Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Australie (Ratification: 1993)

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La Comisión toma nota de la detallada memoria recibida en septiembre de 2011 que incluye respuestas a las cuestiones planteadas por la Comisión en su observación de 2009. La Comisión también toma nota de los comentarios transmitidos por el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU). El Gobierno indica que desde el 1.º de enero de 2010, todos los Estados con excepción de Australia Occidental delegaron en la Commonwealth sus facultades en materia de relaciones laborales para el sector privado, creando un nuevo sistema nacional de relaciones laborales para el sector privado (conocido como «sistema nacional»). En 2009 y 2010, el número de solicitudes presentadas por los empleados del sistema nacional que reclaman reparación por despido injustificado fue de 11.116. A finales del primer trimestre de 2011 el número de solicitudes para 2010-2011 fue de 9.498. En los primeros nueve meses del período 2010-2011, según información facilitada por Fair Work Australia, 258 de las solicitudes se sometieron a arbitraje; y de ese total se dictaron 20 resoluciones de readmisión. El Gobierno indica que es imposible realizar una comparación directa entre el número de solicitudes presentadas con arreglo al sistema general de protección y la legislación anterior debido a que la protección general de prevista en la Ley sobre el Trabajo Equitativo reagrupa las disposiciones de protección en materia de libertad sindical y despido injustificado, incluyendo también otras disposiciones de protección aplicadas en virtud de la legislación anterior. La tasa de solución de conflictos por conciliación para 2009-2010 que incluye todas las cuestiones relativas al despido fue del 81 por ciento. Con arreglo a la legislación anterior, la tasa de solución de conflictos por conciliación fue de 75 por ciento en 2008-2009. La conciliación por teléfono sigue siendo el método predominante de conciliación (96 por ciento de conciliaciones en el primer trimestre de 2011 y el 97 por ciento en el último trimestre de 2010). El Gobierno indica que una encuesta realizada por TMS Social Research para Fair Work Australia, y cuyos resultados fueron publicados en noviembre de 2010, muestra que el 88 por ciento de los empleadores señalaron que la conciliación telefónica es un método práctico y de costo razonable y que el 82 por ciento de los empleadores estaban satisfechos o muy satisfechos con la rentabilidad de dicho procedimiento. La Comisión invita al Gobierno a seguir proporcionando información actualizada sobre la aplicación del Convenio en la práctica y ejemplos de decisiones judiciales sobre cuestiones de principio relacionadas con el Convenio.

Artículo 2, párrafo 2, b), del Convenio. Trabajadores que efectúan un período de servicios. El Gobierno indica que en virtud de la Ley de Trabajo Justo se prevé un período de antigüedad más largo, de 12 meses, para que los trabajadores de una empresa con menos de 15 personas puedan presentar un recurso por despido injustificado. El Gobierno informó que de los 9.498 recursos por despido injustificado presentados ante Fair Work Australia en 2010-2011, 1.876 correspondieron a pequeñas empresas. El ACTU se felicita por el hecho de que la Ley de Trabajo Justo haya permitido restablecer, en el sistema federal, los derechos de los trabajadores en materia de despido injustificado. Sin embargo, preocupa al ACTU que sigan existiendo normas diferentes para las pequeñas empresas. El ACTU observa que este período de antigüedad de 12 meses para los trabajadores de pequeñas empresas priva de la posibilidad de presentar un recurso por despido injustificado al 22 por ciento de los trabajadores de las mencionadas empresas, al 41 por ciento de los trabajadores del sector de la hostelería y al 64 por ciento de los jóvenes entre los 20 y 24 años de edad. Además, en el caso de transferencia de la empresa, la Ley sobre Despido Justo permite que el nuevo empleador imponga al nuevo trabajador que cumpla un nuevo período de antigüedad antes de tener derecho a presentar un recurso por despido injustificado. Teniendo presente las preocupaciones planteadas por el ACTU, la Comisión invita al Gobierno que siga comunicando información sobre este punto.

Artículo 4. Causas justificadas de despido. El ACTU expresa su inquietud por el hecho de que la Ley sobre Despido Justo no requiere que Fair Work Australia verifique que las personas cuyo empleo se suprima por motivos económicos sean elegidas de manera equitativa. El ACTU añade que hay un riesgo de que los empleadores decidan arbitrariamente cuáles serán las personas que van a ser despedidas por motivos económicos. Según el ACTU, la ley debería indicar claramente que la supresión del empleo por motivos económicos sólo es legítima si los trabajadores despedidos por esa causa fueron elegidos de manera ecuánime. El Gobierno indica que 22 recursos por despido injustificado fueron rechazados en 2009-2010 y que en los primeros tres trimestres de 2010-2011 se presentaron 21 recursos por despido injustificado por motivos económicos. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información relativa a esta disposición del Convenio, incluyendo ejemplos de decisiones judiciales que tengan en cuenta los requisitos legítimos de despido por motivos económicos.

Artículo 7. Procedimientos previos a la terminación o en ocasión de ésta. La Comisión se remite a su observación de 2009 e invita al Gobierno a transmitir información sobre la aplicación del Código de Despido Justo para las Pequeñas Empresas en relación con las oportunidades de los trabajadores para defenderse contra los alegatos previos a la terminación de la relación de trabajo.

Artículos 8 y 9. Recurso contra el despido. La Comisión toma nota de los comentarios del ACTU indicando que el período de prescripción de las acciones en el ámbito civil es de seis años. El ACTU considera que el período máximo de 60 días previsto en la Ley de Trabajo Justo es demasiado breve, ya que es posible que muchos trabajadores no tengan conocimiento del motivo del despido hasta bastante después del hecho. La Comisión invita al Gobierno a dar información sobre el efecto dado a estas disposiciones del Convenio.

Artículo 11. Falta grave. El ACTU señala su preocupación por el hecho de que el Código de Despido Justo para las Pequeñas Empresas no garantiza que los trabajadores de estas empresas sean tratados de manera justa. Por ejemplo, el Código sugiere que un empleador puede despedir sin previo aviso a un empleado si considera que cometió un acto de robo, un fraude, o un acto de violencia. El ACTU indica que no está claro si Fair Work Australia podrá investigar hasta qué punto es razonable la opinión expresada por el empleador en dichos casos. El Gobierno indica que para que Fair Work Australia se encuentre en condiciones de determinar si se observaron las disposiciones del Código, el empleador debe demostrar que tenía motivos razonables para el despido sin preaviso, que puede incluir la denuncia policial del presunto robo, fraude o violencia. El empleador que realice una falsa denuncia a la policía puede incurrir en responsabilidad penal, según otras normativas. El Gobierno señala en su memoria que una serie de decisiones de Fair Work Australia demuestra que el tribunal examinará si el empleador ha tenido motivos razonables para creer que un empleado ha cometido una falta grave. Teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por la CST, la Comisión invita al Gobierno a seguir facilitando información sobre esta materia.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2014.]