Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un representante gubernamental declaró que las cuestiones planteadas se consideran fundamentales en el actual proceso de desarrollo, en el que la aplicación de la «Estrategia Rectangular» para el crecimiento, empleo, equidad y eficiencia desempeña un papel importante. Desde 1996 el movimiento sindical ha crecido a la par que el sector textil, la hotelería y el turismo. El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para hacer frente a las cuestiones planteadas por los órganos de control relativas al respeto de la libertad sindical y negociación colectiva en consonancia con las políticas y objetivos de la Estrategia Rectangular. El Gobierno cree firmemente en la creación de bases jurídicas e institucionales para la promoción de los derechos individuales y la dignidad, la propiedad privada y los mecanismos de libre mercado. Por consiguiente, el Gobierno ha promulgado numerosas leyes y realizado esfuerzos para mejorar el sistema legal y judicial, así como la buena gestión. La reforma legislativa y judicial constituye una parte fundamental de la Estrategia Rectangular. El Gobierno es consciente de la necesidad de aumentar la capacidad del poder judicial para garantizar y proteger los derechos fundamentales del trabajo, incluido el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como la necesidad de proporcionar formación sobre las relaciones laborales. Para ello, acoge con beneplácito la asistencia técnica de la OIT.

Con respecto a la investigación de los tres casos relativos a los dirigentes sindicales, se han realizado algunos progresos. En el caso de Chea Vichea, las dos personas que habían sido condenadas anteriormente fueron puestas en libertad bajo fianza después de que la Corte Suprema señalase que se habían producido deficiencias en el proceso penal, especialmente en lo que respecta a las pruebas. En el caso de Ros Sovannareth, el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de Thach Saveth por el Tribunal de Apelación en abril de 2009 todavía está pendiente ante la Corte Suprema. El caso de Hy Vuthy todavía está siendo investigado. El Gobierno está haciendo esfuerzos para hacer frente a estos casos de acuerdo con su política de garantizar la rendición de cuentas a través de la reforma integral del sistema jurídico. Además, muchos otros casos, todavía están siendo investigados y el Gobierno también sospecha que al menos algunos de los casos (por ejemplo, el caso núm. 2318 del Comité de Libertad Sindical) se iniciaron como resultado de la rivalidad de los sindicatos y la delincuencia común.

Los esfuerzos del Gobierno deben considerarse en el contexto del creciente desarrollo de la industria textil, el considerable crecimiento de los sindicatos, así como el estado embrionario inmaduro de las relaciones laborales y los conflictos laborales. El Consejo de Arbitraje, que se estableció con la asistencia de la OIT, ha resuelto conflictos laborales en forma pacífica y, debido a su existencia, el número de huelgas se ha reducido casi a la mitad en los últimos tres años. El Gobierno está trabajando, en cooperación con la OIT, en un proyecto de ley de sindicatos para ser aprobado por el Parlamento en 2011. El Gobierno prevé que la ley garantizará el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse y negociar colectivamente, a través de la simplificación de las normas para la certificación del sindicato más representativo y los sindicatos minoritarios, la creación de un marco jurídico para los convenios colectivos y la definición de las prácticas laborales desleales por parte de los empleadores y los trabajadores. A la vista de los avances en marcha, el Gobierno está considerando la creación de un Tribunal del Trabajo, de conformidad con las normas internacionales.

En el contexto de la política de reforma de la administración pública y como parte de la Estrategia Rectangular, el Gobierno está considerando garantizar el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva en la administración pública. Los funcionarios públicos ya se han beneficiado de un aumento en su salario mensual y el Gobierno se comprometió a continuar los esfuerzos para aumentar el sueldo básico. Para concluir, hizo hincapié en la cooperación de su Gobierno para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y espera que la OIT siga proporcionando asistencia técnica para fortalecer la capacidad de Camboya, en particular en el ámbito de la libertad sindical y las relaciones laborales.

Los miembros empleadores señalaron que se trata de un caso de «doble nota a pie de página» relativo a uno de los convenios fundamentales. Observaron que el Gobierno ha facilitado información sobre varios puntos, pero que éstos se relacionan sólo parcialmente con las cuestiones planteadas en las observaciones de la Comisión de Expertos. Esta es la segunda oportunidad en que el caso se discute desde 2007 y la Comisión de Expertos aún no ha recibido información suficiente. Recordaron que las cuestiones principales en este caso se refieren al asesinato de sindicalistas, amenazas de muerte, un clima de impunidad, los alegatos de irregularidades en juicios, la corrupción y la violencia sistemática, y la represión. Sin embargo, el Gobierno no ha realizado comentarios específicos sobre estos puntos. Se refirieron a las conclusiones de la misión de contactos directos que visitó Camboya en abril de 2008, mencionada en la observación de 2009 de la Comisión de Expertos, que había informado sobre la falta de capacidad e independencia del poder judicial, las irregularidades de procedimiento en el juicio por el asesinato de sindicalistas, y la falta de acción del Gobierno para resolver los casos pendientes.

En la solicitud directa de 2004, la Comisión de Expertos, en relación con el artículo 2 del Convenio, pidió al Gobierno que tomara las medidas apropiadas para garantizar que los jueces y los funcionarios designados temporalmente y de forma permanente en la administración pública gocen del derecho a constituir y afiliarse a sindicatos. Opinaron que el Gobierno debe presentar una memoria completa sobre estos puntos, ya que no los ha abordado en su declaración ante la Comisión de la Conferencia. Con respecto al derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa, la Comisión de Expertos había pedido al Gobierno que indicase si se les podía denegar el registro a las organizaciones de trabajadores o de empleadores y los motivos admitidos para esa negativa. Esta era una parte normal del proceso de control. En cuanto al artículo 3 del Convenio, la Comisión de Expertos había solicitado la modificación del párrafo 3 del artículo 269, de la Ley del Trabajo, que impide a las personas condenadas por cualquier delito ejercer cargos en los sindicatos, y del párrafo y del mismo artículo que exige a los miembros de los sindicatos haber ejercido una profesión determinada al menos un año antes de poder ser elegidos para un cargo sindical. Pidieron al Gobierno que responda a estos comentarios, ya que aún no lo ha hecho. Con respecto al derecho de huelga, indicó que el Gobierno debería abordar la cuestión en función de sus circunstancias nacionales. En cuanto a la cuestión de la afiliación a organizaciones internacionales, recordaron que el Gobierno había indicado que no existen obstáculos jurídicos para impedir que los sindicatos de las organizaciones profesionales se afilien a organizaciones internacionales. Dijeron que si existe esta práctica ello indica que se trata de la política que se ha adoptado.

Por último, opinaron que se trata de un caso grave porque el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de informar a la OIT y de responder a las peticiones de la Comisión de Expertos. Además, el Gobierno no está cumpliendo con la obligación internacional que ha aceptado de manera voluntaria de aplicar el Convenio en la legislación y en la práctica. Esto debe ser subsanado de forma urgente.

Los miembros trabajadores subrayaron que el incumplimiento de los Convenios núms. 87 y del Convenio 98 se ve agravado por la falta continua de envío de memorias por el Gobierno. Con relación al Convenio núm. 87, señalan que las observaciones se refieren en particular al asesinato de dirigentes sindicales en 2004 y los procedimientos judiciales respecto a esos asesinatos, incluido el hecho de que dos hombres inocentes fueron condenados. En términos más generales, se refiere a un clima de violencia e intimidación del que son víctimas los sindicalistas, incluyendo amenazas de muerte, supresión del derecho de huelga, discriminación antisindical, acusaciones falsas y deducciones de los salarios. En este sentido, el Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya es objeto de represión sistemática. Todos estos actos siguen sin ser sancionados, especialmente debido a las deficiencias de la legislación de Camboya. De hecho, no existe un sistema de solución de controversias, los tribunales creados por la ley aún no han sido establecidos y la intimidación y la corrupción sustituyen la resolución legal de los conflictos. Además, el reconocimiento del sindicato más representativo puede ser denegado por el Ministerio de Trabajo por motivos arbitrarios. Por último, el derecho a la negociación colectiva no es reconocido a los jueces, a los docentes y a los funcionarios. Por otra parte, la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA) no es reconocida como sindicado. Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno había aceptado una misión de contactos directos en abril de 2008, y a finales de 2008 el Tribunal Supremo ordenó la liberación de dos presuntos asesinos de un líder sindical. Pero el Gobierno no hizo nada para hacer respetar los derechos sindicales, para garantizar la independencia del poder judicial, establecer tribunales del trabajo y revisar la ley de sindicatos. Los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno anunció un nuevo proyecto de ley de sindicatos y expresó la firme esperanza de que esta nueva ley respete totalmente los principios de los Convenios núms. 87 y 98.

El miembro trabajador de Camboya se refirió, en primer lugar, al asesinato de los tres dirigentes sindicales, Chea Vichea, Ros Sovannareth y Vouthy Hy, cuyos asesinos aún no han sido identificados. Pidió a la OIT que inste al Gobierno a tomar medidas decisivas para investigar los tres casos lo antes posible y velar por que los asesinos sean encontrados y llevados ante la justicia. También hizo un llamamiento al Gobierno para que acabe con las amenazas, la violencia y los asesinatos de dirigentes sindicales y activistas. En segundo lugar, indicó que desde la crisis financiera global de 2007, ha habido numerosos casos de violencia contra sindicalistas y de despidos de dirigentes sindicales. Afirmó que muchos empleadores, aproximadamente el 60 por ciento, utilizan subcontratistas y contratos a corto plazo para evitar los sindicatos en su empresa, destruyendo así la libertad sindical. En los contratos a corto plazo, se limitan mucho los derechos del personal, especialmente la libertad de afiliarse a un sindicato, el derecho a la licencia de maternidad, el derecho a que se tengan en cuenta los años de servicio y el derecho a vacaciones anuales. Agregó que desde principios de 2009, 230 líderes sindicales han sido despedidos y los empleadores amenazan con proceder al despido de los trabajadores o llevarlos los tribunales por motivos de incitación a la violencia, que constituye un delito penal en Camboya, si continúan con sus actividades sindicales. Se refirió a los numerosos casos de activistas sindicales despedidos, entre ellos 58 trabajadores de la empresa Naga, 169 trabajadores en 14 fábricas textiles y tres dirigentes sindicales en la empresa TTP y subrayó que los representantes sindicales siempre han perdido sus casos en los tribunales camboyanos. Hizo un llamamiento a la OIT a que exhorte al Gobierno a respetar y aplicar la legislación y los convenios de la OIT, para garantizar que los empleadores cumplan con ellos, detengan los despidos, la violencia y las amenazas, y restituyan a sus puestos a todos los trabajadores involucrados en actividades sindicales. Por último, indicó que los sindicatos no tienen los mismos derechos a participar en el octavo Grupo de Trabajo, una entidad para el diálogo social. Pidió llamamiento por que los sindicatos tengan plenos derechos en este órgano, a fin de que el octavo Grupo de Trabajo sea un verdadero órgano tripartito.

El miembro empleador de Camboya indicó que la libertad sindical fue enérgicamente promovida por el Gobierno de Camboya. Los empleadores de Camboya acogieron con satisfacción el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva en Camboya. Existen muchos sindicatos, sobre todo en la industria textil. La legislación laboral camboyana permite los sindicatos de varias empresas, lo que ha planteado muchos problemas prácticos a los empleadores. La mayoría de las fábricas textiles tienen por lo menos tres o más sindicatos y muchos trabajadores en la misma empresa pertenecen a más de un sindicato. Como resultado, varios sindicatos han presentado diversas demandas, el trabajo se ha interrumpido a menudo, y se han llevado a cabo muchas huelgas ilegales que no han seguido el procedimiento establecido. El orador lamentó que en Camboya las huelgas a menudo sean utilizadas como el primer, en lugar del último, recurso para la solución de controversias. Los empleadores acogerán con satisfacción el movimiento sindical, cuando éste esté consolidado y sea auténtico. El Programa Mejores Fábricas Camboya de la OIT es un ejemplo de programa en el que los derechos sindicales son plenamente respetados. En respuesta a las alegaciones realizadas por el miembro trabajador de Camboya de que no existe ningún mecanismo para la solución de controversias, el orador recordó que el Consejo de Arbitraje que se ocupa de la libertad sindical existe desde hace ya cinco años. La revisión de la Ley de Sindicatos estaba siendo está por los empleadores y los trabajadores, y se espera su aprobación por el Parlamento para 2011. Con respecto al asesinato de dirigentes sindicales, expresó su pesar por la pérdida de vidas humanas y su esperanza de que se haga justicia, al tiempo que afirmó que los empleadores no están implicados.

El miembro trabajador de Filipinas expresó su preocupación por las restricciones impuestas a los sindicalistas en Camboya. Si bien el Código del Trabajo de 1997 establece que los trabajadores son libres de formar y afiliarse a los sindicatos, la ley, en la práctica, no se aplica a los funcionarios que trabajan a nivel local y nacional, a los jueces, y a los docentes, incumpliendo de esta forma los Convenios núm. 87 y 98. En particular, puso de relieve el papel crucial de los docentes, cuyas condiciones de trabajo siguen siendo insatisfactorias, con salarios mensuales que oscilan entre 20 y 40 dólares, lo que dificulta el cumplimiento de sus funciones de educar a los niños y jóvenes que forjarán el futuro del país. El hecho de que el 10 por ciento de los docentes de Camboya se hayan afiliado a la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA) muestra que existe la necesidad urgente y el deseo de mejorar sus condiciones laborales. La CITA, sin embargo, no ha sido reconocida como sindicato por lo que el Gobierno tuvo que explicar las medidas adoptadas para eliminar la obstrucción continua de las actividades de la CITA, así como de la de Asociación de la Administración Pública Independiente de Camboya (CICSA). El Comité de Libertad Sindical, en su 334.º informe ya había solicitado al Gobierno que modificara el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos a fin de garantizar el derecho a la negociación colectiva a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. En consecuencia, pide al Gobierno que utilice el actual proceso de elaboración de una ley sindical a fin de incluir disposiciones pertinentes para garantizar este derecho.

El miembro trabajador de Francia subrayó que el Gobierno camboyano tiene que proporcionar varias explicaciones. Recordó los últimos acontecimientos en los tres casos de asesinato, que habían afectado al movimiento sindical en Camboya y provocaron la desaparición de algunos de sus dirigentes legítimos. En primer lugar, no ha habido una investigación seria para encontrar a los asesinos de Chea Vichea. Los cargos contra Born Samnang y Sok San Oen, que habían sido injustamente encarcelados durante cinco años, todavía están pendientes y nuevos acontecimientos han ocurrido desde que el Tribunal de Apelación envió una lista de puntos específicos para la investigación del asesinato de Chea Vichea al Tribunal Municipal de Phnom Penh en el otoño de 2009. En segundo lugar, el 21 de febrero de 2009, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a 15 años de prisión de Thach Saveth por el asesinato del dirigente sindical Ros Sovannareth en un juicio marcado por irregularidades procesales que generan dudas sobre lo adecuado de la condena. Este caso se remitió a la Corte Suprema, pero no hay noticias al respecto. En tercer lugar, no se realizó ninguna investigación respecto del asesinato de Hy Vuthy, un dirigente sindical del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), en 2007. Las pruebas desaparecieron y se intimidó a los testigos. Debería llevarse a cabo una investigación imparcial sobre estos tres asesinatos y debería solicitarse al Gobierno que el año próximo informe sobre la cuestión a la OIT el año próximo. Debería liberarse a Thach Saveth y retirarse los cargos contra Born Samnang y Sok San Oen. Instó al Gobierno a que dé garantías a las víctimas y sus familias de que se hará justicia y que se trabajará en el establecimiento de un clima exento de miedo para los verdaderos sindicalistas.

El miembro trabajador de los Estados Unidos compartió las preocupaciones expresadas por los oradores anteriores respecto al mantenimiento de la impunidad en Camboya que permite qué continúe la intimidación y la represión violenta de representantes sindicales. Consideró necesario abordar la falta de un sistema eficaz para enjuiciar y condenar a los autores intelectuales y materiales de ese tipo de violencia y represión. Los trabajadores camboyanos han sido también objeto de listas negras, descuentos salariales ilegales y exclusiones de la promoción debido a sus actividades sindicales. El Ministerio del Trabajo rara vez adopta medidas legales contra los infractores, sino que, aconseja, en general, a los trabajadores que recurran a los tribunales, lo que resulta costoso e ineficaz, o a aceptar un pago en efectivo. Debido a sus bajos salarios, los inspectores del trabajo son especialmente vulnerables al soborno. La Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que ponga fin a esta corrupción judicial y administrativa, que ha obstaculizado el establecimiento de tribunales de trabajo realmente eficaces, la generación de empleo, la seguridad en el empleo y el trabajo decente en general. Los esfuerzos para acabar con la impunidad no sólo son fundamentales para la protección de los derechos sindicales, sino también para la creación de una atmósfera de estabilidad y certidumbre para los empresarios e inversores extranjeros. En este momento crítico, es importante para Camboya cuidar su reputación de país que está mejorando el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo por medio de las contribuciones realizadas a través del programa Mejor Trabajo de la OIT. Instó al Gobierno a utilizar la asistencia técnica para garantizar que la nueva Ley sobre los Sindicatos esté en plena conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. En este sentido, la nueva ley debe modernizar el artículo 269 del Código del Trabajo, y permitir a los sindicatos elegir libremente a los representantes sindicales y administrar libremente su propio sistema de gestión interna. La nueva ley también debería prohibir la creación de sindicatos amarillos controlados por el empleador, como la Federación de Sindicatos de Jóvenes Khmer, y debe garantizar plenamente un estatus jurídico a los sindicatos y garantizan la negociación colectiva para los docentes y funcionarios.

El representante gubernamental de Camboya agradeció a los miembros empleadores y trabajadores su contribución al debate. A pesar de los desafíos que enfrenta su Gobierno, reiteró que éste se ha comprometido a promover los derechos y la dignidad de todas las personas, incluyendo a los trabajadores. Este objetivo también se ha incorporado en la Estrategia Rectangular referida anteriormente. La impunidad no es la política del Gobierno y el sistema legal y judicial está siendo objeto de reformas. Lamentó la muerte de los dirigentes sindicales y reiteró el compromiso del Gobierno de llevar a los responsables ante la justicia. La realidad es que el Gobierno no sólo participa actualmente en un proceso de reforma, sino que también se ocupa de los efectos de la crisis económica. Por otra parte, la comunidad internacional debe reconocer los progresos realizados por el Gobierno hasta ahora.

Los miembros empleadores, si bien apreciaban la información adicional proporcionada por el Gobierno, indicaron que no queda claro si la memoria que han presentado a la Oficina contenía las respuestas a las solicitudes formuladas por la Comisión de Expertos y si la legislación examinada cubrirá las lagunas identificadas. En cualquier caso, la Comisión de Expertos formulará sus observaciones sobre esa memoria en su informe del próximo año. Propusieron que podría resultar útil que el Gobierno presente el proyecto de ley a la Oficina para que ésta proporcione asesoramiento técnico a fin de que la legislación adoptada cumpla plenamente con las disposiciones del Convenio núm. 87. Señalaron que la adopción de una política correcta es sólo el primer paso y que es necesario dar curso a su aplicación en la práctica.

Los miembros trabajadores observaron la intención del Gobierno de promover la competitividad de su economía, incluso en detrimento del cumplimiento de las normas fundamentales de la OIT. Por ello insistieron en la obligación que tiene el Gobierno de cumplir con esas normas. Pidieron que de una vez por todas se completen las investigaciones judiciales respecto al asesinato de sindicalistas y, en particular, que se ponga en libertad a Thach Saveth y se proceda de inmediato a retirar los cargos contra Born Samnang y Sok Sam Oeun, y que se tomen las medidas necesarias para cumplir con los Convenios núms. 87 y 98. A este efecto, pidieron explícitamente al Gobierno que garantice a jueces, personal docente y funcionarios el derecho de organizarse en sindicatos así como su derecho a la negociación colectiva y que elabore nuevas leyes sobre los sindicatos y los tribunales del trabajo con la asistencia técnica de la OIT. Hicieron un llamamiento al Gobierno para que garantice un auténtico diálogo social. Pidieron especialmente que los sindicatos participen en pie de igualdad en las reuniones del octavo Grupo de Trabajo sobre las relaciones laborales y que se examinen las cuestiones importantes en materia de trabajo.