Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en respuesta a sus comentarios precedentes, como también de un número de observaciones recibidas de organizaciones de trabajadores. Las cuestiones levantadas en esos comentarios, y, dirigidas al Gobierno, se refieren a dos asuntos principales que se tratan a continuación.

I. Mujeres detenidas en los "centros de recreo" de la época de la guerra

2. En observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de los comentarios hechos por la Osaka Fu Special English Teachers' Union (OFSET) que alegaba flagrantes abusos a los derechos humanos y abuso sexual de las mujeres detenidas en los llamados "centros de recreo" militares antes y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres confinadas eran forzadas a suministrar servicios sexuales a los militares. La Comisión observó que tales abusos eran contrarios a las disposiciones del Convenio; que estos abusos inaceptables deben dar lugar a compensación apropiada pero que no estaba habilitada a ordenar tales indemnizaciones. La Comisión también declaró que esta reparación sólo podía ser otorgada por el Gobierno y en vista del tiempo transcurrido expresó la esperanza que el Gobierno examinaría debidamente y con celeridad el asunto.

3. En su última observación adoptada en su reunión de 1996, la Comisión notó la posición del Gobierno de que independientemente de que el Convenio hubiese sido violado o no, éste realmente había cumplido con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales y, por lo tanto, el asunto había quedado solucionado entre el Gobierno de Japón y los otros gobiernos que eran parte de estos acuerdos. El Gobierno indicó que había expresado en muchas ocasiones sus excusas y remordimiento sobre este asunto; y que había suministrado el mayor apoyo al Fondo Asiático para la Mujer (AWF) que fue establecido en 1995 con el objetivo de mostrar la expiación del pueblo japonés a las mujeres detenidas en los "centros de recreo" en la época de la guerra y para proveerlas con fondos de reparación. La Comisión notó la detallada información suministrada, incluyendo el hecho de que el Gobierno ha mantenido los costos operacionales del AWF como también ha suministrado apoyo médico y social a través de recursos gubernamentales. La Comisión expresó su confianza de que el Gobierno continuará asumiendo la responsabilidad de las medidas necesarias para cumplir con las expectativas de las víctimas y solicitó que le enviase información sobre las acciones tomadas en el futuro.

4. Una de las organizaciones de trabajadores (OFSET) en una comunicación de fecha 14 de octubre de 1998 y sus anexos subrayó los puntos siguientes: el Sindicato expresa que el problema continúa básicamente sin modificaciones y que el Gobierno no ha pagado ninguna compensación y no ha pronunciado ninguna disculpa basada en su responsabilidad legal hacia las víctimas. El Sindicato suministró información al efecto de que la mayoría de las mujeres detenidas en los "centros de recreo" de origen coreano, taiwanés, indonesio y filipino se negaron a aceptar los dineros del AWF sobre la base de que los recursos del Fondo no son una compensación del Gobierno, sino dinero recolectado a través de donaciones de organizaciones privadas. El Sindicato también indica que cinco mujeres de origen filipino que habían sido detenidas en los "centros de recreo" y que habían aceptado dinero se habían negado a aceptar la carta de excusas enviada por el Primer Ministro y la habían devuelto a éste por no expresar el reconocimiento del Gobierno admitiendo su responsabilidad oficial por los abusos cometidos contra ellas por los militares. El Sindicato también suministró información sobre los pagos realizados por los Gobiernos de Corea del Sur y Taiwán a las mujeres víctimas en su propio país que se han negado a aceptar los fondos del AWF. La Confederación de Sindicatos Coreanos (FKTU) en una comunicación de 31 de julio de 1998 y anexos esgrime argumentos similares. Esta Confederación declaró que el Gobierno aún no había tomado medidas apropiadas y no ha cambiado su posición de que la cuestión de esclavitud sexual por los militares había sido resuelta legalmente entre Japón y los países asiáticos víctimas de las mismas, y citó ciertas consideraciones sobre el asunto hechas por la Comisión, las Naciones Unidas y otros. La FKTU notó que aunque algunas mujeres habían aceptado los fondos provenientes del AWF, la mayoría los había rechazado expresando que ello era dinero por "simpatía" y no una compensación legal.

5. La Comisión también recibió copias de una sentencia dictada, el 27 de abril de 1997, por la Corte de Primera Instancia de Yamaguchi, del Departamento de Shimoneshi, Sector 1. El caso es uno de las 50 demandas incoadas en las cortes japonesas. El juez ordenó al Gobierno pagar 300.000 yens, más intereses, a tres demandantes, que habían sido mujeres coreanas detenidas en los "centros de recreo". La sentencia se basó en parte en el Convenio y principalmente en la falta del Gobierno de dictar la legislación necesaria para subsanar la violación de los derechos humanos fundamentales y por lo tanto se ordenó una reparación en virtud de la ley estatal de responsabilidad por perjuicio.

6. La Federación de Sindicatos de Corea notó que la compensación era pequeña y también indicó que el Gobierno había apelado contra la decisión a una corte superior y que esto podía demorar entre diez y veinte años hasta terminar con el procedimiento de apelación y que las mujeres ya tenían una edad avanzada.

7. El Gobierno reitera en la memoria su papel en el establecimiento del AWF e indicó que en las Filipinas, en la República de Corea y en Taiwán aproximadamente entre 85 y 90 mujeres recibían "dinero de expiación" del AWF y que algunas habían expresado su gratitud de varias maneras. El Gobierno además señaló que las mujeres que recibían este dinero también recibían una carta de disculpas del Primer Ministro. El Gobierno indica que con apoyo de individuos, empresas y sindicatos y otros se habían donado más de 483 millones de yens al AWF. En marzo de 1997 el Fondo comenzó a financiar las facilidades destinadas a ancianas en Indonesia, dando prioridad a aquellas que declaraban haber sido mujeres detenidas en los "centros de recreo", ya que el Gobierno de Indonesia había encontrado dificultades para identificarlas. El Gobierno indica además que concluyó un acuerdo el 16 de julio de 1997 con un grupo no gubernamental en Holanda para ejecutar un proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida de aquellos que sufrieron heridas físicas y psicológicas incurables durante la guerra. El Gobierno también informa de los esfuerzos que realiza para hacer conocer mejor los hechos históricos en las escuelas e identificar medidas para lidiar con los asuntos actuales relativos al honor y a la dignidad de las mujeres. El Gobierno no suministra información sobre la decisión judicial mencionada anteriormente.

8. La observación recibida de la Confederación de Sindicatos Japoneses (JTUC-RENGO) añade que el Gobierno de la República de Corea comenzó a suministrar asignaciones de apoyo a las mujeres que habían sido detenidas en los "centros de recreo" de la época de la guerra bajo la condición de que las mujeres concernidas no recibieran ninguna donación del AWF o, si lo habían hecho, que la retornaran. RENGO cree que "la resolución de esta trágica historia está en las manos de los Gobiernos de Corea y de Japón 'y espera que' el diálogo culminará con una solución definitiva del problema".

9. La Comisión nota la detallada información suministrada. Nota además el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre violación sistemática, esclavitud sexual y prácticas análogas a la esclavitud durante conflictos armados (doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1998/13 del 22 de junio de 1998), quién examinó inter alia la situación de las mujeres detenidas en los "centros de recreo" y la responsabilidad del Gobierno japonés. La Comisión nuevamente expresa su confianza de que el Gobierno asumirá la responsabilidad por las medidas necesarias para cumplir con las expectativas de las víctimas. El rechazo de los dineros del AWF por la mayoría de las mujeres que habían sido detenidas en los "centros de recreo" porque no era visto como una compensación del Gobierno, y la posición de que la carta enviada por el Primer Ministro a algunas de ellas que habían aceptado el dinero del AWF no era una declaración de aceptación de responsabilidad por el Gobierno y sugiere que las expectativas de la mayoría de las víctimas no había sido cumplida. La Comisión solicita al Gobierno que tome medidas con celeridad y que le informe sobre las medidas tomadas en seguimiento a la decisión de la corte y de cualquier otra medida para compensar a las víctimas. Cada año que pasa esto se hace más urgente.

II. Trabajo forzoso en la industria en la época de la guerra

10. La Comisión también recibió observaciones del Consejo Regional Kanto, Sindicato de Armadores e Ingenieros de todo Japón (All-Japan Shipbuilding and Engineering Union) de septiembre y diciembre de 1997 y marzo de 1998 como también del Consejo Local de Sindicatos de Tokio (Tokio-Chiyo) en agosto y septiembre de 1998. Estas comunicaciones expresan, por la primera vez en la OIT, preocupación acerca de los trabajadores conscriptos de China y Corea en empresas industriales durante la Segunda Guerra Mundial. El Sindicato de Armadores e Ingenieros indica que más de 700 mil trabajadores de Corea y 40 mil de las áreas ocupadas de China fueron reclutados como trabajadores forzosos y obligados a trabajar bajo el control del sector privado en minas, fábricas y construcciones. Se alega que las condiciones de trabajo eran muy difíciles y muchos de ellos murieron. Aunque a estos trabajadores se les prometió un salario y condiciones de trabajo similares a aquéllas de los trabajadores japoneses, de hecho recibieron poco o ningún salario, según los alegatos. El Sindicato, apoyado por más de 35 otras organizaciones de trabajadores que firman la comunicación, solicita que se les concedan compensaciones a estos trabajadores por los salarios no pagos y por los daños sufridos por parte del Gobierno y de las compañías que se beneficiaron de su labor. Indicaron que en razón de las pobres relaciones entre los países concernidos y el Japón durante muchos años después de la guerra le resultaba virtualmente imposible a estos individuos poder reclamar sus derechos contra el Gobierno o frente a las compañías involucradas hasta que las relaciones entre estos países fueron restablecidas. El Tokio-Chiyo comunicó un informe alegadamente redactado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón (MOFA), en 1946, con el título "Encuesta sobre los Trabajadores Chinos y las Condiciones de Trabajo en Japón" con la intención de rendirle cuentas a las autoridades chinas después de la guerra. El informe desapareció pero fue redescubierto en 1994, independientemente, tanto en China como en los Estados Unidos. Este informe describe en detalle las difíciles condiciones de trabajo y el tratamiento brutal de los trabajadores que se reflejaba en una tasa de mortalidad de 17,5 por ciento hasta 28,6 por ciento en algunas operaciones.

11. El Gobierno declara en su memoria en respuesta a estas observaciones que en repetidas ocasiones ha manifestado sus disculpas y remordimientos al Gobierno surcoreano por los daños y el sufrimiento causado durante su período colonial. El Gobierno también indica que igualmente ha expresado a China que estaba muy consciente de los serios daños que había causado al pueblo chino durante la guerra. El Gobierno señala que ha tomado varias medidas positivas en procura del establecimiento de relaciones amistosas tanto con China como con la República de Corea. Estas medidas incluyen visitas de alto nivel acompañadas de declaraciones y acuerdos tan recientemete como en octubre y noviembre de 1998. El Gobierno expresa que ha suministrado información detallada a ambos países en relación con la situación de los trabajadores reclutados, incluyendo a 110.000 trabajadores coreanos. Ha concluido, con la República de Corea en 1965 y con China en 1972, acuerdos sobre la resolución legal de la cuestión de reparaciones, propiedad y reclamos relativos a la Segunda Guerra Mundial. Los negociadores del Japón y la República de Corea llegaron a la conclusión durante las discusiones previas a este acuerdo, que la pérdida de documentación era tan severa que sólo se podía negociar en un marco general y en consecuencia Japón y la República de Corea acordaron que los problemas relativos a los reclamos sobre la guerra se considerarían resueltos completa y finalmente con la extensión, en 1965, de una asistencia económica de Japón a la República de Corea por un valor de 500 millones de dólares de los Estados Unidos. El Gobierno indica también que desde 1965 hasta el año fiscal de 1997 suministró a la República de Corea un total de 0,67 trillón de yens contribuyendo significativamente al crecimiento económico de ese país. Además suministró asistencia a China por un total de 2,26 trillones de yens hasta el año fiscal de 1997. El Gobierno también ha tomado medidas para corregir los datos históricos. Ninguno de los dos Gobiernos está solicitando compensación adicional, pero el Gobierno indica que se encuentran pendientes ante las cortes japonesas algunos casos individuales.

12. La Comisión ha tomado nota de la información puesta a su disposición y de la respuesta del Gobierno. La Comisión nota además que el Gobierno no refuta el contenido general del informe del MOFA sino que señala que ha realizado pagos a los respectivos Gobiernos. La Comisión considera que el reclutamiento masivo de trabajadores para trabajar para la industria privada en Japón bajo tales condiciones deplorables constituye una violación del Convenio. Nota además que no se han tomado medidas para realizar una reparación personal de estas víctimas a través de las reclamaciones que están pendientes ante las cortes. La Comisión no considera que el pago de gobierno a gobierno puede ser considerado una reparación apropiada de las víctimas. Como en el caso de las mujeres detenidas en los "centros de recreo", la Comisión recuerda que no está habilitada a ordenar las indemnizaciones, y confía que el Gobierno aceptará la responsabilidad por sus acciones y tomará las medidas para cumplir con las expectativas de las víctimas. La Comisión solicita al Gobierno que le suministre información sobre el progreso de los casos pendientes ante las cortes y sobre las acciones emprendidas.