Informe definitivo - Informe núm. 392, Octubre 2020

1. 309. La queja figura en dos comunicaciones de fecha 7 de febrero de 2019 y una comunicación de fecha 25 de marzo de 2019 de la Unión Canadiense de Trabajadores de los Servicios Postales (CUPW). El Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) apoyó la queja en una comunicación de fecha 15 de febrero de 2019.
2. 310. El Gobierno del Canadá envió sus observaciones sobre los alegatos en comunicaciones de fechas 19 de julio de 2019,14 de enero y 11 septiembre de 2020.
3. 311. El Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante

1. 312. En la primera comunicación, de fecha 7 de febrero de 2019, la organización querellante alega que, al promulgar el proyecto de ley núm. C-89 para prever la reanudación y continuación de los servicios postales, el Gobierno del Canadá ha violado los Convenios núms. 87 y 98.
2. 313. A juicio de la organización querellante, al promulgar el proyecto de ley núm. C-89, el Gobierno interrumpió la negociación colectiva entre la CUPW y la Empresa de Correos del Canadá (en adelante, Correos), despojando a los miembros de la CUPW del derecho de huelga, y remitiendo el conflicto a una mediación obligatoria seguida de un arbitraje obligatorio y vinculante.
3. 314. La organización querellante explica que la CUPW representa a más de 50 000 afiliados, de los cuales la mayoría está empleada por Correos como carteros urbanos, mensajeros, administrativos, operarios, despachadores de correo, técnicos, mecánicos, electricistas, técnicos en electrónica y carteros rurales y suburbanos. La Unidad de Operaciones Urbanas (UPO) y la Unidad de Transportistas de Correo Rural y Suburbano (RSMC), ambas unidades de negociación de la CUPW, están compuestas por más de 43 000 miembros y más de 9 300 miembros respectivamente.
4. 315. Según la organización querellante, después de que la CUPW transmitiera a Correos su notificación de negociación en relación con los convenios colectivos de la UPO y la RSMC, de conformidad con el Código del Trabajo del Canadá, el 14 de noviembre de 2017, el sindicato y la empresa iniciaron el 24 de noviembre de 2017 negociaciones que se prolongaron durante varios meses. El convenio colectivo de la RSMC venció el 31 de diciembre de 2017 y el de la UPO venció el 31 de enero de 2018.
5. 316. La organización querellante declara que el 29 de junio o alrededor de dicha fecha el sindicato solicitó un procedimiento de conciliación en virtud del Código a fin de presionar a la empresa a negociar de manera significativa. La Ministra de Trabajo nombró funcionarios de conciliación en julio de 2018. Frente a la continua intransigencia de la empresa en la negociación, en agosto y septiembre de 2018 el sindicato celebró votaciones democráticas en todo el país, de conformidad con el Código, en relación con la posibilidad de celebrar una huelga. Los miembros de la CUPW votaron abrumadoramente a favor de emprender acciones de huelga si fuera necesario para presionar a la empresa a fin de que transigiese y llegase a un acuerdo colectivo que satisficiese sus necesidades colectivas y lograse sus objetivos colectivos en el lugar de trabajo. De los afiliados que votaron, el 95,9 por ciento de la RSMC y el 93,8 por ciento de la UPO votaron a favor de un mandato de huelga.
6. 317. El 5 de septiembre de 2018 la Ministra de Trabajo nombró a dos mediadores para ayudar a las partes en sus negociaciones. El 7 de septiembre de 2018, tras meses de negociaciones, la empresa presentó por vez primera al sindicato ofertas generales sobre las cuestiones objeto de la negociación que, a juicio del sindicato, estaban lejos de abordar unas condiciones de trabajo justas para los trabajadores de los servicios postales.
7. 318. La organización querellante indica que, el 19 de septiembre de 2018, el sindicato puso en marcha un acuerdo de servicios esenciales con Correos para garantizar la seguridad de los animales vivos y el procesamiento y entrega de los cheques de pensiones y asistencia social a los pensionistas y a las personas de bajos ingresos en caso de interrupción del servicio de correos. En virtud de ese acuerdo, los miembros de la CUPW acordaron ofrecerse como voluntarios para procesar y entregar animales vivos, como abejas y polluelos, así como los cheques en concepto de asistencia social y pensiones de los gobiernos federal, provincial y municipal.
8. 319. La CUPW se declaró en huelga legal a partir del 26 de septiembre de 2018. La organización querellante afirma que, como no se llegó a ningún acuerdo en la mediación, el sindicato tenía claro que sus miembros tendrían que ejercer su derecho fundamental a la huelga para promover negociaciones efectivas. El 16 de octubre de 2018, el sindicato notificó con 72 horas de antelación a la empresa y a la población que los trabajadores de los servicios postales harían una huelga rotativa, de conformidad con sus derechos en virtud del Código.
9. 320. Entre el 22 de octubre y el 27 de noviembre de 2018, los trabajadores de los servicios postales celebraron huelgas rotativas en distintos lugares del país. La organización querellante indica que ninguna huelga duró más de dos días laborables consecutivos y que la CUPW aplicó una prohibición nacional de las horas extraordinarias el 1.º de noviembre de 2018. Durante todo este período, los trabajadores de los servicios postales entregaron cheques del Gobierno a los miembros más vulnerables de la población, incluidos los ciudadanos de edad, las personas de bajos ingresos y otras personas que recibían pagos en concepto de pensiones y de asistencia social. La organización querellante considera que las huelgas rotativas fueron un medio fundamental para que los trabajadores de los servicios postales pudiesen protestar públicamente por el trato recibido por Correos, expresar sus quejas laborales a sus respectivas comunidades y dar muestras de solidaridad mutua. Explica que había ciertas cuestiones cruciales, como la salud y la seguridad de los carteros que, a juicio de los trabajadores de los servicios postales, solo podían resolverse mediante una huelga habida cuenta de la respuesta de la empresa en las negociaciones.
10. 321. El 24 de octubre de 2018, la Ministra de Trabajo nombró a un mediador especial para ayudar a las partes en sus negociaciones durante la huelga. El 7 de noviembre de 2018, la Ministra de Trabajo prorrogó su mandato de mediación en virtud del Código por un período de cuatro días (hasta el 10 de noviembre de 2018).
11. 322. El 8 de noviembre de 2018, el Primer Ministro del Canadá informó a los medios de comunicación de que su Gobierno podría recurrir pronto a todas las opciones para poner fin al conflicto si las partes no resolvían pronto sus diferencias. Según la organización querellante, se entendía que la acción del Gobierno adoptaría la forma de legislación sobre la reanudación de la actividad laboral. Correos hizo una oferta el 14 de noviembre de 2018, que estipulaba que expiraría a medianoche del 18 de noviembre de 2018. El 17 de noviembre de 2018, el sindicato hizo una oferta integral en respuesta a la oferta de la empresa del 14 de noviembre. El 18 de noviembre de 2018, el sindicato proporcionó las cláusulas contractuales que llevaba aparejadas su oferta. El 19 de noviembre de 2018, la empresa rechazó la oferta del sindicato y retiró su oferta del 14 de noviembre, proponiendo en su lugar un período de reflexión con arbitraje obligatorio y ofreciendo hasta 1 000 dólares canadienses a cada trabajador asalariado para que renunciase a su derecho fundamental a la huelga durante el período de vacaciones y de compras. Ésta fue la última respuesta oficial que el sindicato recibió de la empresa. El 20 de noviembre de 2018, la Ministra de Trabajo anunció públicamente que el Gobierno introduciría legislación sobre la reanudación de la actividad laboral si las partes no lograban llegar a un acuerdo en los días siguientes.
12. 323. El 22 de noviembre de 2018 se presentó el proyecto de ley núm. C-89, que preveía la reanudación y continuación de los servicios postales (en adelante, la ley). Al introducir la legislación sobre la reanudación de la actividad laboral, la Ministra de Trabajo declaró que el Gobierno tenía una responsabilidad para con las empresas canadienses y que las huelgas habían provocado atrasos en las entregas de documentos y de paquetes solo unos días antes del esperado alud de millones de paquetes adicionales de las ventas en línea del «Viernes Negro» y del «Lunes Cibernético». La Ministra señaló además que los canadienses de edad, las personas con discapacidad, los trabajadores de bajos ingresos y los canadienses que viven en zonas rurales, remotas y septentrionales que dependían de la entrega física del correo, incluidos los pueblos indígenas, se ven afectados de manera desproporcionada durante las huelgas de los servicios postales. El Gobierno presentó una moción para acelerar la aprobación del proyecto de ley, que, según la organización querellante, redujo drásticamente el tiempo asignado para su examen y debate. Ese mismo día, el 22 de noviembre de 2018, el sindicato envió una propuesta a la empresa y al mediador con el fin de acercar diferencias entre las dos partes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del mediador durante los días que siguieron, la empresa se negó a negociar con el sindicato. Con el proyecto de ley núm. C-89 a punto de ser aprobado, la empresa ni siquiera respondió a la propuesta de la CUPW ni hizo una contraoferta.
13. 324. La organización querellante señala que el proyecto de ley núm. C-89 fue presentado por el Senado el 24 de noviembre de 2018. El Senado no se reunió el domingo 25 de noviembre de 2018. El proyecto de ley recibió la aprobación real el 26 de noviembre de 2018, apenas tres días después de su presentación. La ley entró en vigor el 27 de noviembre de 2018.
14. 325. Según la organización querellante, la ley viola la libertad sindical y de expresión de los trabajadores de los servicios postales y compromete la integridad esencial del proceso de negociación colectiva porque obliga a los afiliados a la CUPW a reanudar su actividad laboral y prohíbe cualquier otra acción de huelga durante un período en el que, de otro modo, esas huelgas habrían sido legales (es decir, el período anterior a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo). La ley prohíbe las huelgas, aunque los servicios esenciales no se vieron afectados, las partes concertaron un acuerdo de servicios esenciales, y cualquier daño al público causado por las huelgas rotativas fue mínimo. También impide y silencia el discurso de los dirigentes de la CUPW al exigirles que comuniquen a los trabajadores de los servicios postales que deben reanudar su actividad laboral y que tomen todas las medidas razonables para garantizar que los afiliados cumplan con la ley de reanudación de la actividad laboral.
15. 326. La organización querellante indica que la ley sustituye el derecho de huelga por un proceso de arbitraje que es injusto e inadecuado por las siguientes razones: i) restringe fuertemente el derecho de las partes a elegir su propio árbitro de mutuo acuerdo, ya que cada una de ellas se limita a presentar los nombres de tres personas que considera cualificadas y se otorga al Ministro la facultad de elegir el árbitro si no hay nombres en común; ii) impide que las partes definan las cuestiones objeto de controversia en la mediación-arbitraje y otorga esta facultad al Ministro; iii) restringe fuertemente el derecho de las partes a elegir un proceso de arbitraje de mutuo acuerdo y otorga esta facultad al mediador-árbitro; iv) limita a un máximo de 14 días el derecho de las partes a participar en la mediación durante el período de tiempo que elijan, y v) hace cumplir sus disposiciones mediante la imposición de delitos y multas sustanciales de hasta 50 000 dólares canadienses por día a los dirigentes de la CUPW y de 100 000 dólares canadienses por día a la CUPW por violaciones de cualquier disposición de la ley. La organización querellante subraya que los delitos y las multas tienen un efecto paralizador en los derechos a la libertad sindical y a organizarse, ya que las personas prefieren guardar silencio antes que arriesgarse a los peligros que conlleva el enjuiciamiento. La organización querellante se refiere a las conclusiones anteriores del Comité sobre cuestiones similares en relación con los servicios postales del Canadá. A juicio de la organización querellante, como los trabajadores de los servicios postales no son funcionarios públicos y no realizan un trabajo que constituya un servicio esencial, tal como se define ese término en el derecho nacional e internacional, no hay justificación para interferir en sus libertades fundamentales.
16. 327. Según la organización querellante, la justificación proporcionada por el Gobierno para violar los derechos fundamentales de los trabajadores de la CUPW radica principalmente en el impacto de las huelgas en la economía, especialmente en vista de la proximidad de la temporada de vacaciones de fin de año. La organización querellante recuerda que, además de organizar huelgas limitadas y rotativas, la CUPW ha aplicado y respetado protocolos de servicios mínimos para garantizar que se entreguen animales vivos y que los grupos vulnerables reciban sus cheques de asistencia social. A este respecto, recuerda que, en el caso núm. 2894, el Comité había expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de emitir una orden de reanudación total de la actividad laboral, habida cuenta de que los protocolos se negociaron precisamente para «prevenir efectos negativos en terceros y garantizar que las necesidades básicas de los usuarios vulnerables quedaran cubiertas en caso de huelga». Por consiguiente, la organización querellante considera que la preocupación por la población vulnerable no debe utilizarse como justificación para violar los derechos de los trabajadores.
17. 328. La organización querellante indica que el Gobierno del Canadá tiene un historial reiterado de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores de los servicios postales. De las 13 rondas de negociación de la CUPW celebradas desde 1978, el Gobierno federal ha recurrido a la legislación sobre la reanudación de la actividad laboral en seis ocasiones (1978, 1987, 1991, 1997, 2011 y 2018). En la mayoría de ellas se presentó una queja al Comité, que una y otra vez identificó la violación de los derechos de los trabajadores y emitió recomendaciones que el Gobierno ha optado por ignorar reiteradamente. En 2015, el caso núm. 2894 también se presentó ante un tribunal nacional, que dictaminó que el entonces proyecto de ley núm. C-6 sobre la reanudación de la actividad laboral era inconstitucional y violaba los derechos de los trabajadores garantizados por la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.
18. 329. La organización querellante alega que muchos de los graves problemas que la CUPW está tratando de resolver a través del actual proceso de negociación son, en efecto, consecuencia de los convenios colectivos negativos impuestos a través de la amenaza de un arbitraje forzoso. Considera que esta pauta de comportamiento del Gobierno canadiense ha contribuido al deterioro de las relaciones entre el sindicato y la empresa y ha debilitado la aplicación del principio de la negociación voluntaria. Con el recurso habitual a la legislación sobre la reanudación de la actividad laboral la empresa recibe poca presión para negociar de buena fe y puede contar con la intervención del Gobierno para suprimir los derechos de los trabajadores e imponer un arbitraje forzoso y vinculante. La organización querellante da a entender que esto es lo que ha vuelto a suceder en este caso. Considera que Correos no tenía intención de llegar a un acuerdo, pidió explícitamente un arbitraje vinculante, y ante la negativa de la CUPW, el Gobierno lo impuso al sindicato solo cinco días después, a través del proyecto de ley núm. C-89.
19. 330. Según la organización querellante, la continua violación de la libertad sindical y del derecho de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente es además motivo de preocupación, habida cuenta de la reciente ratificación del Convenio núm. 98 por parte del Canadá. Concluye que la negativa del Gobierno a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, a pesar del compromiso formal renovado de su protección y de las reiteradas recomendaciones de la OIT, no solo representa una amenaza para sus trabajadores, sino también para el sistema internacional basado en los derechos y el Estado de derecho.
20. 331. En su segunda comunicación, de fecha 7 de febrero de 2019, la organización querellante alega que las tasas de lesiones incapacitantes en los servicios postales canadienses son las más altas en el sector federal. Indica asimismo que, desde la entrada en vigor de la ley, los trabajadores de los servicios postales urbanos han trabajado miles de horas extraordinarias forzadas, los carteros rurales y suburbanos, de los cuales dos tercios son mujeres, han trabajado unas 250 000 horas sin remuneración, y se han registrado al menos 315 lesiones incapacitantes. La organización querellante también informa de que otros sindicatos, activistas laborales y ciudadanos preocupados se han levantado en protesta contra esta ley sobre la reanudación de la actividad laboral en más de 27 ciudades de todo el país. A pesar del carácter pacífico de las manifestaciones, seis personas fueron detenidas en Halifax el 2 de diciembre de 2018 por formar un piquete frente a una instalación de Canada Post. Estos activistas laborales, que no son miembros de la CUPW, fueron acusados de obstruir la labor de la policía y de provocar daños.

B. Respuesta del Gobierno

1. 332. En una comunicación de fecha 19 de julio de 2019, el Gobierno, recordando los alegatos de la organización querellante de que el proyecto de ley núm. C-89, que prevé la reanudación y continuación de los servicios postales, se promulgó en violación de los Convenios núms. 87 y 98, discrepa respetuosamente de esta interpretación y solicita que se desestime la queja.
2. 333. El Gobierno declara que está firmemente comprometido con la libre negociación colectiva y la solución constructiva de los conflictos laborales como base para unas relaciones laborales sólidas. Estos principios constituyen la base de la parte I del Código del Trabajo del Canadá, en la que se establece un marco para la negociación colectiva, se prevé la prestación de asistencia en materia de mediación y conciliación para ayudar a resolver los conflictos de negociación y se definen los derechos y obligaciones durante las huelgas y los cierres patronales. Además, la Carta de Derechos y Libertades del Canadá garantiza la libertad sindical que, según ha dictaminado el Tribunal Supremo del país incluye el derecho a participar en un proceso efectivo de negociación colectiva, incluido el derecho a participar en una huelga.
3. 334. El Gobierno indica que su compromiso con la solución constructiva de los conflictos laborales se refleja en la labor del Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS). Gracias a los esfuerzos del FMCS, la gran mayoría de los conflictos en el sector privado regulado a nivel federal se resuelven a través de mediación o conciliación sin interrupciones del trabajo. Durante el ejercicio fiscal 2017-2018, los funcionarios de mediación y conciliación prestaron asistencia a las partes en 245 conflictos de negociación colectiva, ayudándolas a encontrar un terreno común y a negociar nuevos convenios colectivos. De estos conflictos, el 94 por ciento se resolvieron sin interrupciones del trabajo. Este éxito está en consonancia con los resultados registrados en los últimos años: de 2006-2007 a 2017 2018, en el contexto de los aproximadamente 3 455 convenios colectivos que se negociaron en el marco de la parte I, solo se produjeron 89 interrupciones del trabajo. En reconocimiento de su importancia, el Gobierno se comprometió en el presupuesto de 2019 a mejorar la capacidad del FMCS aumentando su financiación en 1 millón de dólares canadienses anuales entre 2019 2020 y 2023-2024. En el caso de los pocos conflictos laborales que dan lugar a interrupciones del trabajo, sigue apoyando a las partes en sus esfuerzos por llegar a un acuerdo negociado.
4. 335. En lo que respecta a las relaciones laborales sujetas a la jurisdicción federal, el Gobierno explica que la parte I del Código es el marco jurídico que rige las relaciones en el lugar de trabajo y la negociación colectiva para los empleadores del sector privado y los sindicatos que se encuentran bajo jurisdicción federal. En 2018, aproximadamente 972 000 trabajadores asalariados (o el 6,2 por ciento de todos los asalariados canadienses) trabajaban en unas 22 000 empresas sujetas a la parte I. Alrededor del 34 por ciento de esos trabajadores estaban sindicados. Aunque la parte I se aplica solo a una pequeña parte de la fuerza de trabajo del Canadá, el papel fundamental de la infraestructura y de otras industrias del sector privado federal, así como de ciertas empresas estatales (incluido el servicio de correos), reviste una considerable importancia económica y social para el país.
5. 336. El Gobierno indica además que el Ministro de Trabajo es el responsable ante el Parlamento de la aplicación del Código del Trabajo del Canadá. El FMCS, a quien compete la aplicación de las disposiciones del Código relativas a la solución de conflictos, es el responsable de promover unas relaciones amistosas entre los sindicatos y los empleadores prestándoles asistencia en la negociación y renovación de los convenios colectivos, así como en la gestión de las relaciones a que ha dado lugar la aplicación de los convenios. Por último, la Junta Canadiense de Relaciones Laborales (CIRB) es un tribunal independiente, representativo y cuasijudicial, creado en virtud del artículo 9 del Código. El mandato de la CIRB consiste en apoyar una gestión constructiva de las relaciones laborales en los sectores sujetos a la jurisdicción federal. A fin de cumplir su mandato, la CIRB presta diversos servicios de solución de conflictos. Adjudica objetivamente los asuntos cuando es necesario, pero también se centra en proporcionar asistencia de mediación en todas las etapas de un procedimiento.
6. 337. La parte I del Código establece el marco general de la negociación colectiva en las industrias sujetas a la jurisdicción federal, en particular lo siguiente: i) la CIRB concede derechos exclusivos de negociación a los sindicatos (también denominados agentes de negociación) cuando éstos pueden demostrar el apoyo mayoritario de los asalariados; ii) los empleadores y los agentes de negociación tienen la obligación de negociar de buena fe; iii) no se permiten las huelgas ni los cierres patronales mientras esté en vigor un convenio colectivo; iv) el proceso de negociación se inicia cuando una de las partes notifica a la otra su intención de negociar la renovación de un convenio colectivo; v) si la negociación llega a un punto muerto, las partes pueden presentar una notificación de conflicto ante el Ministro de Trabajo que, a su vez, puede nombrar a un funcionario de conciliación imparcial para ayudar a las partes a resolver sus diferencias; vi) el proceso de conciliación tiene una duración de 60 días, a menos que las partes lo prorroguen de mutuo acuerdo; vii) no puede celebrarse una huelga o cierre patronal legal hasta que se haya dado un aviso de negociación, haya tenido lugar el proceso de conciliación, haya transcurrido un período de reflexión de 21 días desde el final del proceso de conciliación, se haya realizado una votación sobre la huelga y se haya dado un aviso de huelga o cierre patronal de 72 horas; viii) el Ministro puede remitir cuestiones específicas a la CIRB, y ix) el Ministro puede nombrar un mediador en cualquier momento, ya sea a petición de las partes o por iniciativa propia; el nombramiento de un mediador no influye en la adquisición del derecho de huelga o de cierre patronal.
7. 338. En cuanto a la función y el mandato de Correos, el Gobierno indica que el Canadá es el segundo país más grande del mundo, con una superficie total de 9 984 670 kilómetros cuadrados. La población del Canadá es de más de 37 millones de personas. Si bien la mayoría vive en las ciudades, casi 9 millones de canadienses viven en zonas rurales y remotas del país, que ocupan 9,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, alrededor del 95 por ciento del territorio del Canadá. Correos sirve al público prestando servicios postales a todos los canadienses que viven en zonas rurales y urbanas de manera segura y autosuficiente desde el punto de vista financiero. Se creó mediante la Ley sobre la Empresa de Correos del Canadá, y tiene un solo accionista, que es el Gobierno del Canadá. Correos es una empresa estatal federal que depende del Ministro de Servicios Públicos, Adquisiciones y Accesibilidad. Está integrada por tres empresas, a saber, Canada Post (el servicio de correos exclusivo del Canadá), Purolator Holdings Limited (el mayor servicio integrado de flete y paquetería del Canadá) y el SCI Group (una empresa de soluciones para la cadena de suministro). Canada Post es, con mucho, la más grande de las tres, ya que es la responsable de más del 77 por ciento de los ingresos de Correos y emplea prácticamente al 80 por ciento de su fuerza de trabajo combinada. El Gobierno especifica que las interrupciones del trabajo a las que se refiere su respuesta tuvieron lugar exclusivamente en Canada Post.
8. 339. Canada Post distribuye anualmente casi 8 300 millones de documentos, paquetes y mensajes a 16,2 millones de direcciones. Un número importante de estas direcciones se encuentran en las regiones rurales y septentrionales del país en las que no operan otras empresas de reparto. En virtud de su mandato, Canada Post debe velar por que los documentos y los paquetes distribuidos por otras empresas lleguen a los canadienses de esas regiones, prestando un servicio de «última milla» desde los centros de distribución centrales hasta esas zonas. Canada Post es también, por derecho propio, el servicio de entrega de paquetes más grande y asequible del Canadá. Sus servicios de paquetería conectan a los canadienses con miles de empresas pequeñas, medianas y grandes mediante sitios web y plataformas de comercio electrónico.
9. 340. Según el Gobierno, en el Canadá el servicio de correos es una de las formas más prácticas y económicas de poner en contacto a las personas de edad, los canadienses de bajos ingresos y las personas con discapacidad con los servicios de los que dependen. Canada Post es también un medio esencial para que los canadienses que viven en zonas rurales y remotas puedan recibir artículos, como medicamentos de venta con receta médica. Además, las pequeñas y medianas empresas dependen en gran medida de los servicios de distribución de documentos y correo publicitario de Canada Post para llegar y prestar servicio a sus clientes y consumidores (por ejemplo, enviando y recibiendo facturas y pagos).
10. 341. En cuanto a la relación entre Correos y el sindicato, el Gobierno indica que Correos es uno de los mayores empleadores del Canadá, con una plantilla de aproximadamente 64 000 asalariados. Una gran parte de la fuerza de trabajo de Correos está sindicada, con varios sindicatos que representan a diferentes segmentos de trabajadores. El mayor de estos sindicatos es la CUPW, que representa a dos unidades de negociación: la UPO y la RSMC. La UPO representa aproximadamente 42 000 miembros que trabajan como asalariados de planta y minoristas y carteros en localidades urbanas, mientras que la RSMC representa 8 500 miembros que trabajan como carteros en localidades rurales y suburbanas. Los miembros de la CUPW trabajan en la empresa Canada Post, perteneciente a Correos.
11. 342. El Gobierno ofrece seguidamente un breve resumen de la larga historia de cruentas negociaciones colectivas entre Correos y la CUPW, que a menudo han dado lugar a interrupciones del trabajo. La CUPW comenzó a representar a los empleados de Canada Post en enero de 1975. El Gobierno del Canadá ha prestado amplia asistencia a estas partes a lo largo de sus 44 años de negociación colectiva mediante el nombramiento de juntas de conciliación, funcionarios de conciliación y mediadores para ayudar a las partes a llegar a acuerdos colectivos mutuamente aceptables. Durante este tiempo, los Ministros de Trabajo también han involucrado ampliamente a las partes directamente para animarlas a resolver sus disputas. Sin embargo, ha prevalecido una profunda desconfianza recíproca entre la CUPW y Correos a lo largo de los años, lo que ha tenido un efecto paralizador en la negociación colectiva. Esta historia demuestra que las partes han sido incapaces de acordar convenios colectivos y han fracasado una y otra vez en renovarlos sin la intervención del Gobierno.
12. 343. Reafirmando su compromiso con una negociación colectiva libre como base de unas relaciones laborales sólidas, el Gobierno declara que se ha proporcionado un apoyo y un aliento constantes a Correos y a la CUPW durante toda la ronda de negociaciones colectivas de 2017-2018. Desde antes de que se iniciaran las negociaciones, y durante las conversaciones y las interrupciones del trabajo, la Ministra de Trabajo se comprometió a prestar asistencia y se proporcionaron a las partes cientos de horas de apoyo de mediación y conciliación.
13. 344. En 2016, las partes acordaron participar en reuniones de desarrollo de relaciones (también conocidas como sesiones de mediación preventiva) con el FMCS fuera del ciclo normal de negociación colectiva en un esfuerzo por mejorar sus relaciones. Esta fue una de las pocas veces en los 44 años de historia de relaciones antagónicas entre las partes en que acordaron reunirse fuera del ciclo de negociación. A juicio del Gobierno, también demostró su respeto por la recomendación del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2894, por la que «acoge con agrado la indicación de que el Gobierno ha ampliado la prestación de servicios de mediación preventiva, su promesa de entrar en contacto con las partes en el momento oportuno». Así pues, los mediadores nombrados en el marco del Programa de Desarrollo de las Relaciones del FMCS celebraron sesiones con las partes entre 2016 y finales de 2017. Lamentablemente, estas sesiones no condujeron a una mejora de las relaciones entre las partes durante el ciclo de negociación de 2017 2018.
14. 345. La ronda de negociaciones colectivas de 2017-2018 entre Correos y las dos unidades de negociación de la CUPW comenzó cuando éste entregó a Correos un aviso de negociación colectiva en noviembre de 2017. Poco después, la CUPW solicitó a la Ministra de Trabajo una asistencia de mediación temprana, que comenzó en enero de 2018. Los convenios colectivos entre Correos y la RSMC y la UPO expiraron el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, respectivamente.
15. 346. Las partes mantuvieron sus posturas opuestas y se hicieron pocos progresos significativos en la mesa de negociaciones. La CUPW presentó entonces una notificación de conflicto ante la Ministra de Trabajo el 29 de junio de 2018. En respuesta, la Ministra nombró sin demora funcionarios de conciliación el 9 de julio. Los funcionarios de conciliación trabajaron con las partes durante 60 días, pero, una vez más, se hicieron pocos progresos significativos durante su mandato.
16. 347. Una vez concluida la conciliación, el período de reflexión de 21 días comenzó el 4 de septiembre de 2018. La Ministra volvió a nombrar mediadores para ayudar a las partes a concluir un acuerdo durante este período. También se reunió personalmente con los representantes del sindicato y del empleador para tratar de introducir cambios positivos en la mesa de negociaciones. Durante el período de reflexión, la CUPW realizó votaciones sobre la posibilidad de convocar una huelga. Los resultados de estas votaciones se dieron a conocer el 11 de septiembre: el 93,8 por ciento de los miembros de la UPO y el 95,9 por ciento de los miembros de la RSMC votaron a favor de un mandato de huelga.
17. 348. A pesar de los esfuerzos de los mediadores por alentar a las partes a negociar nuevos convenios colectivos sin que se produjera una interrupción del trabajo, las partes no pudieron llegar a un acuerdo. El 16 de octubre de 2018, la CUPW dio aviso de que iniciaría huelgas específicas y rotativas el 22 de octubre de 2018. Las huelgas empezaron el 22 de octubre de 2018. Durante las cinco semanas siguientes, se celebraron huelgas en ciudades grandes y pequeñas de todo el Canadá, incluidos varios cierres patronales del mayor centro de procesamiento de Correos en Toronto. La CUPW también comenzó a prohibir las horas extraordinarias el 1.º de noviembre, alentando a sus miembros a rechazar el trabajo que excediese las ocho horas diarias y las cuarenta horas semanales. Con el tiempo, comenzaron a acumularse atrasos en los principales depósitos e instalaciones de clasificación y, el 16 de noviembre de 2018, se informó de que Correos había solicitado a los servicios postales de otros países que interrumpieran la entrega de documentos y paquetes al Canadá.
18. 349. El 24 de octubre de 2018, la Ministra de Trabajo nombró a un mediador especial para que trabajara con las partes a fin de ayudarlas a negociar nuevos convenios colectivos y poner término a la huelga. Al final de su primer mandato, el mediador especial informó de que no se habían hecho progresos significativos en la mesa de negociaciones. A pesar de este diagnóstico, el Gobierno indica que se volvió a nombrar al mediador especial en dos ocasiones más (el 7 y el 20 de noviembre de 2018) porque quiso hacer todo lo posible para apoyar a las partes en el logro de una solución negociada de su conflicto de negociación colectiva. Lamentablemente, las partes siguieron sin lograr ningún progreso significativo en su negociación colectiva. Durante ese tiempo, la Ministra también intervino personalmente con las partes y les pidió que buscaran un arbitraje voluntario para resolver sus diferencias, una vez más sin éxito.
19. 350. El 22 de noviembre de 2018, el Gobierno presentó el proyecto de ley núm. C-89 en la Cámara de los Comunes. En sus discursos y apariciones públicas, los ministros del Gobierno reiteraron su pesar por tener que introducir legislación al respecto y, una vez más, alentaron a las partes a negociar el fin de las interrupciones del trabajo para evitar la necesidad del proyecto de ley. Las huelgas continuaron y las partes no hicieron ningún progreso significativo. El proyecto de ley recibió la aprobación real el 26 de noviembre de 2018. Como consecuencia, las partes debían reanudar los servicios postales el 27 de noviembre de 2018.
20. 351. El Gobierno subraya que hizo todo lo posible por evitar el recurso a la legislación. Solo consideró la posibilidad de recurrir a la misma una vez hubo intentado por todos los medios que las partes llegaran a un acuerdo negociado, una vez estuvo claro que no se hacían progresos en la mesa de negociaciones, y una vez que las huelgas de cinco semanas de duración causaron importantes daños económicos y sociales que, de haber persistido las huelgas, solo se habrían agravado y magnificado. Sostiene que la ley ofrecía un medio neutral e imparcial para que las partes resolvieran sus problemas a través de la mediación o, de ser necesario, el arbitraje basado en principios rectores equilibrados, al tiempo que ponía fin a los daños económicos y sociales causados por las huelgas. El Gobierno lamenta que haya sido necesario intervenir, pero está convencido de que esta ley mesurada era necesaria y estaba justificada.
21. 352. En cuanto a las repercusiones económicas de las interrupciones del trabajo, el Gobierno reconoce el comentario del Comité en el caso núm. 2894 de que «no se pueden invocar razones económicas para justificar las restricciones del derecho de huelga». Sin embargo, considera que cuando las negociaciones se encuentran en un punto muerto aparentemente inquebrantable a pesar de que haya transcurrido más de un mes de huelga, los gobiernos y el Comité no actuarían adecuadamente si no consideraran el daño económico real que las huelgas estaban causando a terceros, y si no dieran a estas consideraciones como mínimo una cierta importancia al sopesar la decisión de intervenir.
22. 353. Basándose en un análisis de su Departamento de Finanzas, el Gobierno explica que una economía en constante evolución, en la que clientes y vendedores pueden hacer negocios estando separados por grandes distancias, da lugar a una mayor dependencia de las «industrias de red» como los servicios digitales, los servicios financieros y la logística, incluidos los servicios de distribución de documentos y paquetería. La limitación de servicios esenciales para el comercio socava la fiabilidad de los compromisos entre vendedor y cliente. Esos compromisos son los que sustentan una economía de mercado que funciona bien. Cuando los servicios que presta Canada Post, que tiene el privilegio exclusivo de distribuir documentos y es un agente importante en el mercado de la entrega de paquetes en el Canadá, se interrumpen considerablemente o se limitan en su totalidad, se ejerce una importante presión sobre la actividad comercial.
23. 354. A juicio del Gobierno, Correos estima que su volumen nacional de paquetería representa aproximadamente el 50 por ciento del mercado nacional de distribución de paquetes del Canadá y aproximadamente el 70 por ciento del mercado nacional de comercio electrónico del país. Las huelgas que afectaron a la planta de procesamiento de paquetes de Mississauga Gateway, que gestiona la distribución de dos tercios de los paquetes en el Canadá, llevaron Correos a suspender las garantías de tiempo de entrega a partir del 13 de noviembre de 2018. No se restablecieron hasta el 20 de diciembre de 2018, es decir, 23 días después de que la ley obligara a las partes a reanudar los servicios postales. Si se hubiesen seguido celebrando huelgas rotativas durante la temporada de vacaciones, el retraso hubiese seguido aumentando. Especialmente en el contexto de las compras durante la temporada de vacaciones, la capacidad de los transportistas competidores para asumir la entrega de paquetes adicionales era muy limitada. El Gobierno recuerda que un minorista, por ejemplo, señaló que preveía el envío de más de 1 millón de pedidos durante la temporada de vacaciones, pero que no podía lograrlo sin un servicio fiable por parte de Correos y que otro importante empleador se pronunció en el mismo sentido al afirmar que nadie podía sustituir a Correos a corto plazo.
24. 355. Como resultado de la importancia que reviste Correos en la entrega de paquetes en el Canadá, el Gobierno señala que la huelga tuvo un impacto importante en los pedidos de comercio electrónico, ya que los principales puntos de venta informaron de un 20 a un 30 por ciento menos de pedidos que el año anterior. Otros informaron de la cancelación de pedidos debido a la incertidumbre en la entrega. Muchas empresas dependen de las ventas del Viernes Negro (23 de noviembre) hasta principios de enero para sobrevivir y algunas generan hasta el 40 por ciento de sus ventas anuales en este momento. Es poco probable que las ventas que pierden las empresas durante este período debido a la incertidumbre que provoca la huelga puedan recuperarse, ya que el evento (por ejemplo, las ventas del Viernes Negro o del Lunes Cibernético) o la ocasión (por ejemplo, la Navidad) habrán pasado. Por lo tanto, es más probable que, durante esta temporada, las pérdidas de terceros sean permanentes.
25. 356. El Gobierno afirma que estos efectos en la demanda, así como la previsión de los empleadores de nuevos efectos a medida que las huelgas continuaban, provocaron una reducción de la contratación estacional y/o de las horas de trabajo, según informaron varias empresas de comercio electrónico y de otro tipo. Uno de esos minoristas informó de que 800 trabajadores se veían directamente afectados por las interrupciones del trabajo, ya fuese por reducciones estacionales de personal del 50 por ciento o por una reducción de sus horas de trabajo. Otro importante minorista en línea informó de que las huelgas habían provocado que una proporción importante de la mano de obra estuviese inactiva, y que la empresa se había visto obligada a aplicar disposiciones de tiempo libre voluntario y obligatorio a los trabajadores. Además de los costos originados por la contratación, los minoristas señalaron un importante aumento de los costos derivados de las interrupciones del trabajo, incluida la promoción de la recogida de mercancías en las tiendas y otros costos. Estos indicadores iniciales se vieron confirmados, ya que uno de los principales minoristas canadienses informó de una disminución del 50 por ciento de sus ganancias netas en el tercer trimestre que finalizó el 29 de diciembre de 2018, debido en gran parte a las huelgas de Canada Post.
26. 357. Además de a estos grandes minoristas, las interrupciones del trabajo también afectaron a las pequeñas empresas y las microempresas, como las que fabrican y venden productos a través de los mercados en línea. Aunque es más difícil obtener datos relacionados con estas empresas/empresarios, es probable que los efectos de las interrupciones del trabajo fueran más acusados para ellos, ya que sus márgenes de beneficio son más reducidos, lo que reduce la probabilidad de que pudieran encontrar acuerdos de envío alternativos o absorber el aumento de los costos.
27. 358. El Gobierno informa de que otro sector afectado por las interrupciones del trabajo fue el de las empresas productoras de correo de comercialización directa (por ejemplo, folletos). En 2017, Correos distribuyó 4 800 millones de piezas de correo de comercialización directa, el 75 por ciento de las cuales eran envíos por barrio. Las huelgas afectaron negativamente a la capacidad de Correos para garantizar la entrega puntual de esos envíos, lo que llevó a algunos anunciantes a reasignar fondos (por ejemplo, a anuncios en los periódicos), provocando despidos en las empresas de publicidad directa. El Gobierno considera que, si se hubiese permitido que las huelgas continuasen o se extendiesen, las empresas que diseñan y/o imprimen correo directo se hubieran visto obligadas a realizar despidos temporales de forma mucho más generalizada.
28. 359. Por último, el Gobierno indica que las huelgas de cinco semanas de duración interfirieron en las transacciones financieras de muchas empresas. Grandes empresas de los sectores financiero, de telecomunicaciones y de servicios públicos figuran entre los 20 principales clientes de Correos, en parte debido al gran volumen de transacciones financieras con sus clientes minoristas. Una encuesta realizada en 2016 entre 1 202 empresas pequeñas, medianas y grandes sobre las necesidades y percepciones de los canadienses en materia de servicios postales indicó que prácticamente todas las empresas canadienses seguían recurriendo Canada Post para el envío de documentos urgentes o importantes. La encuesta señaló que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de las zonas rurales dependen más de los servicios postales, ya que los costos de los servicios de mensajería alternativos son más elevados o sus servicios no están disponibles. Según la Federación Canadiense de Empresas Independientes, más de la mitad de las pymes siguen utilizando cheques y facturas en papel.
29. 360. En cuanto a las repercusiones sociales de las interrupciones del trabajo, el Gobierno del Canadá alude al Memorando de Entendimiento acordado entre Correos y la CUPW para garantizar la entrega de cheques en concepto de prestaciones socioeconómicas y pensiones federales y provinciales, así como de animales vivos (por ejemplo, polluelos y abejas). El Gobierno estaba al tanto de la existencia de este documento antes del inicio de las huelgas. Sin embargo, sostiene que, a pesar del Memorando, las interrupciones del trabajo tuvieron importantes repercusiones sociales, que no habrían hecho más que agravarse si las huelgas hubieran continuado.
30. 361. El Gobierno indica que, en el Canadá, las personas con discapacidad, las personas de edad, las personas con ingresos y niveles de educación más bajos y las personas indígenas dependen más del servicio de correos para las comunicaciones personales, las transacciones y la entrega de paquetes, en parte porque tienen menos acceso a la Internet debido a sus limitados medios financieros y/o a que viven en zonas rurales, remotas y septentrionales. Los costos de los servicios postales alternativos, como las empresas de mensajería, pueden ser prohibitivos para estos grupos, especialmente en las zonas rurales y remotas, o totalmente inexistentes en las zonas septentrionales remotas, donde Canada Post es la única opción.
31. 362. El Gobierno señala que las huelgas también tuvieron graves consecuencias para varias organizaciones benéficas que prestan ayuda y servicios fundamentales a estos canadienses vulnerables. Según una encuesta de la Asociación de Profesionales de la Recaudación de Fondos (AFP), muchas de estas organizaciones reciben más de la mitad de sus donaciones anuales durante los tres últimos meses del año. Otra encuesta de la AFP mostró que, para hacer donaciones, cuatro de cada diez canadienses preferían recibir los formularios de las organizaciones benéficas por correo. Tanto durante como después de las huelgas, que duraron cinco semanas, las organizaciones benéficas que desempeñaban funciones sociales vitales (por ejemplo, la gestión de refugios para personas sin hogar, los bancos de alimentos, los comedores de beneficencia y la ayuda a los nuevos inmigrantes) informaron de que las donaciones habían disminuido.
32. 363. Así, por ejemplo, una organización benéfica de ámbito nacional, que es el mayor proveedor directo no gubernamental de servicios sociales a los canadienses, informó el 23 de noviembre de 2018 de que había recibido un 40 por ciento menos de donaciones por correo que en la misma época del año anterior. El 20 de diciembre de 2018, una organización benéfica con sede en Ottawa que gestiona albergues para personas sin hogar informó de una disminución de las donaciones de aproximadamente 150 000 dólares canadienses en comparación con el período de vacaciones de 2017-2018. Por último, otra organización benéfica, que dirige el mayor banco de alimentos de la isla de Vancouver, informó el 20 de noviembre de 2018 de que había sufrido una disminución del 23 por ciento en las donaciones en comparación con el mismo período de 2017. El Gobierno subraya que esos ejemplos incluyen únicamente a las organizaciones benéficas cuyas pérdidas se dieron a conocer en los medios de comunicación nacionales, y cree que probablemente un número mucho mayor de organizaciones y, por ende, de servicios importantes para los canadienses vulnerables, se vieron afectados por las huelgas.
33. 364. Según el Gobierno, casi 9 millones de canadienses viven en zonas rurales y remotas, donde la conexión a Internet es más limitada y/o de peor calidad, lo que limita el acceso a los documentos necesarios. En estas zonas predominan las personas de edad y las personas con ingresos menores y niveles de educación más bajos. Poco menos de la mitad (48,2 por ciento) de la población indígena total del Canadá vive en zonas rurales o remotas, lo que representa casi el 2,5 por ciento de la población total del país. Los canadienses que viven en el norte dependen más de los servicios de entrega de paquetes que los demás canadienses, y en 2017 recibieron aproximadamente el doble del promedio nacional de paquetes per cápita. En una carta dirigida al periódico Toronto Star el 22 de noviembre de 2018, una ciudadana preocupada escribió acerca de las repercusiones negativas que las huelgas estaban teniendo en su trabajo, consistente en enviar suministros muy necesarios a refugios, comedores de beneficencia, guarderías y escuelas de Nunavut y los Territorios del Noroeste. Explicó que, si bien la interrupción del correo es un inconveniente para muchos canadienses, «es una situación imposible para los habitantes de comunidades remotas del Canadá septentrional, que dependen de Canada Post para todas sus entregas».
34. 365. El Gobierno indica que en 2012 cerca de 2 millones de canadienses informaron de que tenían problemas de movilidad. El 45 por ciento eran personas mayores, y las mujeres estaban ligeramente sobrerrepresentadas en todas las edades en unos dos puntos porcentuales. Este grupo de personas tiende a tener ingresos significativamente más bajos que las personas sin discapacidad (un 25 por ciento menos en el caso de los hombres), es un 21 por ciento menos propenso a tener Internet en casa y un 25 por ciento menos propenso a realizar transacciones en línea. Las personas con discapacidad tienen un 20 por ciento más de probabilidades de considerar que la entrega de correo es un servicio esencial que los canadienses sin problemas de movilidad. Aparte de las zonas rurales, los canadienses con niveles menores de educación e ingresos tienen un 27 por ciento menos de probabilidades de estar conectados a Internet en su casa y un 37 por ciento menos de realizar transacciones en línea que los demás canadienses. Al tener menos acceso a Internet, a teléfonos o a celulares, este grupo es un 17 por ciento más propenso que otros canadienses a considerar esencial el servicio de correos. Según datos de 2015, el 13 por ciento de los hogares canadienses carecen de servicio de Internet.
35. 366. El Gobierno explica que la ley establecía que debía ponerse fin de inmediato a las interrupciones del trabajo en curso y reanudar y continuar los servicios postales al día siguiente de su aprobación. Con arreglo a la misma se prorrogaban los convenios colectivos de ambas unidades de negociación desde el día en que expiraban hasta el día en que se estableciesen nuevos convenios colectivos. El período de las interrupciones de trabajo se excluía de la prórroga de los convenios colectivos. La legislación prohibía cualquier otra interrupción hasta que se establecieran nuevos convenios colectivos. Prohibía asimismo al empleador despedir o disciplinar a cualquier trabajador asalariado por haber participado en una huelga. También establecía multas que se aplicarían a cualquier persona o parte que contraviniera cualquiera de sus disposiciones, e impedía explícitamente el encarcelamiento en los casos en que una persona no cumpliera con el pago de dicha multa. La ley autorizaba a todo asalariado que fuera objeto de una medida disciplinaria o de despido durante el período de las interrupciones del trabajo excluidas de la prórroga de los convenios colectivos a remitir el asunto para su resolución definitiva a un árbitro seleccionado por el empleador y el sindicato. Si el empleador y el sindicato no lograban ponerse de acuerdo, el asunto se remitiría a un árbitro designado por la Ministra a petición de cualquiera de las partes.
36. 367. En cuanto a la cuestión de la mediación-arbitraje, la ley ponía en marcha un proceso neutral y objetivo para resolver las cuestiones pendientes entre las partes. Se dio a cada una de las partes la oportunidad de participar en la selección del mediador-árbitro proponiendo a la Ministra los nombres de tres personas que desearan tener como mediador-árbitro en un plazo de 48 horas a partir de la entrada en vigor de la ley. Si ambas partes proponían a la misma persona, la ley disponía que la Ministra nombrara a esa persona como mediador-árbitro. Sin embargo, si las partes no proponían a la misma persona o una parte no proponía ningún nombre, de conformidad con la ley la Ministra nombraría a un mediador-árbitro después de solicitar el asesoramiento del Presidente de la CIRB para garantizar la imparcialidad. Independientemente de la forma en que se seleccionara al mediador-árbitro, la ley exigía que, durante siete días, éste intentara resolver las cuestiones a través de la mediación. Este período de mediación podía ampliarse hasta siete días más si las partes estaban de acuerdo. Si la mediación fracasaba en alguna de las cuestiones, el mediador-árbitro debía arbitrar todas las cuestiones pendientes mediante un modelo de arbitraje de su elección, ya fuera el arbitraje de intereses tradicional o la selección de la oferta final. El mediador-árbitro debía resolver todas las cuestiones pendientes, informar al Ministro sobre la resolución de cada cuestión y proporcionar copias de ese informe a las partes en un plazo de 90 días a partir de su nombramiento. La ley también exigía a las partes que reembolsaran al Gobierno, por partes iguales, los gastos relacionados con el nombramiento del mediador-árbitro y el cumplimiento de su cometido con arreglo a la ley.
37. 368. Si el mediador-árbitro debía decidir acerca de las cuestiones pendientes mediante arbitraje, las decisiones del mediador-árbitro debían guiarse por ciertos principios que establecía la ley. Esos principios reflejaban los intereses de ambas partes e incluían la necesidad de: i) garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores; ii) garantizar que los trabajadores recibiesen una remuneración igual por un trabajo de igual valor; iii) garantizar el trato justo de los trabajadores temporales o a tiempo parcial, y de otros trabajadores en formas atípicas de empleo, en comparación con los asalariados permanentes a tiempo completo; iv) garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa; v) crear una cultura de relaciones de colaboración entre los trabajadores y la dirección, y vi) hacer que el empleador prestase a los canadienses un servicio de alta calidad a un precio razonable.
38. 369. La ley disponía que al día siguiente de la fecha en que el mediador-árbitro presentara su informe final al Ministro, los nuevos convenios colectivos pasarían a ser vinculantes para las partes. Estos convenios colectivos debían incluir todos los acuerdos negociados por las partes antes o después de que comenzara el proceso de mediación-arbitraje, así como toda decisión adoptada por el mediador-árbitro o toda oferta final seleccionada por éste. Ninguna disposición de la ley prohibía a las partes negociar independientemente nuevos convenios colectivos. De hecho, la ley establecía explícitamente que las partes eran libres de concertar nuevos convenios colectivos en cualquier momento antes de que el mediador-árbitro informase al Ministro. Si así lo hacían, el proceso de mediación-árbitro finalizaría y las partes actuarían en su relación con arreglo a esos convenios colectivos. La ley también establecía explícitamente que no debía interpretarse de manera que limitase los derechos de las partes a modificar cualquier disposición de los nuevos convenios colectivos de conformidad con la parte I del Código.
39. 370. Recordando las conclusiones del Comité en relación con el proyecto de ley núm. C-6, que disponía la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales, promulgado en 2011 por un gobierno canadiense anterior (caso núm. 2894), el Gobierno sostiene que hay importantes diferencias entre el proyecto de ley núm. C-6 y la ley.
40. 371. En el caso del proyecto de ley núm. C-6, el Gobierno anunció su intención de introducir legislación sobre la reanudación de la actividad laboral el 15 de junio de 2011, un día después de que Canada Post impidiese el acceso al lugar de trabajo a los miembros de la CUPW tras ocho días de huelga. Por otra parte, el Gobierno señala que la ley solo se introdujo tras más de cuatro semanas de huelga, una vez agotadas todas las opciones para promover un acuerdo negociado y cuando el daño económico y social provocado era más grave y podía agravarse aún más. El Gobierno indica que los daños reales y potenciales también fueron más graves que en 2011, ya que las interrupciones del trabajo de 2018 se produjeron durante la temporada de vacaciones, cuando muchas empresas registran hasta el 40 por ciento de sus ventas anuales, y las organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro dependen de Canada Post para llegar a los donantes y recibir donaciones.
41. 372. Según el Gobierno, el proyecto de ley núm. C-6 también exigía que el Ministro de Trabajo nombrara un árbitro que considerara apropiado, sin recurrir a las partes ni a ninguna otra persona, mientras que la ley permitía que Correos y la CUPW presentaran cada uno los nombres de tres personas de su elección para actuar como mediador-árbitro. Si ambas partes presentaban el mismo nombre, la ley exigía que el Ministro eligiera a esa persona como mediador-árbitro. Si las partes no presentaban el mismo nombre, el Ministro tenía la obligación de consultar al Presidente de la CIRB, una parte neutra e independiente, antes de nombrar a un mediador-árbitro. El Gobierno señala que este mecanismo fue diseñado para garantizar un proceso imparcial de mediación y/o arbitraje, y que nada en la ley impedía que las partes pudiesen determinar conjuntamente un mediador-árbitro apropiado y que cada una de ellas presentara el nombre de esa persona al Ministro.
42. 373. El Gobierno recuerda que el proyecto de ley núm. C-6 imponía el arbitraje como medida inmediata, sin mediación previa, lo que difería de la opción adicional de un arreglo voluntario y mediado que ofrecía la ley al prever hasta 14 días adicionales de mediación. Además, si bien el proyecto de ley núm. C-6 preveía la resolución de las cuestiones pendientes mediante un arbitraje vinculante por selección de la oferta final, la ley permitía al mediador-árbitro independiente elegir el método de arbitraje más adecuado para resolver cualquier cuestión pendiente en el conflicto entre las partes, y ninguna disposición de la ley le prohibía determinar el método de arbitraje en consulta con las partes.
43. 374. El Gobierno recuerda además que, aunque remitió las cuestiones pendientes a un arbitraje vinculante, el proyecto de ley núm. C-6 establecía explícitamente tanto la duración del nuevo convenio suscrito por las partes como los aumentos salariales máximos que debían incluirse en el mismo, disposiciones que las partes no podían modificar hasta la expiración del convenio colectivo. Por su parte, la ley no establecía los aumentos salariales máximos, la duración, ni ningún otro término de los nuevos convenios colectivos de las partes, ya que permitía a las partes negociar o hacer gestiones ante el mediador-árbitro para establecer todos los términos y condiciones de los nuevos convenios colectivos.
44. 375. Con respecto a los principios establecidos para orientar los laudos arbitrales, el Gobierno indica que en el proyecto de ley núm. C-6 se hacía hincapié en «la necesidad de que las condiciones de empleo sean coherentes con las de las empresas que prestaban servicios postales comparables y que proporcionen el grado de flexibilidad necesario para garantizar la viabilidad económica y la competitividad a corto y largo plazo de Correos, mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y asegurar la sostenibilidad de su plan de pensiones». Así pues, se pedía al árbitro que tuviera en cuenta: «a) que el coeficiente de solvencia del plan de pensiones no podía disminuir como resultado directo del nuevo convenio colectivo, y b) que Correos debía, sin recurrir a aumentos indebidos de las tarifas postales, funcionar con eficiencia, mejorar la productividad y cumplir normas de servicio aceptables». El Gobierno sostiene que, por otra parte, la ley establece principios rectores que orientan al mediador-árbitro a considerar cuestiones importantes tanto para el empleador (por ejemplo, garantizar su sostenibilidad financiera) como para el sindicato (por ejemplo, garantizar que los trabajadores reciban igual remuneración por trabajo de igual valor), y para su relación de negociación (por ejemplo, crear una cultura de relaciones de colaboración entre los trabajadores y la dirección).
45. 376. Aunque el Gobierno reafirma su apoyo al derecho de los sindicatos a presentar quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, declara que, con todo el respecto, no está de acuerdo con las afirmaciones contenidas en este caso. Si bien la organización querellante sostiene que el daño que las huelgas rotativas causaron al público fue mínimo, el Gobierno indica que no consideró la posibilidad de introducir legislación sobre la reanudación de la actividad laboral hasta que quedó claro que la negociación estaba totalmente estancada y que la huelga estaba teniendo graves repercusiones negativas en terceros. El Gobierno considera que tiene la responsabilidad de actuar cuando se han agotado todos los demás medios para resolver un conflicto, no se espera una solución negociada en un futuro previsible y las interrupciones del trabajo están causando un daño económico y social importante a terceros. Subraya que todas las indicaciones de las partes, así como del mediador especial, iban en el sentido de que cabía esperar que las interrupciones del trabajo continuasen indefinidamente, y que las partes no podían ponerse de acuerdo y negociar el fin de la interrupción de la actividad laboral.
46. 377. El Gobierno del Canadá también declara que, con todo respeto, no está de acuerdo con el argumento de que la ley impide y silencia el discurso de los dirigentes de la CUPW. Recuerda que para alcanzar el objetivo legislativo de la ley era necesario poner fin a las interrupciones del trabajo y reanudar los servicios postales en su totalidad el día siguiente de la sanción real. Para lograr el fin de las huelgas y la reanudación de los servicios postales en su totalidad, la ley exigía que los dirigentes de la CUPW informaran a los miembros de que, de conformidad con la legislación, debían volver a su trabajo o a reanudarlo en ese momento. Si bien exigía a los trabajadores que volvieran al trabajo, la ley no les prohibía expresar libremente sus opiniones mediante otras actividades que suelen ir asociadas a las huelgas, como manifestaciones, distribución de panfletos y otras medidas de sensibilización sobre las cuestiones objeto del proceso de negociación colectiva.
47. 378. En cuanto al alegato de que el derecho de las partes a elegir su propio árbitro de mutuo acuerdo está fuertemente restringido, el Gobierno del Canadá considera que se trata de una interpretación equivocada del artículo 8 de la ley. Recuerda que nada de lo dispuesto en la ley puede interpretarse como un impedimento para que las partes seleccionen conjuntamente un mediador-árbitro adecuado y presenten el nombre de esa persona al Ministro, y que hubiese preferido que las partes seleccionaran de este modo un mediador-árbitro. El Gobierno sostiene que la ley preveía un método alternativo e imparcial para seleccionar un mediador-árbitro debido a la animosidad existente entre las partes y la fuerte probabilidad de que no pudieran ponerse de acuerdo sobre un mediador-árbitro adecuado. Cuando las partes no presentaron nombres coincidentes, la Ministra pidió el asesoramiento del Presidente de la CIRB, órgano independiente, y nombró a un mediador-árbitro neutral, altamente capacitado y con gran experiencia para ayudar a las partes a llegar a acuerdos colectivos justos.
48. 379. El Gobierno también indica su desacuerdo con la interpretación del artículo 9 de la ley por parte de la organización querellante y su argumento de que las partes no pueden definir las cuestiones objeto de litigio en la mediación-arbitraje. Sostiene que esta disposición no establece que el Ministro de Trabajo sea responsable de definir las cuestiones en disputa entre las partes. No obstante, el Gobierno recuerda que reconoció la interpretación que la CUPW hacía de esta cláusula y que, el 15 de enero de 2019 o alrededor de esa fecha, la Ministra aclaró que la ley contemplaba que el mediador-árbitro definiera las cuestiones objeto de controversia en consulta con las partes, tras lo cual dichas cuestiones han sido definidas por las partes.
49. 380. En respuesta al alegato de que el derecho de las partes a seleccionar un proceso de arbitraje de mutuo acuerdo está fuertemente restringido, ya que el mediador-árbitro tiene plena autoridad para imponer el proceso de selección de la oferta final, el Gobierno indica que el 22 de enero de 2019, o alrededor de esa fecha, el mediador-árbitro consultó a las partes sobre la forma de arbitraje que preferían. Recuerda que las partes convinieron en que preferían el arbitraje de interés tradicional y que el mediador-árbitro seleccionó este método para resolver las cuestiones pendientes.
50. 381. Con respecto al alegato de que la ley limita el derecho de las partes a participar en la mediación durante un período de tiempo de su elección, el Gobierno recuerda que se prestó a las partes más de un año de apoyo en materia de establecimiento de relaciones, mediación y conciliación y que esos servicios podrían haberse prorrogado casi indefinidamente si las partes lo hubieran deseado. Incluso después de que se presentara el proyecto de ley núm. C-89, el mediador especial siguió trabajando con las partes para tratar de resolver las cuestiones pendientes y evitar la necesidad de adoptar legislación al respecto. Aunque todos estos intentos fracasaron, el Gobierno afirma que siguió esperando una solución mediada, por lo que la ley exigía un mínimo de siete días de mediación (con posibilidad de ampliarla a 14 días) antes de recurrir al arbitraje. Según el Gobierno, la ley sigue dando prioridad a una solución negociada al dejar claro que, si las partes pueden negociar un acuerdo fuera del proceso de arbitraje, el acuerdo alcanzado tiene pleno efecto y el proceso de arbitraje concluye. Además, los principios rectores establecidos en la ley incluyen cuestiones de importancia para ambas partes y, de hecho, alientan a las partes a llegar a una solución mediada.
51. 382. En cuanto al supuesto efecto paralizador resultante de la aplicación de las disposiciones de la ley, el Gobierno indica que la mayoría de las leyes del Parlamento que exigen o prohíben una acción específica establecen consecuencias en los casos de incumplimiento y sostiene que es natural que la ley incluya medidas para alentar a ambas partes a cumplir la legislación. Recuerda que la ley incluía varias prohibiciones a la conducta del empleador (por ejemplo, disciplinar o despedir a un trabajador por haber participado en las huelgas), que se castigaban con las mismas multas. Según el Gobierno, además de disuadir a las partes de violar sus disposiciones, las penas previstas en la ley no tenían ninguna repercusión en la libertad de expresión o la libertad sindical. Como lo demuestran los comunicados públicos de la CUPW en los que se critica la ley, a Canada Post y al Gobierno del Canadá, es evidente que esas medidas de cumplimiento no han tenido el efecto de silenciar al sindicato o a sus representantes.
52. 383. En conclusión, el Gobierno del Canadá reitera su compromiso con los principios de la OIT propugnados en los Convenios núms. 87 y 98. A su juicio, hizo todo lo que estuvo a su alcance para alentar la libre negociación colectiva y ayudar a las partes a resolver sus diferencias, y no promulgó legislación sobre la reanudación de la actividad laboral hasta que quedó claro que era necesario para poner fin al estancamiento de las negociaciones y a los importantes daños que estaban causando a terceras partes. Destaca asimismo que la legislación promulgada garantizaba un proceso neutral y objetivo para resolver las cuestiones pendientes entre las partes. El Gobierno confía en que las pruebas aportadas en su respuesta ayuden al Comité a comprender la serie completa de circunstancias que requieren legislación sobre la reanudación de la actividad laboral y pide respetuosamente que el Comité desestime la queja.
53. 384. En respuesta a la segunda comunicación de la organización querellante, el Gobierno sostiene que la CUPW sugiere erróneamente un vínculo entre la ley y la detención de seis personas por las fuerzas del orden locales por causar trastornos (por ejemplo, por daños, intromisión y obstrucción de la labor de los agentes de policía) en las instalaciones de Canada Post tras la aprobación del proyecto de ley. El Gobierno señala que sus detenciones no se efectuaron con arreglo a ninguna disposición de la ley.
54. 385. En su comunicación de fecha 14 de enero de 2020, el Gobierno pone al día al Comité sobre la situación del arbitraje e indica que, el 18 de noviembre de 2019, la mediadora-árbitro solicitó una nueva prórroga de su mandato de arbitraje hasta el 20 de junio de 2020. La prórroga fue concedida por la Ministra de Trabajo el 17 de diciembre de 2019.
55. 386. En su comunicación de fecha 11 de septiembre de 2020, el Gobierno informa que la mediadora-árbitro emitió su laudo el 11 de junio de 2020 y proporciona una copia. Este laudo constituye los convenios colectivos revisados entre el CUPW y Canada Post, con efecto desde la fecha del laudo hasta el 31 de enero de 2022. El Gobierno indica que la mediadora-árbitro se mostró favorable a la posición del CUPW en 14 cuestiones y a la de Canada Post en nueve, y que otras 11 cuestiones fueron resueltas amistosamente entre las partes. Por lo tanto, considera que el laudo de la mediadora-árbitro apoya su pretensión de que el procedimiento de solución de controversias previsto en la ley es neutral, objetivo y orientado a la conclusión de acuerdos colectivos que sean justos para ambas partes.

C. Conclusiones del Comité

1. 387. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega que, al promulgar la ley, que prevé la reanudación y continuación de los servicios postales (proyecto de ley núm. C-89), el Gobierno del Canadá interrumpió la negociación colectiva entre la CUPW y Correos y remitió el conflicto a una mediación obligatoria seguida de un arbitraje obligatorio y vinculante, violando así los derechos fundamentales de los trabajadores a organizarse, a la negociación colectiva y a la libertad sindical.
2. 388. El Comité toma nota de la cronología de los acontecimientos proporcionada tanto por el Gobierno como por la organización querellante, a saber: la CUPW notificó a Correos su aviso de negociación el 14 de noviembre de 2017. El sindicato y la empresa iniciaron el 24 de noviembre de 2017 negociaciones que duraron varios meses. El convenio colectivo de la RSMC venció el 31 de diciembre de 2017 y el de la UPO venció el 31 de enero de 2018. El 29 de junio de 2018, o alrededor de esa fecha, el sindicato solicitó la conciliación. La Ministra de Trabajo nombró funcionarios de conciliación en julio de 2018. En agosto y en septiembre de 2018, el sindicato celebró votaciones democráticas en todo el país sobre la posibilidad de celebrar una huelga; de los afiliados que votaron, el 95,9 por ciento de la RSMC y el 93,8 por ciento de la UPO votaron a favor de un mandato de huelga. El 5 de septiembre de 2018 la Ministra de Trabajo nombró a dos mediadores para ayudar a las partes en sus negociaciones. El 7 de septiembre de 2018, tras meses de negociaciones, la empresa presentó por primera vez al sindicato ofertas globales sobre las cuestiones objeto de negociación. El 19 de septiembre de 2018, el sindicato puso en marcha un acuerdo de servicios esenciales con Correos. El sindicato se declaró en huelga legal a partir del 26 de septiembre de 2018. El 16 de octubre de 2018, el sindicato notificó con 72 horas de antelación a la empresa y a la población que los trabajadores de los servicios postales harían huelgas rotativas. Entre el 22 de octubre y el 27 de noviembre de 2018, estos trabajadores celebraron huelgas rotativas en distintos lugares del país. El 24 de octubre de 2018, la Ministra de Trabajo nombró a un mediador especial para ayudar a las partes en sus negociaciones durante la huelga. El 7 de noviembre de 2018 se amplió su mandato de mediación por un período de cuatro días. El 8 de noviembre de 2018, el Primer Ministro del Canadá indicó a los medios de comunicación que su Gobierno podría recurrir pronto a todas las opciones para poner fin al conflicto. La empresa hizo una oferta el 14 de noviembre de 2018. El 17 de noviembre de 2018, el sindicato respondió con una oferta integral. El 19 de noviembre de 2018, la empresa rechazó la oferta del sindicato y retiró su propia oferta. El 20 de noviembre de 2018, la Ministra de Trabajo anunció públicamente que el Gobierno introduciría legislación sobre la reanudación de la actividad laboral. El 22 de noviembre de 2018 se introdujo el proyecto de ley núm. C-89. Ese mismo día, el sindicato envió una propuesta a la empresa y al mediador, pero la empresa se negó a negociar. El proyecto de ley recibió la aprobación real el 26 de noviembre de 2018 y la ley entró en vigor el 27 de noviembre de 2018.
3. 389. El Comité observa que, a juicio de la organización querellante, cuando aprobó el proyecto de ley núm. C-89, el Gobierno del Canadá violó los Convenios núms. 87 y 98. La organización querellante añade que, de otro modo, esas huelgas habrían sido legales, que no afectaron a los servicios esenciales, que las partes habían llegado a un acuerdo de servicios esenciales, que el daño causado al público por las huelgas rotativas fue mínimo, y que la ley hacía cumplir sus disposiciones mediante la imposición de cargos por delitos y de multas sustanciales.
4. 390. El Comité toma nota además del alegato de la organización querellante de que la ley sustituye el derecho de huelga por un proceso de arbitraje impuesto que: i) restringe fuertemente el derecho de las partes a elegir su propio árbitro de mutuo acuerdo, ya que cada una de ellas se limita a presentar los nombres de tres personas que considera cualificadas y se otorga al Ministro la facultad de elegir el árbitro si no hay nombres en común; ii) impide que las partes definan las cuestiones objeto de controversia en la mediación-arbitraje y otorga esta facultad al Ministro; iii) restringe fuertemente el derecho de las partes a elegir un proceso de arbitraje de mutuo acuerdo y otorga esta facultad al mediador-árbitro, y iv) limita a un máximo de 14 días el derecho de las partes a participar en la mediación durante un período de tiempo de su elección.
5. 391. El Comité observa que el Gobierno no está de acuerdo con la interpretación que la organización querellante hace de la ley y que pide que se desestime la queja. Toma nota de la declaración del Gobierno de que: i) su compromiso con una solución constructiva de los conflictos laborales se refleja en la labor de su Servicio Federal de Mediación y Conciliación; ii) Canada Post, una empresa estatal sujeta a la jurisdicción federal de relaciones laborales, es un instrumento fundamental para que las personas de edad o con discapacidad y las personas que viven en zonas rurales y remotas puedan recibir productos básicos y artículos importantes, como medicamentos de venta con receta y cheques en concepto de asistencia social, pensiones u otras prestaciones sociales o asistencia gubernamental enviados por los gobiernos federal, provinciales y territoriales; iii) Canada Post y la CUPW tienen una larga historia de cruentas negociaciones colectivas que a menudo han dado lugar a interrupciones del trabajo, y iv) renueva su compromiso de defender los principios de la OIT de libertad de sindical y de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
6. 392. Asimismo, el Comité toma nota de las siguientes explicaciones del Gobierno: i) solo intervino después de haber intentado por todos los medios que las partes llegaran a un acuerdo negociado y de que no se observase ningún indicio de que se estuvieran haciendo progresos en la mesa de negociaciones; ii) las huelgas estaban causando un daño económico real a terceros, ya que la importante presión que ejercían en la actividad empresarial afectaba directamente a los trabajadores mediante despidos, reducciones de la jornada laboral o reducciones de personal estacional; iii) a pesar del Memorando de Entendimiento acordado por las partes, la interrupción del trabajo tuvo un impacto significativo en las organizaciones benéficas, ya que muchas de ellas recibían más de la mitad de sus donaciones anuales durante los tres últimos meses del año, y en las personas vulnerables, como las personas de edad, las personas con discapacidad, los residentes en zonas rurales y remotas, los pueblos indígenas y las personas con ingresos y niveles de educación bajos, que dependían más del servicio de correos para las comunicaciones personales, las transacciones y la entrega de paquetes, y iv) la ley presentaba un medio neutral e imparcial para que las partes resolvieran sus problemas a través de la mediación o, de ser necesario, el arbitraje sobre la base de principios rectores equilibrados, sin prohibirles que negociaran independientemente nuevos convenios colectivos.
7. 393. El Comité también toma nota de las siguientes indicaciones del Gobierno: i) si bien la ley exigía que los asalariados volvieran a trabajar, no les prohibía que expresaran libremente sus opiniones dedicándose a otras actividades que solían asociarse a las huelgas; ii) nada de lo dispuesto en la ley impedía a las partes elegir conjuntamente un mediador-árbitro; iii) las cuestiones objeto de litigio habían sido definidas por las partes; iv) tras consultar a las partes sobre la forma de arbitraje, el mediador-árbitro seleccionó el arbitraje de interés tradicional, que era el método preferido de las partes; v) si las partes pueden negociar un acuerdo fuera del proceso de arbitraje, ese acuerdo tiene pleno efecto y el proceso de arbitraje termina, y vi) las mismas multas se aplican a ambas partes y solo tienen por objeto impedir que se violasen las disposiciones de la ley.
8. 394. El Comité recuerda que el Gobierno del Canadá ya le había pedido que examinase la adopción de legislación sobre la reanudación de la actividad laboral con motivo del caso núm. 2894, en el que pidió al Gobierno que hiciera todo lo posible en el futuro para evitar el recurso a una legislación que ordene la reanudación de la actividad laboral en el sector de los servicios postales y que limitara sus intervenciones a garantizar la observancia de todo protocolo de servicio mínimo convenido.
9. 395. En relación con la ley, que estipulaba que los trabajadores de los servicios postales debían reincorporarse a su trabajo y, por consiguiente, dar por terminada la huelga, el Comité recuerda una vez más que siempre ha reconocido el derecho de huelga como un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, y que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública solo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) [véase Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018, párrafos 752 y 830]. A este respecto, el Comité recuerda que ha considerado que los servicios postales no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término [véase Recopilación, párrafo 842].
10. 396. Además, en ocasiones anteriores se ha pedido al Comité que examine las quejas relativas a la no interrupción obligatoria de los servicios postales en detrimento del ejercicio legítimo del derecho de huelga. En esas ocasiones, tres de las cuales se refieren a casos relativos al Canadá, el Comité ha llegado a la conclusión de que era difícil admitir que esas interrupciones pudieran tener consecuencias en los servicios esenciales en el sentido estricto del término [véanse los casos: núm. 1451 (Canadá), 268.º informe, párrafo 98; núm. 1985 (Canadá), 316.º informe, párrafo 321, y núm. 2894 (Canadá), 367.º informe, párrafo 336]. Aunque siempre ha tenido en cuenta el hecho de que una interrupción prolongada de los servicios postales puede afectar a terceros totalmente ajenos a los conflictos que oponen a las partes interesadas, por ejemplo podría tener graves repercusiones en las empresas o afectar directamente a las personas (sobre todo a los beneficiarios de prestaciones de desempleo o de asistencia social y a las personas de edad que dependan de ellos para el pago de sus pensiones), el Comité ha considerado sin embargo que, en cualquier caso, y por lamentables que sean esas consecuencias, ello no justifica una restricción del derecho fundamental de libertad sindical, salvo si su gravedad es de tal magnitud que ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población [véase Recopilación, párrafo 851].
11. 397. Sin embargo, el Comité recuerda que un servicio mínimo podría ser una solución sustitutiva apropiada de la prohibición total, en las situaciones en que no parece justificada una limitación importante o la prohibición total de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores, podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en condiciones de seguridad de las instalaciones [véase Recopilación, párrafo 867]. El Comité acoge con agrado las medidas adoptadas por las partes en el conflicto para adoptar un protocolo de servicios mínimos que permita el procesamiento y la distribución de cheques sociales y económicos y la entrega de animales vivos. Si bien observa además la indicación del Gobierno de que es probable que la huelga prolongada también tenga importantes efectos negativos en terceros, como las personas de edad, las personas indígenas o las personas con discapacidad que dependen más de los servicios postales debido a sus limitados medios financieros o a que viven en zonas rurales y remotas, el Comité considera que, en lugar de emitir una orden de reanudación de la actividad laboral completa, el Gobierno podría haber pedido a las partes que enmendaran el protocolo de servicio mínimo para garantizar que se pudieran satisfacer las necesidades básicas de los grupos mencionados.
12. 398. En cuanto a la larga lista de casos mencionados por el Gobierno en los que se había producido o era probable que se produjera un daño económico real como consecuencia de las interrupciones del trabajo (compromisos entre vendedores y clientes, demanda de comercio electrónico, correo de comercialización directa, transacciones financieras de gran volumen, etc.), el Comité recuerda que no se pueden invocar razones económicas para justificar las restricciones del derecho de huelga; no obstante en caso de paralización de un servicio no esencial en el sentido estricto del término de un sector de muy alta importancia del país, se podía justificar la imposición de un servicio mínimo [véase Recopilación, párrafos 791 y 868].
13. 399. El Comité toma nota de los amplios esfuerzos realizados por el Gobierno para apoyar y alentar a las partes en la solución del conflicto, incluida la prestación de los servicios de funcionarios de conciliación, mediadores y un mediador especial que se reunieron ampliamente con las partes durante cientos de horas y las intervenciones e intentos personales de la Ministra de Trabajo para facilitar la suscripción de un convenio negociado. El Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que el 11 de junio de 2020 la mediadora árbitro emitió su laudo, que constituye los convenios colectivos revisados entre las partes, con efecto a partir de la fecha del laudo y hasta el 31 de enero de 2022. El Comité nota asimismo que el Gobierno destaca que su posición en el procedimiento de solución de controversias previsto en la ley fue neutral, objetivo y justo, y que se vio respaldada por el laudo de la mediadora-árbitro, el cual favoreció la posición de la CUPW en 14 cuestiones y la posición de Canada Post en nueve puntos, mientras que las 11 otras cuestiones fueron resueltas de forma amistosa entre las partes.
14. 400. El Comité recuerda que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo y a una huelga solo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede ser limitada, e incluso prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o sea los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de la persona en toda o parte de la población. Considera que un sistema de arbitraje obligatorio por la autoridad del trabajo, cuando un conflicto no se ha solucionado por otros medios, puede tener por resultado restringir considerablemente el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades e incluso imponer indirectamente una prohibición absoluta de la huelga, en contra de los principios de la libertad sindical [véase Recopilación, párrafos 816 y 822]. Teniendo en cuenta las conclusiones del mediador-arbitro de que las partes no se encontraban distantes en muchas cuestiones, y reconociendo debidamente los muchos pasos tomados por el Gobierno, el Comité invita al Gobierno a que continúe realizando sus mejores esfuerzos para evitar el recurso a la legislación sobre reanudación de la actividad laboral en el sector postal y a que limite sus intervenciones con miras a garantizar la observancia de todo protocolo de servicio mínimo acordado, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.
15. 401. En relación con el proceso de nombramiento del mediador-árbitro, si bien recuerda que, en caso de mediación y arbitraje en conflictos colectivos, lo esencial es que todos los miembros encargados de esas funciones no solo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados, para obtener y conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende realmente el funcionamiento eficaz del arbitraje, aun cuando sea obligatorio [véase Recopilación, párrafo 858], el Comité toma debida nota de la indicación del Gobierno de que se dio a las partes la oportunidad de participar en la selección del mediador-árbitro y que, como no propusieron a la misma persona, el nombramiento fue hecho por la Ministra tras solicitar el asesoramiento del Presidente de la CIRB para garantizar la imparcialidad.
16. 402. Además, el Comité aprecia que, como ha destacado el Gobierno, nada en la ley impedía que el empleador y el sindicato suscribieran nuevos convenios colectivos en cualquier momento antes de la sumisión del informe del mediador-árbitro a la Ministra. Así pues, el Comité reconoce el compromiso del Gobierno de favorecer el proceso de negociación colectiva como el mejor método para suscribir un convenio colectivo, así como la voluntad y los esfuerzos del Gobierno, tras la aprobación de la ley, de alentar a las partes a reanudar las negociaciones a través de la mediación y concertar un convenio colectivo mutuamente aceptable. El Comité toma nota además de que el Gobierno destaca la equidad y neutralidad del laudo del mediador-arbitro, incluido el hecho de que 11 de los 34 puntos de la decisión fueron acordados amistosamente entre las partes.
17. 403. De forma general, el Comité toma nota con interés de la indicación del Gobierno de que, entre 2016 y finales de 2017, las partes participaron en sesiones de mediación preventiva organizadas por el Programa de Desarrollo de Relaciones de la FMCS fuera del ciclo normal de la negociación colectiva, en un esfuerzo por mejorar sus relaciones. Aunque esas sesiones no condujeron a una mejora de las relaciones en el sector de los servicios postales, acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de resolver de manera constructiva los conflictos laborales y su decisión de potenciar la capacidad del FMCS aumentando su financiación en 1 millón de dólares canadienses anuales de 2019-2020 a 2023-2024. Alienta al Gobierno a que continúe invitando a las partes a que convengan, fuera del marco de cualquier controversia, los métodos para la resolución de este conflicto. El Comité cree firmemente que un sistema de estas características podría contribuir en gran medida a mejorar el clima de las relaciones laborales en el sector y a la resolución de los conflictos con el beneplácito de todas las partes interesadas.
18. 404. Por último, el Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante de que se acusó a activistas laborales, que no son miembros de la CUPW, de obstruir la labor de la policía y de provocar daños tras las manifestaciones pacíficas de protesta contra esta ley núm. C-89 sobre la reanudación de la actividad laboral. No obstante, toma nota asimismo de las observaciones del Gobierno de que las seis personas mencionadas fueron detenidas por las fuerzas del orden locales por causar perturbaciones (por ejemplo, por daños, intromisión y obstrucción de la labor de los agentes de policía) en las instalaciones de Canada Post tras la aprobación del proyecto de ley y que la aplicación de esas medidas no obedecía a ninguna disposición de la ley. Dada la falta de detalles proporcionados por la organización querellante en cuanto a la naturaleza de esas detenciones, el Comité confía en que no se debieron al simple hecho de organizar o participar en una huelga pacífica y no proseguirá con el examen de estos alegatos.