189. La UITAA, en su comunicación de 19 de febrero de 1986, describe el mismo incidente sobrevenido el 20 de septiembre de 1985 en Escalante, alegando que en el curso de una manifestación pacífica de los trabajadores del azúcar, éstos fueron atacados por las fuerzas filipinas del orden cayendo muertos 27 manifestantes. Por los recortes de prensa que adjunta a su queja, puede verse que 17 de las 27 personas muertas eran miembros de la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar.

B. Respuesta del Gobierno

1. 190. En su comunicación de 28 de abril de 1986, el Gobierno señala que los recientes acontecimientos poléticos en el país han provocado un cambio total del Gobierno en las Filipinas. Hace notar que la promoción de los derechos humanos, la justicia social y unas mejores condiciones de vida y trabajo constituirán en adelante los objetivos prioritarios en la esfera del trabajo y el empleo. La Presidenta de la República ha prometido que la administración hará todos los esfuerzos posibles para mejorar la condición de los trabajadores, siendo inminentes una serie de reformas que tendrán por fin restaurar los otrora restringidos derechos de los trabajadores y de los sindicatos.
2. 191. Por lo que se refiere al presente caso en particular, el Gobierno señala que una Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa elaboró dos informes, recomendándose en el minoritario, la inclusión en el pliego de cargos de varias autoridades civiles, así como de varios altos mandos militares que habían sido excluidos de la lista de personas inculpadas del informe mayoritario. Señala asimismo que el Ombudsman de la Justicia, Raul González, ha intercedido ya ante la Presidenta y el Ministro de Defensa para que se estudie el caso. Según sus propias palabras, tratará de que se procese a los acusados ante los tribunales civiles si la jurisdicción militar no se declara competente, añadiendo que el depuesto Presidente Marcos había excluido la jurisdicción de los tribunales militares sobre el caso.
3. 192. En su posterior comunicación de 22 de septiembre, el Gobierno añade que la Oficina del Tanodbayan (Ombudsman) está llevando a cabo las investigaciones preliminares para la interposición de cargos formales contra las personas responsables de la masacre de Escalante, y señala que la investigación se basará fundamentalmente en los informes mayoritario y minoritario (los cuales adjunta) de la Comisión investigadora creada previamente para examinar el caso.
4. 193. El Gobierno prosigue diciendo que espera, asimismo, que a partir de ahora la acción judicial avance más de prisa al ser más los testigos dispuestos a declarar, frente a la negativa general a hacerlo durante la administración previa a causa del miedo reinante. Al mismo tiempo hace notar que las personas acusadas han sido relevadas de sus funciones oficiales, recluidas en cuarteles o bien han sido objeto de otras medidas al efecto.

C. Conclusiones del Comité

1. 194. El Comité toma nota con interés de la información comunicada por el Gobierno, y en especial de su declaración en la que afirma que, a raíz del cambio completo de gobierno, la promoción de los derechos humanos, la justicia social y unas mejores condiciones de vida y trabajo constituirán los objetivos prioritarios en la esfera del trabajo, así como de que la Presidenta de la República ha prometido que la administración hará todo lo posible por, entre otras cosas, restaurar en un futuro próximo los otrora restringidos derechos de los trabajadores y de los movimientos sindicales. Comoquiera que la realización de esta promesa implica una serie de cambios en la legislación, señala este aspecto del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
2. 195. El Comité ha tomado nota asimismo de la información sobre las investigaciones preliminares que se llevan a cabo para la interposición de cargos contra las personas responsables de la masacre de Escalante, y que, según parece, tales acciones judiciales van a avanzar a un ritmo más rápido del de la administración anterior. Pide al Gobierno que le mantenga informado de cualquier novedad que se produzca al respecto y, en especial, que le facilite lo antes posible toda información relativa al proceso de las personas presuntamente responsables.