Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Repetición

La Comisión observa que, desde la ratificación del Convenio por parte de Comoras en 1978, se ha visto obligada a señalar a la atención del Gobierno la necesidad de modificar el artículo 29 del decreto núm. 57-245 de 24 de febrero de 1957 sobre la indemnización y la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. De hecho, en virtud de esta disposición, los extranjeros víctimas de accidentes del trabajo que transfieran su residencia al extranjero sólo recibirán como indemnización un capital que corresponda a tres veces el monto de la renta que les ha sido concedida, contrariamente a los nacionales del país que continúan percibiendo su renta. Los derechohabientes extranjeros que dejen de residir en Comoras sólo recibirán un capital que no supere el valor de la renta fijada a través de un decreto. Por último, los derechohabientes de un trabajador extranjero empleado en Comoras no tendrán derecho a ninguna renta si, en el momento del accidente de este último, no residían en este país.

En su última memoria, como en las comunicadas desde 1997, el Gobierno declara que no existe en la práctica ninguna diferencia de trato entre los trabajadores nacionales y los extranjeros en lo que respecta a la indemnización por accidentes del trabajo. Indica que los trabajadores extranjeros continúan percibiendo sus prestaciones monetarias en el extranjero si han comunicado previamente su nueva dirección. Sin embargo, la memoria del Gobierno no indica los progresos realizados en el proyecto de texto que debería, según las informaciones transmitidas por el Gobierno en sus memorias anteriores, derogar las disposiciones del decreto núm. 57 245 que son contrarias al Convenio.

Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para poner la legislación nacional en plena conformidad con el Convenio, que garantiza a los nacionales de Estados que lo hayan ratificado, así como a sus derechohabientes, el mismo trato que se garantiza a los nacionales en lo que respecta a la indemnización por accidentes del trabajo.