Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Plan nacional de igualdad entre hombres y mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado información sobre las medidas adoptadas en aplicación del Plan de políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 2004-2007. La Comisión toma nota de que el Plan referido se implementó parcialmente, y se realizaron actividades relacionadas sobre todo con la problemática de la violencia y la participación ciudadana tales como talleres en centros mineros o actividades con organizaciones de mujeres campesinas. El Gobierno indica que se ha democratizado el acceso al crédito reservándose el 50 por ciento del total de créditos del Banco de Desarrollo Productivo para las mujeres empresarias. Se está desarrollando un Programa de Presupuestos Sensibles al Género con la participación de organizaciones de mujeres agrupadas en la Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos Sensibles al Género y que se refleja, entre otros, en planes y programas de desarrollo rural y en programas municipales. Algunos aspectos que orientan dichos programas son: i) equidad de género en el acceso a los recursos productivos y el uso y control de éstos; ii) acceso e igualdad en la participación en los procesos de decisión, y iii) mejorar las oportunidades de trabajo remunerado y generación de ingresos. Asimismo, el Gobierno indica que la nueva Constitución, promulgada el 7 de febrero de 2009, incluye el enfoque de género de manera más sistemática y concreta que la Constitución anterior. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los cambios relativos a legislación y políticas que se han producido en materia de igualdad en el empleo y la ocupación como resultado de la nueva Constitución. Al notar que el decreto supremo núm. 29894 de 7 de febrero de 2009, reconoce al Ministro de Justicia y al Viceministro de Igualdad de Oportunidades competencias en materia de formulación e implementación de planes, programas y políticas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre todo programa y política adoptados por dichas instituciones que estén específicamente encaminados a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación y sobre su implementación.

Mujeres Indígenas. La Comisión toma nota de que en el marco del Programa Sectorial de Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Componente Saneamiento y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen Fase II 2005-2009, financiado por Dinamarca, se ha previsto la elaboración de una estrategia de transversalización de las actividades de género en el saneamiento de las tierras con el objetivo de incorporar de manera sistemática la participación de las mujeres en todo el proceso de regularización del derecho de propiedad agraria. La Comisión toma nota de que en el período 1997-2005, las mujeres obtuvieron el 46 por ciento de un total de 42.178 títulos y certificados. Además, toma nota con interés de que el componente de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos del Viceministerio de Tierras ha incorporado la perspectiva de género en numerosas acciones que indica como, por ejemplo, la incorporación de la dimensión de género en el Plan quinquenal de saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información sobre esta cuestión.

Discriminación racial. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que está llevando una Gestión de Políticas Públicas en materia de discriminación racial y que además existe voluntad política para enfrentar el racismo y la discriminación. Toma nota de las medidas indicadas por el Gobierno sobre los programas de alfabetización, las políticas redistributivas, el acceso universal a los servicios de salud en beneficio de los sectores desfavorecidos, víctimas de la discriminación racial estructural. Indica el Gobierno que existe una nueva lógica en el diseño de políticas públicas a partir de los criterios de redistribución plasmado en el Plan nacional de desarrollo «Vivir Bien», en planes sectoriales e iniciativas interinstitucionales en combinación con una legislación orientada a atacar las causas fundamentales de la discriminación racial. El Gobierno indica que el tema tierra y territorio adquiere una gran importancia para eliminar la servidumbre, la explotación y la esclavitud de las poblaciones víctimas de esta forma de racismo. Se refiere la memoria al «Plan Guaraní» que apunta a restituir los derechos fundamentales del pueblo guaraní incluyendo la restitución de parte de sus tierras de origen. El Ministerio de Trabajo actualmente impulsa la promulgación de normas legales a favor de los derechos de los trabajadores de los sectores castañeros y azucareros. Por su parte, la Coordinación y Promoción de Políticas y Derechos Indígenas del Ministerio de la Presidencia ha dado prioridad al tema de la discriminación racial en su plan operativo de 2008. El Gobierno también se refiere a la aplicación de la consulta a los pueblos indígenas, a la participación en los beneficios de las actividades extractivas, a la participación en el control ambiental, y a otras formas de redistribución de la riqueza para combatir la exclusión y la discriminación estructurales. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el particular.

Acceso a la educación y a la formación profesional. La Comisión toma nota con interés de las medidas adoptadas para dar prioridad a la educación rural, indígena y de mujeres. Toma nota de la creación de tres universidades indígenas comunitarias interculturales (Unibol), una para el pueblo aymará, otra para el quechua y otra para el guaraní. La Comisión desarrolla este punto con mayor detalle en sus comentarios sobre el Convenio núm. 169. Además, el Gobierno indica que, dado que la educación es la base para la incorporación laboral con equidad, entre 2005 y 2006 se incrementó el número de hombres y mujeres matriculadas en el ciclo secundario. Sin embargo, mientras que la matrícula masculina ha sido del 57,42 por ciento, la matrícula femenina ha sido del 42,58 por ciento. Siendo que los mayores índices de baja escolaridad se registran en las áreas rurales, y sobre todo entre las mujeres, la política nacional define como prioridad educativa esta área y pone en marcha el programa de acceso y permanencia para niñas y adolescentes a través del Plan de implementación de internados rurales y del Plan de implementación de transporte rural. El Plan nacional de desarrollo «Vivir Bien» incluye el tema de la educación como prioritario considerando que el primer problema a enfrentar es la falta de igualdad en el acceso, permanencia y calidad. En ese marco el Ministerio de Educación elaboró su Plan operativo multianual 2004-2008 (POMA) que forman parte del Plan estratégico del sector educativo. Con relación a la formación técnica relacionada con matriz productiva, la cobertura será de 171.074 hombres y 156.873 mujeres. El Gobierno también se refiere a otras medidas. A manera de conclusión, el Gobierno indica que «se pretende la refundación de la educación en Bolivia mediante una educación descolonizada, equitativa, intercultural y bilingüe. La Comisión alienta al Gobierno a continuar en esta dirección y pide que continúe proporcionando información sobre el particular.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.