Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria detallada del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1988. El Gobierno había proseguido desde 1985 una política económica que favorecía la expansión de la demanda interna y el pleno aprovechamiento de la capacidad instalada con el propósito de reactivar la producción, aumentar el empleo y mejorar los salarios y la distribución del ingreso. Para facilitar la incorporación de mano de obra en el mercado de trabajo, el Gobierno ha llevado a cabo programas específicos de creación de empleos, tales como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), destinado al mejoramiento del ingreso del empleo de los pobladores de las áreas urbano-marginales; y el Programa Ocupacional de Emergencia (PROEM), destinado a facilitar la contratación de nuevos trabajadores a plazo fijo.

2. Los datos transmitidos por la memoria del Gobierno ponen en evidencia los resultados positivos de esta estrategia durante los años 1986-1987. El rápido crecimiento del producto interno bruto (de 8,3 por ciento y 6,9 por ciento en 1986 y 1987, respectivamente) indujo a niveles de empleo más elevados, mientras que las tasas de desempleo y subempleo disminuían. En Lima Metropolitana la tasa de desempleo se redujo al 5,4 por ciento en 1986 y al 4,8 por ciento en 1987. A partir del segundo semestre de 1987, el ritmo de la producción comienza a disminuir debido al agotamiento progresivo de la capacidad instalada en algunos sectores industriales, a la menor disponibilidad de divisas necesarias para el abastecimiento en insumos de la industria y a la fuerte dependencia de insumos, capital y tecnología procedentes del exterior. Lo anterior dio lugar a una fuerte presión inflacionaria debido al exceso de la demanda. El Gobierno esperaba en 1988 una tasa de crecimiento del PIB del 2,9 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Planificación, que menciona la memoria del Gobierno, se había previsto una caída del PIB (del orden del 8 al 10 por ciento para 1988 en relación con 1987) y un fuerte deterioro de la situación del empleo y de las remuneraciones reales. Los datos más recientes disponibles en la Oficina, en particular los ofrecidos por el Programa Regional para el Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC), de los que la Comisión ha tomado conocimiento, confirmaron estas previsiones y tendencias de lo ocurrido en 1988.

3. En lo que se refiere a su política a mediano plazo, el Gobierno brinda informaciones sobre los objetivos y estrategia definidos en el Plan 1986-1990. Se ha previsto la creación de más de un millón de empleos, de los cuales 500 000 empleados temporarios en el marco del PAIT. En efecto, considerando las limitaciones de la dinámica productiva para absorber el amplio margen de desempleo existente y el contingente de mano de obra que se incorpora cada año, el Gobierno declara que se hace indispensable la permanencia durante este período de los programas estatales de generación de empleo y de apoyo al sector informal y rural. El sector informal urbano, en particular, constituye - según el Gobierno - el 40,9 por ciento de la población económicamente activa total, tiene una importante función como fuente generadora de ingresos y empleo y se le ha asignado una especial prioridad al tratamiento de su problemática. En este sentido, el Gobierno pone en práctica un Proyecto de Desarrollo Social y Empleo (PRODESE) destinado a mejorar las condiciones de empleo, productividad e ingresos de la población ocupada en el sector informal urbano. Otros objetivos importantes para 1986-1990 son la adecuación de la inversión pública, privilegiando proyectos de alto componente de mano de obra, la redefinición de las opciones tecnológicas y la planificación de los recursos humanos.

4. La Comisión ha tomado debida nota de las informaciones brindadas por el Gobierno en su memoria, y de su respuesta, punto por punto, a los comentarios formulados en su observación y solicitud directa de 1988. Durante los últimos años se han desplegado esfuerzos particulares para aumentar el empleo y el nivel de vida de las categorías más vulnerables de la población. La Comisión se muestra, sin embargo, preocupada por la evolución de la situación económica desde 1988, situación que se caracteriza por la recesión, presiones inflacionarias, la aplicación de medidas de austeridad y sus efectos sobre el empleo, la pobre productividad del trabajo y los bajos niveles de ingresos que se concentran en el sector informal urbano y en las zonas rurales. En este contexto difícil para la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno continuará a desplegar todos sus esfuerzos para formular y aplicar, como un objetivo de mayor importancia, una política activa tendiente a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Agradecería al Gobierno que continúe brindando informaciones sobre la realización de los objetivos de empleo que figuren en sus planes y programas de desarrollo, precisando las dificultades particulares que se han encontrado; y sobre las principales políticas que se hayan aplicado en el sentido de los artículos 1, 2 y 3 del Convenio.

5. Otros asuntos más específicos sobre la aplicación del Convenio son planteados en una solicitud que se envía directamente al Gobierno.