Caso individual (CAS) - Discusión: 2010, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

El Gobierno ha facilitado la siguiente información por escrito.

De conformidad con la actual política dirigida a mitigar el impacto de la crisis económica en los trabajadores y el empleo, el Gobierno adoptó el Paquete de Estímulo y Recuperación de la Economía, que está en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo, con el objetivo de revitalizar la economía de Tailandia y de proteger a los menos afortunados y a los más pobres del país, mediante el otorgamiento de una red de protección social mejor para los grupos más vulnerables. El 6 de mayo de 2009, el Gabinete aprobó varios proyectos transversales, con arreglo al fortalecimiento Thai o Plan de Acción de Thaikhemkhaeng, que fue incorporado de manera central en las políticas y los programas nacionales de todos los ministerios pertinentes. Con respecto a la promoción del empleo, el Ministerio del Trabajo (MoL) llevó a cabo varios proyectos diferentes incluidos los proyectos sobre la contratación de graduados voluntarios; la expansión de orientación profesional para los jóvenes en las provincias limítrofes del sur; el Proyecto sobre promoción del mercado laboral en los países de Oriente Medio, África y Malasia, de cara a la promoción del empleo en las provincias limítrofes del sur; el Proyecto sobre el desarrollo de las capacidades para aumentar la empleabilidad, y el Proyecto sobre el desarrollo y la promoción del empleo por cuenta propia.

Artículos 1 y 2: empleo y política social: extensión a los trabajadores de la economía informal y coordinación de las medidas relativas a la política del empleo con prestaciones de desempleo

El Gobierno otorga una protección a todos los trabajadores del país. Los trabajadores de la economía informal y los empleados por cuenta propia pueden obtener un acceso al sistema del seguro social, de conformidad con la ley y con carácter voluntario. El MoL proyecta publicitar y convencer a los trabajadores de la economía informal para solicitar su incorporación como asegurados. Con respecto a las prestaciones, se mejoran en la actualidad, para responder a las necesidades de los trabajadores informales y la ley se revisa para extender la cobertura de las prestaciones y para aumentar el número de categorías de trabajadores que puedan acceder al sistema de seguridad social. El Mol también brinda servicios a los asegurados desempleados, con miras a la promoción del empleo, por ejemplo, a través de los servicios del empleo, de la orientación profesional y la capacitación.

Medidas de promoción del empleo

El 10.° Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 2007-2011, estipula que el «ser humano es el centro del desarrollo», mediante el desarrollo de las capacidades y de las aptitudes en consonancia con la demanda de empleo, pudiendo entrar en el mundo del trabajo y de la competitividad, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida en la sociedad Thai, aumentando la productividad laboral y acelerando la oportunidad de acceso a los servicios sociales de las personas de edad avanzada, de las personas con discapacidad y de las personas vulnerables. Todos gozan de una educación gratuita obligatoria durante 15 años y los préstamos a los estudiantes han supuesto mayores oportunidades en los niveles de formación profesional y universitario. Más personas pueden conseguir el acceso a la educación informal y al aprendizaje a lo largo de la vida. Los trabajadores de todos los niveles están dotados de conocimientos y de calificaciones estándar, en línea con la siempre cambiante tecnología y el mercado laboral.

El programa de desarrollo humano potencial. Los programas de desarrollo de recursos humanos brindan un acceso al aprendizaje a lo largo de la vida y mejoran la calidad de la educación de todos, al igual que mejoran la productividad laboral, a través de la capacitación y de las pruebas estándar de las capacidades. El Departamento de Desarrollo de las Capacidades (DSD) brinda: una formación anterior al empleo para los jóvenes sin experiencia y para los adultos demandantes de empleo, con 16.183 personas que asistieron a cursos de formación en 2009; una formación de reclasificación de las capacidades para los trabajadores que se encuentran en la actualidad en el mercado laboral, con 164.704 personas que asistieron a cursos en 2009; pruebas estándar de las capacidades, con el objetivo de categorizar los niveles de capacidad de los trabajadores, con 51.746 postulantes con éxito para las pruebas de capacitación, en 2009; y una formación en capacidad empresarial para aquellos interesados y para los trabajadores de diversas empresas, con 22.733 empresas y 4.271.594 trabajadores que participaron en tal formación en 2009, además de otras 90.715 personas interesadas del público general.

Medidas de protección social. Durante el año fiscal de 2010, el MoL, a través del Departamento de Protección Laboral y Bienestar (DLPW), adoptó medidas para mitigar el sufrimiento y asistir a los empleados y a sus familias, a efectos de ayudarles a mantener sus trabajos y a aquellos despedidos durante la crisis. Se llevaron a cabo dos proyectos: el Proyecto sobre el fondo para impedir, solucionar y asistir a aquellos que se encontraban en el sector laboral y que se hubiesen visto afectados por la crisis económica mundial, que estaba otorgando fondos de bienestar a 364 empleados; y el Proyecto sobre la prevención y la resolución de los despidos, cuyo funcionamiento acababa de empezar.

Reclasificación de la competitividad nacional. El DSD se unió al World Skills Context, con el objetivo de promover las capacidades de los jóvenes Thai y de publicitar la capacidad de las aptitudes de los trabajadores Thai en relación con la comunidad internacional. La normativa del Trabajo Thai (TLS 8001-2003) se adoptó en apoyo de todos los tipos de establecimientos, especialmente aquellos orientados a la exportación, para su aplicación con carácter voluntario, y con el objetivo de mejorar la administración del trabajo y de hacerlo más sistemático, de conformidad con las normas laborales internacionales, encaminadas a mejorar los niveles de vida de los trabajadores y a un mayor desarrollo sostenible de las empresas. En 2009, eran 175 los establecimientos con una certificación TLS 8001-2003.

Reestructuración del desarrollo sostenible en las zonas rurales y urbanas. Se desarrollaron estrategias para brindar una orientación a las regiones, a los grupos de provincias y a las provincias, de cara al desarrollo sostenible de las zonas rurales y urbanas. En particular, se aplicó un proyecto encaminado a fortalecer el potencial de los desempleados, a efectos de añadir un valor económico y social a la comunidad (Proyecto Tonkla-Archeap), con arreglo al cual se había formado a 419.658 desempleados y personas interesadas, habiéndose reciclado a 163.538 aprendices para entrar en el empleo por cuenta propia. Los resultados incluyen una caída de las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, la promoción del empleo y un aumento de la generación de ingresos para los habitantes de las zonas rurales.

Adaptación de la oferta y la demanda laboral

El Departamento de Empleo (DOE) desarrolló un sistema en línea de información del mercado laboral para ayudar a quienes buscan trabajo y a quienes lo ofrecen, a través de la transmisión de información sobre el mercado laboral, incluidas las noticias relativas a la economía y a las inversiones Thai. El sistema en línea incluye: el trabajo doméstico (eservice) y el sistema de información en línea sobre el mercado laboral a través del sitio web del DOE, que comprende una información regional diaria y básica para las provincias. Durante el año fiscal de 2009, fueron 382.752 las vacantes y 3.037.305 los demandantes de empleo, 275.573 de los cuales fueron colocados en puestos de trabajo.

Vinculación de las medidas de desarrollo de las capacidades y el mercado laboral

Los centros de información del mercado laboral situados en todo el país, brindaron asistencia a través de programas de mercado laboral, incluidos: la mejora de la base de datos sobre la información del mercado laboral, el establecimiento de un sistema de registro de la fuerza de trabajo y la ampliación de las redes de información sobre el mercado laboral a las aldeas. El DSD llevó a cabo una formación anterior al empleo, a efectos de preparar a los recién incorporados al mercado laboral.

Colaboración entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, para fortalecer las medidas educativas y de capacitación. La Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Desarrollo del Trabajo, dirigida por el Primer Ministro y con representantes de los Ministerios pertinentes, incluidos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, tiene a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo de recursos humanos para consolidar los programas de capacitación y de educación, así como el control de su aplicación. En este contexto, en 2009, se impartió formación a 6.905 desempleados y cursos de reclasificación de las capacidades a 339.176 trabajadores de empresas a tiempo parcial y a tiempo completo.

Medidas para incrementar el ratio de la mujeres en el mercado laboral. En el contexto del Proyecto del DSD sobre el «empoderamiento de la mujer», se impartieron cursos de formación a jefes, cuidadores de niños y de personas de edad avanzada, empleados de oficina, camareras, mayordomos y diseñadores de moda. Durante el curso de 2009, fueron 323.339 los aprendices en los cursos del DSD, 150.543 de los cuales eran mujeres.

Formación de las personas con discapacidad. En 2009, el DSD realizó cursos de capacitación para 321 personas con discapacidad, 93 de las cuales están empleadas. La Oficina de la Seguridad Social (OSS) suministró rehabilitación y formación profesional a 197 personas con discapacidad y 191 personas están empleadas.

Impedir los abusos en la contratación de los trabajadores migrantes

Desde 2004, bajo la supervisión de la Comisión Administrativa de Trabajadores Migrantes Ilegales, se vinieron definiendo siete estrategias, a los fines del empleo legal de los trabajadores extranjeros. La primera fase implicó el registro de los trabajadores ilegales de Camboya, de la República Democrática Popular Lao y de Myanmar, que podrán permanecer temporalmente y trabajar en el país por un período no mayor de un año, mientras esperan la repatriación. El número total de permisos de trabajo renovado de los trabajadores extranjeros, fue de 932.255, de los cuales 812.984 fueron de Myanmar, 62.792, de la República Democrática Popular Lao y 56.476, de Camboya. Esos permisos expirarán el 28 de febrero de 2011. La segunda fase consistió en la modificación del estatuto de los trabajadores extranjeros registrados para pasar al de trabajadores migrantes legales. Se requiere que los países mencionados verifiquen las nacionalidades de esos trabajadores extranjeros, después de lo cual se expide un certificado de verificación de la nacionalidad o un pasaporte. A continuación, los trabajadores tienen que solicitar un visado de las autoridades Thai, de modo que puedan luego solicitar un permiso de trabajo. Al 27 de abril de 2010, el número total de trabajadores extranjeros cuyas nacionalidades se habían verificado, era de 200.610, incluidas las 71.390 de Myanmar, las 58.430 de la República Democrática Popular Lao y las 70.790 de Camboya. La tercera fase consistió en la contratación de trabajadores extranjeros, de conformidad con el MOU, suscrito entre el Gobierno de Tailandia y los Gobiernos de Myanmar, de la República Democrática Popular Lao y de Camboya. Al 27 de abril de 2010, eran 110.776 los trabajadores extranjeros de esos países, a los que se había permitido trabajar en Tailandia, incluidos los 20.092 de Myanmar, los 49.036 de la República Democrática Popular Lao y los 41.711 de Camboya.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal

El Fondo de Economía Básico brindó un apoyo a los proyectos de desarrollo de 80.000 aldeas de toda la nación. Al mismo tiempo, el Ministerio del Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, suscribió un acuerdo para asistir a los trabajadores que quisieran regresar al trabajo agrícola. A los desempleados que lo quisieran y fuesen seleccionados, se les asignarán tierras para el trabajo agrícola. El DOE puso en práctica proyectos para promover el empleo de grupos de trabajadores de la economía informal, en las áreas de la promoción y el desarrollo del trabajo a domicilio, con arreglo al cual se había formado en 2009, a 4.248 personas; se habían creado puestos de trabajo para los desempleados a través de la creación de actividades para el empleo por cuenta propia que abarcaban a 3.488 personas, en 2009; y el otorgamiento de préstamos a tasas de bajo interés de no más de 200.000 bath o de 6.200 dólares de los Estados Unidos, para grupos organizados de trabajadores a domicilio de cinco o más personas.

Con miras a la mejora de la protección de los trabajadores de la economía informal, se estableció un grupo de trabajo que comprendía a todos los organismos pertinentes del Ministerio del Trabajo. Existen en la actualidad leyes que protegen a los trabajadores a domicilio y a los trabajadores de la agricultura. El grupo de trabajo establece en la actualidad el marco y el proyecto de la reglamentación ministerial relativa a la protección de los trabajadores domésticos, incluidas las disposiciones sobre las vacaciones, el derecho de licencia de maternidad, el salario mínimo y la seguridad y salud en el trabajo. El 3 de marzo de 2010, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de protección del trabajo de los trabajadores a domicilio, que se encuentra actualmente en el Senado.

Además, ante la Comisión, una representante gubernamental subrayó la firme intención de su Gobierno de dar cumplimiento al Convenio, cuyas disposiciones siempre se habían utilizado en la formulación de políticas y en las medidas dirigidas a promover el empleo en el país. A efectos de mitigar el impacto de la crisis económica en los trabajadores y el empleo, su Gobierno había adoptado el Paquete de Estímulo y Recuperación de la Economía — que estaba en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo —, con el objetivo de revitalizar la economía tailandesa y de proteger a los menos favorecidos y a los más pobres del país, mediante la construcción de una mejor red de protección social para los grupos más vulnerables. El 6 de marzo de 2010, el Gabinete adoptó una resolución para aprobar varios proyectos transversales, con arreglo al Plan de Acción de fortalecimiento Thai o Thaikhemkhaeng, centrada en políticas y programas nacionales de todos los ministerios pertinentes. El Ministerio de Trabajo también llevó a cabo varios proyectos sobre la expansión de la orientación profesional para los jóvenes, el mercado de trabajo y la promoción del empleo, el desarrollo de capacidades y el desarrollo y promoción de los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a los puntos planteados por la Comisión de Expertos en torno a las medidas encaminadas a alcanzar a los trabajadores de la economía informal y a la coordinación de las medidas de política del empleo con prestaciones de desempleo, declaró que los trabajadores de la economía informal y los trabajadores por cuenta propia pueden obtener el acceso al sistema de seguro social con carácter voluntario. En la actualidad, se revisa la ley a fin de extender la cobertura de las prestaciones y a aumentar las categorías de trabajadores capacitados para obtener el acceso al sistema de seguridad social. También se brindaron servicios a los asegurados desempleados, con miras a la promoción del empleo. En lo que atañe a las medidas de promoción del empleo, destacó la importancia asignada al desarrollo de capacidades y al aprendizaje permanente, con arreglo al décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, de 2007-2011, y el hecho de que, con arreglo a la presente política del Gobierno, todos tienen una oportunidad de una educación gratuita obligatoria hasta la edad de 15 años. El préstamo a los estudiantes ofrece mayores oportunidades de acceso a los niveles profesional y universitario. Más gente puede acceder a la educación informal y al aprendizaje permanente. A través del Programa de Desarrollo del Potencial Humano, los programas de desarrollo de recursos humanos brindan un acceso adecuado al aprendizaje permanente, se aumenta la calidad educativa para todos y se mejora la productividad laboral, a través de la capacitación y la evaluación uniforme de las calificaciones. El Departamento de Capacitación también emprendió actividades en los terrenos de la formación anterior al empleo, de la formación para la reclasificación de las capacidades, de la evaluación uniforme de las calificaciones y de la formación en materia de capacidad empresarial. Con respecto a las medidas de protección social, el Gobierno adoptó medidas para mitigar el sufrimiento y asistió a los trabajadores y sus familias, de modo de ayudarles a conservar sus empleos y de asistir a aquellos que habían sido despedidos durante la crisis. También se adoptaron medidas para mejorar la competitividad nacional, como la Norma Nacional del Trabajo (TLS 8001-2003), adoptada en apoyo de todos los tipos de establecimientos, especialmente aquellos orientados a las exportaciones, que habían de ponerse en marcha con carácter voluntario. En 2009, eran 175 los establecimientos con una certificación TLS 8001-2003. También se desarrollaron estrategias para aportar orientación a las regiones y a las provincias, para el desarrollo sostenible en las zonas rurales y urbanas. De particular interés es el Proyecto de fortalecimiento del potencial de los desempleados, para añadir un valor económico y social en la comunidad (Proyecto Tonkla-Archeap), con arreglo al cual se habían formado 419.658 personas sin trabajo y personas interesadas. Esto redundó en una caída de las migraciones rurales-urbanas y en un incremento de la generación de ingresos de las poblaciones rurales.

Con respecto al vínculo entre las medidas de desarrollo y el mercado de trabajo, los Centros de Información del Mercado de Trabajo situados en todo el país, prestaron asistencia, a través de los programas del mercado de Trabajo. La Comisión Nacional de Coordinación de Capacitación y Desarrollo Laboral, es responsable de la formulación de políticas de desarrollo de recursos humanos para consolidar los programas de capacitación y de educación. También se adoptaron medidas para elevar la proporción de las mujeres en el mercado laboral, a través del proyecto sobre el «empoderamiento de la mujer». En el asunto relativo a los trabajadores migrantes, explicó cómo su política activa de empleo había impedido el abuso de la contratación de trabajadores inmigrantes en Tailandia, a través del registro de los trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de aquellos procedentes de Camboya, de la República Democrática Popular Lao y de Myanmar. Los trabajadores extranjeros registrados pueden, después de que se hayan verificado sus nacionalidades, modificar su estatuto de trabajador extranjero al de trabajador migrante legal.

Por último, en relación con los trabajadores del sector rural y la economía informal, el Fondo Básico de Economía brindó su apoyo a proyectos de desarrollo a escala nacional y el Ministerio de Trabajo suscribió un acuerdo para asistir a los trabajadores que desean regresar a las labores agrícolas. Se aplican en la actualidad proyectos encaminados a promover el empleo de trabajadores en la economía informal, incluidos los trabajadores a domicilio, a través del otorgamiento de préstamos a bajas tasas de interés. El Gobierno también prevé el establecimiento de un marco y de un proyecto de reglamento sobre la protección de los trabajadores domésticos, y el 3 de marzo de 2010, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley sobre protección del trabajo de los trabajadores a domicilio, que se encuentra en la actualidad en el Senado.

Los miembros trabajadores agradecieron a la representante gubernamental por las informaciones facilitadas, que son tanto más valiosas cuanto que el Gobierno no ha presentado ninguna memoria sobre la aplicación del Convenio desde 2007. Lamentablemente, las informaciones facilitadas por escrito sólo han sido transmitidas hoy a los miembros de la Comisión. Los miembros trabajadores prestan mucha atención al Convenio núm. 122, que es prioritario y prevé medios para garantizar a los trabajadores la posibilidad de disfrutar de su derecho al trabajo. La discusión que ha tenido lugar en el seno de esta Comisión en torno al Estudio General sobre los instrumentos relativos al empleo, que continúa en la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el Empleo, confirma la importancia de la política del empleo para promover y facilitar el pleno empleo productivo y libremente elegido, así como el trabajo decente.

El primer punto planteado en la observación de la Comisión de Expertos concierne a la política del empleo y la protección social. A este respecto, la Comisión de Expertos subrayó que 15.500.000 trabajadores de la economía informal no se benefician del seguro de desempleo. Este número ha aumentado más con la crisis económica y financiera. Los miembros trabajadores se refirieron a este respecto al párrafo 22 del Pacto Mundial para el Empleo, en el que se subraya que es necesario tratar la cuestión de la informalidad para lograr la transición al empleo formal. Pues sólo de esta manera podrán los trabajadores beneficiarse de todos los derechos en el ámbito de la protección social.

La Comisión de Expertos planteó igualmente la cuestión de la coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. Los miembros trabajadores tomaron buena nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno en lo que respecta a la formación de los solicitantes de empleo y el acceso al crédito a partir de cooperativas de crédito. Se trata, sin embargo, de saber en qué medida se inscriben estos esfuerzos en una política del empleo más amplia tendiente a reducir de manera significativa la pobreza en el país, y el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos en este ámbito. Por otro lado, los miembros trabajadores declararon que no disponen de informaciones precisas sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar seguimiento a las conclusiones adoptadas por esta Comisión en 2006 en lo que respecta a los trabajadores migrantes, y se sumaron a la solicitud que la Comisión de Expertos ha cursado al Gobierno para que exponga de manera detallada el impacto de las medidas adoptadas en el marco de una política activa del empleo para impedir abusos en la contratación y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia. También solicitaron con particular insistencia que, en los acuerdos bilaterales concertados con los países vecinos, el Gobierno incluya sistemáticamente una cláusula social para asegurar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores migrantes.

Los miembros trabajadores también hicieron valer que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo es muy baja, especialmente en la economía formal, y se felicitaron de las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar esa tasa. Sin embargo, todavía queda mucho camino por andar y el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos en este ámbito y facilitar informaciones sobre el impacto real de las medidas adoptadas. Los miembros trabajadores solicitaron igualmente al Gobierno que comunique datos sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la participación de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo y, en particular, estadísticas sobre el número de esas personas que han finalizado un programa de formación y han podido encontrar un empleo, a fin de que la Comisión de Expertos pueda seguir la evolución de la situación.

Por último, los miembros trabajadores subrayaron la gran importancia que atribuyen al artículo 3 del Convenio, relativo a la obligación de consultar a los representantes de las personas interesadas, y en particular a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en relación con la política del empleo con el objeto de que se tengan plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular esa política y de tener el apoyo necesario para su ejecución. Tomaron nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales todas las partes interesadas participarán en la política del empleo, pero solicitaron al Gobierno que proporcionara informaciones adicionales a este respecto.

Los miembros empleadores señalaron que el Convenio es un convenio prioritario de mayor importancia en relación con la gobernanza. Subrayaron que el Gobierno no ha facilitado la información solicitada por la Comisión de Expertos desde 2007 y que se proporcionan ante esta Comisión informaciones escritas pero con muy poca antelación. Esto no permite una discusión adecuada del caso, dado que no posibilita que la Comisión de Expertos efectúe su valiosa contribución a la discusión entre trabajadores y empleadores.

Las informaciones proporcionadas por el Gobierno tratan principalmente tres temas. En primer lugar, el paquete de estímulo y recuperación de la economía que permitirá, en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo, revitalizar la economía y proteger a los pobres a través de la red social. El Gobierno aprobó en este sentido proyectos transversales. En segundo lugar, la política social y del empleo permitirá incluir a los trabajadores de la economía informal en un régimen de seguridad social, asegurando por este medio, una protección social hasta ahora inexistente. En tercer lugar, la promoción del empleo mediante el décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2007-2011 que pone al ser humano en el centro del desarrollo y la capacitación de los trabajadores en concordancia con la demanda de mano de obra.

El desarrollo humano es importante, en particular mediante el aprendizaje permanente, las mejoras en la calidad de educación y la productividad laboral. Igualmente, las medidas de protección social en tiempo de crisis son esenciales para prevenir los despidos. Las calificaciones de los trabajadores deben adaptarse a la oferta y a la demanda de mano de obra para ayudar a quienes buscan y ofrecen un empleo. Las informaciones proporcionadas por el Gobierno mencionan al respecto la Comisión Nacional de Coordinación de Capacitación y de Desarrollo Laboral que elabora programas de capacitación y de educación; un proyecto destinado a las mujeres trabajadoras; formación para las personas con discapacidades, y el desarrollo del sector rural.

Los miembros empleadores destacaron que el Convenio exige como objetivo principal, que todo Estado Miembro formule y lleve a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La misma debe ser aplicada por métodos acordes con las condiciones y prácticas nacionales, y en consulta con los interlocutores sociales. En su Estudio General, la Comisión de Expertos consideró que hay tres pasos fundamentales para lograr el pleno empleo, a saber: 1) asumir un compromiso político para alcanzarlo; 2) establecer las instituciones necesarias para asegurar la materialización del pleno empleo, y 3) apoyar y promover la formación profesional y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Es necesario desarrollar una cultura empresarial como contenido de las políticas de empleo para fomentar el desarrollo de las empresas y la creación de puestos de trabajo. No se hace un llamamiento para analizar la legislación nacional en relación con el Convenio, sino un análisis más general para determinar si las políticas de empleo y de mercado están en conformidad con sus disposiciones. La información solicitada al Gobierno, la cual debe proporcionarse con la antelación suficiente, será valiosa en la medida en que esté vinculada con la eficacia de las políticas activas de empleo.

El miembro empleador de Tailandia subrayó que el Gobierno tailandés había proporcionado varios foros de consulta a los interlocutores sociales debido a la crisis actual. Las organizaciones de empleadores en el país están cooperando con el Gobierno para encontrar soluciones a estos problemas. Las empresas afectadas por la crisis financiera han participado en el Proyecto Tonkla-Archeap, lo que permitió a los empleadores enviar su fuerza de trabajo excedente para una formación profesional, con el apoyo financiero del Gobierno. Esto permitió a estos trabajadores mantener un ingreso. Las empresas participantes han firmado un Protocolo de Entendimiento con el Gobierno. Dicho protocolo impide el despido de los empleados por un período mínimo de un año, con la asistencia del Gobierno. El Gobierno también ha proporcionado préstamos a bajo interés para las empresas con escasa liquidez y que se habían comprometido a no despedir a sus empleados por un período mínimo de un año. El orador expresó su apoyo al Gobierno en sus esfuerzos para superar la crisis y lograr el trabajo decente en el país.

El miembro trabajador de la Argentina señaló que en este caso las estrategias implementadas para cumplir con el Convenio, más allá de no contar con resultados a la fecha ya denunciaban severos inconvenientes. El Ministerio de Trabajo con la colaboración de la Universidad de Chulalongkorm realizó estudios referidos a los impactos de los tratados de libre comercio en siete sectores industriales. Según dichos estudios, las prácticas que se basan en la búsqueda de competitividad asociada a los tratados de libre comercio precarizan a los trabajadores ya que las cuestiones económicas prevalecen sobre la protección del trabajador y el trabajo decente. Se carece de informaciones acerca de los estudios realizados por el Gobierno de Tailandia para evitar esos efectos negativos, y de las medidas correctivas adoptadas. Con la crisis las consecuencias se han agravado. En ese sentido, es necesario evaluar las estrategias a la luz del Pacto Mundial para el Empleo. Dichas estrategias no deben necesariamente expresarse en ajuste, baja de salarios o políticas recesivas, sino que existen otros modelos alternativos que se están aplicando y han demostrado su éxito en diferentes países con distintas historias y modelos productivos. Estas experiencias demuestran que hay un camino diferente al ajuste para enfrentar la crisis, a través del desarrollo armónico de los procesos económicos nacionales, de forma tal que se proteja el empleo decente, se promuevan nuevos puestos de trabajo y se aumente la protección social, en el marco del diálogo tripartito. Los países que llevaron adelante las políticas teniendo en cuenta al ser humano como centro de la actividad económica, tal como se plantea en las estrategias del Pacto Mundial para el Empleo han obtenido resultados altamente positivos. Las medidas tomadas en Argentina, tuvieron en consideración un axioma fundamental, el del círculo virtuoso de la economía que nos enseña que, mayores salarios generan mayor consumo interno, el que a su vez genera mayor producción con el consiguiente aumento del empleo. Existen alternativas dignas al ajuste y a la destrucción del empleo decente respetando los objetivos de la OIT y la defensa de la condición humana. Y estas medidas son demostrativas de la viabilidad del Pacto Mundial para el Empleo y por lo tanto posibles de ser aplicadas en Tailandia.

El miembro trabajador de Alemania declaró que además de contribuir valiosamente a los debates internacionales, por ejemplo con el Pacto Mundial para el Empleo, la OIT puede asimismo ejercer una influencia a nivel nacional. Sin embargo, para ello debe disponer de informaciones detalladas sobre la situación actual del mercado de trabajo de sus Estados Miembros. Ahora bien, en los últimos años, el Gobierno de Tailandia no ha proporcionado las informaciones solicitadas sobre su política del empleo. No obstante, la cooperación es necesaria, en particular, en el contexto actual de crisis económica y financiera. Esta crisis ha permitido a algunos empleadores en Tailandia despedir a sindicalistas y reclutar en su lugar a trabajadores con contratos temporales. El temor a los despidos y la debilidad del derecho laboral impiden la sindicalización en numerosos lugares. Desafortunadamente, Tailandia no ha ratificado todavía los Convenios núms. 87 y 98.

Durante el primer trimestre de 2010, el PIB de Tailandia ha aumentado en un 12 por ciento. Según el Gobierno, este aumento obedece a las exportaciones, a la solidez del sector bancario y a su política monetaria y fiscal. Sin embargo, es difícil garantizarlo a causa de la falta de información disponible. Lo que sí es cierto, es que muchos pobres, principalmente en la economía informal, no se benefician del programa de ayuda del Gobierno, y que las desigualdades sociales, que sufren especialmente los trabajadores migrantes, siguen siendo enormes en el país. Además, a pesar de los intentos de desarrollo de la política social, todavía no se han realizado mayores reformas en la legislación laboral. El orador instó al Gobierno de Tailandia a que coopere con la OIT y con el conjunto de los Estados Miembros en este período de crisis. Se debe trabajar conjuntamente para que, en todo el mundo, se adopten medidas positivas que garanticen la creación de numerosos empleos. Por último, el orador exhortó al Gobierno a que sea claro en su política y a que comunique informaciones a la OIT, en el marco del Convenio núm. 122, con respecto a la reciente evolución de su mercado laboral.

El miembro trabajador de Indonesia manifestó su decepción de que el Gobierno de Tailandia no hubiese comunicado información detallada sobre los esfuerzos realizados para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio respecto de los trabajadores migrantes. En 2006, la Comisión, cuando discutió el caso, ya había destacado la importancia de una política activa de empleo para promover la efectiva integración de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo y para impedir su abuso y explotación. Son más de 2 millones los trabajadores migrantes de Tailandia, lo que representa del 5 al 10 por ciento de la fuerza del trabajo, y que contribuyó con aproximadamente el 1,25 por ciento del PIB, en 2005. Trabajan primordialmente en la agricultura, en la pesca, en la construcción, en la industria manufacturera y en el sector de los servicios. La mayoría de los inmigrantes estaban indocumentados y habían huido del régimen represivo de Birmania. Son vulnerables a la explotación y a la violación de sus derechos en particular con respecto al pago del salario, el tiempo de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Además, hacen frente a obstáculos para constituir sindicatos y obtener la protección social. Los trabajadores indocumentados se encuentran en un riesgo aún mayor de ser víctimas de tráfico y de esclavitud. Deberían establecerse políticas y programas de migraciones, en consulta con los interlocutores sociales, para reconocer la existencia de un gran número de trabajadores que se encuentran en situación regular e irregular y para dar respuesta a sus derechos y necesidades. Los programas de registro ya instaurados podrían contribuir a formalizar las corrientes de migraciones irregulares. Sin embargo, los programas vigentes son demasiado restrictivos, costosos y difíciles de utilizar. El proceso de verificación nacional para los trabajadores migrantes generó confusión e inseguridad, en particular en el caso de los apátridas de Birmania. Las políticas de migraciones tienen que ser cuidadosamente formuladas y aplicadas, en cumplimiento del Convenio núm. 122, teniéndose en cuenta la interacción entre las leyes sobre migraciones y las leyes laborales. Se instó al Gobierno a que informe detalladamente el próximo año, sobre los esfuerzos realizados para mejorar la condición jurídica de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo.

El miembro trabajador de Brasil recordó que el Gobierno de Tailandia no había respetado sus obligaciones en materia de envío de memorias sobre la aplicación del Convenio, desde 2007. Esto constituye un obstáculo al buen funcionamiento del sistema de control de la OIT. Las informaciones comunicadas por escrito por el Gobierno, no son suficientes para demostrar el compromiso del Gobierno. El Convenio núm. 122 reviste una gran importancia desde el comienzo de la crisis económica y financiera. La economía de Tailandia está ligada estrechamente a la de Estados Unidos, Europa y Japón, que sufren todavía los efectos de la crisis. El PIB de Tailandia ha caído en un 2,49 por ciento en 2009 y, según las informaciones disponibles, es posible que el desempleo aumente en el curso de los dos próximos trimestres. El número de trabajadores de la economía informal, que representa ya el 70 por ciento de la población activa, podría aumentar en consecuencia, puesto que sirve para absorber las duras repercusiones para los trabajadores que pierden su empleo. Dado que los trabajadores de la economía informal no están cubiertos por la seguridad social, este fenómeno aumentará la exclusión social. El orador estimó que el sistema de protección social debe ser universal. El primer objetivo del Convenio, que es la promoción del pleno empleo productivo y libremente elegido, será difícil de lograr, en todo caso, para los trabajadores de la economía informal.

En relación con los objetivos fijados en el Programa de Trabajo Decente por País para el período 2010-2011 y subrayó que las informaciones comunicadas por el Gobierno no trataban de las medidas adoptadas en ese ámbito, salvo en lo que se refiere a los esfuerzos destinados a incluir los trabajadores de la economía informal en el sistema de seguridad social. Esto es absolutamente insatisfactorio. También mencionó las conclusiones relativas al trabajo decente y la economía informal, adoptadas en la Conferencia en 2002, que subrayan que debe darse prioridad especialmente a los siguientes aspectos: «considerar especialmente la eliminación de los obstáculos relacionados con el marco legal e institucional e identificar los obstáculos para la aplicación de las normas del trabajo pertinentes para los trabajadores de la economía informal, y ayudar a los mandantes tripartitos a establecer las leyes, políticas e instituciones que dan efecto a estas normas». Desgraciadamente, ninguna de estas cuestiones figura en el Programa de Trabajo Decente por País de Tailandia.

En conclusión, el orador manifestó el deseo de que la Comisión solicite al Gobierno de Tailandia que proporcione informaciones actuales y detalladas sobre la situación del empleo en el país y la aplicación del Convenio, así como sobre la puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente por País. De este modo, sería posible para la OIT ofrecer una cooperación técnica para mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal.

La representante gubernamental acogió con beneplácito las recomendaciones de los miembros trabajadores y empleadores. Éstas se tomarán en cuenta para mejorar la situación. Se presentará información más específica y documentación en la próxima memoria del Gobierno.

Los miembros trabajadores tomaron nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Gobierno en el ámbito de la política de empleo. Refiriéndose a las Conclusiones adoptadas por la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el Empleo, invitaron al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para elaborar una política de empleo que genere empleos decentes, productivos y libremente elegidos; aplique dicha política a los grupos más vulnerables, en particular, los trabajadores migrantes, las mujeres y las personas con discapacidades; incluya en los acuerdos bilaterales una cláusula social que garantice los derechos de los trabajadores migrantes; elabore más programas de formación y desarrollo de las calificaciones, sobre todo en el sector rural y en la economía informal; se base en los principios y recomendaciones que figuran en el Pacto Mundial para el Empleo para resolver las dificultades que el país enfrenta en el ámbito del mercado de trabajo. Solicitaron al Gobierno que proporcione las más amplias informaciones sobre todas las medidas en ese ámbito y sobre los resultados obtenidos. Por último, recomendaron al Gobierno que asocie plenamente a su política de empleo a los representantes de los trabajadores, incluidos los de los trabajadores migrantes y de la economía informal.

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno las informaciones proporcionadas, lamentando, sin embargo no haber podido contar con la memoria solicitada por la Comisión de Expertos en tiempo y forma, lo que hubiera posibilitado un análisis más profundo de este caso. El Gobierno ha manifestado su voluntad política de cumplir con el Convenio. Es necesario que las políticas activas de empleo atiendan a la oferta y también a la demanda en el mercado de trabajo. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que la generación de empleo en estos últimos años ha sido propiciada por pequeñas y medianas empresas privadas, por lo que el Gobierno deberá seguir apoyando a las empresas sostenibles, en particular a las pequeñas y medianas. La promoción de una cultura empresarial, y la adopción de medidas que faciliten la creación de empresas tal como lo indica la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), constituyen medios valiosos para integrar a más trabajadores en la economía formal. Por tal motivo, debería analizarse su inclusión en las políticas activas de empleo. Asimismo, se hace necesario que el Gobierno continúe incluyendo en las políticas activas de empleo, iniciativas de formación profesional y políticas educativas que atiendan las necesidades del mercado de trabajo. También deberá continuar celebrando consultas con los interlocutores sociales con respecto a cada una de las políticas elaboradas a fin de promover el pleno empleo productivo y libremente elegido y evaluar así la eficacia y pertinencia de las mismas.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita presentada por la representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión advirtió que en las observaciones de 2008 y 2009, la Comisión de Expertos había planteado asuntos relativos a la coordinación de las medidas de política de empleo con las prestaciones de desempleo, en particular para los trabajadores en la economía informal; la prioridad del empleo en el marco de una política económica y social coordinada y las medidas de política del mercado de trabajo adoptadas para las categorías vulnerables de trabajadores.

La Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno en el sentido de que se había adoptado un Paquete de Estímulo y Recuperación Económicas de acuerdo con el Pacto Mundial para el Empleo con la finalidad de alcanzar la recuperación de la economía de Tailandia y proteger a los más pobres construyendo una mejor red de seguridad para los grupos más vulnerables. La Comisión también tomó nota de la información gubernamental sobre la ejecución de esquemas de desarrollo de recursos humanos que dan acceso adecuado a la formación permanente, tienden a reforzar la calidad general de la educación y a mejorar la competitividad nacional. En 2010, el Departamento de Protección y Bienestar Laborales tomó medidas para atenuar el impacto de los despidos de los trabajadores y de sus familias afectados por la crisis.

Tomando nota de la información dada por el Gobierno sobre el Décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 2007-2011, la Comisión pidió al Gobierno que brinde más informaciones sobre los resultados alcanzados en términos de generación de empleo decente, productivo y libremente elegido y sobre las medidas tomadas para incluir a las categorías más vulnerables de trabajadores en el mercado de trabajo, categorías tales como los trabajadores con discapacidades, las mujeres rurales, así como también a los trabajadores de la economía informal. La Comisión también subrayó la importancia de promover una cultura empresarial, la iniciativa empresarial y a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, (núm. 189), 1998.

Además, la Comisión tomó nota de las informaciones sobre las medidas para registrar a los trabajadores extranjeros con la finalidad de asegurarles un empleo legal. La Comisión recordó que la protección de los trabajadores migrantes ya había sido objeto de preocupación en la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006. La Comisión pidió al Gobierno que disponga acciones específicas en el marco de una política activa de empleo para aplicar medidas apropiadas para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

La Comisión recordó, como lo requiere el artículo 3 del Convenio, que las consultas con los interlocutores sociales, tanto en la etapa inicial de la formulación de políticas como durante el proceso de ejecución son esenciales, y permiten a los gobiernos tomar plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales. La Comisión invitó al Gobierno a que informe de manera detallada en qué medida los mecanismos tripartitos han contribuido específicamente a la formulación de la política del empleo y a la ejecución de medidas activas del mercado del trabajo para poder lograr superar la crisis y asegurar una recuperación sostenida.

La Comisión pidió al Gobierno que comunique a la Comisión de Expertos las informaciones sobre los aspectos mencionados para que sean abordados en su próxima reunión.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2006, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha suministrado información sobre la aplicación de lo dispuesto en el Convenio desde su última memoria recibida en abril de 2007.

Seguimiento de la discusión en la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2010). En relación con su observación de 2007, la Comisión toma nota de las conclusiones de la discusión tripartita que tuvo lugar en el seno de la Comisión de la Conferencia en junio de 2010. El Gobierno señaló que ha adoptado un paquete de medidas de recuperación de acuerdo con el Pacto Mundial para el Empleo, con la finalidad de reincentivar la economía tailandesa y proteger la población más pobre del país mediante la creación de una mejor red de seguridad para los grupos más vulnerables. La Comisión tomó nota asimismo de la información suministrada por el Gobierno, según la cual, ha puesto en marcha programas de desarrollo de recursos humanos destinados a facilitar el acceso a un aprendizaje permanente, mejorar la calidad general de la educación y estimular la competitividad del país. En 2010, el Departamento de Protección del Trabajo y Bienestar adoptó medidas para paliar las repercusiones de los despidos sobre los trabajadores y sus familias a causa de la crisis. La Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a suministrar más información sobre los siguientes asuntos:

–           los resultados obtenidos en el marco del Décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 2007-2011, a efectos de generar empleo decente, productivo y libremente elegido;

–           las medidas adoptadas para integrar en el mercado del trabajo a las categorías de trabajadores más vulnerables, tales como los trabajadores con discapacidades, las trabajadoras rurales y los trabajadores de la economía informal;

–           la promoción de una cultura de empresa, de iniciativas empresariales y de las pequeñas y medianas empresas, con arreglo a la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189);

–           las medidas adoptadas para el registro de los trabajadores extranjeros con la finalidad de garantizarles un empleo en condiciones de legalidad;

–           el modo en que los mecanismos tripartitos han contribuido específicamente a la formulación de una política del empleo y a la aplicación de medidas activas del mercado del trabajo para superar la crisis y garantizar una recuperación sostenible.

La Comisión advierte también de que la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que suministre una memoria para la presente reunión. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria para su examen en la próxima reunión y que responda a los asuntos planteados por la Comisión de la Conferencia así como a los ya planteados en su observación de 2007.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, en 2004, ya se había iniciado un programa de seguro de desempleo. El Gobierno señala en su memoria que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas registradas en dicho régimen, 111.568, que representan el 27 por ciento de los beneficiarios, encontraron otro empleo dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes fueron remitidas a cursos de capacitación. La Comisión tomó nota también de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo, en abril de 2007, en la que insistía en el elevado número de trabajadores del sector informal, la industria de los servicios y de empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el régimen de la seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indicó que se iniciarían pronto planes y se tomarían medidas concretas para ofrecer mejores prestaciones y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura prevista para los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las políticas de empleo con las prestaciones de desempleo.

Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión tomó nota de que el Gobierno estableció una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, tal como se desprende del hecho de que haya dado prioridad a tres estrategias en su plan de desarrollo: el desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, la reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la mejora de la estrategia nacional de promoción de la competitividad. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, de qué modo promueven el empleo las medidas adoptadas con arreglo a las tres estrategias mencionadas, dentro del marco de una política económica y social coordinada. La Comisión solicita también al Gobierno que incluya información sobre los programas del mercado del trabajo aplicados para adecuar la oferta y la demanda de mano de obra.

Mercado del trabajo y políticas de formación. La Comisión tomó nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD) se centró en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento de las capacidades. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los resultados obtenidos por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación para coordinar las políticas de educación y formación con posibles oportunidades de empleo.

Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación. Mujeres. El Gobierno señaló que había alentado a los empleadores para que nombraran asesoras laborales en sus establecimientos. Además, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ha presidido el acceso a los servicios del DSD. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada en su próxima memoria sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en el aumento de la tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo. La Comisión pide también que se indique la distribución por sexos de las personas que se beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

Personas con discapacidades. Según las estadísticas del Gobierno, el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo aumentó en 2006. Entre otras intervenciones, cabe citar los cursos de formación profesional para personas con discapacidad, los servicios de desarrollo de capacidades laborales y prácticas para quienes hayan completado la formación profesional, y prestaciones familiares y comunitarias destinadas a asistir y apoyar a los hijos con discapacidades. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, aquellas que hayan completado el programa y hayan podido encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

Trabajadores migrantes. En el contexto de las políticas del empleo, la Comisión subraya la necesidad de asegurar que todos los trabajadores migrantes reciban un trato justo. La Comisión recuerda que la protección de los trabajadores migrantes ha sido un motivo de preocupación en las discusiones tripartitas celebradas en junio de 2006 y junio de 2010. En relación con este asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2010, y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno señaló que los trabajadores a domicilio en el sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica. Asimismo, en 2006 se puso en marcha un proyecto destinado a los trabajadores del sector agrícola con el que se pretende mejorar sus condiciones de trabajo y de vida y sensibilizarles más sobre la necesidad de protección en el trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique en su próxima memoria información sobre la aplicación de los programas y políticas de empleo rural, así como sobre cualquier otra medida que haya adoptado para promover el empleo y mejorar el número y la calidad de las oportunidades de empleo para los trabajadores a domicilio prestando especial atención a la situación de las mujeres. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar la absorción de éstos en el mercado del trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido información alguna sobre la aplicación del Convenio desde que envió su última memoria, que se recibió en abril de 2007. La Comisión confía en que el Gobierno comunique una memoria que incluya información en respuesta a los puntos planteados en la observación de 2008 de la Comisión, que abordaba las cuestiones siguientes:

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, y tal como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, en la que se insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas como parte integrante de una política económica y social coordinada. Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión agradecería recibir información sobre los programas de mercado de trabajo implementados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo.

Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir, en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación. Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que a los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos que corrían el riesgo de ser despedidos o que habían sido despedidos, para los desempleados y los pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional y lograr un aumento de los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en lo que respecta a aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que han seguido los cursos de formación del DSD.

Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que completaron el programa y han podido encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que estaba aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a que se encuentran en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006 sobre la aplicación del Convenio por Tailandia y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política activa de empleo para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes interesadas. Están abiertos para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para acceder de manera más fácil a esos trabajadores migrantes y proporcionar una protección más eficaz. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2010.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2007, redactada como sigue:

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, el Gobierno había decidido, en septiembre de 2006, revisar sus políticas y ampliar la cobertura de seguridad social al sector informal. En consecuencia, como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, que insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales, mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas, «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión toma nota con interés de esas iniciativas y se complace en recibir informaciones sobre los programas de mercado laboral aplicados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, de modo de garantizar que puedan entrar y permanecer en el mercado laboral las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones y cambios estructurales en el comercio internacional.

3. Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con oportunidades posibles de empleo.

4. Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación.

n      Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que para los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos en situación de riesgo o que habían sido despedidos, desempleados o pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional e incrementar los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

n      Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que hubiesen completado el programa y que pueden encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

n      Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que había aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a encontrarse en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia (véase la parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

n      Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

5. Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes concernidas. Están abiertas para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para que los trabajadores migrantes tuviesen un acceso más fácil y una protección eficiente. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos, en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en abril de 2007, en respuesta a sus observaciones anteriores.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, el Gobierno había decidido, en septiembre de 2006, revisar sus políticas y ampliar la cobertura de seguridad social al sector informal. En consecuencia, como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, que insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

3. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales, mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas, «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión toma nota con interés de esas iniciativas y se complace en recibir informaciones sobre los programas de mercado laboral aplicados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, de modo de garantizar que puedan entrar y permanecer en el mercado laboral las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones y cambios estructurales en el comercio internacional.

4. Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con oportunidades posibles de empleo.

5. Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación.

n      Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que para los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos en situación de riesgo o que habían sido despedidos, desempleados o pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional e incrementar los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

n      Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que hubiesen completado el programa y que pueden encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

n      Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que había aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a encontrarse en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia (véase la parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

n      Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

6. Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes concernidas. Están abiertas para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para que los trabajadores migrantes tuviesen un acceso más fácil y una protección eficiente. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos, en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 en la Comisión de la Conferencia en relación con la aplicación del presente Convenio. El Gobierno proporcionó información a la Comisión de la Conferencia sobre las tendencias más recientes del mercado laboral, con inclusión de las medidas tomadas para promover el empleo, el desarrollo de las calificaciones y la protección social. La Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas sobre las oportunidades para que las trabajadoras, los trabajadores con discapacidades y los trabajadores en el sector rural y en la economía informal obtengan y conserven sus empleos y se promueva su justo acceso a la educación, a la formación y al empleo. Se subrayó que era necesario tomar medidas en el marco de una política activa del empleo para promover la integración efectiva de los trabajadores migrantes y prevenir casos de abuso o de explotación de dichos trabajadores. La Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a que comunicase una respuesta detallada a los asuntos planteados por la Comisión de la Conferencia y por la Comisión de Expertos en su observación de 2005. La Comisión de Expertos toma nota de que la memoria del Gobierno, que debía presentarse en septiembre de 2006, no ha sido recibida. En consecuencia, se ve obligada a remitirse a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y a reiterar los puntos principales que planteara en sus comentarios anteriores.

1. Política de empleo y protección social. En su solicitud directa de 2002, la Comisión instó al Gobierno a seguir un enfoque integrado en lo que respecta a la protección social y la protección del empleo y pidió al Gobierno que informase sobre la implementación de prestaciones por desempleo como un complemento de sus políticas de empleo. La Comisión había tomado nota con interés de que el Gobierno empezó a recaudar las cotizaciones para el seguro de desempleo el 1.º de enero de 2004 y a pagar prestaciones el 1.º de julio de 2004. La Comisión entiende que la Oficina Nacional de Salud introdujo un programa universal de asistencia sanitaria y que la Oficina de Seguridad Social está estudiando la ampliación de la seguridad social a la población que no está cubierta. La Comisión espera que el Gobierno continúe informando sobre los progresos alcanzados para ampliar la protección adecuada a toda la población y sobre las medidas tomadas para coordinar su política de empleo con el sistema de prestaciones por desempleo.

2. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados por la implementación de las medidas del noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006) incluyendo información sobre la situación de los grupos socialmente vulnerables, como los trabajadores del sector rural y de la economía informal. A este respecto, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, está en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. Agradecería recibir estadísticas detalladas sobre las tendencias en el mercado de trabajo y más información sobre hasta qué punto el desarrollo económico conduce a una mejora del mercado de trabajo y a la reducción de los niveles de pobreza. La Comisión también agradecería recibir información sobre cómo las medidas tomadas para promover el empleo funcionan «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Sírvase indicar cómo la preocupación por mejorar la cantidad y la calidad del empleo se toma en cuenta en las políticas económicas, tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el empleo.

3. Políticas de mercado de trabajo y de formación. La Comisión había tomado nota de que el Departamento de Empleo, el Departamento de Desarrollo de las Calificaciones y el Ministerio de Educación han implementado un programa de formación profesional para estudiantes, mujeres de regiones pobres o de grupos religiosos minoritarios, personas con discapacidades y otras categorías de desempleados. La Comisión agradecería recibir información sobre los resultados de los diversos programas de formación y sobre las medidas tomadas para garantizar que las calificaciones obtenidas en estos programas de formación se adaptan a las demandas del mercado de trabajo. Agradecería recibir información sobre la forma en la que los diferentes departamentos gubernamentales están coordinando las políticas de empleo, del mercado de trabajo y la formación. La Comisión se remite, a este respecto, a las disposiciones del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

4. Prevención de la discriminación (artículo 1, párrafo 2, c)).

–           Mujeres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los esfuerzos para supervisar las oportunidades de las trabajadoras a fin de que consigan y conserven empleo y promover la igualdad de acceso a la educación, la formación y el empleo.

–           Personas con discapacidades. La Comisión agradecería recibir información sobre los progresos realizados para la integración de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo.

–           Trabajadores migrantes. Sobre esta cuestión específica, la Comisión se remite a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y pide al Gobierno que continúe informando detalladamente sobre las medidas tomadas dentro del marco de una política activa del empleo para prevenir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia (véase parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

–           Trabajadores del sector rural y de la economía informal. La Comisión agradecería recibir más información sobre las medidas tomadas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo de las personas del sector rural y de la economía informal.

5. Consulta con los representantes de las personas interesadas. Del mismo modo que la Comisión de la Conferencia, insta al Gobierno a tomar más en cuenta las opiniones expresadas por los interlocutores sociales y garantizar que se celebrarán consultas de buena fe. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas tripartitas que traten de las políticas de empleo, y que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal toman parte en dichas consultas. En lo que respecta a los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la participación de los representantes de empleadores y trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores migrantes, en la adopción y aplicación de medidas sobre migración. Asimismo, insta al Gobierno a que informe tanto a los empleadores como a los trabajadores de las políticas gubernamentales y de las normas del trabajo que protegen los derechos de los trabajadores migrantes.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria recibida en noviembre de 2004. La Oficina Subregional de la OIT en Bangkok también ha señalado a la atención de la Comisión información adicional sobre la aplicación del Convenio.

1. Política de empleo y protección social. En su solicitud directa de 2002, la Comisión instó al Gobierno a seguir un enfoque integrado en lo que respecta a la protección social y la promoción del empleo y pidió al Gobierno que informase sobre la implementación de prestaciones por desempleo como un complemento de sus políticas de empleo. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno empezó a recaudar contribuciones para el seguro de desempleo el 1.º de enero de 2004 y a pagar prestaciones el 1.º de julio de 2004. La Comisión entiende que la Oficina Nacional Sanitaria ha introducido un programa universal de asistencia sanitaria y que la Oficina de Seguridad Social está estudiando la ampliación de la seguridad social a la población que no está cubierta por ella. La Comisión expresa su agradecimiento y confía en que el Gobierno continuará informando sobre los progresos alcanzados en la ampliación de la protección social adecuada a toda la población y sobre las medidas tomadas para coordinar su política de empleo con el sistema de prestaciones de desempleo.

2. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota con interés de que el número de pobres se ha reducido desde la crisis financiera de 1997 con 6,2 millones en 2002 por 8,9 millones en 2000. El Gobierno indica que su objetivo es erradicar la pobreza para 2009 a través del incremento de los ingresos, la reducción de los gastos y la ampliación de las oportunidades. El Gobierno ha establecido el Centro nacional de lucha contra la pobreza y el Subcomité sobre Ocupación y Promoción del Empleo, presidido por el Viceprimer Ministro. La Comisión también toma nota de que, aunque se ha reducido el número de pobres, la repartición de ingresos entre la quinta parte más pobre de la población ha permanecido en un 4 por ciento durante el último decenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados por la implementación de las medidas del noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006), incluyendo información sobre la situación de los grupos socialmente vulnerables, tales como los trabajadores del sector rural y de la economía informal. A este respecto, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, está en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. Agradecería recibir estadísticas detalladas sobre las tendencias del mercado de trabajo y más información sobre hasta qué punto el crecimiento económico conduce a una mejora del mercado de trabajo y a la reducción de los niveles de pobreza. La Comisión también agradecería recibir información sobre cómo las medidas tomadas para promover el empleo funcionan «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Sírvase indicar cómo la preocupación por mejorar la cantidad y la calidad del empleo se toma en cuenta en las políticas económicas, tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el empleo.

3. Políticas de mercado de trabajo y de formación. La Comisión toma nota de que el Departamento de Empleo, el Departamento de Desarrollo de las Calificaciones, y el Ministerio de Educación han ejecutado programas de formación profesional para estudiantes, mujeres de regiones pobres o de grupos religiosos minoritarios, personas con discapacidades y otras categorías de desempleados. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana supervisa las políticas del trabajo relacionadas con el tráfico, los trabajadores desfavorecidos y las personas con discapacidades. Aunque también otros grupos socialmente vulnerables, tales como los trabajadores a domicilio o los trabajadores rurales, están protegidos por reglamentos ministeriales promulgados por el Ministerio de Trabajo. La Comisión toma nota de los progresos logrados a través de estas medidas; por ejemplo, la guía general del Subcomité para la promoción del empleo ha dado resultados con respecto al empleo juvenil. La Comisión agradecería recibir información sobre los resultados de los diversos programas de formación y sobre las medidas tomadas para garantizar que las calificaciones obtenidas en estos programas de formación se adaptan a las demandas del mercado de trabajo. Agradecería recibir información sobre la forma en la que los diferentes departamentos gubernamentales están coordinando las políticas de empleo, del mercado de trabajo y la formación. La Comisión se remite a las disposiciones del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y de la recientemente adoptada Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

4. Prevención de la discriminación (artículo 1, párrafo 2, c)).

-  Mujeres. El Gobierno señala que el artículo 38 de la Ley sobre la Protección del Trabajo, de 1998 y el reglamento ministerial núm. 2, que prohíbe a los empleadores exigir que las trabajadoras realicen ciertos trabajos peligrosos, fueron concebidos para proporcionar protección especial a las trabajadoras y evitar la discriminación basada en el sexo. La Comisión toma nota de que, en 2004, en Tailandia el porcentaje de mano de obra femenina era más bajo (65,1 por ciento) que el de los hombres (81,8 por ciento). Las mujeres siguen estando demasiado representadas en trabajos financieramente inestables como el trabajo a domicilio, la agricultura y la manufactura. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los esfuerzos para supervisar las oportunidades de las trabajadoras a fin de que consigan y retengan trabajos y para promover la igualdad de acceso a la educación, la formación y al empleo.

-  Personas con discapacidad. La Comisión toma nota que las personas con discapacidad representaban el 1,8 por ciento de la población o 1.100.000 personas en 2001 y recibían dos tercios de los ingresos de otros trabajadores. La Comisión comprende que las personas registradas que tienen discapacidades (357.753 en 2003) tienen derecho a asistencia estatal y que el Gobierno está revisando la Ley sobre la Rehabilitación de Personas con Discapacidad. La Comisión agradecería recibir información sobre los progresos realizados para la integración de las personas con discapacidad  en el mercado abierto de trabajo.

-  Trabajadores migrantes. En su última memoria, el Gobierno expresó su preocupación respecto a la protección de los trabajadores regulares e irregulares y sobre la proliferación del tráfico de personas. A fin de regular el flujo de trabajadores migrantes y en sus esfuerzos para proporcionarles protección, el Gobierno ha firmado memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar. La Comisión entiende que, en julio de 2004, 1.280.000 personas estaban registradas como trabajadores extranjeros migrantes y tenían permisos de trabajo, buscaban empleo o vivían como dependientes en Tailandia hasta el 30 de junio de 2005. Unos 800.000 trabajadores obtuvieron permisos de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas tomadas dentro del marco de una política activa de empleo a fin de prevenir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia (véase parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

-  Trabajadores del sector rural y de la economía informal. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno está cooperando con la Oficina en un proyecto sobre la economía informal para dar a los trabajadores de este sector una mayor protección. El Departamento de Empleo ha organizado sesiones de orientación profesional en pueblos, y se proporciona formación a los trabajadores a domicilio para aumentar su productividad y proteger su seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota de que en 2004 se adoptaron un reglamento ministerial especial para la protección de los trabajadores a domicilio y un reglamento ministerial sobre la protección de los trabajadores del sector agrícola. La Comisión agradecería recibir más información sobre las medidas tomadas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo de las personas del sector rural y de la economía informal.

5. Consulta con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de la satisfacción expresada por el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) sobre los resultados generales obtenidos por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha tomado en cuenta la recomendación realizada por el Consejo Nacional de Desarrollo y Asesoramiento sobre el Trabajo en la formulación e implementación de políticas del empleo, en particular, el programa de seguro de desempleo antes mencionado. Sin embargo, el NCTL indica que las consultas realizadas en los órganos tripartitos interesados en lo que respecta a las políticas de desarrollo de las calificaciones carecen de efecto práctico. El NCTL invita al Gobierno a tomar más en cuenta las opiniones expresadas por los interlocutores sociales y garantizar que se celebrarán consultas de buena fe. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas tripartitas que traten de las políticas de empleo, y que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal toman parte en dichas consultas. En lo que respecta a los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la participación de los representantes de empleadores y trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores migrantes, en la adopción y aplicación de medidas sobre migración. Asimismo, insta al Gobierno a que informe tanto a los empleadores como a los trabajadores de las políticas gubernamentales y de las normas del trabajo que protegen los derechos de los trabajadores migrantes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

No disponible en español.