Informe provisional - Informe núm. 330, Marzo 2003

1. 385. La queja figura en las comunicaciones de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fechas 27 de marzo, 2 de junio, 19 de agosto y 10 de enero de 2003. La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) se adhirió a la queja y presentó alegatos complementarios en una comunicación de fecha 3 de abril de 2002.
2. 386. El Gobierno envió observaciones respecto de algunos de los alegatos por comunicación de fecha 26 de septiembre de 2002.
3. 387. China no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 388. En su comunicación de fecha 27 de marzo de 2002, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó una queja formal contra la República Popular de China por violaciones de los principios de la libertad de asociación, a juzgar por los hechos señalados infra y en documentos adjuntos, entre los que figuran dos cartas remitidas al Presidente Jiang Zemin el 15 y el 27 de marzo de 2002.
2. 389. En las dos cartas en cuestión se hace referencia a medidas represivas, entre las que figuran amenazas, intimidación, intervenciones de las fuerzas de seguridad, palizas, detenciones, arrestos y otros malos tratos a los que han sido sometidos dirigentes, representantes electos y miembros de organizaciones independientes de trabajadores, aplicadas en las provincias de Heilongjiang, Liaoning y Sichuan. Los sucesos descritos en dichas cartas tuvieron lugar en el transcurso del mes de marzo de 2002.
3. 390. En este contexto, la máxima preocupación del CIOSL es la situación personal del Sr. Yao Fuxin, de 56 años, dirigente de la Organización Independiente de Trabajadores de la Fábrica de Aleaciones Ferrosas (FAF) de Liaoyang, arrestado el 17 de marzo de 2002. La CIOSL añade que el Sr. Yao Fuxin ha sido objeto de malos tratos, severamente infligidos por funcionarios de la seguridad pública tras su detención o, peor aún, que podría haber sido asesinado mientras se encontraba oficialmente detenido.
4. 391. El arresto del Sr. Yao Fuxin se produjo pocos días después de que más de 10.000 trabajadores despedidos, en su mayor parte de la FAF, organizaran una manifestación multitudinaria en Liaoyang pidiendo que se solucionaran los problemas económicos y sociales de los trabajadores despedidos, que se adoptaran medidas legales contra los directivos corruptos de la fábrica y que el Servicio de Seguridad Pública se abstuviera de arrestar a los representantes libremente elegidos por los trabajadores.
5. 392. En respuesta a ello, las autoridades locales reaccionaron con las típicas intimidaciones, amenazas y, finalmente, con la fuerza bruta. El 11 de marzo, funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública advirtieron que algunos sindicalistas estaban involucrados en actividades ilegales. La CIOSL rechazó firme y categóricamente dicha acusación, ya que los trabajadores sólo estaban ejerciendo pacíficamente sus derechos legítimos, garantizados en virtud de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT.
6. 393. El 12 de marzo por la mañana, los trabajadores se dirigieron a pie a la sede del gobierno municipal de Liaoyang para pedir la celebración de un encuentro con funcionarios locales, lo que se les concedió ese mismo día. El Sr. Pang Qingxiang, de 58 años, y otros 12 representantes de los trabajadores se reunieron con el Secretario General Adjunto del Comité de Liaoyang del Partido Comunista de China, los alcaldes adjuntos, el Secretario General del Gobierno y del Comité Legislativo, el Director de Justicia de Liaoyang, el Procurador General y el Director de la Oficina de Seguridad Pública local. Se aseguró a los trabajadores que no se efectuarían arrestos.
7. 394. Cinco días después, la Oficina de Seguridad Pública ordenó arrestar al Sr. Yao Fuxin y puso en marcha un amplio operativo de seguridad con el fin de detener a una docena más de representantes independientes de los trabajadores. Al día siguiente, el 18 de marzo, más de 30.000 trabajadores de cerca de 20 empresas públicas se dirigieron a pie a las oficinas del Gobierno y de la Seguridad Pública municipales exigiendo la liberación del Sr. Yao Fuxin, pero la policía negó que hubiera sido arrestado.
8. 395. Sin embargo, la represión de las autoridades sobre el movimiento independiente de trabajadores no se limitó al arresto del Sr. Yao Fuxin. El 18, 19 y 20 de marzo, decenas de miles de trabajadores de distintas fábricas de Liaoyang se congregaron frente a las oficinas del gobierno municipal exigiendo la liberación del Sr. Yao Fuxin. El 20 de marzo, cuando más de 2.000 trabajadores de la Fábrica de Aleaciones Ferrosas volvieron nuevamente a congregarse ante el ayuntamiento para exigir su liberación, otro representante de los trabajadores, Gu Baoshu, entró en la sede de la oficina de seguridad para negociar, pero fue detenido inmediatamente. Un trabajador que presenció lo sucedido informó a los trabajadores que se encontraban en el exterior, tras lo que éstos penetraron en las oficinas y rescataron a Gu.
9. 396. Entretanto, el gobierno municipal había desplegado un amplio contingente de la policía armada en un intento de frenar la protesta de los trabajadores. Al finalizar la mañana, los trabajadores decidieron volver a sus casas, pero con el fin de proteger a sus representantes electos, más de 40 trabajadores mayores les rodearon formando un círculo. No lejos del ayuntamiento, alrededor de 100 policías atacaron y golpearon al grupo de trabajadores mayores. La policía arrestó a tres de los representantes atravesando por la fuerza el círculo protector. Numerosos trabajadores mayores resultaron heridos en la acción policial, aunque no se conoce todavía su cifra exacta, sus identidades y su actual estado de salud.
10. 397. Los tres representantes sindicales que fueron arrestados durante la acción policial del 20 de marzo (además de Yao Fuxin, arrestado el 17 de marzo) son: Pang Qingxiang; Xiao Yunliang y Wang Zhaoming. A la mañana siguiente, cerca de 1.000 trabajadores de la FAF volvieron a congregarse nuevamente ante las oficinas del gobierno municipal para exigir la liberación de los cuatro representantes de los trabajadores arrestados. En medio de la manifestación de protesta, Guo Suxiang de 56 años, esposa del dirigente arrestado Pang Qingxiang, también fue arrestada por la policía (y liberada al día siguiente). Otro trabajador de la Fábrica de Fibras de Liaoyang trató de intervenir gritando: «ese arresto es un error». Como consecuencia de ello, la policía lo arrestó también y se lo llevó. Todavía no se sabe su nombre pero se conoce que permanece detenido.
11. 398. El 21 de marzo, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Bal Ta de la ciudad envió a las familias un aviso de detención de los cuatro representantes de los trabajadores por «manifestarse ilegalmente». Estos se encuentran detenidos en el centro de detención de la ciudad de Tieling. Finalmente, el director de distrito de la Oficina de Seguridad visitó a la esposa de Yao Fuxin en la residencia de ésta, donde le informó que su esposo se encontraba «en un estado muy preocupante tras haber sufrido un ataque cardíaco» y que «la Oficina de Seguridad Pública ya había enviado al hospital la cantidad de 10.000 yuan para su tratamiento médico».
12. 399. Tras realizar las oportunas comprobaciones con sus familiares, quedó claro que el Sr. Yao Fuxin se encontraba en perfecto estado de salud cuando fue arrestado y que anteriormente nunca había tenido problemas cardíacos. Por esta razón, la CIOSL se preguntó si Yao Fuxin se encontraba en un estado de salud crítico como consecuencia de haber sido golpeado, torturado o de haber sufrido otro tipo de malos tratos mientras era custodiado por funcionarios de la seguridad pública de Liaoyang o si, peor aún, pudiese haber perdido la vida a manos de esos funcionarios o de personas directamente subordinadas a la autoridad de aquellos. La Federación Internacional de Trabajadores del Metal, en su comunicación de fecha 3 de abril de 2002, también expresa su preocupación por la salud de Yao Fuxin y el destino de otros representantes de los trabajadores detenidos.
13. 400. El querellante hace referencia también a una sentada que tuvo lugar en la sede de la Oficina Administrativa de Petróleos de Petrochina en Daqing, el 24 de marzo o en fecha cercana a ese día, donde unos 500 trabajadores fueron intimidados y amenazados por alrededor de 1.000 policías y paramilitares, algunos de los cuales llevaban un completo equipamiento antidisturbios, así como a una huelga que comenzó el 13 de marzo de 2002 en la Fábrica Textil de Guangyuan, en la provincia de Sichuan, donde los trabajadores exigían que los directivos de la fábrica negociaran las condiciones de despido. La policía golpeó a varios huelguistas en una línea de piquetes situada en el exterior de la fábrica, y cerca de una docena de trabajadores fueron detenidos en la fábrica textil el 18 de marzo o en fecha cercana a ese día.
14. 401. En lo que respecta a la protesta de los trabajadores en la Compañía Petrolera de Daqing, los querellantes recuerdan la situación de 50.000 trabajadores del yacimiento petrolífero de Daqing, en la provincia de Heilongjiang, que habían emprendido una acción colectiva el 1.° de marzo de 2002, en protesta por el incumplimiento unilateral del contrato de reducción de plantilla.
15. 402. El 1.° de marzo, tres mil trabajadores del yacimiento petrolífero de Daqing se concentraron ante la Oficina Administrativa de Petróleo de Petrochina para protestar por la supresión de las subvenciones invernales para calefacción equivalentes a 3.000 RBM anuales por parte de la compañía y por el incremento arbitrario de las cotizaciones que cada trabajador debe abonar a los fondos de la seguridad social: de 2.600 yuan anuales en el año 2002 a 4.600 yuan en el presente año. Los trabajadores afectados constituyeron el Comité Unificado Provisional de los Trabajadores Despedidos de la Oficina Administrativa de Petróleos de Petrochina y eligieron a sus representantes. Otros trabajadores organizaron manifestaciones de solidaridad en los yacimientos petrolíferos de Xinjiang y Shengli, así como en los de Liahe, en la provincia de Liaoning.
16. 403. En su comunicación de fecha 2 de junio de 2002, el querellante proporciona información complementaria relativa a lo acaecido en varios de los casos mencionados supra y a un nuevo caso en Sichuan.
    • Evolución de la situación en Liaoyang
    • (provincia de Liaoning)
17. 404. En lo que respecta a los cuatro sindicalistas arrestados en marzo de 2002 en Liaoyang (Yao Fuxin, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang y Wang Yhaoming), el querellante añade que fueron acusados el 30 de marzo de haber organizado «manifestaciones ilegales», a lo que correspondería una pena de cinco años de prisión.
18. 405. El primero de los arrestados, Yao Fuxin se encontraba en un estado muy preocupante. El 11 de abril, la esposa de Yao Fuxin, Guo Xiujing, pudo visitar por primera vez desde que fue arrestado por la policía a su marido detenido en la prisión de Tieling (a 120 km. de Liaoyang). Guo dijo que la parte derecha del cuerpo de su marido estaba entumecida, su mano derecha temblaba y su pierna derecha estaba débil. Se estimó que había sufrido una apoplejía como consecuencia de un ataque cardíaco, a su vez causado por el trato brutal al que fue sometido por la policía (el historial clínico anterior de Yao Fuxin no presentaba problemas provocados por enfermedades cardiovasculares u otras). Aunque se le hospitalizó por un período breve en el mes de marzo, fue conducido posteriormente al centro de detención donde su estado no ha dejado de empeorar desde entonces. A pesar de ello, se ha privado a Yao Fuxin de tratamiento médico y, en particular, se le ha negado poder volver al hospital o ser liberado condicionalmente bajo supervisión médica.
19. 406. El querellante señala que desde la primera presentación de su queja, ha salido a la luz mucha más información sobre los hechos que condujeron a las protestas de marzo de 2002. De hecho, los problemas que afectan a la FAF y a otras empresas en Liaoyang y en sus alrededores surgieron hace ya varios años. Esta información se ha incorporado a la comunicación, así como detalles sobre las protestas de marzo de 2002 desconocidos anteriormente.
20. 407. El 11 de abril o en fecha cercana a ese día, los familiares de Yunliang encomendaron a un abogado su defensa. Sin embargo, la policía rechazó la solicitud del abogado de Xiao para visitarle, diciendo que Xiao había renunciado a los servicios de un abogado.
21. 408. El 15 de abril, trabajadores de Liaoyang se dirigieron a la oficina de quejas del gobierno municipal tratando de obtener la liberación de los cuatro detenidos. Con el fin de evitar otros arrestos, los trabajadores decidieron no organizar más protestas callejeras y, en su lugar, enviaron a varios representantes, entre ellos a Gu Baoshu (que fue arrestado al día siguiente) para negociar con el Gobierno. Sin embargo, a pesar de la cautela de los trabajadores, su intento de abrir negociaciones fracasó y resultó en el arresto de Gu. El 16 de abril, dos policías de civil llamaron a la puerta de la casa de Gu Baoshu. Seguidamente abrieron la puerta con una llave, ataron y golpearon a Gu. Al enterarse de esto, los trabajadores de la fábrica, se apresuraron a acudir en gran número al edificio donde vivía Gu y discutieron con los policías que le habían arrestado. Los policías que esperaban en el exterior empujaron a un lado a los trabajadores que bloqueaban la zona y se llevaron a Gu en un coche.
22. 409. Los trabajadores presentaron sin demora una solicitud para organizar una manifestación al Primer Secretario del gobierno municipal, que se desplazó a la fábrica para calmar a los trabajadores. No obstante, el Primer Secretario declaró inmediatamente que la solicitud, para ser válida, debía incluir los nombres de los organizadores. Los trabajadores se negaron a introducir nombres en la solicitud; además declararon que, si no liberaba a Gu Baoshu o si no se concedía la autorización para organizar una manifestación, irían conjuntamente a Pekín para elevar una petición o bloquearían las vías férreas. Ante tal presión por parte de los trabajadores, Gu Baoshu fue liberado esa misma noche. Algunos agentes le habían golpeado cruelmente durante su detención. Gu exigió que la Oficina de Seguridad Pública costeara sus gastos médicos e investigara quién era responsable de la paliza que le habían propinado. Las autoridades replicaron amenazando con más detenciones.
23. 410. El 5 de mayo, sobre la medianoche, algunos trabajadores colocaron avisos en los muros de la zona de viviendas de los trabajadores, convocándoles para elevar colectivamente una petición a las autoridades el 7 y 8 de mayo, a fin de que liberasen a los detenidos. A la mañana siguiente, la policía había retirado los avisos de los muros. Los dos días siguientes, 400 a 500 trabajadores que habían tenido noticia de los avisos pegados en los muros se concentraron nuevamente ante el edificio del gobierno municipal y exigieron la liberación de todos los representantes de los trabajadores arrestados. Guo Xiujing y otros tres representantes de los trabajadores presentaron también una solicitud de autorización para manifestarse, firmada nominalmente por 20 trabajadores. La oficina de seguridad pública rechazó la solicitud sin alegar razón alguna.
24. 411. El 9 de mayo, centenares de trabajadores volvieron a concentrarse frente al edificio del gobierno municipal y mostraron una pancarta que decía: «exigimos enérgicamente al gobierno que libere a los representantes de los trabajadores detenidos». Algunos funcionarios arremetieron en el exterior del edificio contra los trabajadores e intentaron apoderarse de la pancarta, sin conseguirlo. Al día siguiente, los trabajadores solicitaron dialogar con el alcalde. Dos funcionarios de la oficina de quejas del gobierno municipal salieron y dijeron que si los trabajadores nombraban a varios representantes, dispondrían lo necesario para que se reunieran con el alcalde. Pero los trabajadores no aceptaron porque estaban preocupados de que el gobierno municipal deseara únicamente localizar con exactitud a los dirigentes de los trabajadores para arrestarles. Finalmente, el director de la oficina de quejas salió fuera y aceptó una carta con las peticiones de los trabajadores, prometiendo transmitirla inmediatamente al alcalde. La carta que los trabajadores enviaron al alcalde contenía cinco peticiones:
    • — Que el gobierno liberara a los representantes de los trabajadores detenidos; de no ser así, que sus juicios comenzaran lo antes posible, de forma que los representantes de los trabajadores no tuvieran que estar encerrados indefinidamente.
    • — Que el gobierno municipal hiciera público el informe sobre las quiebras forzosas y respondiera a las peticiones razonables de los trabajadores en un plazo determinado.
    • — Que se incrementaran las medidas contundentes contra los funcionarios corruptos y que se facilitara a los trabajadores de la FAF una respuesta clara a sus reclamaciones en un futuro próximo.
    • — Que el gobierno sancionara legalmente a los agentes de policía que cometieron abuso de poder y atacaron a Gu Baoshu de la manera más cruel.
    • — Que el gobierno permitiera, por razones humanitarias, las visitas de los trabajadores de la FAF en distintos grupos y en esas ocasiones a sus representantes encarcelados en el centro de detención de Tieling (Iron Peak).
    • También se expresó en la carta que los trabajadores de la FAF elevarían sus peticiones a Pekín con manifestaciones colectivas, salvo en el caso de que el gobierno municipal respondiera satisfactoriamente y sin dilación a sus reivindicaciones.
25. 412. El 15 de mayo, varios centenares de trabajadores de la FAF se reunieron frente a los edificios del gobierno para desplegar pancartas y solicitar pacíficamente al Gobierno la liberación de los detenidos. Inmediatamente después de las 10 horas, más de diez agentes de policía de civil cargaron en el patio exterior del edificio del gobierno y atacaron a los trabajadores propinando golpes y patadas, y se apoderaron de sus pancartas. Hubo enfrentamientos cuando los trabajadores trataron de proteger sus pancartas. Mientras se producían dichos enfrentamientos, el hijo de un trabajador jubilado de la FAF, cuya madre había sido golpeada durante la carga policial, pidió explicaciones por el ataque contra su madre. Como consecuencia de ello, fue severamente golpeado por la policía que, posteriormente, lo detuvo. A la postre, la oficina municipal de quejas ordenó su liberación.
26. 413. En un incidente distinto, otra persona clave en la lucha de los trabajadores de la FAF, Wang Dawei, se desplazó a Pekín para presentar quejas en numerosos servicios gubernamentales, pero le ignoraron totalmente. Después de telefonear en una ocasión a la familia de Guo Xiujing, al comienzo de su viaje, para informarles sobre el curso de las quejas, desapareció. Desde entonces se desconoce su paradero y el querellante teme que también él haya sido arrestado.
    • Represión en Daqing (provincia de Heilongjiang)
27. 414. Además de la información proporcionada en su queja inicial, el querellante añade que el despliegue de 800 policías paramilitares en la ciudad de Daqing para dispersar a los trabajadores que protestaban, fue seguido de una campaña de intimidación en la que docenas de trabajadores permanecieron detenidos hasta dos semanas y fueron liberados con la condición de no volver a participar en las manifestaciones. Además, varios representantes del Comité Unificado Provisional para Trabajadores Despedidos del PAB, de carácter independiente, fueron detenidos el 11 de marzo en la ciudad de Daqing durante negociaciones con funcionarios. Estos sindicalistas independientes junto con otros 60 trabajadores implicados en acciones de protesta en la ciudad de Daqing, se encuentran todavía en paradero desconocido. Ni las autoridades públicas ni la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) han respondido a las preguntas de la CIOSL al respecto. No obstante, en el mes de marzo, la Federación Provincial de Organizaciones Sindicales de Heilongjiang fue citada en el periódico Ming Pao, en su edición de 28 de marzo donde se le atribuía la siguiente declaración: «la Federación de Sindicatos de China no tolerará que los trabajadores se organicen de esa forma».
28. 415. A finales de marzo, durante una de las manifestaciones en la Plaza del Hombre de Hierro de Daqing, se golpeó y arrestó a una señora de 50 años, esposa de un trabajador despedido de esa ciudad, tras haber pronunciado aquélla un discurso. Según se informa, dicha persona estaba organizando una huelga de hambre en un centro de detención. El 27 de marzo, también fue arrestado Li Yan, trabajador jubilado de 60 años. En el momento de redactar estas líneas, se desconoce el paradero de ambas personas.
29. 416. Durante el período de tiempo transcurrido desde la presentación de la queja, ha salido a la luz más información relativa al contexto social de Daqing. De ahí que, en octubre de 2001, más de 300 trabajadoras cesantes de la fábrica de mantas de Daqing solicitaran colectivamente frente a las oficinas gubernamentales, que el gobierno renegociara sus condiciones iniciales de despido en consonancia con la política oficial de esa ciudad, o que se las reintegrara en sus puestos de trabajo. Si bien el modelo de condiciones económicas de despido en la región asciende a 3.500 RBM por año de servicio, las 3.000 trabajadoras ocasionales han sido despedidas con una gratificación de 10.000 RMB. Mientras tanto, se ha vendido la fábrica a un inversor privado y se ha reanudado la producción con trabajadoras de reemplazo.
30. 417. El 15 de octubre, la policía antidisturbios atacó a varios centenares de trabajadoras tras haberse reunido éstas frente el ayuntamiento. Se arrestó a dos hombres y tres mujeres y muchos más resultaron heridos, algunos de gravedad. Cuando sus compañeros se manifestaron al día siguiente, exigiendo la liberación de los prisioneros, se les comunicó que los detenidos serían liberados únicamente si sus compañeros abonan los gastos de habitación y pensión correspondientes a su período de detención.
31. 418. El 23 de octubre de 2001, otra manifestación condujo al arresto de otros dos dirigentes de los trabajadores. Entretanto, la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) comunicó que el caso no era de su incumbencia, si bien reconocía al mismo tiempo que, dos años antes, no había participado en la operación inicial de reestructuración de la fábrica, infringiendo la legislación vigente en aquel momento. En lo referente a las autoridades municipales, éstas se negaron a confirmar el número de personas arrestadas, pero dijeron que los trabajadores se habían «involucrado en actividades ilícitas gritando consignas y pegando anuncios». Añadieron también que los trabajadores ya habían sido indemnizados adecuadamente, de conformidad con la legislación vigente.
    • Condenas de defensores de los derechos
    • de los trabajadores en Sichuan
32. 419. El querellante declara que Hu Mingjun y Wang Sen, dos militantes de la oposición democrática que habían defendido los derechos de los trabajadores en Sichuan, fueron condenados a severas penas de prisión. Hu Mingjun y Wan Sen son dirigentes del Partido Democrático de China (PDC) en la provincia de Sichuan, que no goza del reconocimiento de las autoridades. Hu y Wang vivían en Chengdu y Dayhou respectivamente cuando el 18 de diciembre de 2000, cerca de 1.000 trabajadores de la fábrica de acero de Dazhou, organizaron una manifestación pública, porque no se les había pagado desde el año anterior. Tanto Hu como Wang mantuvieron contacto con los trabajadores que participaron en la manifestación.
33. 420. El PDC de la provincia de Sichuan emitió un comunicado con tres peticiones:
    • — Debe permitirse a los trabajadores organizar sus propias organizaciones sindicales, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que ha sido suscrito recientemente por el Gobierno de China (no obstante, el querellante recuerda que China ratificó el PIDESC a finales de febrero de 2001, estableciendo una reserva formal sobre el apartado a) del artículo 8 del Pacto, por el que se garantiza precisamente la libertad de asociación sindical).
    • — Que el gobierno garantice a los trabajadores desempleados el derecho a medios de subsistencia, mejorando el sistema de seguridad social.
    • — Que el gobierno resuelva el enraizado problema de la corrupción que ha provocado las manifestaciones.
34. 421. Wang fue arrestado el 30 de abril de 2001 en Dazhou; en cuanto a Hu, fue arrestado el 30 de mayo. Se les acusó de «incitar a la subversión del poder del Estado», a lo que correspondería una pena máxima de cinco años de prisión. Algo más de un año después, el 30 de mayo de 2002, fueron acusados de subversión, que reviste mayor gravedad y afecta frecuentemente a militantes laborales independientes, y condenados en un juicio secreto por el Tribunal Popular de Segunda Instancia de Dazhou. La acusación fue aparentemente modificada durante el juicio, y según fuentes de los querellantes, lo consideran como una prueba de la línea dura oficial empleada contra los organizadores después de las protestas que tuvieron lugar en Liaoyang. La «prueba» utilizada en el juicio fue la declaración anteriormente emitida por el PDC en Sichuan. Wang y Hu fueron acusados de incitar y organizar la manifestación de trabajadores en Dazhou, en nombre de la «organización hostil» PDC, para alterar así la estabilidad social.
35. 422. Hu fue condenado a 11 años y se cree que ya había decidido no apelar la decisión; Wrang fue condenado a 10 años. Informes anteriores señalaron que un tercer individuo, Zheng Zongliang, fue también arrestado en el contexto de este caso. No se sabe si ha sido liberado o condenado también en el mismo juicio, en dicha ocasión.
36. 423. En su comunicación de fecha 19 de agosto de 2002, la CIOSL añade que un militante laboral independiente fue detenido el pasado mes de junio en la provincia de Shanxi por tratar de crear una federación para trabajadores jubilados. Di Tiangui, de 57 años, antiguo funcionario de la Fábrica de Maquinaria de Dazhong, pasó más de dos meses esposado y encadenado en un centro de detención de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi. Di fue detenido por la policía en la tarde del 1.° de junio bajo sospecha de «establecer una organización ilegal». Según se informa, Di desagradó a las autoridades al suscribir una declaración, a principios de ese mismo año, instando a la creación de una federación nacional que representaría a 30 millones de trabajadores jubilados de empresas estatales.
37. 424. El Sr. Di y otros militantes se vieron motivados aparentemente a intervenir después de comprobar que a los jubilados se les pagaba muy poco o no recibían pensión alguna y se les privaba de servicios sociales básicos como, por ejemplo, la atención sanitaria. Decidieron tratar de crear una federación nacional de trabajadores jubilados al comprobar que las peticiones por vía oficial habían sido infructuosas. La policía arrestó a Di oficialmente el 15 de julio bajo la acusación de «incitar a la subversión del poder estatal». Esta acusación puede acarrear severas condenas de prisión y, por lo general, suele suceder así. Por otro lado, las autoridades llevan a cabo esos arrestos y procesamientos claramente con el fin de disuadir a otros trabajadores potencialmente interesados en aunar esfuerzos en una actividad sindical independiente. De hecho, parece que actualmente otros militantes laborales independientes de la zona han entrado en la clandestinidad, intimidados por la severidad con la que se ha tratado a Di.
38. 425. Las noticias sobre la detención del Sr. Di fueron confirmadas a principios de este mes por un funcionario policial en Taiyuan, que negó, sin embargo, que el prisionero hubiera sido maltratado. Esto contradice claramente los informes de los familiares de Di, extremadamente preocupados de que «no esté en condiciones de soportar la tensión física». Los familiares llaman la atención sobre el hecho de que Di padece hipertensión sanguínea y vasculitis y que su salud ha empeorado vertiginosamente durante su detención. El 21 de junio, cuando le visitaron en la prisión, parece que «había adelgazado» y «tenía úlceras en los pies y estaban tan hinchados que ni siquiera podía llevar zapatos y estaba encadenado de tal manera que le resultaba imposible mantenerse erguido».
39. 426. El querellante pone de relieve que la detención de cualquier sindicalista independiente o defensor de los derechos de los trabajadores es inaceptable en virtud de los principios de la OIT. Por otra parte, el querellante se muestra conmocionado por la forma en que se trata a los prisioneros en China, en especial a los detenidos por motivos relacionados con los derechos laborales. En opinión del querellante, el trato infligido al Sr. Di es brutal, doloroso y totalmente inadecuado y, como tal, equivalente a la tortura.
40. 427. Finalmente, la CIOSL, en su comunicación de fecha 10 de enero de 2003, expresa su profunda preocupación por el juicio inminente de Yao Fuxin y Pang Qingxiang en virtud de la reciente acusación modificada de subversión, que puede acarrear la pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

B. Respuesta del Gobierno

1. 428. En su comunicación de fecha 26 de septiembre de 2002, el Gobierno facilita la siguiente información.
2. 429. El Gobierno declara que, en los últimos meses, ha llevado a cabo una amplia investigación relativa a las personas e incidentes conexos, inclusión hecha de visitas a los ministerios pertinentes, como los de Seguridad Pública, Seguridad del Estado y Justicia, a la Federación de Sindicatos Chinos y a los gobiernos locales.
   • Fábrica textil, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan
3. 430. A principios de 2002, la Fábrica textil de la ciudad de Guangyuan en la provincia de Sichuan fue declarada en quiebra. No satisfechos con la indemnización recibida después de que la empresa vendiera todos sus activos fijos, algunos trabajadores se reunieron repetidas veces en el interior y alrededor de los terrenos de la fábrica, bloqueando las principales carreteras de la ciudad y perturbando el orden social en la ciudad de Guangyuan. Finalmente, las cuestiones relativas a las indemnizaciones y a los acuerdos con los trabajadores tras la quiebra de la empresa, se resolvieron con la mediación de un grupo de investigación tripartito compuesto por los gobiernos de la ciudad y la provincia, el sindicato y la empresa. Las investigaciones han revelado que no se produjo ningún enfrentamiento durante todo el período en el que tuvieron lugar los hechos.
   • Grupo de Ferroaleación SL., ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning
4. 431. El Grupo de Ferroaleación SL. de la ciudad de Liaoyang, en la provincia de Liaoning, empresa municipalizada, ha venido sufriendo pérdidas en la gestión de la producción desde 1996. En octubre de 2001, se aceptó una propuesta para declarar la empresa en quiebra tras ser examinada por el Congreso de Representantes del personal del Grupo de Ferroaleación de la ciudad de Liaoyang. En noviembre, se inició formalmente el procedimiento de la quiebra.
5. 432. Del 11 al 21 de marzo de 2002, más de 500 personas del Grupo de Ferroaleación de la ciudad de Liaoyang, incluidos los miembros del personal en servicio en aquel momento y los jubilados, hicieron un llamamiento colectivo al gobierno municipal, exigiendo que se sancionara a los directivos corruptos de la empresa, así como una mejora de la fórmula de pago único acordada y de la indemnización económica, y que se liquiden los pagos pendientes en concepto de salarios y seguridad social. En respuesta a las exigencias de los trabajadores, el gobierno municipal promovió inmediatamente un grupo de investigación y se llevaron a cabo profundas y meticulosas pesquisas sobre las cuestiones presentadas por los apelantes. Se adoptaron las siguientes medidas:
6. 1) Sancionar a las personas corruptas de conformidad con la ley. Los órganos judiciales investigaron los actos ilegales y delictivos cometidos por personas corruptas en la empresa y abordaron el problema de conformidad con la ley: a una persona se le dictó sentencia; hay un procedimiento en curso contra otra persona; otra persona permanece bajo custodia por delinquir; tres personas se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de juicio y se están instruyendo sumarios para investigar a siete personas.
7. 2) Movilización multilateral de fondos para garantizar las necesidades vitales de los trabajadores. La empresa asignó inicialmente cerca de 30 millones de yuan chinos para liquidar los pagos a los trabajadores, y se dispone a realizar pagos retroactivos a los trabajadores en concepto de los salarios y seguros sociales mediante la conversión de los bienes de la quiebra en dinero en efectivo. Los puntos principales del acuerdo incluyen: un trabajador al que le queden menos de cinco años para la jubilación legal podrá recurrir a un procedimiento de jubilación anticipada, recibiendo el pago de su pensión mensualmente a través de organismos de la seguridad social. Los trabajadores en servicio antes del establecimiento del sistema de contratación laboral recibirán como liquidación un pago único equivalente al triple del salario medio pagado el año anterior a los trabajadores de empresas en la ciudad que corresponda y los trabajadores contratados después del establecimiento del sistema de contratación laboral recibirán una indemnización económica en un solo pago.
8. 3) Asistencia al reempleo de los trabajadores cesantes. A finales de marzo y, posteriormente, a principios de abril de 2002, las agencias municipales de empleo mantuvieron dos consultas a gran escala sobre el empleo, para tratar el tema de la organización de ferias para facilitar la contratación de trabajadores cesantes del Grupo de Ferroaleación de la ciudad de Liaoyang. Como consecuencia de ello, se alcanzaron acuerdos preliminares de empleo correspondientes a un total de más de 1.000 puestos de trabajo, por consiguiente resolviendo el problema del empleo de varias de las personas afectadas.
9. 433. En ese momento, un trabajador del Tren de Laminación de la ciudad de Liaoyang, Yao Fuxin, y tres trabajadores de la FAF de la ciudad de Liaoyang, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang y Wang Zhaoming, llevaron a cabo conjuntamente actividades planificadas de terrorismo y sabotaje, amenazando seriamente la seguridad pública, alterando el orden público y causando daños a bienes de dominio público. Al haber infringido la ley, los responsables de la seguridad pública les citaron a comparecer en juicio, de conformidad con la legislación, y aplicaron medidas contundentes. A la vista de que su comportamiento infringió las disposiciones pertinentes del Derecho Penal de la República Popular de China y del Derecho de la República Popular de China que rige las Reuniones, Marchas y Manifestaciones, el 27 de marzo de 2002, con la aprobación del Procurador Popular de la ciudad de Liaoyang, los responsables de la seguridad pública de la ciudad de Liaoyang arrestaron a Yao Fuxin y a las personas mencionadas supra de conformidad con la ley, bajo la acusación de organizar reuniones, marchas y manifestaciones ilegales. Actualmente, se están instruyendo sumarios para entender del caso.
   • Yacimientos petrolíferos de Daqing
10. 434. Ante la intensa competitividad en los mercados internacionales de petróleo de los últimos años, la Compañía de Petróleos Daqing adoptó una serie de medidas de reestructuración, incluida una reducción de personal para incrementar la rentabilidad a fin de mejorar su gestión y competitividad. A principios de 2000, una parte de los trabajadores en plantilla concluyeron voluntariamente sus contratos laborales con la empresa a juzgar por las solicitudes de las personas interesadas, la aprobación por la empresa y la certificación notarial. A lo largo de este proceso, la empresa no solamente pagó la suma total de una indemnización predeterminada, sino también otra considerable suma en una subvención pagada de una sola vez a cada persona, con el fin de garantizar unas condiciones de vida básicas a los que habían concluido sus relaciones laborales.
11. 435. A principios de 2002, miles de personas que habían concluido sus relaciones laborales con la Oficina de Administración de Petróleo de Daqing, previo pago de una indemnización, cambiaron de opinión y exigieron su reincorporación en el empleo. El 1.° de marzo de 2002 se reunieron en el edificio de oficinas de la Oficina de la Administración de Petróleo de Daqing. El 4 de marzo, parte del grupo interrumpió el tráfico de la línea ferroviaria de Bingzhou. Posteriormente, una parte del grupo inició el asalto al edificio de oficinas de la Oficina de Administración de Petróleo de Daqing y destrozaron automóviles. A fin de mantener el orden adecuado y de prevenir cualquier empeoramiento de la situación, se envió a la policía para que cumpliera su obligación.
12. 436. Después del incidente, los gobiernos de todos los niveles mostraron una gran preocupación. El Gobierno central promovió un grupo de investigación tripartito compuesto por representantes de los ministerios y las comisiones pertinentes, el sindicato y la empresa, que se desplazó a Daqing para llevar a cabo investigaciones in situ. Se celebraron varios debates y se escucharon las observaciones de los que habían concluido sus contratos laborales previo pago de una indemnización, con la participación de representantes de éstos últimos, de los gobiernos de la provincia de Heilongjiang y de la ciudad de Daqing, de la Oficina Central de Petróleos de China y de la Oficina de la Administración de Petróleos de Daqing.
13. 437. Una vez solicitados los comentarios de todas las partes, la Oficina Central de Petróleos de China hizo públicas las Propuestas preliminares sobre una mejora más profunda de la gestión en beneficio de los que han concluido sus contratos laborales previo pago de una indemnización, solicitando a la Oficina de la Administración de Petróleos de Daqing que se ocupe seriamente de los que han concluido sus contratos laborales, que siga intentando resolver el problema para que esas personas continúen participando en los programas de seguros sociales, y que establezca activamente las condiciones para contribuir a su reincorporación en el empleo, a fin de mantener el impulso de las reformas globales y del desarrollo sostenible en todo el grupo. También se pidió que se prestara una atención especial para vencer las dificultades reales que encuentren en su vida cotidiana.
14. 438. Se dispone de información indicando que en este momento, los que han concluido sus contratos laborales han aceptado las medidas mencionadas anteriormente. Durante la gestión de todo este incidente no se ha producido ningún enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.
15. 439. El Gobierno añade que, de forma más general, China se encuentra en un proceso de transición de una economía planificada a una economía socialista de mercado. Con el fin de mejorar la gestión y la competitividad, es inevitable que las empresas estatales decidan llevar a cabo reestructuraciones económicas y despidan a una parte de sus trabajadores en plantilla. No cabe duda de que las reformas van por buen camino, y China avanza inquebrantable por la senda de la reestructuración y de la apertura al mundo exterior. Dado que China es el mayor país en desarrollo del mundo, con una inmensa población, sería difícil evitar que surja algún conflicto en el proceso de reestructuración económica. China posee la determinación y la capacidad de resolver esos problemas mediante intensas reformas y de lograr, a la vez, un buen nivel de desarrollo en los ámbitos económico y social.
16. 440. El Gobierno de China presta una atención muy especial a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores cesantes, los desempleados, los jubilados y de otros grupos sociales desfavorecidos, y a proporcionarles una asistencia adecuada. Desde 1998, el Gobierno de China ha adoptado un sistema original de «triple seguridad», que incluye un programa para asegurar las necesidades básicas de los trabajadores cesantes de empresas estatales, un programa de seguros de desempleo y un programa para asegurar un nivel de vida mínimo a la población urbana. Entretanto, se han adoptado medidas para garantizar el pago oportuno de la totalidad de los subsidios mínimos a los trabajadores cesantes de empresas estatales y de las pensiones a los jubilados.
17. 441. China ha hecho todo lo posible por reformar su sistema de seguridad social. Durante más de una década ha desplegado esfuerzos y ha establecido un sistema preliminar de seguridad social independiente de las empresas. Especialmente en los últimos años, se han mejorado los sistemas de pensiones y los seguros médicos, de desempleo, de accidentes laborales y de maternidad. Asimismo, se ha intensificado la recaudación de primas y se ha ampliado aún más la cobertura de la seguridad social. Mediante la labor llevada a cabo para establecer un sistema de seguridad social y para fomentar el empleo, China ha proporcionado una red de seguridad social básica para todo tipo de personas, protegiendo eficazmente el derecho de los ciudadanos a la vida y al desarrollo (que es el fundamento de los derechos humanos) y el derecho de los ciudadanos a un empleo (que es la base de un trabajo digno). Los resultados obtenidos y la experiencia de China son contribuciones importantes al trabajo relativo a los asuntos laborales internacionales y ha alcanzado asimismo un amplio reconocimiento en medios internacionales.
18. 442. El Gobierno afirma igualmente que siempre ha protegido y prestado atención a los derechos democráticos de todos los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de asociación. Existen disposiciones explícitas a este efecto en la Constitución, en el Derecho Laboral y en el Derecho Sindical. Como miembro responsable de la Organización Internacional del Trabajo, China reconoce y respeta todos los principios estipulados en la Constitución de la OIT, entre ellos el principio de libertad de asociación, y ha luchado incansablemente para la consecución de los mismos.
19. 443. No obstante, hay que poner de relieve que los incidentes que se han producido en 2002 en determinados lugares de China, como se menciona en el caso núm. 2189, son simplemente conflictos laborales producidos por reajustes de intereses durante la reducción de la plantilla de la empresa y en ningún caso tienen relación con la libertad de asociación. En la ciudad de Liaoyang, Yao Fuxin y sus tres cómplices sacaron partido de que ciertos trabajadores estuvieran haciendo un llamamiento a las autoridades y, en repetidas ocasiones, planearon actividades ilegales para alterar el orden público y poner en peligro la seguridad pública. Dicho comportamiento no tiene nada que ver con la libertad de asociación. Ningún gobierno responsable en un Estado de derecho hubiera permanecido pasivo. Las alegaciones de la CIOSL difieren de los hechos y constituyen un mal entendimiento y una mala interpretación de los mismos.
20. 444. El Gobierno concluye que los hechos considerados en este caso ya son bastante claros y que no es necesario que sean objeto de examen por parte del Comité de Libertad Sindical. Sin embargo, con el espíritu de fomentar la cooperación y de favorecer el entendimiento, el Gobierno expresa su voluntad de mantener el diálogo con el Comité.

C. Conclusiones del Comité

1. 445. El Comité observa que los alegatos en este caso se refieren al uso de medidas represivas, entre las que figuran amenazas, intimidación, intervenciones de las fuerzas de seguridad, agresiones físicas, detenciones, arrestos y otros malos tratos a los que han sido sometidos dirigentes, representantes electos y miembros de organizaciones independientes de trabajadores en la Fábrica de Aleaciones Ferrosas (FAF) de la provincia de Liaoning y de la Compañía de Petróleos de Daqing de la provincia de Heilongjiang, así como la violenta intervención policial en una manifestación de trabajadores en la Fábrica Textil de Guangyuan y la condena de defensores de los derechos de los trabajadores en la provincia de Sichuan. Por último, los querellantes alegan la detención, el arresto y los malos tratos de un militante laboral independiente en la provincia de Shanxi, al tratar de crear una federación para trabajadores jubilados.
2. Fábrica de Aleaciones Ferrosas (FAF) en Liaoyang, provincia de Liaoning
3. 446. El Comité toma nota con preocupación de los alegatos específicos relativos al arresto y detención de Yao Fuxin, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang y Wang Zhaoming, dirigentes y representantes de la organización independiente de trabajadores de la FAF, acusados de manifestarse ilegalmente, como consecuencia de una manifestación masiva en marzo de 2002 en apoyo de más de 10.000 trabajadores despedidos. Los arrestos que tuvieron lugar el 20 de marzo, de los tres últimos representantes estuvieron acompañados, según se dice, de una violenta y contundente intervención policial, que dio como resultado que muchos de los manifestantes sufrieran múltiples heridas. El querellante alega además que Gu Baoshu, representante de los trabajadores y Guo Suxiang, esposa del dirigente detenido Pang Qingxiang, fueron asimismo arrestados y mantenidos en detención durante un breve período de tiempo y que un trabajador no identificado de la Fábrica de Fibras de Liaoyang, que participaba en la acción de protesta, permanece detenido. Aparte de los alegatos de intervenciones policiales violentas durante la manifestación del 20 de marzo, cuya finalidad era la liberación de Yao Fuxin, se han presentado otros alegatos relativos a la violencia policial y palizas en manifestaciones que tuvieron lugar el 15 de mayo.
4. 447. El Comité toma nota también con profunda preocupación de los alegatos relativos al estado de salud muy preocupante en que se encuentra Yao Fuxin y a las sospechas de torturas y otros malos tratos en torno a su detención. En particular, el querellante alega que Yao Fuxin padece una apoplejía causada por un ataque cardíaco, a su vez causado por el trato brutal al que fue sometido en manos de la policía. Después de un breve período de hospitalización en marzo, Yao Fuxin fue reconducido al centro de detención de Tielin donde, a pesar del empeoramiento constante de su salud, supuestamente se le ha privado de tratamiento médico y se le ha denegado el retorno al hospital o una liberación condicional bajo supervisión médica.
5. 448. El querellante ha presentado alegatos de malos tratos y palizas respecto de la breve detención de Gu Baoshu. El querellante alega además que la policía rechazó una solicitud del abogado de Xiao Yunliang para visitar a éste último, afirmando que Xiao había rechazado los servicios de un abogado. Finalmente, el Comité toma nota del alegato según el cual Wang Dawei desapareció después de haber intervenido en la lucha de la FAF.
6. 449. Por lo que respecta a las manifestaciones en el Grupo de Ferroaleación, provocadas como consecuencia de la quiebra de la fábrica, el Gobierno señala que se organizó inmediatamente un grupo de investigación para esclarecer las quejas presentadas por los trabajadores relativas a la corrupción en la empresa y a las indemnizaciones económicas por salarios y seguridad social. Además, el Comité toma nota del informe del Gobierno relativo a las medidas adoptadas para sancionar a las personas corruptas, movilizar fondos que garanticen las necesidades vitales básicas de los trabajadores y para contribuir a la reincorporación en el empleo de los trabajadores cesantes.
7. 450. De forma más general, el Comité toma nota de varias explicaciones facilitadas por el Gobierno en relación con las consecuencias del proceso de transición de una economía planificada a una economía socialista de mercado y de las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno para resolver los problemas consiguientes y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Si bien el Gobierno afirma que siempre ha protegido y prestado atención a los derechos democráticos de todos los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de asociación, añade asimismo que los incidentes objeto de la presente queja son simplemente conflictos laborales producidos por el reajuste de intereses durante la reducción de la plantilla de la empresa y en ningún caso tienen relación con la libertad de asociación.
8. 451. El Gobierno vincula el presente contexto general con el caso específico de los trabajadores de la FAF, afirmando que Yao Fuxin, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang y Wang Zhaoming sacaron partido de que ciertos trabajadores estuvieran haciendo un llamamiento a las autoridades y, en repetidas ocasiones, planearon actividades de terrorismo y sabotaje, amenazando seriamente la seguridad pública, perturbando el orden público y causando daños a bienes de dominio público. El Gobierno afirma que fueron citados a comparecer en juicio de conformidad con la ley bajo la acusación de organizar reuniones, marchas y manifestaciones ilegales y que los responsables de la seguridad pública aplicaron medidas contundentes. El Gobierno concluye que las alegaciones de la CIOSL difieren de los hechos y constituyen una mala interpretación de los mismos.
9. 452. Al tiempo que toma debida nota de las explicaciones del Gobierno en relación con las medidas adoptadas para responder a las peticiones de los trabajadores, y a fin de garantizar las necesidades vitales básicas, el Comité observa con pesar que se haya facilitado muy poca información del único asunto en instancia ante el Comité sobre el que éste tiene competencia, que es la cuestión de garantizar el respeto de los principios fundamentales de la libertad de asociación. Esta escasez de información resulta todavía más lamentable habida cuenta de la información detallada facilitada por los querellantes en lo referente a la función y actividades de los cuatro representantes de los trabajadores de la FAF. Si bien se ha tomado nota de la indicación general del Gobierno de que los representantes de los trabajadores supuestamente planearon actividades ilegales para perturbar el orden público y poner en peligro la seguridad pública, el Comité observa que el Gobierno no facilita detalles en lo que respecta al carácter ilícito de sus actividades, pero admite que el contexto en su totalidad era de conflictividad laboral. A la luz de las informaciones suministradas por el Gobierno, el Comité pide al Gobierno que retire los cargos relativos a terrorismo, sabotaje y subversión.
10. 453. En esas circunstancias, el Comité debe recordar que la detención de los dirigentes o miembros sindicales por motivos relacionados con sus actividades en defensa de los intereses de los trabajadores constituye una seria interferencia con las libertades públicas en general y con los derechos sindicales en particular [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafo. 71]. Además, al tomar nota de que el Gobierno no ha facilitado más información en respuesta a los alegatos específicos de la violenta intervención policial en las manifestaciones de trabajadores que la de afirmar que los funcionarios de la seguridad pública habían aplicado medidas contundentes contra los supuestos infractores, el Comité recuerda que los trabajadores deben disfrutar del derecho de manifestación pacífica en defensa de sus intereses laborales. Las autoridades deben recurrir al uso de la fuerza únicamente en situaciones en que la ley y el orden estén seriamente amenazados. La intervención de las fuerzas de la ley y el orden debe ser debidamente proporcional al peligro que se cierne sobre la ley y el orden, y que las autoridades pretenden controlar, y los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que las autoridades competentes reciban las instrucciones adecuadas a fin de eliminar el peligro que comporta el uso de una violencia excesiva al controlar manifestaciones que podrían derivar en una alteración de la paz [véase Recopilación, op. cit., párrafo 132].
11. 454. A la vista de lo anteriormente mencionado, el Comité pide al Gobierno que promueva una investigación imparcial e independiente de los alegatos de intervención policial violenta en las manifestaciones relacionadas con el conflicto de los trabajadores en la FAF de Liaoyang el 20 de marzo y el 15 de mayo de 2002. Se pide al Gobierno que facilite información detallada al Comité del resultado de la investigación y que indique las medidas adoptadas para indemnizar a los trabajadores que hayan resultado heridos. El Comité solicita además al Gobierno que promueva una investigación independiente de los alegatos relativos al grave estado de salud de Yao Fuxin y las sospechas de tortura y malos tratos en torno a su detención. Se pide al Gobierno que informe al Comité del resultado de la investigación y de toda medida adoptada en caso de que se compruebe que Yao Fuxin ha sido maltratado durante su detención, incluidas las medidas adoptadas para garantizar que reciba el tratamiento médico necesario.
12. 455. En lo referente a la breve detención de Gu Baoshu, representante de los trabajadores, y Gou Suxiang, esposa del dirigente arrestado Pang Qingxiang, el Comité recuerda que, aunque sólo sea breve, el arresto de dirigentes sindicales y de sindicalistas en el ejercicio legítimo de actividades sindicales constituye una violación de los principios de la libertad de asociación [véase Recopilación, op. cit., párrafo 70]. Además, tomando nota de los alegatos según los que Gu Baoshu fue golpeado durante su breve detención, el Comité pide al Gobierno que promueva una investigación independiente de estos alegatos y que informe al Comité del resultado y de toda medida adoptada en caso de que se compruebe que Gu Baoshu fue maltratado durante su detención. Finalmente, el Comité pide al Gobierno que facilite toda información de que disponga respecto al paradero de Wang Dawei.
13. 456. En lo referente al arresto y detención de Yao Fuxin, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang y Wang Zhaoming, en vista de la respuesta poco satisfactoria del Gobierno en lo relativo a la naturaleza exacta de las actividades que tuvieron como resultado la alteración del orden público y el riesgo para la seguridad pública, y el hecho de que la acusación inicial de manifestación ilegal se transformara en subversión nueve meses después del incidente y dos semanas antes del juicio (delito que, según se informa, puede acarrear una pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte), el Comité pide al Gobierno que facilite información específica y detallada de las acusaciones presentadas contra los cuatro representantes de los trabajadores. Entretanto, el Comité recuerda que, teniendo en cuenta el carácter general de las acusaciones, considera que la condena de los sindicalistas a prolongados períodos de prisión, con frecuencia por motivos de alteración del orden público, podría entrañar una represión de actividades de índole sindical [véase Recopilación, op. cit., párrafo 64]. Considerando lo anterior, el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para la liberación inmediata de todos los representantes de los trabajadores de la FAF aún detenidos y para garantizar que las acusaciones presentadas contra ellos sean retiradas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas adoptadas al respecto.
14. 457. En lo referente a los alegatos relativos a la privación del derecho de visita del abogado de Xiao Yunliang a su defendido, el Comité recuerda que los sindicalistas detenidos, como cualquier otra persona, deben beneficiarse de un procedimiento judicial regular y tener derecho a un juicio con las debidas garantías procesales, en particular, el derecho a ser informados de las acusaciones presentadas contra ellos, el derecho a disponer del tiempo y medios necesarios para preparar su defensa y de comunicarse libremente con el asesor que se elija y el derecho a un juicio sin dilación ante una autoridad jurisdiccional imparcial e independiente [véase Recopilación, op. cit., párrafo 102]. El Comité pide al Gobierno que se asegure a todos los representantes de los trabajadores mencionados en esta queja las debidas garantías procesales.
15. Oficina de Administración de Petróleos de Petrochina (PAB), sede, Daqing (provincia de Heilongjiang)
16. 458. El Comité toma nota de los alegatos relativos a la intimidación y amenazas por parte de 1.000 policías y fuerzas paramilitares a trabajadores durante una sentada en la sede de la PAB de Petrochina en marzo de 2002. De conformidad con el querellante, los trabajadores que fueron arrestados en la manifestación permanecieron detenidos hasta dos semanas y fueron liberados con la condición de no volver a participar en las manifestaciones. El Comité toma nota con particular preocupación de los alegatos según los que varios representantes del Comité Unificado Provisional de los Trabajadores Despedidos del PAB, de carácter independiente, y otros 60 trabajadores implicados en acciones de protesta en la ciudad de Daqing fueron, según se informa, detenidos el 11 de marzo y se encuentran todavía en paradero desconocido. El querellante alega asimismo el arresto y la detención de una señora no identificada de 50 años y de un trabajador jubilado, Li Yan, cuyo paradero se desconoce.
17. 459. El Comité toma nota de la información básica relativa al conflicto en los yacimientos petrolíferos de Daqing facilitada por el Gobierno, y de su explicación según la cual los trabajadores cambiaron de opinión respecto de una indemnización proporcionada durante un proceso de reestructuración de la empresa, y pidieron su reintegración en el empleo. De conformidad con lo expuesto por el Gobierno, en marzo de 2002 estos trabajadores interrumpieron el tráfico ferroviario, iniciaron un asalto al edificio de oficinas de la PAB y destrozaron automóviles. Si bien el Gobierno indica que, a fin de mantener el orden adecuado y de prevenir un empeoramiento de la situación se envió a la policía para que cumpliera su obligación, añadió que no se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Posteriormente, se estableció un grupo de investigación tripartito formado, según el Gobierno, por representantes de los ministerios y comisiones interesados, sindicatos y empresas, y se propusieron varias medidas relativas a la seguridad social y a las condiciones para el reintegro en el empleo. El Gobierno añade que existe información que indica que los que han concluido sus contratos laborales han aceptado esas medidas.
18. 460. Al tiempo que toma nota del empeño del Gobierno para resolver este conflicto mediante un grupo de investigación tripartito, el Comité lamenta observar que, a excepción de una declaración general que señala que no hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, el Gobierno no ha respondido a los alegatos relativos a la detención el 11 de marzo de varios representantes del Comité Unificado Provisional de los Trabajadores Despedidos del PAB, de carácter independiente, y de otros 60 trabajadores implicados en las acciones de protesta en la ciudad de Daqing, así como de una mujer no identificada de 50 años y de un trabajador jubilado, Li Yan, que se encuentran todavía, según el querellante, en paradero desconocido. Al recordar que la detención de dirigentes o miembros sindicales por motivos relacionados con sus actividades en defensa de los intereses de los trabajadores constituye una seria interferencia con las libertades públicas en general y con los derechos sindicales en particular [véase Recopilación, op. cit., párrafo 71], el Comité pide al Gobierno que responda específicamente a estos alegatos y que facilite toda la información de que disponga en relación con los arrestos que hayan podido producirse en conexión con las protestas de Daqing, si hay todavía personas detenidas y cualquier acusación que haya podido presentarse contra ellas.
19. Intervención policial en una huelga en la Fábrica
20. Textil de Guangyuan, condena de los defensores
21. de los trabajadores en la provincia de Sicuani
22. y la detención de un militante laboral independiente
23. en la provincia de Shanxi
24. 461. En la provincia de Sicuani, los alegatos se refieren a la intervención policial en una huelga en la Fábrica Textil de Guangyuan, también en marzo de 2002, donde varios huelguistas fueron golpeados por la policía en la línea de piquetes situados en el exterior de la fábrica y cerca de una docena de ellos fueron detenidos. Los querellantes alegan también que dos militantes de la oposición democrática, Hu Mingjun y Wang Sen (y, posiblemente, un tercer militante mencionado en informes precedentes, Zheng Yongliang) han sido condenados a severas penas de prisión por actuar en nombre de los organizadores.
25. 462. El Comité toma nota de que, de conformidad con el Gobierno, los trabajadores de la Fábrica Textil de Guangyuan, no satisfechos con la indemnización que habían recibido cuando la fábrica textil quebró, se reunieron reiteradamente en el interior y alrededores de la fábrica, bloqueando las principales carreteras de la ciudad y perturbando el orden social normal en Guangyuan. De conformidad con el Gobierno, la cuestión de las indemnizaciones se resolvió con la mediación de un grupo de investigación tripartito.
26. 463. Al tiempo que toma nota de la indicación general del Gobierno según la cual los trabajadores habían perturbado el orden social normal de la ciudad, el Comité debe recordar la importancia que tiene el principio mencionado supra, de que la intervención de las fuerzas de la ley y el orden debe ser debidamente proporcional al peligro que se cierne sobre la ley y el orden, y que las autoridades pretenden controlar. Los Gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que las autoridades competentes reciban las instrucciones adecuadas a fin de eliminar el peligro que comporta el uso de una violencia excesiva al tratar de controlar manifestaciones que podrían derivar en una alteración de la paz. En vista de los numerosos alegatos que constan en la presente queja relativos al uso excesivo de la fuerza por la policía en varios conflictos que se han producido en diferentes lugares del país, el Comité pide al Gobierno que considere la preparación de instrucciones pertinentes para las fuerzas de la ley y el orden con el fin de eliminar el peligro que entraña recurrir al uso excesivo de la violencia al controlar las manifestaciones.
27. 464. Finalmente, el Comité observa que el Gobierno no ha respondido a los alegatos relativos a dos militantes de la oposición democrática, Hu Mingjun y Wang Sen (y, posiblemente, Zheng Yongliang) que, según se informa han sido condenados a severas penas de prisión por actuar en nombre de los organizadores, ni a los alegatos según los que un militante laboral independiente, Di Tiangui, antiguo funcionario de la Fábrica de Maquinaria Dazhong, fue detenido el 1.° de junio de 2002 en la provincia de Sahnxi por tratar de crear una federación para trabajadores jubilados y acusado de incitar a la subversión del poder estatal. El Comité pide al Gobierno que facilite información detallada al respecto y, en particular, en cuanto a la preocupación suscitada en torno a la salud de Di Tiangui y a los alegatos de malos tratos.
28. * * *
29. 465. De modo más general, y teniendo debidamente en cuenta el contexto de transición descrito por el Gobierno y su determinación para lograr simultáneamente un desarrollo en los ámbitos económico y social, el Comité considera que es precisamente en ese contexto donde se logra la única solución duradera al supuestamente creciente conflicto social que vive el país, mediante el pleno respeto al derecho de los trabajadores a crear las organizaciones que ellos mismos elijan, garantizando en especial la posibilidad efectiva de configurar organizaciones independientes tanto de las ya existentes como de las de cualquier partido político, en un clima de total seguridad [véase Recopilación, op. cit., párrafo 273]. Si bien se toma nota de la declaración del Gobierno según la que la libertad de asociación está garantizada en virtud de disposiciones explícitas de su Constitución, del Derecho Laboral y del Derecho Sindical, el Comité debe remitirse a sus conclusiones precedentes relativas a ciertos obstáculos legislativos importantes que se oponen a una garantía plena de la libertad de asociación. En particular, en el examen del caso núm. 2031 [véase 321.er informe, párrafo 165], el Comité recordó que durante su examen de dos quejas previas presentadas contra el Gobierno de China [véase 286.º informe (caso núm. 1652) y 310.º informe (caso núm. 1930)], el Comité había llegado a la conclusión de que las obligaciones establecidas en los artículos 5, 8 y 9 de la ley sobre los sindicatos impedían el establecimiento de organizaciones sindicales independientes de los poderes públicos y del partido dirigente que pudieran dedicarse realmente a defender y promover los intereses de sus mandantes y no a reforzar el sistema político y económico del país. El Comité había tomado nota asimismo de que los artículos 4, 11 y 13 establecían de hecho un monopolio sindical y que la disposición con arreglo a la cual las organizaciones de base habían de ser controladas por organizaciones sindicales superiores y sus constituciones aprobadas por el Congreso Nacional de Representantes Sindicales constituían obstáculos importantes para que los sindicatos pudieran ejercer su derecho de elaborar sus estatutos, organizar sus actividades y formular sus programas de acción. Posteriormente, el Comité había concluido que numerosas disposiciones de la ley sobre los sindicatos eran contrarias a los principios fundamentales de la libertad sindical y había invitado al Gobierno a que tomara las medidas necesarias para garantizar que se modificaran las disposiciones mencionadas.
30. 466. Por último, el Comité cree firmemente que el desarrollo de organizaciones libres e independientes y la negociación con todos los implicados en el diálogo social es indispensable para permitir a un gobierno abordar sus problemas sociales y económicos y resolverlos procurando el mayor beneficio de los trabajadores y de la nación. Ciertamente, un desarrollo económico y social equilibrado exige la existencia de organizaciones sólidas e independientes, que puedan participar en el proceso de desarrollo [véase Recopilación, op. cit., párrafos 24 y 25]. En este contexto, el Comité pide al Gobierno una vez más que examine la posibilidad de que una misión de contactos directos visite el país a efectos de promover la plena aplicación de la libertad sindical. El Comité expresa la esperanza de que el Gobierno responderá positivamente a esta sugerencia, que ha sido hecha con espíritu constructivo y con finalidad de asistir al Gobierno en la búsqueda de soluciones apropiadas a los problemas existentes.