Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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Demande directe

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Política nacional de igualdad de género. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) está llevando a cabo una consulta a nivel nacional con miras a la elaboración de una Política Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. La consulta aborda temas relacionados con la economía, la participación de las mujeres en la economía y en la producción, la brecha salarial, el desempleo y el subempleo así como la inserción laboral de las mujeres. El Gobierno informa también que se ha realizado el Estudio Diagnóstico para identificar las buenas prácticas laborales para la equidad de género en el marco del Programa Agenda Económica de las Mujeres del INAMU. En dicho estudio participaron 25 empresas y se identificaron iniciativas adoptadas por las mismas para ampliar la incorporación y permanencia de las mujeres en el trabajo y mejorar las condiciones del mismo. El estudio tiene el objetivo final de implementar el Sistema de Gestión para la Igualdad y Equidad de Género (SIGEG) que ha sido adoptado como una política pública común en Centroamérica y que consiste en un sistema de certificación de las empresas que busca la paulatina eliminación de las brechas de género. El INAMU proyecta asimismo llevar a cabo una serie de estudios sobre el uso del tiempo, el trabajo doméstico remunerado y el perfil de género de la economía. La Comisión toma nota asimismo de que por resolución núm. DM131-2010, de 27 de abril de 2010, se creó la Oficina de Género y Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social que tiene como objetivos: el fortalecimiento de las capacidades con miras a transversalizar el enfoque de género; la sensibilización de la población sobre la discriminación que enfrentan las mujeres y la incorporación de indicadores que permitan identificar desigualdades. Por otra parte, la Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)en las que se pone de relieve que se siguen registrando tasas mas elevadas de subempleo y desempleo en las mujeres, así como la existencia de segregación profesional de las mujeres en sectores laborales en los que predominan salarios bajos (CEDAW/C/PAN/CO/7 de 5 de febrero de 2010, párrafo 38). La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre todo avance en la formulación de una Política Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres así como sobre las medidas concretas que se adoptan con miras a reducir la segregación profesional por motivo de género en el mercado de trabajo y superar los estereotipos que impiden el acceso de las mujeres a las ocupaciones tradicionalmente desempeñadas por los hombres y viceversa, incluyendo información sobre las actividades desarrolladas por la Oficina de Género y Trabajo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre las actividades y los diferentes estudios llevados a cabo por el INAMU y que continúe enviando información estadística sobre la situación de las mujeres y de los hombres, desglosada por sexo, en el mercado de trabajo y su distribución en las diferentes ocupaciones y sectores económicos.

Formación profesional. La Comisión toma nota de la amplia información proporcionada por el Gobierno en cuanto a las actividades de formación y de capacitación profesional llevadas a cabo a nivel público y privado. La Comisión toma nota en particular de que, en el marco del Programa Agenda Económica de las Mujeres, el INAMU ha desarrollado Diplomados de desarrollo económico local con equidad de género que tienen el objetivo de favorecer el acceso equitativo a recursos y oportunidades de hombres y mujeres. La Comisión toma nota asimismo de que si bien la participación de las mujeres en la formación es considerablemente superior a la de los hombres, el Gobierno confirma una vez más la existencia de una marcada segregación profesional entre hombres y mujeres, que se evidencia en las distintas formaciones y capacitaciones profesionales escogidas por hombres y mujeres. A este respecto, el Gobierno indica que promociona las actividades no tradicionales entre las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para abordar de forma eficaz la segregación ocupacional entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, incluidas medidas a fin de promover el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos y de formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas adoptadas a este fin así como información estadística sobre la participación masculina y femenina en las actividades de formación con especial énfasis en las carreras y formaciones escogidas por cada grupo. La Comisión pide al Gobierno que indique en qué medida dicha formación se traduce en acceso al mercado de trabajo.

Acoso sexual. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Oficina de Género y Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ha desarrollado un programa de capacitación y sensibilización en materia de género que incluye la cuestión de acoso sexual, en el cual participan inspectores de trabajo, con el fin de sensibilizarlos en la materia. También se ha capacitado al personal del MITRADEL. El Gobierno añade que en el Diagnóstico para Identificar las Buenas Prácticas Laborales para la Equidad de Género mencionado anteriormente se incluyen las medidas tendientes a la prevención del acoso sexual entre las buenas prácticas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa también que si bien algunos inspectores de trabajo han percibido que existen casos de acoso sexual en las empresas inspeccionadas sostienen que las víctimas tienen temor de formular denuncias al respecto. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas de difusión necesarias con miras a poner en conocimiento de los trabajadores los mecanismos de solución de diferencias disponibles al respecto. Asimismo, la Comisión alienta al Gobierno a continuar desarrollando actividades de capacitación y sensibilización sobre el acoso sexual, en colaboración con los interlocutores sociales, dirigidos a todos los actores involucrados, incluyendo las empresas, los jueces, abogados, inspectores y otros órganos encargados de velar por el respeto de las normas pertinentes. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda denuncia por acoso sexual tratada por los tribunales y las medidas de resarcimiento adoptadas al respecto y las sanciones aplicadas.

Igualdad de oportunidades y de trato independientemente de la raza y el color. La Comisión toma nota de que en 2010, por primera vez el Censo de Población y Vivienda incluyó una pregunta relativa a la autoidentificación como afrodescendiente en el Censo de Población y Vivienda de 2010. Por ese motivo, el Gobierno llevó a cabo una campaña de sensibilización en cuanto al autoreconocimiento de la población. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, de la cantidad de población que se autoreconoce como perteneciente a la etnia negra y sobre las medidas concretas adoptadas en el marco del Plan de Acción Nacional para la Inclusión plena de la Etnia Negra para promover la igualdad de oportunidades y de trato de la población de ascendencia afropanameña.

Mujeres indígenas. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la grave situación que enfrentan las mujeres indígenas debido, entre otras razones, a que su bajo nivel de escolaridad no les permite acceder a una actividad con remuneración suficiente para asegurarles un nivel de vida decente. La Comisión observa que en sus conclusiones el CEDAW se refiere a la persistencia de esta situación (CEDAW/C/PAN/CO/7 de 5 de febrero de 2010, párrafos 46 y 47). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se han adoptado una serie de medidas, y que gracias a las becas universales, subsidios económicos para estudios y bonos familiares, las tasas de escolarización a nivel primario y secundario se han incrementado y ha aumentado el interés de la población indígena por los estudios universitarios; el INAMU ha iniciado un mapeo de organizaciones y emprendimientos económicos en la comarca Ngöbe Bublé el cual permitirá establecer el marco de las políticas públicas de atención y mejoramiento de la situación económica de las mujeres de la comarca; el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) desarrolla programas formativos para grupos vulnerables entre los que se incluyen las mujeres indígenas, habiendo capacitado a 710 mujeres indígenas en centros de formación cercanos a sus comarcas; y a través de la Red Panameña de Asociaciones de Mujeres Rurales, con asistencia del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando las medidas necesarias para incrementar los niveles de escolaridad de las mujeres indígenas así como su capacitación y formación con miras a aumentar sus oportunidades en el empleo y la ocupación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la abundante información suministrada por el Gobierno en cuanto a las medidas y programas destinados a la inserción de las personas discapacitadas, incluidas las llevadas a cabo por el Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad. La Comisión toma nota en particular de los acuerdos celebrados con algunas empresas con miras a la contratación de personas con discapacidad. El Gobierno indica que la Dirección de Políticas Sectoriales ha organizado la revisión de las políticas de inclusión y la formulación de la Política de Discapacidad 2010-2014, que ha sido divulgada entre los funcionarios públicos. La Comisión toma nota del diagnóstico efectuado por el Servicio de Intermediación Laboral con personas con discapacidad que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor capacitación y formación profesional a las personas con discapacidad. El Gobierno señala por otra parte que no se han impuesto sanciones hasta ahora a las empresas ya que las mismas han respetado la obligación de que su plantilla de personal esté integrada por lo menos con un 2 por ciento de personas discapacitadas. Varias empresas ya cumplen con el 2 por ciento y otras han iniciado el proceso en ese sentido. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre las medidas adoptadas en particular las medidas de capacitación y formación profesional con miras a la inserción de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo y su impacto. La Comisión pide asimismo que envíe información estadística sobre el nivel de acatamiento de la obligación de inserción entre las empresas y las eventuales sanciones impuestas por incumplimiento.

Parte V del formulario de memoria. La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos con miras a incorporar en las estadísticas nacionales información desglosada por sexo, raza, etnia, edad, clase u otras variables en el empleo y la ocupación en el sector público y en el privado. Por último, observando que las estadísticas enviadas hasta ahora efectúan una medición de los empleados «no indígenas», la Comisión pide al Gobierno que explique las razones y el impacto de dicha separación entre empleados indígenas y no indígenas y la forma en que se mide el trabajo de los empleados indígenas.