Informe definitivo - Informe núm. 259, Noviembre 1988

Caso núm. 1403 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAR-87 - Cerrado

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INTRODUCTION
A. Alegatos de los querellantes
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Z. ANEXO I

44. En su reunión de febrero de 1988, el Comité examinó un
- aspecto de este
- caso relativo al ejercicio del derecho de huelga y a la imposición
- de
- servicios mínimos en varias empresas y presentó un informe
- provisional al
- Consejo de Administración (véase 254.o informe, párrafos 428 a
449, aprobado
- por el Consejo de Administración en su 239.a reunión
- (febrero-marzo de 1988)).
45. Los alegatos que quedan por examinar se hallan
- contenidos en
- comunicaciones del Sindicato Nacional de la Vestimenta y
- Ramas Afines
  - (SUA-VESTIMENTA) de 25 de marzo, 21 de abril, 3 de agosto y
- 2 y 9 de
- septiembre de 1987 y en una comunicación del Plenario
- Intersindical de
- Trabajadores - Convención Nacional del Trabajo (PIT-CNT), de
14 de mayo de
1987. La Federación Sindical Mundial, por comunicación de 9
- de septiembre de
1987, y el PIT-CNT apoyaron la queja de SUA-VESTIMENTA.
- El Gobierno respondió
- por comunicaciones de 8 de octubre de 1987 y 5 de junio y 10
- de octubre de
1988.
46. Uruguay ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical
- y la
- protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así
- como el Convenio
- sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98).

A. Alegatos de los querellantes

47. El Sindicato Unico Nacional de la Vestimenta y Ramas
Afines
(SUA-VESTIMENTA) presenta una serie de alegatos de
violaciones de la libertad
sindical por parte de la Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV)
durante un
largo conflicto colectivo que viene agudizándose desde 1986.
Aunque reconoce
el carácter democrático del Gobierno y señala que se puede
decir que se
reconocen las libertades civiles y políticas y por vía de
consecuencia se
respetan los principios de la libertad sindical,
SUA-VESTIMENTA señala que las
autoridades competentes no han tomado medidas efectivas
para evitar en la
forma prevista en los artículos 3 y 5 del Convenio núm. 98, las
gravísimas
violaciones a los derechos sindicales que se han producido.
Ante la
intransigencia y actitud antisindical de la patronal en las
negociaciones en
los consejos de salarios de junio de 1986 (a travís de las cuales
se fijan los
salarios mínimos), el Poder Ejecutivo se apresuró a decretar un
17 por ciento
de aumento salarial con el voto afirmativo de la delegación
patronal, decreto
íste que rechazó SUA-VESTIMENTA en base al porcentaje de
aumento y al no
respeto de la exigencia legal (artículo 9 de la ley núm. 10449)
de que se
fijen los salarios por categorías de trabajadores de manera que
puedan ser
remunerados de acuerdo con la función más o menos
especializada que cumplan.
Asimismo, la utilización del trabajo a domicilio y el empleo de
pequeños
talleres de confección permiten un nivel de superexplotación, al
que se añade
la práctica patronal de enviar al personal sindicalizado al seguro
de
desempleo o de despedirlo argumentando falta de trabajo
cuando éste se realiza
en los mencionados talleres. Para presionar a la CIV a que
respetara la
legislación, se realizaron paros activos dentro de los lugares de
trabajo y
por el período de la jornada de labor. La respuesta de la CIV
fue:
- la existencia de listas negras que imposibilitan a dirigentes y
militantes
sindicales a conseguir ocupación estable. Este es el caso de
Ramón Cáceres,
secretario general de SUA-VESTIMENTA, de Harlem Olivera,
secretario general
adjunto, del dirigente Hugo Bergalta (difamado por la patronal de
actitudes
discriminatorias por razones de raza) y del 50 por ciento de la
dirección
sindical (la organización querellante envía en anexo una
relación de personas
que figuran en listas negras);
- el despido o el envío al seguro de paro durante el conflicto
de julio de
1986 o como consecuencia de él, de más de la mitad de los 60
integrantes de la
dirección nacional de SUA-VESTIMENTA. Cientos de
trabajadores fueron además
suspendidos y 46 despedidos por haber participado activamente
en las medidas
sindicales, so pretexto de supuestas faltas disciplinarias
cometidas durante
los paros (SUA-VESTIMENTA adjunta la lista de despedidos);
- la presencia de personal policial uniformado dentro de más de
diez
fábricas; cuando los escribanos públicos contratados por la
patronal
interrogaban a los trabajadores para conocer si se iban a adherir
al paro, se
les impedía la entrada si contestaban afirmativamente;
- el encierro en más de seis empresas del personal que
ocupaba pacíficamente
las fábricas, sin que las autoridades públicas tomasen ningún
tipo de medidas;
- la utilización de la contratación a término como forma de
discriminación
antisindical y de impedir la afiliación al sindicato;
- el uso indebido del seguro de desempleo como forma de
desvincular a los
trabajadores afiliados, contratándose después a otros
trabajadores o dando
trabajo a talleres pequeños, a menudo clandestinos;
- la investigación previa de los trabajadores que aspiran a
ingresar en las
empresas de la vestimenta a travís de agencias o empresas que
se encargan de
interrogar a próximos de los interesados sobre si suelen
participar en paros,
cuáles son sus ideas políticas, etc. Esto ocurre en varias
empresas del ramo
y concretamente en Milton S.A. y OROLON S.A.;
- la existencia de convenios colectivos entre empresas y
trabajadores a
espaldas de la organización sindical (en la empresa Milton S.A.
se concertó un
convenio colectivo por el que se otorgan mayores beneficios
salariales a los
obreros a condición de que no participen en la negociación
central llevada a
cabo por el sindicato). A continuación SUA-VESTIMENTA
ilustra estos alegatos
con hechos de carácter antisindical que se han producido en
las empresas
Milton, CIMPEX, EVERFIT, EL MAGO, RELOS, RODOY,
ROMINA, SIDEX, CUBACAN, MOISES
FELD, PAUL SHARK, FARGO, BERNALESA, RINSY, DYMAC,
PRAKER, DAKAR, MANTEL.
48. En su comunicación de 14 de mayo de 1987, el Plenario
Intersindical de
Trabajadores - Convención Nacional del Trabajo (PIT-CNT),
después de señalar
que con la vuelta al régimen democrático se han reconocido las
organizaciones
sindicales y éstas funcionan debidamente gravitando en la vida
del país, alega
que no se han creado "organismos adecuados a las
condiciones nacionales para
garantizar el respeto al derecho de sindicación" (artículo 3 del
Convenio núm.
98); en Uruguay puede lograrse a travís del despido el
apartamiento de los
lugares de trabajo de los militantes sindicales, ya que basta con
que el
empleador despida "sin expresión de causa" y abone las
indemnizaciones
correspondientes para que el acto no pueda ser objetado. Esta
situación,
conocida por el Ministerio de Trabajo, y de la que hace caso
omiso, está
dando lugar a notorios y crecientes actos de persecución
antisindical. El
decreto 93/68, de 3 de febrero de 1968, que reglamenta,
prohíbe y sanciona la
discriminación antisindical, lo hace de manera puramente formal
ya que
establece multas de muy baja cuantía (pueden llegar a 25 ó 50
jornales) y la
iniciativa de la sanción es privativa del poder administrador. No
se trata
pues de un organismo "adecuado" en el sentido del Convenio
núm. 98, sino que
facilita la discriminación. Se ha aprobado en la Cámara de
Diputados un
proyecto de ley sobre la materia que no colma las aspiraciones
del movimiento
sindical por suponer una excesiva injerencia en la vida interna
de las
organizaciones sindicales al imponer sistemas de votación en
materia de
elección de dirigentes sindicales. A parte de en la industria de la
vestimenta, se viola el fuero sindical en la industria del cuero; el
PIT-CNT
alega los siguientes hechos:
- despidos de varias decenas de obreros en su mayoría
delegados de comités
de empresa y varios integrantes de la mesa directiva del
sindicato. Se han
denunciado tales hechos al Ministerio de Trabajo sin que se
lograra ninguna
solución, ni se paralizara la represión patronal. En la empresa
AZADIAN, se
despidió a un militante sindical por haber concurrido al Ministerio
de Trabajo
y Seguridad Social a efectos de formalizar una denuncia de
represión sindical
por parte de la patronal. En las empresas EXXON y SAN LUIS
se han despedido
obreras por haber exigido el cumplimiento de normas
específicas dictadas por
la autoridad competente para esta rama de la industria. En los
hechos, tanto
en la industria del cuero como en la industria de la vestimenta, la
actividad
sindical se ha convertido en una actividad secreta o
clandestina, porque el
simple conocimiento por parte de las empresas significa el
despido inmediato u
otro tipo de actos discriminatorios;
- en diversas empresas, se exige la firma de un formulario
donde el
trabajador declara no haber estado afiliado al Sindicato de la
Industria del
Cuero, y que no lo estará en el futuro. Dichos documentos
condicionan el
ingreso del trabajador a la empresa;
- utilización indebida y abusiva del seguro de desempleo. En
este sentido,
en empresas como OROCUER, argumentando falta de trabajo,
se envió a todos los
integrantes del comité de empresa al seguro de paro, al mismo
tiempo que se
estaba sacando trabajo para talleres pequeños. La finalidad del
envío al
seguro de paro de determinados trabajadores, todos ellos
dirigentes del comité
de empresa, es agredir a la organización sindical e imposibilitar
el contacto
del militante con los obreros de la fábrica. Asimismo, en la
empresa MILENI,
se envió a todo el personal al seguro de paro, y luego se ofreció
a ese mismo
personal trabajo en otra empresa, desconociéndose
condiciones más beneficiosas
conquistadas en la empresa que los había enviado al seguro de
paro. En este
caso, la reincorporación de todo el personal a otra empresa fue
con expresa
exclusión de todo el comité de empresa, que permaneció en el
seguro, a la
espera de la notificación del despido.
49. En una comunicación del 28 de julio de 1987, apoyada por
la Federación
Sindical Mundial, SUA-VESTIMENTA alega que en el marco del
consejo de salarios
del mes de junio de 1987, la patronal continuó negándose a que
se aplicasen
tarifas salariales diferentes en base a categorías salariales a
pesar de que
el Poder Ejecutivo adoptó, en principio, una actitud positiva
aceptando la
propuesta obrera de establecer una precategorización tomando
como base un
laudo de 1968 para actualizarlo (se habla de precategorización
en particular
porque se toman salarios mínimos). La propuesta del sindicato
estaba incluida
dentro de una "agenda abierta" que incluía elevar al 100 por
ciento el salario
vacacional, un complemento del aguinaldo del cien por ciento,
el reintegro de
los despedidos y destituidos del gremio y la creación de
guarderías
infantiles. La patronal rechazó la propuesta obrera e intentó
arrebatar
algunas conquistas como el 75 por ciento de salario vacacional
y el aguinaldo
entero. Después de dos meses de negociación, el Poder
Ejecutivo informó de su
disposición a votar con SUA-VESTIMENTA un porcentaje de
aumento salarial
superior al ofrecido por la patronal; el voto del Poder Ejecutivo
se refiere
sólo al porcentaje salarial y a la precategorización, pero dejando
fuera el
salario vacacional, el aguinaldo y demás reivindicaciones.
SUA-VESTIMENTA
resolvió no rechazar el porcentaje propuesto por el Poder
Ejecutivo (17 y 18
por ciento) pero declarándolo insuficiente. La CIV votó en
contra del aumento
salarial en cuestión. Asimismo, SUA-VESTIMENTA se refiere a
una serie de actos
de discriminación antisindical (listas negras, despidos por parte
de las
empresas EVERFIT, DIRPLAIN (DALLAS), DEGANIA, ANTEX,
EL MAGO) .
B. Respuesta del Gobierno
50. En su comunicación de 8 de octubre de 1987, el Gobierno
expresa su
coincidencia básica con las organizaciones querellantes en
punto a destacar,
por encima de todo, el reconocimiento de que "con la vuelta al
régimen
democrático, se han reconocido las organizaciones sindicales y
éstas funcionan
debidamente gravitando en la vida del país" y que "se
reconocen las libertades
civiles, políticas y que por vía de consecuencia, se respetan las
libertades
que emanan de la libertad sindical".
51. Del detenido examen de los alegatos de los querellantes
resulta que la
queja estaría en definitiva motivada por hechos que se imputan
exclusivamente
a empleadores de los sectores de la vestimenta y el cuero en
tanto que sujetos
activos, siendo el Gobierno por completo ajeno en lo que a su
comisión
refiere.
52. Siendo que las organizaciones venidas en queja formulan
en tal sentido
un cargo genérico por la omisión de dar cumplimiento a los
artículos 3 y 5 d
Convenio núm. 98, debe reseñarse lo actuado para el pleno
restablecimiento de
los derechos sindicales. Tal como lo establecen los
querellantes, el Uruguay
ha tenido una prestigiosa tradición en materia de respeto y
promoción de la
libertad sindical. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que
esa tradición
se desarrolló al amparo de una normativa mínima, constituida
tan solo por el
artículo 57 de la Constitución que data de 1934 y de los
Convenios
internacionales del trabajo núms. 87 y 98, ratificados por ley
núm. 12030 de
27 de noviembre de 1953, los que por imperio de la concepción
monista, no sólo
mayoritaria sino unánime en doctrina y jurisprudencia, integran
de por sí el
orden jurídico interno a título de preceptos aplicables
directamente. En
efecto, como bien lo ha destacado en más de una oportunidad
la misma OIT,
Uruguay constituyó y constituye aún hoy, un caso único en la
región de
abstencionismo normativo estatal. Esa política abstencionista,
defendida y
reivindicada por la más prestigiosa doctrina nacional, halla su
razón de ser
en la resistencia sindical frente a toda norma estatal,
fundamentada en los
orígenes ideológicos del movimiento y amparada por el
temprano desarrollo de
una sociedad moderna que capitalizó épocas de prosperidad y
bienestar, a cuyo
abrigo construyó un sistema de relaciones laborales respetuoso
de los derechos
sindicales. En ese marco, la única medida estatal de alcance
general para
garantizar el libre ejercicio de esos derechos sindicales lo fue el
decreto
núm. 93/968 de 3 de febrero de 1968 por el que para facilitar la
aplicación de
las normas internacionales vigentes y las sanciones
establecidas por la ley
nacional, se les reglamentó en conjunto, prohibiéndose a texto
expreso las
prácticas antisindicales. Ese sistema cuasi-abstencionista que
en lo que hace
a la vigencia de los Convenios núms. 87 y 98, rigió durante casi
20 años
(noviembre de 1953 a junio de 1973), no mereció mayores
observaciones de los
órganos de control de la OIT.
53. El Gobierno añade que, recién instalado el Gobierno
democrático, por ley
núm. 15738 de 13 de marzo de 1985 innovando en la práctica
nacional se
"anularon", no ya derogaron, las llamadas "leyes" 15137
(asociaciones
profesionales), 15328 y 15385 (convenios colectivos), 15530
(huelga), 15587
(fuero sindical) y la llamada "ley fundamental" núm. 3 (huelga de
los
funcionarios públicos), que habían sido puestas en vigencia por
el régimen de
facto (1973-1985). Esto supuso que renaciera el régimen
jurídico vigente con
anterioridad a 1973 en materia de derechos sindicales, basado
exclusivamente
en el texto constitucional (artículo 57) y en los Convenios
internacionales
del trabajo núms. 87 y 98, reglamentados por el decreto núm.
93/968. En su
virtud, rige a la fecha en el Uruguay un régimen sindical
caracterizado por el
abstencionismo estatal y la autonomía colectiva, principios
sistemáticamente
defendidos por el movimiento sindical y la más caracterizada
doctrina
laboralista, radicalmente contrarios a la normativa estatal en la
materia. En
el marco de ese régimen, los sindicatos se constituyen
autónomamente sin
ninguna clase de intervención estatal, reconociéndoseles
personería de facto
consistente en que, por el solo hecho de existir y sin necesidad
de registro
obligatorio, están legitimados para desarrollar todo tipo de
actividad gremial
y sindical. Rige asimismo plenamente la libertad sindical en las
dimensiones
recogidas en el Convenio núm. 87, en particular en sus
aspectos de libertad
sindical positiva y negativa libertad de constitución de
sindicatos, autonomía
interna, libertad de afiliación internacional y facultad de
autodisolución,
tanto para la actividad privada como para los funcionarios
públicos.
54. No obstante, es un hecho evidente, tal como lo ha
señalado la propia OIT
que si bien la abstención legislativa ha sido particularmente
favorable a la
libre acción sindical, entraña de por sí una carencia en lo que
hace a la
falta de normas que establezcan expresamente mecanismos
adecuados y efectivos
de protección especial de los dirigentes y militantes sindicales
contra el
despido y otros actos de disriminación sindical. Esa carencia de
normas que
establezcan expresamente procedimientos efectivos de
protección, que si
señalada con anterioridad al quiebre institucional lo fue
sustancialmente a
título de riesgo, devino a la hora del restablecimiento de las
libertades
sindicales un peligro que aun cuando en definitiva no
generalizado, constituyó
preocupación del Gobierno.
55. Ello, por cuanto, luego de 12 años de paralización sindical,
era dable
presumir que la reconstrucción de las organizaciones de
trabajadores pudiera
ser resistida por parte de algunos empleadores para lo que
constituía una
práctica cuasi-desconocida, fundamentalmente en los sectores
de actividad de
más reciente desarrollo. Sobremanera, cuando la inexperiencia
en la materia
coincidía en muchos casos con las de una nueva generación
de dirigentes que
había asomado a la acción sindical en circunstancias anómalas
de resistencia y
enfrentamiento clandestino al régimen imperante. Consciente de
ese riesgo
desde un primer momento, el Gobierno consideró que en lo
inmediato, ante la
tradicional insuficiencia del derecho positivo interno, cabía a los
tribunales
de justicia un rol fundamental, de competencia privativa en un
régimen de
estado de derecho como el que rige en Uruguay, para cuyo
cumplimiento estaban
dados los presupuestos básicos. En efecto, la carencia de
normas expresas no
ha impedido la franca evolución de la jurisprudencia nacional en
su función
tuitiva de las libertades y derechos fundamentales,
introduciendo al amparo
del artículo 332 de la Constitución institutos que entrañan
medios de
protección adecuados contra los actos de discriminación
sindical, en la
medida, claro está, que resulten probados. En ese sentido
revisten particular
significación la admisión jurisprudencial de la acción de amparo,
los
mandamientos judiciales de no innovar y, fundamentalmente, los
fallos que han
impuesto la reinstalación del trabajador estableciendo sanciones
conminativas
para el caso de no darse cumplimiento a esa disposición. En
tanto la misma
Suprema Corte de Justicia participa de la concepción monista
que preconiza la
incorporación ipso jure al orden jurídico interno de las normas
autosuficientes contenidas en los Convenios internacionales del
trabajo a
partir de su ratificación y siendo que por el decreto núm. 93/968
se
formularon expresamente preceptos prohibitivos de los actos de
discriminación
sindical perseguidos por el Convenio internacional del trabajo
núm. 98 debe
concluirse que están dados los presupuestos para que en vía
jurisdiccional se
hagan efectivas, cuando menos, las medidas de protección
enumeradas en los
apartados c), d) y e) de la Recomendación núm. 143.
56. Sin perjuicio de ello, prosigue el Gobierno, no puede dejar
de
subrayarse que la tradición autonomista del movimiento sindical
uruguayo, en
el que como consecuencia de su autodefinición clasista,
predomina un cierto
grado de desconfianza hacia el Estado, le ha llevado
consuetudinariamente a
prescindir mayormente de la concurrencia ante los tribunales,
aun frente a
conflictos de derecho, prefiriéndose las más de las veces,
recurrir a la
huelga. Sabedor también que la lentitud habitual de la justicia
operaba en
favor de la reticencia de los trabajadores, en especial a nivel
sindical, para
recurrir a esa vía de solución ya con fecha 28 de marzo de
1985 el Poder
Ejecutivo sometió a consideración del Parlamento un proyecto
de ley que
procura, mediante la instauración de un proceso oral y
abreviado en materia
laboral, facilitar la defensa del trabajador, a cuyos efectos preví
la
asistencia sindical en juicio.
57. El Gobierno indica que aun cuando en última instancia
está reservada a
la función jurisdiccional la reparación eficaz de las violaciones a
los
derechos sindicales, por su parte en el plano administrativo, el
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social ha ejercido sus poderes de policía
en la materia de
acuerdo con las previsiones del decreto núm. 93/968. A esos
efectos, cuando se
efectúan denuncias por la violación del derecho sindical se
lleva a cabo un
procedimiento tendiente a determinar la veracidad de los
hechos denunciados.
Comprobada una persecución sindical, se dicta resolución
declarando que ha
habido violación del fuero sindical e intimando la reinstalación
del
trabajador cuando la violación se ha efectivizado a travís del
despido, en
cuyo defecto se aplican multas. Debe tenerse presente en tal
sentido que en
tanto el artículo 9 del decreto núm. 93/968 prescribe que las
infracciones se
penarán con multas cuyo monto se determinará en función del
número de
trabajadores afectados, la Inspección General del Trabajo y de
la Seguridad
Social lo ha interpretado en el sentido que cuando se trata de
conductas
antisindicales, dirigida a impedir la afiliación y el desarrollo de la
actividad sindical, debe considerarse que los trabajadores
afectados lo son la
totalidad, más allá de que esas conductas estén
específicamente dirigidas a
uno o más trabajadores. Así, se ha elevado el monto de las
sanciones de
principio exiguas.
58. En última instancia habrá de coincidirse en que la más
efectiva
protección de los derechos sindicales constituye materia de ley.
En ese
entendido el Gobierno debe señalar a la atención del Comité
que se halla a
consideración del Parlamento un proyecto de ley de fuero
sindical que ya fue
aprobado por la Cámara de Diputados y que apunta a superar
definitivamente la
tradicional insuficiencia del derecho nacional. Si bien no
corresponde abundar
ahora acerca de su contenido, entiende el Gobierno que
mediante dicha ley se
habrá de perfeccionar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas al
ratificar el Convenio núm. 98. En efecto, las normas proyectadas
recogen los
pronunciamientos de ese Comité asegurando la eficacia
práctica de los
artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98 mediante el
establecimiento explícito de
recursos y sanciones contra los actos de injerencia de los
empleadores
respecto de los trabajadores. Así, se prevín procedimientos
rápidos y
sanciones severas contra los actos de discriminación sindical,
que se definen
en detalle como lo preceptúa la Recomendación núm. 143. En
el punto, no puede
dejar de hacerse mención a la referencia contenida en el
alegato del PIT-CNT
según la cual ese proyecto de ley de fuero sindical "no colma
las aspiraciones
del movimiento sindical, desde que introduce normas que
suponen una excesiva
injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales al
imponer
sistemas de votación en materia de elección de dirigentes
sindicales". Frente
a esa tajante afirmación, debe tenerse presente que está
referida a la
previsión del inciso final del artículo 6 por la que se reservan las
garantías
complementarias que habrán de gozar los dirigentes sindicales a
aquellos que
sean electos mediante voto secreto, obligatorio y directo, sin
más exigencias.
Más allá de destacar que el precepto no impone sistemas de
votación sino que
sólo condiciona el goce de las garantías complementarias a un
determinado
sistema de votación; considera el Gobierno que también en el
punto el proyecto
se ajusta a los pronunciamientos de ese Comité al admitir las
disposiciones
que imponen a las organizaciones de trabajadores la obligación
de elegir sus
dirigentes mediante un determinado sistema de votación, en
tanto dicho sistema
asegure el derecho de libre elección, como por antonomasia lo
asegura el voto
secreto. Siendo así, se concluye que aun cuando las
organizaciones
querellantes reclaman la aprobación de una ley relativa al fuero
sindical, su
persistencia en el rechazo inconsulto de la más mínima
normativa estatal en
punto a su organización, aun cuando por completo respetuosa
del Convenio
internacional núm. 87, dificulta su sanción. El Gobierno solicita
del Comité
que se pronuncie sobre si las normas del proyecto de ley de
fuero sindical se
adecuan o no a las normas de la OIT.
59. En cuanto a los hechos acaecidos en las industrias de la
vestimenta y
del cuero, el Gobierno indica que ambos sectores, vinculados a
la exportación
en creciente aumento de productos no tradicionales, se han
desarrollado
fundamentalmente en los últimos 15 años, durante la mayor
parte de los cuales
estuvo prohibida la actividad sindical por el régimen de facto.
Por otra parte
constituyen ramas de actividad de composición compleja y
disímil. En la
industria de la vestimenta en particular subsiten trabajadores a
domicilio,
talleres de escala familiar y establecimientos de mediana
dimensión que
abastecen en lo sustancial el mercado interno, con fábricas de
exportación que
fuera de temporada incursionan también en plaza. Restablecida
la libertad
sindical a partir del 1 de marzo de 1985, desde un primer
momento se constató
en ambos sectores serias dificultades para la implantación de un
sistema de
relaciones laborales fluido. Durante el año 1985 la confrontación
no
trascendió del nivel de empresa, sucediéndose numerosos
conflictos que si
superados a travís de la conciliación llevada a cabo por el
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, dejaron secuelas de intransigencia.
Con motivo de
la negociación salarial que tuviera lugar en junio de 1986 se
desató un
conflicto colectivo de carácter general, si bien circunscrito en
los hechos a
los establecimientos de mayores dimensiones. Durante dicho
conflicto, en el
que el enfrentamiento adquirió inusual dureza, se sucedieron
denuncias de una
y otra parte. Mientras los empleadores imputaban a los dirigentes
y activistas
sindicales el ejercicio abusivo de la huelga mediante paros
articulados por
secciones, trabajo a desgano, baja intencional de la
producción, ocupación de
los lugares de trabajo so pretexto de asambleas o paros activos
y, también la
comisión de actos de amedrentamiento y el corte con violencia
de energía
elíctrica; la organización de trabajadores alegaba actos de
injerencia
patronal indiscriminada mediante restricciones a la actividad
sindical,
suspensiones y despidos de activistas y dirigentes.
60. En ese marco, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
desbordado en
los medios materiales de que dispone para el ejercicio de sus
cometidos de
policía administrativa del trabajo, dedicó lo mejor de sus
esfuerzos a la
mediación, proponiendo la celebración de un convenio a largo
plazo que además
de regular las condiciones de trabajo, echara las bases de un
sistema de
relaciones laborales. Si bien en definitiva luego de muchas
jornadas de
negociación se obtuvo un acuerdo que puso fin al conflicto,
éste no alcanzó a
la regulación de esas relaciones laborales.
61. A la finalización del conflicto, la organización de
trabajadores
denunció represalias configuradas en lo sustancial por los actos
de
persecución y menoscabo materia de la queja. Al respecto
debe reiterarse en
primer término que tal como se señalara, si bien no existen
disposiciones
legales que establezcan expresamente mecanismos adecuados
y efectivos de
protección especial de los dirigentes y militantes sindicales, esa
carencia no
es absoluta, ya que la jurisprudencia ha dado entrada a
institutos
(mandamientos de amparo y de no innovar y reinstalación de
trabajador bajo
sanción conminativa) que habilitan a los tribunales para hacer
efectivas
cuando menos, las medidas de protección enumeradas en los
apartados c), d) y
e) de la Recomendación núm. 143. En ese entendido, siendo
en definitiva
cometido del Poder Judicial la reparación de las violaciones a
los derechos
sindicales, y dada la total independencia de que goza dicho
poder, corresponde
señalar a la atención del Comité que el Gobierno no tiene
noticias que, al
menos en su mayoría, los agraviados por los actos denunciados
hayan instaurado
acciones judiciales con ese fin.
62. Sin perjuicio de dejarlo establecido, deben hacerse
presentes al Comité
las dificultades que se dan en los hechos para tener por
probada la calidad de
dirigentes sindicales de los trabajadores que se dice
perjudicados. En efecto,
dada la absoluta autonomía de que gozan los trabajadores para
la organización
de sus sindicatos que por el solo hecho de existir están
legitimados para
desarrollar todo tipo de actividad sin necesidad de registro
obligatorio y la
renuencia del movimiento sindical al registro voluntario de sus
dirigentes, se
hace necesario investigar en cada caso si en los hechos el
trabajador ha
investido o no la calidad de dirigente sindical, careciéndose por
consiguiente
la más de las veces, de elementos probatorios que en defecto
de notoriedad,
permitan tener por probada esa calidad. Esas dificultades,
acentuadas cuando
se trata de decidir a nivel de empresa acerca de suspensiones o
despidos, se
aúnan con las que naturalmente aparecen para desentrañar la
real intención de
empleador cuando invoca como causa de esas medidas, ya la
notoria mala
conducta, ya la falta de trabajo, circunstancia normal en los
sectores de
exportación que producen mercaderías de temporada de
fabricación cíclica.
63. En lo que se refiere a la presencia de funcionarios
policiales en los
establecimientos en huelga, debe dejarse establecido que ello
sólo ocurrió en
aquellos casos en que habiendo los trabajadores ocupado el
local, el empledor
solicitó del Ministerio del Interior su desocupación conforme con
lo dispuesto
por el decreto núm. 512/966. Debe señalarse también en tal
sentido, que esas
desocupaciones fueron en todos los casos pacíficas.
64. Si bien ello es en definitiva admitido por las organizaciones
querellantes, cabe también enfatizar que el Ministerio de Trabajo
y Seguridad
Social, en los casos en que constató la alegada sucesión de
contratos a
término, dejó claramente establecida la ilicitud de esa forma de
contratación,
pronunciando en favor de la estabilidad del trabajador, tal como
surge de la
documentación agregada por los querellantes.
65. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social ha precisado
que los acuerdos celebrados por el empleador con un número
plural de
trabajadores, si bien pueden considerarse válidos en lo que
hace a los mayores
beneficios que resulten para cada uno de los trabajadores
firmantes, no tienen
validez como convenios colectivos y por consiguiente, no
excluyen a los
trabajadores que los suscriben de las condiciones de trabajo
emergentes de la
negociación colectiva.
66. Por lo demás, en los casos en que se denunció por la
organización de
trabajadores la existencia de talleres clandestinos a los que se
derivaría la
producción de establecimientos en conflicto, se procedió
sistemáticamente a
realizar las inspecciones pertinentes en más de 30
oportunidades sin que se
constatara el alegado carácter clandestino de los
establecimientos, aun cuando
en varias ocasiones se constataran infracciones de otra índole,
debidamente
sancionadas.
67. En última instancia, el Gobierno quiere poner en
conocimiento del Comité
que a la fecha ha promovido conversaciones con la
participación de los
presidentes de las Cámaras de Industria y de la Vestimenta, del
PIT-CNT y las
organizaciones de trabajadores involucradas, en las que se
procura acordar por
consenso el establecimiento de un sistema de relaciones
laborales adecuado.
68. El Gobierno informa que, sin perjuicio de ello, el Ministerio
de Trabajo
y Seguridad Social ha decidido el nombramiento de una
comisión investigadora
para determinar la veracidad de los hechos denunciados ante
ese Comité a
título de prácticas antisindicales en las industrias de la
vestimenta y del
cuero, integrándola con docentes de reconocida capacidad e
independencia.
Dicha Comisión, de cuya constitución se ha impuesto en la
fecha a las
organizaciones querellantes, ha de actuar asistida por la
Dirección Nacional
del Trabajo y por la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social
debiendo expedirse en el término de noventa días respecto de
todos aquellos
casos que no hayan sido materia de un procedimiento judicial.
Producido el
informe de esa Comisión el Gobierno hará llegar al Comité sus
conclusiones,
así como en su caso les informará de las medidas adoptadas en
consecuencia.
69. Por comunicación de 5 de junio de 1988, el Gobierno
envía el texto de
las conclusiones de la mencionada Comisión investigadora
(véase anexo I al
presente informe) y el de una resolución del Ministro de Trabajo
y Seguridad
para poner en práctica las recomendaciones de dicha comisión
(véase anexo II
al presente informe), y en particular la relativa a la creación de
una
comisión mediadora de carácter permanente en las industrias de
la vestimenta y
el cuero. Asimismo en su comunicación de 10 de octubre de
1988, dando
respuesta a la solicitud de la Oficina de fecha 23 de junio de
1988 para
disponer de las informaciones y apreciaciones de la Comisión
Investigadora que
designara por resolución de fecha 14 de octubre de 1987 sobre
los diversos
alegatos específicos presentados en el marco del presente
caso, el Gobierno
señala que requerida al respecto, la referida Comisión ha
informado que
formuló sus conclusiones teniendo presente las resultancias del
examen de los
documentos existentes en la Dirección Nacional de Trabajo
(División Relaciones
Laborales) sobre audiencias celebradas a raíz de conflictos en
la industria de
la vestimenta, así como de las inspecciones que a su solicitud
realizara la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, y,
fundamentalmente,
las informaciones obtenidas de las partes en las numerosas
entrevistas,
individuales y colectivas, que mantuvo a lo largo de los seis
meses de labor
que insumiera el debido cumplimiento de sus fines. Las
conclusiones de la
referida Comisión Investigadora fueron admitidas como
sustancialmente
correctas por las partes, según resulta del acta de fecha 12 de
septiembre de
1988, a que más adelante se hará referencia, en la que tanto
los
representantes empleadores de la Cámara de la Vestimenta
como los
representantes trabajadores del Sindicato Unico de la
Vestimenta y del PIT-CNT
coincidieron en reconocer "que la situación creada en la
Industria de la
Vestimenta ha sido de un paulatino y creciente deterioro que ha
imposibilitado
un diálogo fluido como instrumento imprescindible de la
negociación colectiva"
declarando en consecuencia "su firme voluntad de recomponer
dicha situación,
en un plano de respeto y consideración recéprocos". El
Gobierno añade que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social carece de facultades
para imponer
coercitivamente el reintegro de trabajadores que eventualmente
pudieran haber
sido suspendidos o despedidos con violación de sus derechos
sindicales y que,
siendo que en Uruguay la reparación de las violaciones de esos
derechos
sindicales es competencia de los órganos jurisdiccionales, el
Gobierno no
tiene noticias que los agraviados por los hechos objeto de la
queja, que diera
lugar al presente caso, hayan instaurado acciones judiciales
para obtener esa
reparación. Por otra parte, el Gobierno informa que la Comisión
Mediadora
creada por resolución de fecha 3 de junio de 1988 viene
cumpliendo una ímproba
labor para superar la situación de notorio deterioro en las
relaciones
laborales existentes en la industria de la vestimenta, al punto de
haber
obtenido formal acuerdo de partes para negociar la
formalización de "un
convenio colectivo que determine reglas mínimas de actuación
de las partes,
sobre la base de puntos que comprendan el reconocimiento y la
representatividad de las mismas, obligación de negociar de
buena fe,
abstención de prácticas desleales, fijación de plazos y lugares
de las
discusiones y articulación de los niveles de negociación". En tal
sentido, se
adjunta fotocopia del acta elaborada el 12 de septiembre
pasado en la sede de
este Ministerio que fuera suscrita por los integrantes de la
Comisión
Mediadora en la Industria de la Vestimenta, los representantes
empleadores de
la Cámara de la Vestimenta, los de SUA-VESTIMENTA y los del
PIT-CNT. El
otorgamiento del convenio colectivo entonces acordado a
instancias de la
Comisión Mediadora designada por este Ministerio, recoge las
conclusiones y
sugerencias del estudio formulado por la misión designada por la
OIT en el año
1986 y constituye, sin duda, un paso adelante en la práctica
nacional.

C. Conclusiones del Comité

70. El Comité observa que en el presente caso las
- organizaciones
- querellantes han alegado de manera general la ausencia de
- medidas efectivas
- por parte de las autoridades para evitar, en la forma prevista en
- el artículo
3 del Convenio núm. 98, las gravísimas violaciones a los
- derechos sindicales
- que se han producido en la industria de la vestimenta desde
1986, y de manera
- más concreta, la intransigencia y actitud antisindical de la
- Cámara Industrial
- de la Vestimenta en las negociaciones de los consejos de
- salarios y la
- subsiguiente realización de numerosos actos de discriminación
- en perjuicio de
- dirigentes y afiliados sindicales, que las organizaciones
- querellantes
- detallan. El PIT-CNT ha formulado alegatos similares de
- discriminación
- antisindical en la industria del cuero.
71. En lo que respecta a la aplicación del artículo 3 del
- Convenio núm. 98
- ("Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones
- nacionales, cuando
- ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de
- sindicación
- definido en los artículos precedentes"), el Comité toma nota de
- que según la
- organizaciones querellantes basta con que un empleador
- despida "sin expresión
- de causa" y abone las indemnizaciones correspondientes, para
- el apartamiento
- de los lugares de trabajo de los militantes sindicales; asimismo,
- según las
- organizaciones sindicales las multas previstas en el decreto
- núm. 93/68 en
- caso de discriminación son de tan baja cuantía que no puede
- hablarse de un
- "organismo adecuado" en el sentido del Convenio núm. 98, sin
- olvidar que la
- iniciativa de la sanción es privativa de la administración. El
- Comité toma
- nota asimismo de que las organizaciones querellantes señalan
- que el proyecto
- de ley sobre fuero sindical aprobado en la Cámara de Diputados
- no colma las
- aspiraciones del movimiento sindical por suponer una injerencia
- en la vida
- interna de las organizaciones sindicales al imponer sistemas de
- votación en
- materia de elección de dirigentes sindicales.
72. El Comité observa que respondiendo a estos alegatos el
- Gobierno insiste
- en una serie de puntos: la existencia de una normativa mínima
- en materia de
- libertad sindical como consecuencia de la peculiar tradición de
- autonomía
- colectiva en el Uruguay y de la resistencia del movimiento
- sindical frente a
- toda norma estatal; la prohibición de las prácticas antisindicales
- mencionadas
- en el Convenio núm. 98 en virtud del decreto núm. 93/68, que
- permite al
- Ministerio de Trabajo imponer sanciones pecuniarias cuando
- tales prácticas son
- verificadas; y el papel fundamental que deben jugar los
- tribunales habida
- cuenta de la mencionada tradición autonomista. En este
- sentido, el Gobierno
- subraya la admisión jurisprudencial de la acción de amparo, los
- mandamientos
- judiciales de no innovar y, fundamentalmente, los fallos que han
- impuesto la
- reinstalación del trabajador estableciendo sanciones
- conminativas para el caso
- de no darse cumplimiento a esa disposición. Los tribunales
- están pues
- habilitados para hacer efectivas cuando menos las medidas de
- protección
- enumeradas en los apartados c), d) y e) de la Recomendación
- núm. 143. No
- obstante, el Gobierno no deja de señalar la lentitud habitual de
- la justicia
- (a la que intenta paliar un proyecto de ley sobre un proceso
- laboral oral y
- abreviado) y la predominancia de un cierto grado de
- desconfianza hacia el
- Estado fruto de la tradición autonomista del movimiento sindical
- uruguayo, que
- le ha llevado consetudinariamente a prescindir mayormente de
- la concurrencia
- ante los tribunales.
73. El Comité observa que tanto las organizaciones
- querellantes como el
- Gobierno coinciden en la carencia de mecanismos adecuados y
- efectivos de
- protección especial de los dirigentes y militantes sindicales
- contra el
- despido y otros actos de discriminación antisindical. El Comité
- observa sin
- embargo que el proyecto de ley de fuero sindical aprobado por
- la Cámara de
- Representantes, que a juicio del Gobierno se ajusta a los
- pronunciamientos del
- Comité, no colma las aspiraciones del movimiento sindical por
- las razones
- anteriormente expuestas.
74. El Comité observa que el mencionado proyecto de ley de
- fuero sindical es
- objetado fundamentalmente por las organizaciones querellantes
- en razón del
- último inciso del artículo 6 que establece lo siguiente:
- "Gozarán de las garantías complementarias (entre otras, la
- previa
- autorización de la justicia del trabajo para el despido, traslado o
- desmejoramiento en las condiciones de trabajo), dentro de los
- límites
- establecidos en los artículos 12 y 13:
  - a) Los miembros de las directivas de los sindicatos,
- federaciones,
- confederaciones o centrales sindicales.
  - b) Los suplentes de los directivos cuando actuaren como
- titulares.
  - c) Los delegados del personal ante comisiones paritarias o
- tripartitas
- cuando sean propuestos por la organización sindical o electos
- por todo el
- personal.
  - d) Los miembros de las comisiones internas, consejos de
- empresas o de
- establecimientos o similares.
  - e) Los candidatos a ocupar cargos de dirección del sindicato,
- delegados
- del personal, comisiones internas, consejos de empresas o de
- establecimientos
- o similares.
- La elección de quienes se encuentran comprendidos en los
- literales
- anteriores deberá ser mediante voto secreto, obligatorio y
- directo." El
- Comité desea señalar que de conformidad con el artículo 3 del
- Convenio núm.
- las organizaciones de trabajadores "tienen el derecho de
- redactar sus
- estatutos y reglamentos administrativos, y el de elegir libremente
- sus
- representantes... Las autoridades públicas deberán abstenerse
- de toda
- intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su
- ejercicio
- legal". No cabe duda de que dentro del espéritu del Convenio,
- la
- reglamentación de los procedimientos y modalidades de la
- elección de
- dirigentes sindicales corresponde prioritariamente a los estatutos
- sindicales.
- En efecto, la idea fundamental del artículo 3 citado del
- Convenio núm. 87 es
- que los trabajadores y los empleadores puedan decidir por sí
- mismos las reglas
- que deberán observar para la administración de sus
- organizaciones y para las
- elecciones que llevarán a cabo en su seno (véase 191.er
- informe, caso núm.
763, párrafo 29). Dicho esto conviene recordar que el Comité ha
- considerado
- admisible la existencia de disposiciones que tienen por finalidad
- promover los
- principios democráticos en el seno de las organizaciones
- sindicales.
- Ciertamente la votación secreta y directa es una de las
- modalidades
- democráticas y en este sentido no sería objetable desde el
- punto de vista de
- los principios de la libertad sindical que una legislación dada
- contuviera
- disposiciones al respecto; en cambio, no ocurre lo mismo con la
- exigencia de
- que la votación sea obligatoria (véase 191.er informe, caso
- núm. 763, párrafos
28 y 29). En el mismo orden de ideas, el Comité ha señalado por
- ejemplo que la
- imposición, por medio de una ley, de sanciones a los
- trabajadores que no
- participan en las elecciones no se ajusta a las disposiciones del
- Convenio
- núm. 87 (véase 191.er informe, caso núm. 763, párrafo 29). Por
- consiguiente el
- Comité pide al Gobierno que en el caso de que el proyecto de
- ley sobre fuero
- sindical fuese a prosperar, tome las medidas necesarias con
- miras a suprimir
- la exigencia del voto obligatorio en las elecciones de dirigentes
- sindicales
- como condición para el disfrute del fuero sindical especial. No
- obstante, el
- Comité desea señalar que lo anterior no implica en modo alguno
- por parte del
- Comité un respaldo de dicho proyecto - tampoco un rechazo -
- en la medida en
- que las organizaciones sindicales han formulado reservas al
- respecto y que el
- nivel de protección del ejercicio de los derechos sindicales que
- se deriva de
- las disposiciones y principios de los Convenios núms. 87 y 98
- constituye un
- mínimo al que pueden añadirse y es deseable que se añadan
- otras garantías
- suplementarias derivadas del sistema constitucional y legal de
- un país dado,
- de la tradición en materia de relaciones profesionales, de la
- acción sindical
- o de la negociación entre los interesados. En cualquier caso, y
- teniendo en
- cuenta los numerosos alegatos de discriminación antisindical en
- la industria
- de la vestimenta y en la del cuero, el Comité subraya la
- necesidad de que se
- creen mecanismos adecuados imparciales y rápidos para el
- respeto del derecho
- de sindicación que eviten todo tipo de actos de discriminación
- antisindical.
75. En lo que respecta a los casos concretos de discriminación
- antisindical
- en las industrias de la vestimenta y el cuero mencionados en las
- quejas, el
- Comité observa que las organizaciones querellantes han
- alegado la existencia
- de listas negras que imposibilitan a dirigentes y militantes
- sindicales a
- conseguir ocupación estable; el despido o envío al seguro de
- desempleo de un
- elevado número de dirigentes como consecuencia del conflicto;
- el despido o
- suspensión de cientos de trabajadores que habían participado
- activamente en
- las medidas sindicales; la presencia policial en fábricas; el
- encierro del
- personal que ocupaba pacíficamente algunas fábricas; la
- utilización
- antisindical de la contratación a término y del seguro de
- desempleo; la
- investigación previa sobre los trabajadores que aspiran a
- ingresar en las
- empresas de la vestimenta; la firma de convenios colectivos a
- espaldas de la
- organización sindical; la subordinación de la contratación a la
- no afiliación
- sindical.
76. En primer lugar, el Comité observa que el Gobierno no se
- ha referido de
- manera específica a cada uno de los alegatos sino que más
- bien se ha limitado
- a hacer declaraciones globales y a remitir las conclusiones de la
- comisión
- investigadora instituida por el Ministerio del Trabajo a raíz de la
- presentación de las quejas ante el Comité. El Comité toma nota
- de las
- explicaciones del Gobierno en este sentido.
77. El Comité observa que la comisión investigadora instituida
- por el
- Ministerio del Trabajo ha constatado las siguientes evidencias:
  - - Rechazo de las empresas a dialogar con dirigentes
- sindicales, prefiriendo
- la negociación directa con los trabajadores.
  - - Se ha constatado que no existe en todos los casos un criterio
- que pueda
- ser calificado como objetivo en la forma de elección de los
- trabajadores que
- son despedidos o enviados al seguro de desempleo. En tales
- nóminas suele
- incluirse un porcentaje elevado de delegados gremiales o
- trabajadores
- sindicalizados.
  - - Suspensiones preventivas como paso previo a despidos con
- posterioridad a
- la realización de paros o medidas gremiales.
  - - A menudo existen despidos antes de la finalización del
- período de seguro
- por desempleo. Esa premura permite presumir en algunas
- ocasiones una intención
- de poner fin al contrato de ciertos trabajadores, corrientemente
- dirigentes
- sindicales.
  - - Si bien no puede ser considerado un elemento
- completamente objetivo en su
- valoración, es sugestiva la falta de oportunidades que tienen los
- dirigentes
- sindicales despedidos para encontrar ocupación en otra
- empresa de la misma
- actividad.
  - - Se realizan horas extras existiendo trabajadores en el seguro
- por
- desempleo. Dicho elemento no es necesariamente determinante
- de una actitud
- discriminatoria porque puede darse el caso de una notoria
- disminución
- productiva en un período determinado por el cual se pasa al
- seguro por
- desempleo a parte del personal, y que en el transcurso del
- mismo, se produzca
- una circunstancia que justifique la extensión horaria de alguna
- jornada de
- trabajo sin retomar personal del seguro.
  - - Presencia policial en locales de la empresa en situaciones
- que no obedecen
- estrictamente a las condiciones previstas en el decreto núm.
512/966. Dicha
- presencia suele ser solicitada por las empresas que
- generalmente alegan que es
- para proteger a los trabajadores que son molestados por otros
- por su negativa
- a hacer paros. Los trabajadores sindicalizados interpretan este
- factor como un
- elemento intimidatorio.
78. El Comité toma nota de que el Gobierno declara que no
- tiene noticias de
- que, al menos en su mayoría, los agraviados por los actos
- denunciados hayan
- instaurado acciones judiciales y reitera las facultades que
- habilitan a los
- tribunales para hacer efectivas las medidas de protección
- enumeradas en los
- apartados c), d) y e) de la Recomendación núm. 143 (recurso
- judicial en caso
- de despido injusto de los representantes de los trabajadores,
- reparación
- eficaz que comprenda la reintegración con el pago de los
- salarios y obligación
- del empleador de probar que el acto en cuestión estaba
- justificado) .
79. El Comité toma nota asimismo de que según el Gobierno
- existen
- dificultades en los hechos para tener por probada la calidad de
- dirigentes
- sindicales de los trabajadores que se dice perjudicados y para
- desentrañar la
- real intención del empleador cuando invoca la mala conducta o
- la falta de
- trabajo. El Comité toma nota asimismo de las declaraciones del
- Gobierno sobre
- la presencia de funcionarios policiales en los establecimientos
- en huelga y
- sobre el carácter pacífico de las desocupaciones, sobre la
- actitud del
- Ministerio ante los casos de sucesión de contratos a término,
- así como de sus
- explicaciones sobre los acuerdos celebrados por el empleador
- con un número
- plural de trabajadores.
80. El Comité constata que según se desprende de las
- conclusiones de la
- comisión investigadora instituida por el Ministerio de Trabajo
- para el examen
- de los hechos alegados ante el Comité, se han producido actos
- de
- discriminación antisindical y existen prácticas antisindicales y
- prácticas
- contrarias a la negociación colectiva en las industrias de la
- vestimenta y del
- cuero. En estas condiciones, aunque lamenta que en la mayor
- parte de los casos
- las organizaciones sindicales y los perjudicados no hayan hecho
- uso de los
- procedimientos judiciales, el Comité subraya, a partir de las
- evidencias
- constatadas por la mencionada comisión investigadora, la
- necesidad de poner
- remedio a los actos y prácticas antisindicales desde 1986,
- contrarios al
- Convenio núm. 98.
81. Por último, en lo que respecta a la alegada actitud
- intransigente de la
- Cámara Industrial de la Vestimenta en las negociaciones de
1986 y 1987, el
- Comité lamenta la dureza con que se llevaron. El Comité toma
- nota de que en
- las conclusiones de la comisión investigadora instituida por el
- Ministerio de
- Trabajo, se destaca la necesidad de promover instrumentos
- negociables y de
- diálogo para acercar a las partes y observa a este respecto que
- se ha creado
- una comisión mediadora de carácter tripartito destinada a
- transformarse en
- mesa de negociación permanente, invitando a las partes a
- asumir con
- responsabilidad el compromiso de dialogar, autocomponer el
- conflicto y
- comunicarse entre sí permanentemente. En este sentido, el
- Comité toma nota con
- interés de que a instancia de la comisión mediadora se ha
- obtenido de las
- partes un acuerdo formal para negociar la formalización de un
- convenio
- colectivo que rija las relaciones entre las partes, en particular en
- lo
- relativo a la obligación de negociar de buena fe y de abstenerse
- de prácticas
- desleales. El Comité expresa la esperanza de que el
- funcionamiento de la
- comisión mediadora y la aplicación del futuro convenio colectivo
- podrán
- alcanzar los objetivos y resultados esperados. El Comité desea
- señalar de
- manera general, en relación con los alegatos, el principio de que
- si bien la
- actitud conciliadora o intransigente adoptada por una de las
- partes frente a
- las reivindicaciones de la otra es materia de negociación entre
- las partes,
- tanto los empleadores como los sindicatos deben negociar de
- buena fe
- realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo (véanse, por
- ejemplo, 139.
- informe, caso núm. 725, párrafo 279, y 236. informe, caso núm.
1275, párrafo
457, caso núm. 1206, párrafo 493 y caso núm. 1291, párrafo
695).

Recomendación del Comité

82. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité
- invita al Consejo
- de Administración a que apruebe las recomendaciones
- siguientes:
  - a) El Comité pide al Gobierno que, en el caso de que el
- proyecto de ley
- sobre fuero sindical fuese a prosperar, tome las medidas
- necesarias con miras
- a suprimir la exigencia del voto obligatorio en las elecciones de
- dirigentes
- sindicales como condición para el disfrute del fuero sindical
- especial. El
- Comité subraya la necesidad de que se creen mecanismos
- adecuados imparciales
- y rápidos para el respeto del derecho de sindicación que eviten
- todo tipo de
- actos de discriminación antisindical.
  - b) A partir de las evidencias constatadas por la comisión
- investigadora
- instituida por el Ministerio del Trabajo, el Comité subraya la
- necesidad de
- poner remedio a los actos y prácticas antisindicales desde 1986,
- contrarios al
- Convenio núm. 98. Toma nota con interés de que la comisión
- mediadora
- tripartita instituida para facilitar el diálogo, la negociación y la
- autocomposición de los conflictos en las industrias de la
- vestimenta y del
- cuero ha auspiciado un acuerdo entre las partes para negociar
- la formalización
- de un convenio colectivo que rija sus relaciones, en particular
- en materia de
- negociación colectiva. El Comité expresa la esperanza de que
- ello permitirá en
- el futuro una negociación de buena fe en la que tanto los
- empresarios como los
- sindicatos, en un clima de confianza mutua, realicen los
- esfuerzos necesarios
- para alcanzar acuerdos colectivos periódicos.

Z. ANEXO I

Conclusiones de la comisión constituida por resolución
ministerial
de fecha 14 de octubre de 1987 para investigar las denuncias
de los trabajadores de la industria de la vestimenta
I. Introducción
La comisión durante sus investigaciones examinó la
documentación pública y
privada que las partes le acercaron o que ella misma procuró.
Asimismo, tuvo
encuentros con representantes de las organizaciones de los
trabajadores, con
funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con
el gerente de
la Cámara Industrial de la Vestimenta.
Más allá de las conclusiones a que ha arribado esta comisión
en mérito las
concretas denuncias presentadas, consideramos necesario
destacar que de las
investigaciones realizadas surge inequívoca la convicción del
deterioro
absoluto de las relaciones laborales en la industria de la
vestimenta.
Nuestro país se caracteriza - según lo ha destacado una
reciente misión de la
OIT (ver informe sobre relaciones de trabajo en el Uruguay,
primera edición) -
por un sistema de relaciones de trabajo con alta conflictividad y
autenticidad
de las organizaciones de trabajadores y empleadores. En este
contexto
conflictivo, sin embargo, la negociación bipartita y tripartita,
promovida por
este mismo Ministerio, ha constituido un factor de regulación
permanente del
conflicto. Es así que podemos expresar que en la actualidad en
nuestro país
existe un sistema de relaciones laborales con una conflictividad
autorregulada
por las mismas partes y en ocasiones con intervención del
Estado junto a los
actores sociales.
La comisión ha observado con preocupación que esta
caracteréstica del sistema
no se confirma en la industria de la vestimenta, donde frente a la
alta
conflictividad, han sido pobres o ineficaces los mecanimos de
autorregulación
de las partes. La comisión ha podido comprobar que las
oportunidades de
diálogo ofrecidas a las partes a travís de las rondas de los
Consejos de
Salarios o de encuentros ad hoc, promovidos por el mismo
Ministerio, han
servido sólo para consolidar la distancia que las separa.
El riesgo más importante no sólo para el sector, sino para todo
el sistema
nacional, es que el conflicto de la industria de la vestimenta se
transforme
en un "conflicto crónico", donde en vez de alcanzarse las
soluciones a travís
de la composición y el consenso, una parte o la otra - según las
circunstancias de tiempo - imponga la razón de su mayor fuerza.
Es sabido que nuestro sistema de relaciones laborales se
desenvuelve sin
prácticamente ningún marco normativo. Es un sistema - en
moderna acepción -
"autorregulado": pretender por lo tanto resolver los conflictos de
la
industria de la vestimenta a travís de medidas coercitivas del
Estado
constituiría un apartamiento de esta caracteréstica del sistema,
reivindicado
especialmente por el sector de los trabajadores.
Sin embargo, consideramos que frente a la gravedad de los
hechos, ni el
Estado, ni las organizaciones profesionales pueden permanecer
inertes ante la
profundización y radicalización del conflicto. Queremos destacar
la necesidad
de promover instrumentos negociables y de diálogo para
acercar a las partes.
Es necesario que los trabajadores y empleadores del sector de
la vestimenta
comprendan que nuestro sistema de relaciones laborales se ha
caracterizado por
el "conflicto", pero también por una "cultura de conflicto" (ver
informe OIT,
cit., pág. 29).
II. Hechos constatados
En este contexto la comisión ha constatado las siguientes
evidencias:
1. 1 No existe negociación previa ni espontánea entre las
empresas y el
sindicato. Esporádicamente se dialoga en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad
Social pero aun en estos casos con gran generalidad y
posiciones irreductibles
asumidas de antemano.
1. 2 Es frecuente que algunas empresas no concurran a las
primeras citaciones
o audiencias en el Ministerio de Trabajo y si lo hacen envíen a
personas no
representativas que se limitan a tomar conocimiento de los
planteos y a
solicitar prórrogas.
1. 3 Rechazo de las empresas a dialogar con dirigentes
sindicales, prefiriendo
la negociación directa con los trabajadores.
1. 4 Se ha constatado que no existe en todos los casos un
criterio que pueda
ser calificado como objetivo en la forma de elección de los
trabajadores que
son despedidos o enviados al seguro de desempleo. En tales
nóminas suele
incluirse un porcentaje elevado de delegados gremiales o
trabajadores
sindicalizados.
1. 5 Suspensiones preventivas como paso previo a despidos con
posterioridad a
la realización de paros o medidas gremiales.
1. 6 A menudo existen despidos antes de la finalización del
período de seguro
por desempleo. Esa premura permite presumir en algunas
ocasiones una
intención de poner fin al contrato de ciertos trabajadores,
corrientemente
dirigentes sindicales.
1. 7 Si bien no puede ser considerado un elemento
completamente objetivo en su
valoración, es sugestiva la falta de oportunidades que tienen los
dirigentes
sindicales despedidos para encontrar ocupación en otra
empresa de la misma
actividad.
1. 8 Se realizan horas extras existiendo trabajadores en el seguro
por
desempleo. Dicho elemento no es necesariamente determinante
de una actitud
discriminatoria porque puede darse el caso de una notoria
disminución
productiva en un período determinado por el cual se pasa al
seguro por
desempleo a parte del personal, y que en el transcurso del
mismo se produzca
una circunstancia que justifique la extensión horaria de alguna
jornada de
trabajo sin retomar personal del seguro.
1. 9 Presencia policial en locales de la empresa en situaciones
que no
obedecen estrictamente a las condiciones previstas en el
decreto 512/966.
Dicha presencia suele ser solicitada por las empresas que
generalmente alegan
que es para proteger a los trabajadores que son molestados por
otros por su
negativa a hacer paros. Los trabajadores sindicalizados
interpretan este
factor como un elemento intimidatorio.
1. 10 Realización de asambleas por parte de los trabajadores en
horarios de
trabajo y sin estar autorizados por la empresa.
1. 11 Utilización por parte de los trabajadores de formas atépicas
de la huelga
como ser el trabajo intermitente o a reglamento.
III. Algunas consideraciones finales
El estado actual parece originarse en el excesivo resquemor y
tendencia al
enfrentamiento de las partes que las incapacita para una
relación armónica.
La situación deteriorada puede deberse también a la falta de
interlocutores
con mejor disposición para la negociación.
Ejemplo de esa falta de capacidad negociadora es el resultado
de un
representante de la Cámara Empleadora a esta comisión quien
señaló que los
empleadores tienen una decisión tomada de no dialogar con un
dirigente
sindical que tuvo, según ellos, palabras agraviantes referidas a
la raza de
algunos patrones.
Ello revela el ardor que ponen las partes en lo que consideran
la defensa de
sus intereses.
Sea como sea, debería exhortarse al PIT-CNT y a las Cámaras
de Empleadores a
procurar el acercamiento entre las partes de acuerdo a los
patrones habituales
de nuestro sistema de relaciones colectivas señaladas por la
OIT.
Consideramos oportuna la formación de una comisión
mediadora que se
transforme ella misma en mesa de negociación permanente,
invitando a las
partes a asumir con responsabilidad el compromiso de dialogar,
autocomponer el
conflicto, comunicarse entre sí permanentemente, así como
sucede en los demás
sectores laborales de nuestra comunidad nacional.
Saludamos al Señor Ministro con las expresiones de nuestra
mayor
consideración.
Juan Raso Delgue Santiago Pérez del Castillo Hernán
Navascuís
Montevideo, 12 de abril de 1988.
ANEXO
ANEXO II
RESOLUCION DEL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Montevideo, junio 3 de 1988
VISTO: el informe elevado por la comisión constituida por
resolución de fecha
1. 14 de octubre de 1987, para investigar la denuncia de los
trabajadores de la
industria de la vestimenta;
RESULTANDO: I) que dicha comisión concluye aconsejando
se exhorte al PIT-CNT y
a las Cámaras de Empleadores a procurar el acercamiento entre
las partes de
acuerdo a los patrones habituales de nuestro sistema de
relaciones colectivas;
II) que asimismo, la comisión considera oportuna la formación
de una comisión
mediadora, que se transforme ella misma en mesa de
negociación permanente
invitando a las partes a asumir con responsabilidad el
compromiso de dialogar,
autocomponer el conflicto, comunicarse entre sí
permanentemente, así como
sucede en los demás sectores de nuestra comunidad nacional;
CONSIDERANDO: que corresponde disponer lo pertinente para
poner en práctica
las recomendaciones de la comisión.
EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
R E S U E L V E
1. 1 Convocar a los representantes del PIT-CNT, del Sindicato
Unico Nacional de
la Vestimenta y Ramos Afines (SUA - Vestimenta), de la Cámara
de Industrias
del Uruguay y de la Cámara Industrial de la Vestimenta, a fin de
poner en su
conocimiento el informe de la comisión constituida por
resolución de fecha 14
de octubre de 1987 y exhortarles a procurar el acercamiento de
acuerdo a los
patrones habituales en nuestras relaciones colectivas.
1. 2 Constituir una comisión mediadora, integrada por el Dr.
Hernán Navascuís,
en representación de este Ministerio, el Sr. Carlos Rafaeli, en
representación
de la Cámara de Industrias del Uruguay y el Sr. Thelman
Borges, en
representación del PIT-CNT, para que actúe como mesa de
negociación permanente
en la industria de la vestimenta.
1. 3 Someter a la Dirección Nacional del Trabajo la instalación de
la comisión
que se crea por el numeral anterior.
1. 4 Remitir copia de la presente resolución a la Inspección
General del
Trabajo y de la Seguridad Social.
1. 5 Comunicar al Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de
la Organización Internacional del Trabajo, el informe de la
comisión
constituida por resolución del 14 de octubre de 1987,
remitiéndole copia de la
presente resolución.