Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Serbie (Ratification: 2000)

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La Comisión toma nota de las observaciones de la Asociación Serbia de Empleadores (SAE) y de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS) comunicadas junto con la memoria del Gobierno, recibida el 30 de septiembre de 2022.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas activas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, según el informe de aplicación del Plan Nacional de Acción para el Empleo 2020, el objetivo general de la política de empleo era aumentar el empleo y comprendía los objetivos específicos de reducir la dualidad en el mercado de trabajo mediante la mejora de las condiciones laborales y de las instituciones del mercado de trabajo, fomentar el empleo y la inclusión de las personas con menos posibilidades de encontrar empleo en el mercado de trabajo mediante la aplicación de medidas activas de política de empleo, apoyar la política de empleo regional y local, así como mejorar la calidad de la fuerza de trabajo e invertir en capital humano. La Comisión toma nota de las medidas activas de política de empleo adoptadas para mejorar la situación de las personas «difíciles de emplear», como las ferias de empleo, los clubes de búsqueda de empleo, las formaciones y los talleres específicos, los programas de prácticas, de educación y de ayuda al trabajo, las prácticas profesionales, las obras públicas y las subvenciones específicas. Asimismo, la Comisión también toma nota de que el Gobierno se refiere a un análisis ex post de la Estrategia Nacional de Empleo 20112020, en el que se subraya que la aplicación de la Estrategia ha tenido éxito en general. El número de trabajadores de edad registrados (entre 50 y 64 años) se duplicó con creces en 2019 con respecto a 2011, y su participación en la población ocupada pasó del 13 por ciento al 20 por ciento. Según el análisis, el número de desempleados de larga duración (que llevan buscando empleo más de 12 meses) alcanzó su máximo en 2012 (más de medio millón) y se redujo a 170 000 en 2019. La proporción del desempleo de larga duración respecto del desempleo total disminuyó del 75,4 por ciento en 2012 al 50,3 por ciento en 2019. La Comisión observa que la tasa de actividad de la población rural aumentó del 60,4 por ciento en 2010 al 68,7 por ciento en 2019, y su tasa de empleo aumentó del 49,7 por ciento al 62,1 por ciento. El análisis indica que 142 540 desempleados y 137 443 personas «difíciles de emplear» estaban cubiertos en todas las medidas activas de política de empleo en 2019. La relativa mejora se atribuye principalmente a factores institucionales y tendencias demográficas, como las enmiendas de 2014 a la Ley del Trabajo relativas a la indemnización por despido, el aumento de la edad de jubilación, así como la enmienda de 2014 a la Ley sobre el Seguro de Pensiones y de Invalidez, por la que se introdujeron sanciones por jubilación anticipada. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Estrategia Nacional de Empleo 2021-2026 reconoce como objetivo específico la mejora de la situación en el mercado de trabajo de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y la minoría romaní que están desempleados. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el efecto de las medidas adoptadas para promover el empleo pleno, productivo y sostenible, incluidas las adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional de Empleo 2021-2026. Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas con miras a promover el empleo de las personas de edad y las personas que viven en zonas rurales, luchando contra el trabajo no declarado y el desempleo de larga duración, para que puedan acceder a un empleo decente y duradero.

Tendencias del empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la Encuesta sobre la fuerza de trabajo de la Oficina de Estadística de la República de Serbia, en la que se indica que en 2022 la tasa de empleo aumentó un 0,7 por ciento con respecto a 2011 y alcanzó el 50,3 por ciento (43,2 por ciento en el caso de las mujeres y 57,9 por ciento en el de los hombres) y que la tasa de desempleo ascendió al 9,4 por ciento (11 por ciento en 2021). La CATUS hace referencia al hecho de que, el 1.º de enero de 2019, los empleadores dejaron de contribuir al seguro de desempleo y a la introducción de condiciones restrictivas para tener derecho a las prestaciones de desempleo, cuyos niveles se consideran inadecuados. Además, la CATUS observa que en 2021 solo el 6,4 por ciento de los desempleados recibieron prestaciones de desempleo, en su mayoría por debajo del umbral de riesgo de pobreza. La CATUS sostiene que, en 2021, 872 600 personas se consideraban a sí mismas desempleadas, mientras que solo 352 300 formaban parte oficialmente de esta categoría. Dado que observa que la tasa de desempleo oficial descendió del 10,6 por ciento en el primer trimestre de 2020 al 7,9 por ciento en el segundo trimestre, en el periodo de la pandemia de COVID-19 más duro para la economía, la CATUS cuestiona la exactitud de los datos oficiales relacionados con el desempleo. Además, destaca que la tasa de desempleo oficial del 10,6 por ciento en el primer trimestre de 2022 no refleja la situación del mercado de trabajo. La CATUS hace hincapié en el problema de los bajos salarios y la protección social inadecuada y pide que se tomen medidas específicas para superarlo de manera urgente. Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de la SAE sobre su iniciativa de reformar el sistema educativo en función de las necesidades de la economía con el fin de crear puestos de trabajo de calidad, empleo para los jóvenes y suprimir la economía sumergida. Al tiempo que hace hincapié en que disponer de datos estadísticos es de suma importancia para la formulación de políticas bien fundamentadas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a las observaciones formuladas por la CATUS y la SAE. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desglosados por sexo, edad y sector económico, sobre las tendencias del empleo en el país, en relación con el tamaño y la distribución de la fuerza de trabajo, la naturaleza y el alcance del empleo, el desempleo y el subempleo. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para promover, elaborar e impartir cursos de aprendizaje de calidad y señala a su atención las orientaciones contenidas a este respecto en la Recomendación sobre los aprendizajes de calidad, 2023 (núm. 208), en la que se pide, entre otras cosas, incorporar y promover los aprendizajes de calidad en las políticas pertinentes de educación, formación profesional, aprendizaje permanente y empleo, así como establecer un marco que regule los aprendizajes de calidad.

La economía informal. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia a la reforma del empleo estacional en la agricultura y a la aprobación de la Ley sobre el empleo simplificado en puestos de trabajo estacionales en determinados sectores e industrias. El Gobierno indica que la Ley entró en vigor el 7 de enero de 2019 y que, desde entonces, 632 empleadores en 198 municipios han registrado a través del portal de trabajadores estacionales a 75 687 personas ocupadas (37 253 mujeres y 38 434 hombres). Además, la Comisión observa que, según la Encuesta sobre la fuerza de trabajo de la Oficina de Estadística de la República de Serbia, la tasa de empleo informal en 2022 fue del 13,6 por ciento (12,8 por ciento en el caso de las mujeres y 14,6 por ciento en el de los hombres), lo que representó un aumento de 21 300 personas con respecto al año anterior, predominantemente debido al número de trabajadores familiares no remunerados (20 500). La Encuesta revela que el número de personas con un empleo informal en la agricultura (225 500) es mayor que el de las que tienen un empleo formal (205 200). La Comisión toma nota también de que hay unos 93 500 trabajadores informales en el sector de los servicios y de que la relación formalidad-informalidad en el sector de la construcción asciende al 47 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la formalización de la economía informal, teniendo en cuenta la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información detallada y actualizada sobre el efecto de la reforma del empleo estacional en la agricultura con respecto a la facilitación de la transición al empleo formal, así como sobre las medidas adoptadas o previstas para integrar a los trabajadores de la economía informal en el mercado de trabajo formal, en particular a los trabajadores jóvenes, los trabajadores de edad y las mujeres, en especial en los sectores de los servicios y la construcción, así como a la categoría de personas «difíciles de emplear».

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno sobre el plan de acción nacional anual y el informe de referencia elaborados por el Grupo de Trabajo tripartito integrado por representantes de diversas autoridades y ministerios, así como del Servicio Nacional de Empleo, la Unión de los Empleadores de Serbia, la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost» y la CATUS. Asimismo, el Gobierno se refiere a dos reuniones del Grupo de Trabajo, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción para el Empleo 2018, celebradas en abril de 2018, cuatro reuniones regionales que tuvieron lugar de mayo a julio de 2017, cuatro en enero y febrero de 2018, dos en octubre y noviembre de 2018, todas ellas abiertas a los interlocutores sociales, a una de las cuales, en febrero de 2018, asistió un representante de «Nezavisnost», así como a las reuniones del Grupo de Trabajo para redactar el Plan Nacional de Acción para el Empleo 2019, celebradas en octubre y noviembre de 2018, a las que asistieron representantes de «Nezavisnost» y la CATUS. El Gobierno también informa sobre las reuniones del Grupo de Trabajo para redactar la Estrategia Nacional de Empleo para el periodo 2021-2026 y el Plan de Acción 2021-2023, así como acerca de la participación de los interlocutores sociales en la formulación de las recomendaciones para la elaboración del análisis ex ante de la Estrategia Nacional de Empleo 2021-2026. A este respecto, el Gobierno hace referencia a los debates celebrados en febrero de 2021 en el seno del Consejo Económico y Social y del Consejo de Empleo de la República. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en respuesta a su comentario anterior acerca de la falta de registros sobre los miembros y el nivel de participación de los interlocutores sociales en los consejos de empleo locales, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Asuntos Sociales y de Veteranos posee datos sobre los miembros de los consejos de empleo locales de todas las unidades de autogobierno local que presentan una solicitud de participación en el programa de cofinanciación de los planes de acción locales de empleo.

La Comisión observa en el análisis ex post de la Estrategia Nacional de Empleo 2011-2020 que el diálogo social no está suficientemente desarrollado, y se remite a los informes anuales de la Comisión Europea sobre Serbia en los que se destaca la necesidad de eliminar los obstáculos al diálogo social y de reforzarlo mejorando las capacidades de los interlocutores sociales, ajustando el marco jurídico y aumentando el presupuesto administrativo del Consejo Económico y Social. Asimismo, la Comisión toma nota de las conclusiones del grupo de discusión sobre la cooperación con los interlocutores sociales, en las que se afirma que, a pesar de la obligación legal de cooperar con los interlocutores sociales, en particular a través de grupos de trabajo sobre políticas públicas, enmiendas y aprobación de leyes, los representantes de los empleadores y de los trabajadores no están satisfechos con su influencia en el proceso, y destacan que la cooperación es solo formal y no tiene un efecto notable en la revisión de las propuestas ministeriales. En estas conclusiones, se recomienda seguir mejorando la cooperación con los interlocutores sociales, animarlos a desempeñar un papel más activo en la preparación de las políticas públicas y tener debidamente en cuenta sus propuestas. Al tiempo que recuerda la importancia de un diálogo significativo, eficaz y constructivo con los representantes de los empleadores y de los trabajadores en relación con la toma de decisiones sobre la elaboración y la aplicación de políticas activas de empleo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione ejemplos concretos de la manera en que se han tenido plenamente en cuenta su experiencia y sus puntos de vista, con el fin de garantizar su plena cooperación a la hora de formular dichas políticas, así como de conseguir el respaldo para las mismas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que indique la naturaleza y el alcance de las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores en la economía informal, población romaní y otros grupos interesados, tal como exige el artículo 3 del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.