Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

El Gobierno comunicó la siguiente información escrita.

Las preocupaciones que la Comisión de Expertos ha manifestado durante varios años son compartidas por el Gobierno de Guatemala, instalado en enero de 2012, para cuyo abordaje se han implementado acciones concretas de transformación y cambio en la gestión del tema laboral. En su informe de 2013 la Comisión de Expertos tomó nota de los siguientes avances reportados por el Gobierno: implementación de la nueva política nacional de empleo seguro, decente y de calidad, así como de la política permanente de diálogo social; fortalecimiento presupuestario, normativo e institucional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incluyendo la ampliación de la cobertura de la Inspección General del Trabajo; suscripción de un acuerdo entre el Ministerio Público y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT respecto a temas relevantes para los órganos de control; ampliación del diálogo tripartito nacional teniendo como primer resultado la suscripción del Memorando de Entendimiento para el Marco de Cooperación de la OIT, Programa de Trabajo Decente y el Plan Marco de Implementación; coordinación entre instituciones del Estado para atender con prioridad denuncias sobre hechos violentos contra sindicalistas e impunidad que lamentablemente afectan también a toda la población; aplicación del mecanismo de protección a sindicalistas que la soliciten; participación del Ministerio Público en la Comisión Multinstitucional Laboral y la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo; fortalecimiento de la capacidad de investigación del Ministerio Público a través del aumento de personal y establecimiento de una metodología de trabajo para esclarecer los actos de violencia contra sindicalistas. Además la Comisión de Expertos también saludó en su informe las siguientes informaciones proporcionadas por el Gobierno: el restablecimiento de la fiscalía especial para conocer delitos contra sindicalistas; la celebración de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público y la OIT y la realización de una primera actividad para capacitar a los fiscales sobre los contextos típicos de violencia antisindical y los factores que generan esta violencia; la inclusión en la Comisión Tripartita Nacional de las federaciones y confederaciones de sindicatos que habían sido excluidas en el pasado reciente.

Posteriormente al informe de la Comisión de Expertos sometido a la presente Conferencia, el Gobierno ha implementado acciones para resolver la mayoría de las cuestiones planteadas por la Comisión, entre otras: agilización del procedimiento para la inscripción y registro de sindicatos que reduce el plazo para la inscripción de sindicatos de 226 a 20 días hábiles; establecimiento de una instancia de trabajo mensual con la participación de la Fiscal General de la República y los representantes del sector sindical, para informarles sobre el avance de casos por hechos de violencia en investigación y para recibir toda información importante que llegue al conocimiento de los mismos; discusión de un borrador de convenio de cooperación entre el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala); emisión, por el Ministerio Público, de la Instrucción General para regular la persecución penal en el caso de desobediencia a las resoluciones dictadas por jueces y tribunales de trabajo y previsión social; asistencia técnica de la OIT al Ministerio Público para el intercambio de experiencias positivas con países de la región para enfrentar la violencia antisindical y revisar la legislación existente para lograr una mejor persecución penal; reuniones con los principales líderes sindicales de Guatemala, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Gobernación para tomar decisiones y emprender acciones en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan al sector sindical; emisión, por el Ministerio de Gobernación, del Acuerdo Ministerial para la integración de la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral con el fin de implementar políticas públicas para la protección de los sindicalistas, basada en procesos de prevención y protección integral, con presencia directa de los liderazgos sindicales y el Despacho Superior del Ministerio de Gobernación; presentación del proyecto de Ley de Sanciones Laborales que reforma el Código de Trabajo, para aprobación del Congreso de la Republica; emisión, por el Ministerio de Trabajo, del Acuerdo Ministerial que contiene las instrucciones para atender casos de cierre de empresas sin pago de prestaciones laborales, que prevendrá tales situaciones y fortalecerá la Inspección del Trabajo; aumento presupuestario y fortalecimiento de la capacidad de investigación del Ministerio Público para la lucha contra la impunidad; funcionamiento pleno del Centro de Justicia Laboral del Organismo Judicial que concentra en un solo espacio físico los tribunales y unidades administrativas vinculadas a la materia; reducción significativa del tiempo y duración de los procesos judiciales de 19 a seis meses en promedio; funcionamiento pleno de la Unidad de Ejecución y Verificación de Reinstalaciones y Diligencias Especiales en Materia Laboral, la cual vela por el debido cumplimiento de las resoluciones judiciales para garantizar la restitución de los derechos laborales de los trabajadores; constitución e integración del Consejo Económico y Social con representantes del sector empresarial, sindical y cooperativas; tratamiento, en la Comisión Tripartita de las recomendaciones de reformas jurídicas solicitadas por la Comisión de Expertos para acordar el curso a seguir a efecto de someterlas al conocimiento del Congreso de la República.

El Gobierno continuará realizando todos los esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes y para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Expertos, las cuales coinciden con aquellas que originaron la presentación por varios delegados trabajadores a la 101.ª Conferencia de una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, que está en conocimiento del Consejo de Administración. Por tal motivo, el Gobierno de Guatemala ha informado periódicamente a ese órgano de los avances alcanzados. Adicionalmente, se informó al Consejo de Administración sobre la suscripción, el 26 de marzo de 2013, de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT con base en el cual se tomarán medidas tripartitas para la plena aplicación del Convenio en Guatemala. Tales medidas están dirigidas, entre otras cuestiones, a la prevención de actos de violencia contra sindicalistas, a la creación de condiciones para que éstos desarrollen su labor en un ambiente propicio, así como al fortalecimiento del sistema judicial, todo ello con la asistencia de la OIT. El Gobierno ha solicitado a la Oficina, la pronta instalación de la representación tripartita de alto nivel en el país, tal como fue establecido en el citado instrumento y no escatimará esfuerzos para continuar implementando sus disposiciones, en forma tripartita y con el apoyo de la OIT, para lograr la plena y efectiva aplicación del Convenio en el país.

Además ante la Comisión un representante gubernamental, señaló que desde la elección del actual Presidente se ha llevado a cabo un proceso sostenido y permanente que tiene por objeto asegurar el pleno respeto de la legislación nacional, los convenios internacionales y los principios fundamentales del trabajo. Los múltiples esfuerzos de diálogo tripartito nacional y contactos internacionales desarrollados en los últimos meses han dado como resultado la suscripción de dos documentos de relevancia significativa: el Memorando de Entendimiento suscrito en marzo de 2013 entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, y el acuerdo de buena fe, suscrito entre el Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos, que puso fin al diferendo planteado por este último, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, los países de Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA). Estos acuerdos se complementan y diseñan una ruta efectiva para la solución consensuada y de largo plazo a los problemas que afectan a las relaciones laborales en Guatemala. Los mismos han sido reconocidos por los interlocutores sociales en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo y abren un proceso de diálogo social histórico. Las consecuencias efectivas de los acuerdos mencionados, son trascendentales para la solución a largo plazo de la problemática de confrontación, que ha prevalecido en Guatemala. Añadió, entre las citadas consecuencias, el establecimiento de subcomisiones bipartitas en la Comisión la cual decidió constituirse en ente para la negociación y el seguimiento de los acuerdos internacionales con un calendario y un programa de trabajo. Destacó que el Gobierno de Guatemala lamenta y repudia los crímenes cometidos contra líderes sindicales, sus sedes y trabajadores sindicalizados y no sindicalizados y ha promovido acciones ante el Ministerio Público para procurar mayor efectividad en la investigación, con el fin de identificar a los responsables y lograr su condena. En este sentido, se detuvo a los sospechosos de los recientes asesinatos de Ovidio Ortiz y Carlos Hernández; se ha impulsado de forma efectiva la protección de los líderes sindicales cuando se solicite la protección policial; se ha promovido una alianza estratégica entre el Ministerio Público y la CICIG para hacer efectiva la investigación independiente de los crímenes y se han establecido mecanismos de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y organizaciones sindicales para el esclarecimiento de los actos cometidos en contra de dirigentes sindicales.

En cuanto a las cuestiones legislativas, el Gobierno ha buscado llegar a consensos en el marco de la Comisión Tripartita Nacional para modificar la legislación, sin resultados positivos. De hecho, dicha Comisión decidió seguir considerando y agotando el tema antes de informar al Congreso sobre la cuestión. Si bien el Poder Ejecutivo tiene potestad de presentar iniciativas de reforma al Poder Legislativo, el Gobierno ha considerado prudente seguir la recomendación de la Comisión Tripartita Nacional sobre el respeto y fortalecimiento del diálogo social. En cuanto al registro de organizaciones sindicales, el procedimiento establecido recientemente permite que el plazo de inscripción respete los 20 días hábiles previstos en la legislación nacional. En lo que respecta a la solicitud de la Comisión de Expertos de presentar estadísticas detalladas sobre el número de organizaciones sindicales existentes por sectores económicos, específicamente en el ámbito de las maquilas, en el sector público y en el privado, así como sobre el número de pactos colectivos suscritos, el representante gubernamental indicó que el Gobierno se encuentra trabajando activamente para compilar dichas estadísticas y para ello solicitó la asistencia técnica de la OIT. Por último, el representante gubernamental agradeció los esfuerzos de la Oficina y del Director General, manifestados en la Misión de de la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo llevada a cabo en febrero de 2013 a petición del Gobierno así como el próximo establecimiento de la Misión Tripartita de Alto Nivel en Guatemala que prestará asistencia en materia de mediación y cumplimiento de los acuerdos suscritos. Manifestó su certeza de que dichas misiones contribuirán a apoyar y fortalecer las acciones que realiza el Gobierno. El representante gubernamental indicó que, al concurrir al examen, se demuestra la voluntad política y compromiso del Gobierno, no obstante que el mismo caso esté siendo conocido en una queja bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT, ante el Consejo de Administración, lo cual constituye un doble proceso. Manifestó su esperanza por que las conclusiones de la Comisión contribuyan a los esfuerzos que con apoyo de la comunidad internacional y de la OIT ya se efectúan en Guatemala, incluyendo la implementación del Memorándum de entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013. Solicitó el acompañamiento de la OIT para garantizar el éxito en esos esfuerzos.

Los miembros trabajadores observaron que el caso figura en la lista de casos individuales este año como consecuencia de un compromiso entre los miembros trabajadores y los miembros empleadores de la Comisión para examinar todos los casos que fueron objeto de una doble nota al pie de página en el informe de 2012 de la Comisión de Expertos y que no habían podido ser examinados el año anterior. Haciendo un recuento del caso, los miembros trabajadores recordaron que: el caso ha sido examinado por la Comisión 14 veces; como consecuencia de una discusión en el seno de la Comisión sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), la Misión de Alto Nivel en abril de 2008 examinó las cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio, lo que dio como resultado la aprobación por parte de la Comisión Tripartita Nacional de un acuerdo destinado a erradicar la violencia antisindical, a mejorar y a modernizar la legislación y a garantizar una mejor aplicación de los Convenios núms. 87 y 98. En 2009, una misión compuesta por los portavoces de los empleadores y de los trabajadores viajó a Guatemala con el fin de ayudar a encontrar soluciones duraderas a todos los problemas planteados como consecuencia de la solicitud de la Comisión de la Conferencia en junio de 2008. Una nueva Misión de Alto Nivel visitó el país en 2011; en 2012 una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT fue presentada contra el Gobierno por violación del Convenio; a solicitud de las más altas autoridades del Estado, una misión de la Oficina visitó el país desde el 25 de febrero hasta el 1.º de marzo 2013; se firmó un Memorando de Entendimiento el 26 de marzo de 2013 entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores, en presencia del Director General de la OIT, con miras a retardar la decisión del Consejo de Administración de constituir una comisión de encuesta. Este Memorando de Entendimiento es un signo positivo y la Comisión debería alentar las gestiones ya iniciadas a nivel del Consejo de Administración. Ahora corresponde dar una posibilidad al Gobierno para que cumpla con sus compromisos.

Los miembros empleadores tomaron nota de la plena disposición del Gobierno para presentar informaciones sobre las medidas adoptadas y de los lineamientos esbozados por los miembros trabajadores. Se trata de una situación en la que un mismo caso es examinado por diferentes órganos de control al mismo tiempo. Si bien se trata de un caso con doble nota a pie de página, por lo cual fue incluido en la lista de casos de la Comisión, la realidad ha cambiado radicalmente desde el último examen de la Comisión de Expertos ya que se ha presentado una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución. Debe recordarse también que la situación de Guatemala ha sido examinada en la última reunión del Comité de Libertad Sindical en el marco de cinco casos en particular, tres de los cuales fueron considerados por el Comité como graves y urgentes. El Consejo de Administración examinará no sólo el informe del Comité de Libertad Sindical sino también el análisis de la queja en virtud del artículo 26 de la Constitución mencionada. Por su parte, la observación de la Comisión de Expertos se refiere a una gama amplia de cuestiones que se pueden separar en cuatro grupos: la queja en virtud del artículo 26, la situación de violencia, las cuestiones legislativas y otras cuestiones que incluyen las maquilas, las comisiones tripartitas nacionales y las cuestiones estadísticas. En relación con las cuestiones legislativas relacionadas con el derecho de huelga, se remitió a las discusiones que tuvieron lugar en 2012 en las que los miembros empleadores plantearon que la Comisión de Expertos no tiene competencia para interpretar los convenios y que el Convenio núm. 87 no se refiere al derecho de huelga. Recordaron que en 2011 se llevó a cabo una misión de alto nivel y pusieron de relieve las informaciones escritas presentadas por el Gobierno sobre las medidas adoptadas en seguimiento a las recomendaciones de dicha misión. Destacaron en particular las medidas adoptadas para la agilización de la inscripción de las organizaciones sindicales, para la reducción de la duración de los procesos judiciales y para el establecimiento del Consejo Económico y Social. También se refirieron a las medidas adoptadas en relación con el Memorando de Entendimiento firmado en marzo de 2013. Destacaron las medidas para el fortalecimiento del sistema judicial, en particular, para esclarecer los hechos de violencia. Es necesario realizar investigaciones judiciales rápidas y concretas para determinar y sancionar a los culpables y evitar que los mismos se repitan en el futuro. Destacaron la importancia de que la Oficina continúe con la asistencia técnica y en este sentido tomaron nota con interés de la decisión del Gobierno de aceptar una nueva misión de alto nivel y expresaron la esperanza de que la misma se realice sin demora.

El miembro trabajador de Guatemala recordó que en 2012 los trabajadores presentaron una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución en razón de los asesinatos, atentados, persecución y amenazas de que son objeto los dirigentes sindicales, la falta de tolerancia hacia las organizaciones sindicales por parte de los empleadores, tanto públicos como privados, y el incumplimiento de las normas nacionales e internacionales, en particular el Convenio. La presentación de la queja, dio pie al Gobierno para realizar numerosas gestiones políticas y diplomáticas que tuvieron como resultado un Memorando de Entendimiento con el Grupo de los Trabajadores y la Oficina. Señaló que los trabajadores guatemaltecos apoyan este acuerdo. El mismo ha dado seis meses adicionales al Gobierno para formular y aplicar un Plan operativo que se extiende de abril a octubre de 2013 y que está siendo validado por la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo. Sin embargo, este Memorando no resuelve problemas estructurales. La política antisindical continúa vigente. Para los empresarios y algunos funcionarios, el mejor sindicato es el que no existe. No se pueden establecer nuevas organizaciones sindicales en los sectores de la producción y de servicios públicos tanto nacionales como municipales. Cuando los trabajadores deciden organizarse de conformidad con la legislación nacional e internacional, son despedidos inmediatamente. Los empleadores no respetan los apercibimientos y no cumplen las resoluciones judiciales en las que se les ordena el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos o el respeto de los derechos sindicales denegados. Los tres Poderes del Estado son solidariamente responsables de esta situación por no hacer respetar la ley ni cumplir con sus obligaciones. Al tiempo que el mundo observa el juicio histórico contra los generales guatemaltecos por genocidio y crímenes contra la humanidad, los sindicalistas, los pueblos indígenas, las mujeres y los defensores de los derechos humanos están sufriendo una persecución que hace recordar a las atrocidades perpetradas en la década de los ochenta que son motivo del mencionado juicio. Al mismo tiempo que los proyectos de «desarrollo» se imponen sin consulta y sin el consentimiento de los afectados, desplazando familias, afectando los servicios públicos y contaminando los recursos naturales, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas están luchando nuevamente en contra de la desigualdad económica y social, exigiendo que su visión del desarrollo sea respetada. A medida que los movimientos se fortalecen, también aumenta la violencia en su contra. Las organizaciones sindicales y comunitarias que rechazan las políticas de desarrollo adoptadas se enfrentan a acusaciones de terrorismo y son consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Sus miembros son víctimas de difamación, amenazas, secuestro, atentados y ejecuciones extrajudiciales, mientras que otros han sido encarcelados bajo falsos cargos criminales. En 2013 fueron asesinados Joel González Pérez, Juan Martínez Matute, Carlos Antonio Hernández, Santa Alvarado, Kira Zulueta Enríquez, Mayro Rodolfo Juárez Galdámez. Además, el asesinato del Sr. Luis Ovidio Ortiz Cajas, ocurrido hace más de un año, no ha sido esclarecido. Es urgente que se implementen políticas de relaciones laborales que contribuyan al desarrollo respetando el derecho de todos los trabajadores a organizarse libremente y negociar colectivamente. Para concluir, el orador manifestó su rechazo a la violencia que sufren los dirigentes sindicales y sindicalistas así como sus familias.

El miembro empleador de Guatemala indicó que considera inapropiado que la Comisión aborde este caso en este momento, dado que se ha iniciado un proceso que tiene por objeto solucionar los problemas concretos a los que se refiere la Comisión de Expertos, sobre la base del acuerdo firmado por el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores en la última reunión del Consejo de Administración, en seguimiento a la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución. También recordó que la Comisión de Expertos ha tenido en cuenta los progresos registrados estos últimos años y la información presentada por el Gobierno, en particular en relación con los temas que han suscitado más preocupación en la presente discusión, es decir, la violencia contra los dirigentes y los miembros de los sindicatos. Señaló que la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo recibió informes de los responsables de la Oficina del Ministerio Público acerca de los casos mencionados en el informe de la Comisión de Expertos. Consideró positivo el elevado porcentaje de casos con sentencias firmes y de casos en los que el avance de las investigaciones permite prever su pronta culminación. A ese respecto, recordó las discusiones celebradas en otras ocasiones en la Comisión sobre la violencia que afecta a toda la población de Guatemala. Manifestó preocupación por el hecho de que se concluya a priori que en la mayoría de los casos esa violencia está motivada por las actividades sindicales de las personas en cuestión. Subrayó que los empleadores son los primeros en pedir que se investiguen los crímenes y en exigir que los responsables de esos crímenes sean severamente castigados. Otro aspecto positivo fue el progreso realizado en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la legislación relativa a los sindicatos, en particular la Inspección General del Trabajo y los tribunales del trabajo. La asignación de recursos específicos ha permitido la capacitación y la contratación de inspectores del trabajo, que fueron acusados de ineficacia y corrupción en el pasado. Además, ha aumentado el número de tribunales del trabajo y la dotación de recursos humanos. Más importante aún es que los procedimientos judiciales se han agilizado considerablemente. Deben destacarse los esfuerzos realizados con respecto al diálogo social en el seno de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo y del Comité Económico y Social. Estos comités nacionales se encargan del seguimiento de los asuntos planteados en la Comisión de Expertos y esta Comisión. Algunos de esos asuntos han sido también examinados por el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores en el marco del Memorando. Hizo hincapié en los compromisos contraídos por los empleadores para continuar el diálogo tripartito y aportar soluciones a los problemas planteados. Invitó a todos los interlocutores sociales a colaborar de forma constructiva en todo el proceso y a abandonar posiciones partidistas, que no contribuyen a encontrar soluciones a los problemas y que obstaculizan la consecución de un diálogo fluido y eficaz. Reconoció que uno de los numerosos problemas a que se enfrenta la población de Guatemala es la creación de trabajo decente y de empresas sostenibles, como única manera de generar riqueza y solucionar problemas de empleo informal. Subrayó la necesidad de continuar la lucha contra la corrupción y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Código del Trabajo y del Código Penal por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Los organismos nacionales están tratando de encontrar soluciones a través del diálogo social, para crear empleo en condiciones de trabajo decente. Concluyó manifestando que es consciente de que es preciso encontrar soluciones y expresó la esperanza de que se pueda conseguir a medio plazo. Instó a la Comisión a contribuir a los esfuerzos que está realizando su país y recordó una vez más el importante progreso logrado hasta ahora.

La miembro gubernamental de Colombia, hablando en nombre de los miembros gubernamentales del Comité que son miembros del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), reconoció los esfuerzos del Gobierno para poner en práctica acciones concretas en materia laboral, en particular la adopción del Programa de Trabajo Decente para el período 2012-2015 y su plan de aplicación que se orientan a la promoción y cumplimiento de las normas fundamentales en el trabajo, la mejora del sistema judicial, el respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva y la lucha contra la impunidad. Destacó la misión de alto nivel que tuvo lugar en febrero de 2013 y el Memorando de Entendimiento para la aplicación del Convenio celebrado en marzo de 2013. En este sentido, puso de relieve las medidas adoptadas por el Gobierno desde la adopción de dicho Memorando, en particular la puesta en marcha de un proceso de diálogo tripartito con un calendario y programa de implementación. También destacó los avances de la Oficina en las medidas tendientes al establecimiento de una representación tripartita de alto nivel tal como se prevé en el mencionado Memorando. Expresó la esperanza de que el Gobierno y los interlocutores sociales seguirán tomando medidas para aplicar dicho Memorando con la asistencia de la OIT con miras a progresar en la aplicación del Convenio. En conclusión, manifestó su preocupación por la utilización simultánea de mecanismos con respecto a un mismo caso y consideró que esta duplicación podría debilitar el funcionamiento del mecanismo de control de la OIT.

Un observador, representando a la Confederación Sindical Internacional (CSI) se refirió a los 58 asesinatos de sindicalistas ocurridos en los últimos seis años y lamentó que ninguno haya sido elucidado y que el Gobierno afirme que sólo dos de ellos se debieron a motivos antisindicales, cuando todavía no han terminado las investigaciones. En 2013, ya han sido asesinados siete trabajadores. El orador se refirió a la situación de persecución, amenazas y acoso que sufren los sindicalistas, y de la desarticulación de las organizaciones sindicales y dio ejemplos concretos en las maquilas y en el sector público. En cuanto a las medidas de protección de los dirigentes sindicales y sindicalistas, indicó que a pesar de haber sido ordenadas por la autoridad judicial, las mismas no han sido acordadas. Expresó la esperanza de que el Memorando de Entendimiento pueda ser el origen de la solución de los problemas en el país. Destacó el compromiso de las centrales sindicales con el mismo y lamentó que los empleadores no lo hayan firmado. Guatemala ha sido catalogado como el país más peligroso del mundo para los sindicalistas; el Gobierno debe por lo tanto demostrar que está tomando medidas concretas al respecto.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos se refirió al Plan de Ejecución acordado con Guatemala para resolver cuestiones planteadas en un caso laboral presentado por los Estados Unidos contra el Gobierno en virtud del DR-CAFTA. Dicho plan consta de 18 medidas concretas para mejorar el cumplimiento de las leyes laborales que se han de implementar en plazos específicos. Señaló que si se implementan plenamente, resolverán algunas de las mismas cuestiones examinadas por la Comisión de Expertos, el Comité de Libertad Sindical y esta Comisión. Asimismo, se refirió al Memorando de Entendimiento recientemente suscrito y expresó que su Gobierno aprecia que el Gobierno de Guatemala haya reconocido los problemas con que tropieza para hacer cumplir eficazmente sus leyes laborales y proteger el derecho de los trabajadores, y aguardó con entusiasmo continuar colaborando en materia de derechos laborales. Sin embargo, manifestó su profunda preocupación por la violencia constante contra los sindicalistas, los altos niveles de impunidad y los problemas actuales del sistema judicial penal. Se instó al Gobierno de Guatemala a cumplir sus compromisos, dentro de plazos establecidos en el Plan de Ejecución y el Memorando de Entendimiento y a cerciorarse lo antes posible de la conformidad de la legislación y la práctica nacionales con el Convenio. Su Gobierno está preparado para trabajar estrechamente con el Gobierno de Guatemala adoptando las medidas concretas y sostenibles que sean necesarias y lo instó a hacer pleno uso de la asistencia técnica y el asesoramiento de la Oficina incorporando activamente a los interlocutores sociales para velar por el pleno respeto de la libertad sindical de todos los trabajadores de Guatemala; un derecho que, en numerosos casos, se ha negado a los trabajadores guatemaltecos durante mucho tiempo.

El miembro empleador de Honduras consideró que el examen del presente caso era innecesario teniendo en cuenta los avances en el país. Hay que dar tiempo al Gobierno para que pueda llevar a cabo las medidas prometidas. El Consejo de Administración examinará el informe de la misión llevada a cabo donde se podrán observar los logros del Gobierno que ha dado muestras claras de querer solucionar los problemas. La violencia en el país es de carácter general y el Gobierno y los empleadores reconocen la necesidad de tomar medidas al respecto.

El miembro empleador de México señaló que el análisis de un mismo caso por parte de varias instancias es contrario al principio de seguridad jurídica y propuso que los temas que son objeto de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución no sean examinados por la Comisión. Destacó que los problemas planteados están siendo tratados en el marco de la Comisión Tripartita Nacional, lo que demuestra el aumento del diálogo social. Debe ponerse de relieve el restablecimiento de la Fiscalía Especial que examina los delitos cometidos contra sindicalistas. Manifestó su esperanza de que las tareas llevadas a cabo por este órgano permitirán determinar las causas reales de la violencia y si la misma está dirigida especialmente contra los sindicalistas.

Una observadora representando a la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) manifestó su profunda preocupación por la situación de impunidad y violencia contra los sindicatos en Guatemala. La cultura antisindical se manifiesta de manera recurrente y se ha agudizado últimamente. Los sindicatos son objeto de amenazas, atentados y homicidios. La oradora se refirió en concreto al asesinato de la Sra. Kira Enríquez y de la Sra. Santa Alvarado y destacó que las mujeres sindicalistas son también víctimas de la violencia. Hizo un llamamiento para que se detenga la escalada de violencia y que se respeten los principios fundamentales en el trabajo y los derechos humanos. Debe reinstalarse el diálogo social en un clima de justicia social. Por último, se refirió a la difícil situación de los empleados públicos, en particular de aquellos que realizan labores especiales y transitorias, los cuales si bien realizan funciones permanentes, no perciben iguales salarios y no se benefician de la misma seguridad social. Los servicios públicos de calidad son esenciales para la existencia de diálogo social en el país.

El miembro trabajador de los Estados Unidos recordó que, en virtud de los términos del DR‑CAFTA, se exige a Guatemala que cumpla con sus obligaciones como Miembro de la OIT, y en especial la obligación de reconocer y proteger los derechos establecidos en el Convenio núm. 87 y otros convenios de la OIT. En 2008, los sindicatos de Guatemala y de los Estados Unidos presentaron una solicitud para que se investiguen los abusos laborales en virtud del apartado sobre el trabajo del DR-CAFTA. Añadió que los órganos de control de la OIT han desempeñado un papel crucial en la supervisión de dichas normas, que van cobrando importancia a medida que se usan en acuerdos binacionales y multilaterales que resultan clave para el comercio internacional y las relaciones laborales en empresas multinacionales. Tras examinar la solicitud de investigación, el Gobierno de los Estados Unidos informó en 2009 que había detectado carencias notables en el cumplimiento de la legislación laboral en Guatemala y, después de celebrar consultas, pidió que se crease un comité de arbitraje en 2011. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno persiste en no tomar medidas suficientes para solucionar la falta de protección continua y sistemática de los derechos fundamentales de los trabajadores, se otorgó otro aplazamiento en abril de 2013, momento en que los Estados Unidos suspendieron el comité de arbitraje y negociaron con el Gobierno un plan global de aplicación. Desde que se presentó la solicitud de investigación, más de 50 sindicalistas han sido asesinados en Guatemala y se duda mucho que el siguiente plan de acción conlleve cambios reales en la ley o la práctica, o la asignación de recursos suficientes para mejorar la aplicación del Convenio. Además, aunque es ambicioso, el plan presenta numerosas deficiencias y no recoge las necesidades esenciales expresadas por los trabajadores guatemaltecos. Entre estas carencias, se encuentran la omisión del asunto del registro de los sindicatos, incluido el plazo de 45 días que establece la Ley del Trabajo, la cuestión de la impunidad por infracciones de la Ley del Trabajo, así como la subcontratación ilegal, el impago de las contribuciones a la seguridad social, las infracciones generalizadas respecto del salario mínimo, el cierre de fábricas y la falta del registro legal correcto de la propiedad y los bienes de una fábrica. No obstante, a pesar de las muchas críticas, el movimiento sindical se toma muy en serio los compromisos efectuados, y en especial las disposiciones sobre la transparencia y la coordinación tripartita en materia de aplicación, que constituye una referencia explícita al Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). A modo de conclusión, resaltó que el elemento relativo a la aplicación del plan tiene que incluir una posibilidad real de volver al mecanismo de solución de conflictos laborales del DR-CAFTA por violaciones de los derechos laborales antes de la próxima reunión de la Conferencia.

El miembro trabajador de España intervino igualmente en nombre de los miembros trabajadores de Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Suecia y elogió a todos aquellos trabajadores, y ciudadanos en general, que día a día arriesgan su vida por el imperio del Estado de Derecho en Guatemala, un país incapaz de garantizar el derecho a la vida. Carlos Castresana, quien fue jefe de la CICIG, caracterizaba a los órganos del Estado guatemalteco como un enfermo que no sigue el tratamiento recomendado para solucionar los graves problemas de inseguridad e injusticia que asolan ese país. Y ese diagnóstico es especialmente reconocible en el ámbito laboral. Sostuvo que Guatemala no ha respetado el principio de buena fe que rige para los tratados internacionales tal y como se deduce de las reiteradas violaciones de los convenios fundamentales. Afirmó que siguen vigentes las siguientes restricciones en relación con los Convenios núms. 87 y 98: restricción a la libre constitución de organizaciones; retrasos en la inscripción o negativa a la misma; restricciones al derecho a la libre elección de dirigentes sindicales, como la exigencia de ser guatemalteco de origen; restricciones al derecho de ejercer libremente sus actividades, como la posibilidad de imponer arbitraje obligatorio, entre otros, en el transporte público, o la imposición de sanciones, incluso penales, en el caso de huelga de los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas; negación, en la práctica, de derechos sindicales a los numerosos trabajadores del sector público contratados en virtud del renglón 029; demora premeditada en el reintegro de sindicalistas despedidos; restricciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva en el sector de las maquilas. Lamentó que no se haya realizado progreso alguno en las reformas solicitadas hace tiempo y de manera reiterada. Las importantes restricciones enunciadas se dan en un clima de violencia antisindical extrema, de ineficacia del sistema de justicia y de desprotección de los sindicalistas, lo que hace mucho más dramático el ejercicio de la libertad sindical. Si bien la violencia en ese país es generalizada, la negación del carácter antisindical de la mayoría de los asesinatos de dirigentes sindicales, es una coartada para encubrir lo evidente: la existencia de una cultura antisindical institucionalizada que no repara en el asesinato de sindicalistas con tal de instaurar el terror y el miedo en el ejercicio de los derechos sindicales. En Guatemala, por mucho que se quiera encubrir el asesinato de sindicalistas como delitos comunes debido a la inseguridad general, el Estado sigue siendo responsable por su falta de diligencia en el esclarecimiento de los hechos y por la falta de prevención de los mismos, en definitiva por faltar a su deber de garantizar el derecho a la vida de los sindicalistas.

El miembro trabajador de Colombia declaró que la situación de violación de los derechos humanos y sindicales en Guatemala data de hace varios años y que a pesar de los esfuerzos del movimiento sindical por evitar el exterminio, no se ha logrado contener. Por el contrario, cada vez aparecen más hechos de violencia consistentes en asesinatos, amenazas, acosos que hacen que el ejercicio de la actividad sindical en Guatemala se haya convertido en la más peligrosa actividad, que se paga con la muerte y es una práctica que se viene extendiendo en América Latina. La Comisión de Expertos reiteradamente ha pedido al Gobierno que actúe de manera efectiva y rápida para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y sindicales y especialmente que se investiguen los casos de asesinatos, se procese y castigue a los culpables de conformidad con la ley; pero nada de esto ha sido puesto en práctica, así es que hoy ya se suma un número de 58 dirigentes asesinados desde el 2007 y no han sido identificados los responsables de tan execrables crímenes. La impunidad reina en Guatemala y se aprecia una absoluta indiferencia del Gobierno con la suerte de los sindicalistas, esto se deduce de los resultados: hasta ahora ningún autor ha sido juzgado y ni siquiera imputado, pese a las graves sospechas que existen sobre algunas personas de ser los instigadores de los asesinatos. Es muy grave la impunidad reinante, porque este es el primer paso que abre las puertas hacia otros asesinatos. Los criminales saben que pueden seguir actuando con toda tranquilidad, ya que no existen autoridades, ni jueces dispuestos a perseguirlos, detenerlos y condenarlos. Hizo notar como a algunas personas que fueron procesadas y condenadas por estos crímenes de lesa humanidad, les fueron posteriormente revertidos los procesos y hoy se encuentran en libertad. También se atribuye la autoría a otras personas para ocultar a los verdaderos autores de tales crímenes. La tasa de impunidad es prácticamente del 100 por ciento, con el agravante de que existe la intención de algunos funcionarios gubernamentales de desviar el verdadero motivo de los asesinatos, argumentando otras motivaciones para asesinarlos diferentes a la actividad sindical, lo cual es otra violación, porque además de quitarles la vida, también les están arrebatando su honra y dignidad, las de sus familias y las de sus compañeros de actividad. La OIT tiene hoy una gran responsabilidad para determinar las medidas adecuadas que contribuyan a poner fin a tan grave situación de violencia contra el movimiento sindical, porque esta clase de hechos son una continuación de lo que ha estado ocurriendo en América Latina, incluyendo su país, Colombia, y enfatizó que donde ocurre esto, hay ausencia de democracia y de justicia social.

El miembro trabajador del Brasil declaró que en América Latina, incluso los gobiernos que se muestran más progresistas no están atentos al hecho de que el Gobierno de Guatemala viene permitiendo asesinatos de sus dirigentes sindicales. Existe un refrán popular que dice: quien calla otorga. Para poder acabar con los asesinatos de dirigentes sindicales es necesario un acuerdo de los gobiernos para establecer un observatorio y dar seguimiento a las violaciones de los derechos sindicales y en particular a los asesinatos. Durante toda esta barbarie la CSI promovió un acuerdo con el Gobierno de Guatemala para acabar de una vez por todas con los asesinatos de los dirigentes sindicales y también restaurar los derechos sindicales y fortalecer los derechos laborales. El orador convocó a todos los gobiernos y países a observar estos asesinatos para detener el genocidio de los trabajadores y sus organizaciones. Declaró que van a ayudar al Gobierno de Guatemala a mantener la estabilidad y defender el derecho a la vida y a la seguridad de los dirigentes sindicales y sus organizaciones y convocó a todos a participar en esa tarea.

Un observador representando a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) destacó la importancia de que esta Comisión tenga en cuenta los procesos abiertos en Guatemala para mejorar la situación, así como los programas de cooperación existentes. El Memorando de Entendimiento alcanzado entre el Gobierno de Guatemala y el Presidente del Grupo de los Trabajadores en paralelo a una reunión del Consejo de Administración, muestra una disposición que debe ser valorada. Cuestiones formales impidieron que constara la adhesión del Grupo de los Empleadores al acuerdo pero tienen la disposición de colaborar activamente en su desarrollo. Dicha disposición no niega ni encubre la gravedad de las cuestiones de violencia — que deben ser aclaradas de manera urgente — dentro de un clima de violencia generalizada en determinadas áreas del país. Los empleadores son sensibles a esto y quieren mostrar su compromiso activo en la mejora de la situación en Guatemala. El sistema de control de la OIT debe estimular de manera eficiente la realización de progresos y la implicación activa del Gobierno y de los interlocutores sociales. Esto es importante no sólo respecto del examen de este caso sino también en lo que se refiere a su contenido. Estos compromisos deberían ser tomados en cuenta en lo sucesivo si se producen avances significativos.

El representante gubernamental subrayó la idea de proceso en todo lo que se refiere a la presente discusión. Por muchos años su país ha vivido un proceso que puede identificarse como proceso sostenido de omisión en la construcción de instituciones democráticas que sean capaces de asegurar el régimen de legalidad y estado de derecho en Guatemala. En los pasados 15 meses con el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina, se ha verificado un proceso sostenido y esforzado de construir instituciones democráticas que garanticen el pleno derecho y ejercicio de los derechos de los guatemaltecos, el derecho a la vida, a la integridad física de las personas y sus derechos a las libertades públicas, como es el derecho a la libertad sindical. El Gobierno de Guatemala, desde que asumió, está generando los cambios sustanciales presupuestarios para fortalecer dos instituciones y lanza un mensaje claro de voluntad política: aumentó un 36 por ciento el presupuesto del Ministerio de Trabajo y más del 20 por ciento el presupuesto del Ministerio Público e impulsa el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, reforzando los servicios de inspección laboral. Esto es muy importante porque la inspección del trabajo es una de esas instituciones democráticas que jamás se construyó en Guatemala con una voluntad clara de velar por el cumplimiento de los derechos de todos los guatemaltecos en todos los rincones del país. A fin de 2012, el Ministerio de Trabajo había ejecutado el 98,4 por ciento de su presupuesto; había asegurado la inclusión de 100 nuevos inspectores, lo cual elevó el personal del Ministerio de Trabajo en un 40 por ciento de su personal general; se fortaleció la cobertura en todo el país; cambió el paradigma de la inspección de la conciliación a la visitaduría; y hoy, se ha alcanzado la cifra de 3 300 empresas visitadas superando las 600 empresas visitadas en el año 2011, para vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Ha habido un decidido y claro impulso al diálogo social, a llamar a las cosas por su nombre y a reconocer el liderazgo sindical y empresarial, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista de la práctica. Todas las materias de trascendencia nacional se están discutiendo en el seno de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo donde todo el pueblo guatemalteco está representado. Es urgente adoptar medidas en Guatemala en muchos temas, pero es importante dar el tiempo necesario al diálogo social para poder cumplir con compromisos a largo plazo y sostenibilidad. Claro que ha habido una política de fortalecimiento institucional. Está incluido en ese proceso el fortalecimiento de la Policía Nacional, la profesionalización de sus oficiales y la claridad en las funciones de diálogo entre las autoridades de la seguridad con los dirigentes de las distintas federaciones y confederaciones sindicales, donde se están sentando las bases para una participación activa del movimiento sindical y del movimiento de los empleadores en el conocimiento y el esclarecimiento de los casos. El Memorando suscrito en el seno de la OIT entre el Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores es un hecho inusitado, novedoso en la historia de la Organización en la resolución de graves conflictos que han acaecido en muchos países. Pero el origen hay que buscarlo en el encuentro del Presidente de la República de Guatemala en la Cumbre de Davos, con el Director General y con la secretaria general de la CSI. Destacó el involucramiento personal del Presidente para buscar soluciones claras, alternas, inmediatas y decididas a la problemática de Guatemala, y su voluntad política de impulsar las negociaciones para la resolución del diferendo planteado por los Estados Unidos, en el marco del DR‑CAFTA. El impulso de las negociaciones y el involucramiento del Gobierno permiten revertir un proceso negativo de relaciones en ese ámbito para transformarlo en un proceso de diálogo que coadyuve a sentar las bases de acciones para la resolución de la problemática de Guatemala. Concluyó afirmando que sin instituciones democráticas es imposible hacer que se cumplan las normas por parte de los Estados. En la medida en que van construyendo instituciones democráticas y con la participación de todos los actores sociales, pueden garantizar que van caminando en pos del cumplimiento de las responsabilidades del Estado. Al igual que todos los países de América Latina, y los sectores empleador y trabajador, su Gobierno repudia y rechaza la terrible violencia que se cierne sobre su país, no consiente la impunidad y quiere trabajar para erradicarla. La delegación de Guatemala a la Conferencia está conformada por Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por el Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, de manera que los tres poderes del Estado están sentados en la sala demostrando su intención de trabajar intensamente parar resolver la situación y están seguros de que con el apoyo de la OIT y con la participación de los interlocutores sociales, van a llegar a buenos resultados en los plazos previstos.

Los miembros trabajadores declararon que es urgente adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida, las libertades civiles y la libertad sindical y poner fin al clima de violencia e impunidad reinante en el país habida cuenta de la difícil situación que viven diariamente los trabajadores, los sindicalistas y la población de Guatemala. El Memorando de Entendimiento firmado en marzo de 2013 constituye ya una señal positiva, y la Comisión debiera estimular el proceso iniciado por el Consejo de Administración. Lamentando que los empleadores de Guatemala no hayan firmado todavía dicho Memorando, los miembros trabajadores les invitaron vivamente a hacerlo a la mayor brevedad posible y esperan firmemente que el Gobierno respete el compromiso de poner en marcha sin demora las medidas concretas para aplicar plenamente el Convenio tanto en la ley como en la práctica. Para concluir, los miembros trabajadores expresaron el deseo de que el proceso en curso pueda figurar en las conclusiones de la Comisión así como la esperanza de que, en su próxima reunión, la Comisión de Expertos pueda confirmar que se han realizado progresos significativos.

Los miembros empleadores expresaron su preocupación acerca del clima generalizado de violencia que afecta el libre ejercicio de las actividades de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Condenaron todo acto de violencia, sea cual sea su origen. En consecuencia, consideran necesario que se determinen por los órganos independientes de la Justicia de Guatemala, las causas reales de dicha violencia y su relación con la libertad sindical, por lo que resulta urgente que el Gobierno y las instituciones públicas encaminen esfuerzos en dicho sentido. Declararon que el diálogo social a través de la Comisión Tripartita Nacional y el Consejo Económico y Social permitirá encontrar soluciones a los problemas laborales. Tomaron nota con interés del Memorando de Entendimiento suscrito en marzo de 2013 por el Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración y esperan que los temas que contiene sean atendidos plenamente con la asistencia de la OIT. Asimismo esperan que se instale rápidamente la representación tripartita de alto nivel en el país y que informe a la Oficina sobre las conclusiones y avances obtenidos, de modo que aparezcan en el próximo informe de la Comisión de Expertos. Consideran que el trabajo coordinado de los órganos de control y del Gobierno permitirá esclarecer los homicidios y los actos de violencia a que se refiere el informe. Destacaron que compete al Consejo de Administración resolver los asuntos derivados de las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical y de la queja presentada el año pasado en virtud del artículo 26 de la Constitución. Por consiguiente esta Comisión debería esperar la decisión que finalmente se adopte al respecto. En materia legislativa, insistieron en su posición expresada también el año anterior, en relación con el contenido del Convenio núm. 87. Creen firmemente que el derecho de huelga no se encuentra contenido ni está reconocido en el Convenio, tal y como ampliamente lo expresaron a la Comisión de Expertos por comunicación del 29 de agosto de 2012. Por último, destacaron que el Gobierno actual muestra su plena disposición a encontrar soluciones con la asistencia técnica de la OIT y que empiezan a verse resultados en el diálogo social tripartito, el registro sindical, la integración de las instituciones públicas para proteger a los sindicalistas, la reducción del tiempo en los procesos judiciales y en especial, la resolución de los delitos cometidos. Igualmente destacaron el fortalecimiento presupuestario del Ministerio del Trabajo para incrementar la inspección del trabajo y el compromiso personal del Presidente de la República.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las informaciones orales y escritas proporcionadas por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de que las cuestiones en este caso relativo a este Convenio fundamental se refieren: a actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y a la situación de impunidad de los mismos; a ciertas cuestiones de carácter legislativo, vinculadas en particular con restricciones a la libre constitución de organizaciones y al derecho de libre elección de los dirigentes sindicales; a deficiencias en los derechos sindicales en las maquilas y en relación con ciertos trabajadores del sector público, así como en relación con el registro de organizaciones sindicales.

La Comisión tomó nota de que varios delegados trabajadores a la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo presentaron en junio de 2012 una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio. La Comisión tomó nota con interés a este respecto de que el Gobierno — con el involucramiento y compromiso del Presidente de la República — y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT firmaron, en presencia del Director General de la OIT, un Memorando de Entendimiento con base en el cual se tomarán medidas tripartitas para la plena aplicación del Convenio. La Comisión tomó nota también de que el Consejo de Administración examinará próximamente información actualizada sobre los avances al respecto. La Comisión saludó la instalación en los próximos días de un representante de la OIT en Guatemala para ayudar a resolver los problemas planteados. La Comisión saludó también el anuncio de una misión tripartita de alto nivel.

La Comisión tomó nota de la información comunicada por el Ministro del Trabajo, según la cual, en el marco de una política de fortalecimiento institucional, se han implementado numerosas acciones para resolver las cuestiones planteadas, en particular: el establecimiento de una instancia de trabajo del Ministerio Público con los representantes sindicales para informar sobre los avances en las investigaciones sobre los casos de violencia; la asistencia técnica de la OIT al Ministerio Público; el aumento del presupuesto del Ministerio Público para la lucha contra la impunidad; la promulgación por parte del Ministerio Público de una instrucción general para regular la persecución penal en los casos de incumplimiento de las resoluciones dictadas por jueces; la presentación de un proyecto de ley de sanciones laborales; la concentración en un solo espacio físico de los tribunales laborales y la reducción del tiempo de duración de los procesos judiciales de 19 a seis meses en promedio; la agilización del procedimiento para la inscripción y registro de sindicatos que reduce el plazo de 226 a 20 días hábiles; el importante fortalecimiento de la Inspección del Trabajo; el fortalecimiento de la Comisión Tripartita Nacional; y la constitución e integración del Consejo Económico y Social.

La Comisión no abordó el derecho de huelga en este caso, en virtud de que los empleadores no están de acuerdo con que el derecho de huelga esté reconocido en el Convenio núm. 87.

La Comisión tomó nota con preocupación del clima generalizado de violencia en el país y lamentó tomar nota de los nuevos alegatos sobre asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en 2013. Al tiempo que tomó nota de las medidas importantes adoptadas por el Ministerio Público para investigar los hechos de violencia y de algunos resultados concretos en las investigaciones, la Comisión recordó que los derechos sindicales de los trabajadores y de los empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, presiones o amenazas de toda índole. La Comisión urgió al Gobierno a que continúe tomando todas las medidas necesarias para brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados y para poner fin a la impunidad en relación con los actos de violencia que afectan al movimiento sindical y que se lleven a cabo investigaciones para que sean juzgados y sancionados los autores de los mismos.

La Comisión subrayó la urgencia de que se aplique plenamente el Memorando de Entendimiento firmado entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT. La Comisión urgió al Gobierno a que en consulta con todos los interlocutores sociales tome las medidas necesarias para enmendar la legislación en relación con los puntos planteados a efectos de ponerla en plena conformidad con el Convenio. La Comisión tomó nota de que el Gobierno cuenta con la asistencia técnica de la OIT, observó que esa asistencia con un componente tripartito se llevará a cabo en los próximos meses y expresó la firme esperanza de poder constatar progresos tangibles en relación con todas las cuestiones planteadas. La Comisión pidió al Gobierno que envíe una memoria detallada para su examen en la próxima reunión de la Comisión de Expertos en 2013.