Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La Comisión toma nota con interés de que en su memoria el Gobierno señala que el nuevo Gobierno australiano reconoce que los elementos de las leyes federales sobre las relaciones en el lugar de trabajo, anteriormente comentados por la Comisión, en muchas áreas importantes no cumplen con los requisitos fundamentales de las normas de la OIT sobre la negociación colectiva y la libertad sindical ratificadas por Australia. Estos comentarios están principalmente relacionados con las enmiendas realizadas en 2005 a la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo, 1996 (Ley WR) por la Ley de Enmienda de las Relaciones en el Lugar de Trabajo (elección del trabajo), de 2005 (Ley de Elección del Trabajo), pero no se limitan a ellas. Asimismo, la Comisión toma nota de que: i) un componente fundamental del nuevo programa legislativo del Gobierno es promulgar nuevas leyes que rijan las relaciones en el lugar de trabajo en Australia, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones tratadas en el informe de la Comisión de Expertos; ii) la primera etapa del programa legislativo del Gobierno ya está en curso, tras la entrada en vigor el 28 de marzo de 2008 de la Ley de Enmienda de las Relaciones en el Lugar de Trabajo (transición para avanzar con justicia), de 2008 (Ley de Transición), que enmienda la Ley WR y dispone medidas de transición hacia el nuevo sistema de relaciones en el lugar de trabajo establecido por el Gobierno, que será plenamente operativo a partir del 1.º de enero de 2010; iii) las reformas sustantivas de las relaciones en el lugar de trabajo que se están llevando a cabo han sido el producto de amplias consultas y de una revisión por parte de los representantes de los empleadores y de los trabajadores y han estado sujetas a debate parlamentario. La Comisión pide al Gobierno que junto con su próxima memoria le transmita copia de todos los proyectos de legislación que estén siendo examinados en el marco de la reforma sustantiva de la legislación del trabajo, a fin de examinar su conformidad con el Convenio.

Artículo 3 del Convenio. Derecho a la huelga. Los anteriores comentarios de la Comisión se referían a la necesidad de enmendar numerosas disposiciones de la Ley WR con miras a ponerlas en conformidad con el Convenio. La Comisión se refirió, en particular, a las disposiciones que suprimen la protección de las acciones reivindicativas en apoyo de: los acuerdos multiempresa (artículo 423, 1), b), i)); la «negociación piloto» (artículo 439); el boicot indirecto y en general las huelgas de solidaridad (artículo 438); las negociaciones sobre «temas prohibidos» (artículos 356 y 436 de la Ley WR en relación con el Reglamento de 2006 sobre las relaciones de trabajo); el pago de salario de los días de huelga (artículo 508 de la Ley WR); y las disposiciones que prohíben las acciones reivindicativas en caso de peligro para la economía (artículos 430, 433 y 498 de la Ley WR) imponiendo el arbitraje obligatorio a iniciativa del Ministro (artículos 500, a) y 504, 3) de la Ley WR). Por último, la Comisión planteó la necesidad de enmendar el artículo 30J de la Ley sobre Delitos de 1914, que prohíbe las huelgas que signifiquen una amenaza para los negocios o el comercio con otros países o entre los Estados, y el artículo 30K de la misma Ley por la que se prohíbe todo boicot que tenga como resultado la obstrucción u obstaculización de los servicios del Gobierno australiano o el transporte de bienes o personas en el comercio internacional.

La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno las reformas sustantivas de la legislación sobre relaciones en el lugar de trabajo, que están siendo preparadas para ser examinadas por el Parlamento a finales de 2008, establecerán la protección de las acciones industriales autorizadas por votación secreta durante la negociación para lograr un acuerdo colectivo de empresa; el proceso de votación será simple y equitativo. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según una comunicación del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) de 1.º de septiembre de 2008, el Gobierno indicó su intención de conservar las disposiciones existentes que prohíben el boicot indirecto y convertir en ilegales las acciones industriales a favor de la «negociación piloto» (esto es, negociaciones que buscan salarios o condiciones de empleo comunes para dos o más convenios colectivos propuestos con distintos empleadores o incluso con diversas filiales de la misma entidad matriz). La Comisión confía en que la reforma sustantiva de la legislación sobre las relaciones en el lugar de trabajo aborde la necesidad de poner la legislación y la práctica en conformidad con los comentarios realizados por la Comisión sobre los puntos antes planteados. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas a este respecto.

Acceso al lugar de trabajo. En su solicitud directa anterior, la Comisión planteó la necesidad de eliminar las condiciones restrictivas establecidas para otorgar un permiso a los representantes sindicales para entrar en el lugar de trabajo a fin de reunirse con los trabajadores (artículos 740, 742 1), 2) b), 2) d) y 2) h)). La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la ACTU señalando los obstáculos a los que tienen que hacer frente los sindicatos a este respecto e indicando la intención que tiene el nuevo Gobierno de mantener las disposiciones existentes.

La Comisión recuerda que el derecho de los cargos sindicales a acceder a los lugares de trabajo y comunicarse con los directivos es una actividad básica de los sindicatos que no debe estar sujeta a injerencia por parte de las autoridades y no debe limitarse a las comunicaciones con empleados «elegidos», ya que los sindicatos deben poder informar a los trabajadores no sindicados de las ventajas potenciales de la sindicación o la cobertura que ofrece un convenio colectivo. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas para enmendar los artículos 742 1), 2) b), 2) d) y 2) h), y 760 de la Ley WR, a fin de eliminar las condiciones restrictivas establecidas en lo que respecta a garantizar un permiso que da derecho a entrar en un lugar de trabajo y asegurar que el grupo de trabajadores con los que un representante sindical puede reunirse en el lugar de trabajo no se escoge de forma artificial.

Sector de la construcción. En sus comentarios anteriores, la Comisión, tomando nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2326 (véase 338.º informe, párrafos 409-457), planteó la necesidad de rectificar diversas discrepancias entre la Ley para la Mejora de la Industria de la Construcción (BCII) de 2005 y el Convenio. La Comisión lamentó, especialmente, la caída en la tasa de sindicación en la industria que, desde su punto de vista, puede que esté relacionada con las dificultades que se plantean para la negociación colectiva en la Ley BCII.

La Comisión recuerda que según sus comentarios anteriores: i) la Ley BCII vuelve prácticamente imposible declarar una huelga legal; ii) introduce importantes sanciones financieras, requerimientos y otras medidas sobre daños y perjuicios sin límite en caso de huelgas «ilegales»; iii) concede a la agencia encargada del cumplimiento de la ley conocida como Comisión Australiana de Construcción (ABCC) amplios poderes coercitivos como si fuese una agencia encargada de investigar asuntos criminales; iv) otorga al Ministro de Relaciones en el Lugar de Trabajo la potestad de regular las cuestiones laborales en el sector de la construcción por decreto ministerial a través de un instrumento denominado Código de la Construcción que no está en conformidad con el Convenio en diferentes puntos y se aplica de forma implícita a través de un «plan de habilitación» para los contratistas que quieren concluir contratos con la Commonwealth.

La Comisión toma nota de que, según los comentarios realizados por la ACTU en su comunicación de 14 de septiembre de 2007, la ABCC publicó una nota informativa basada en el Código de la Construcción que implícitamente desalienta a los trabajadores a fin de que no se afilien a sindicatos y les incita a retirarse de éstos; además, la ABCC publicó un «aviso» contra un empleador que podría ver reducidas sus oportunidades de licitar en proyectos del Gobierno o no poder participar en licitaciones a fin de obtener contratos durante un período de tiempo, si continúa permitiendo que sea el delegado sindical, y no los encargados de gestionar todo lo relacionado con la obra, el que se ocupe de las «sesiones de iniciación» del personal. Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus comentarios de 1.º de septiembre de 2008, la ACTU lamenta que el nuevo Gobierno no haya proporcionado información alguna de que esté considerando enmendar la Ley BCII y haya mantenido la ABCC con los mismos poderes y recursos, y con su orientación política inalterada. En lo que respecta a las medidas adoptadas para sustituir la ABCC por un «especialista regulador» a partir del 1.º de febrero de 2010, la ACTU señala que en principio se opone a otorgar potestades adicionales a un «especialista regulador». Añade que considera que la existencia de un grupo separado de textos legislativos sobre el trabajo para una sola industria es contrario al principio de igualdad de trato y trato justo para todos los trabajadores. La ACTU plantea su gran preocupación (entre otras cosas, citando datos estadísticos) por las acciones de la ABCC y las actividades en las que parece continuar centrándose, que van en contra de los intereses de los sindicatos y los trabajadores. Asimismo, la ACTU se refiere a las graves sanciones financieras impuestas por la ABCC en virtud de la Ley BCII (que de octubre de 2005 a mayo de 2008 alcanzaron la cifra de 1,2 millones de dólares australianos). Por último, la ACTU se refiere a que la ABCC ha procesado a un funcionario sindical que podría ser condenado a seis meses de prisión, sin que su caso haya sido investigado, simplemente por no haberse presentado ante la ABCC para contestar a ciertas preguntas (artículo 52 6), de la Ley BCII). La Comisión también toma nota de los comentarios realizados por la CSI en una comunicación de 29 de agosto de 2008 refiriéndose a limitaciones adicionales de las actividades sindicales y a las multas impuestas por la ABCC en una «campaña contra los trabajadores y sindicalistas del sector de la construcción».

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la ABCC continuará funcionando hasta el 31 de enero de 2010, y después será sustituida por una división especializada en construcción perteneciente a la inspección de un nuevo organismo sobre relaciones en el lugar de trabajo, «Fair Work Australia». El Gobierno ha contratado a un ex juez de la Corte Federal Australiana para que realice consultas y se informe sobre las cuestiones relacionadas con la creación de una división especializada, que tendrá que presentar un informe al Gobierno en 2009. Se transmitirá a la Comisión de Expertos un informe a este respecto una vez que el Gobierno haya tenido la oportunidad de examinar las recomendaciones de esta investigación.

La Comisión pide al Gobierno que envíe una respuesta concreta en relación con la información comunicada por la ACTU y la CSI, en 2007 y 2008.

La Comisión subraya una vez más en que todos los trabajadores sin distinción alguna, incluidos los trabajadores del sector de la construcción, deben disfrutar del derecho de sindicación y que el ejercicio de este derecho presupone que los sindicatos pueden organizar sus actividades y formular sus programas para impulsar y defender los intereses de los trabajadores con toda libertad, sin injerencia por parte de las autoridades. Por consiguiente, la Comisión urge una vez más al Gobierno a que en su próxima memoria indique todas las medidas adoptadas o previstas con miras a: i) enmendar los artículos 36, 37 y 38 de la Ley BCII de 2005, que hacen referencia a «acciones reivindicativas ilegales» (que no sólo implican la responsabilidad por daños y perjuicios contra el empleador, sino amplias responsabilidades frente a terceras partes y la prohibición absoluta de las acciones reivindicativas); ii) enmendar los artículos 39, 40 y 48-50 de la Ley BCII a fin de eliminar todos los impedimentos, sanciones y penas excesivas en relación con las acciones reivindicativas en el sector de la construcción; iii) introducir salvaguardias suficientes en la Ley BCII a fin de garantizar que el funcionamiento del Comisionado Australiano para las Construcciones (ABC) y el trabajo de los inspectores, no conducen a la injerencia en los asuntos internos de los sindicatos — especialmente las disposiciones sobre la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante los tribunales antes que tener que presentar documentos cuando el comisionado promulga una ordenanza en este sentido (artículos 52, 53, 55, 56 y 59 de la Ley BCII), y iv) enmendar el artículo 52, 6) de la Ley BCII que permite al Comisionado ABC imponer una condena de seis meses de prisión a toda persona que no presente los documentos e informaciones en violación a una ordenanza promulgada por él, a fin de que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la infracción. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas para dar instrucciones a la ABCC a fin de que no imponga sanciones o entable procedimientos legales mientras se está realizando la revisión.

La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.