Caso individual (CAS) - Discusión: 2017, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Un representante gubernamental señaló que, desde su independencia en diciembre de 1951, Libia ha adoptado numerosas leyes que prohíben y penalizan el trabajo infantil. Libia está aplicando las disposiciones del Convenio, mediante las siguientes leyes: la Ley de Jóvenes Errantes (ley núm. 5 de 1955), el Código Penal (ley núm. 48 de 1956), la Ley sobre la Regulación de la Situación de los Menores (ley núm. 17 de 1992), la Ley sobre la Protección de la Infancia (ley núm. 5 de 1997), la decisión núm. 100, de 1998, del Consejo de Ministros sobre el establecimiento de la Comisión Suprema para la protección de la infancia y la Ley de Relaciones Laborales (ley núm. 12 de 2010). En virtud del artículo 27 de la Ley de Relaciones Laborales (ley núm. 12 de 2010), no se permite que ninguna persona menor de 18 años de edad realice ningún tipo de trabajo, a menos que sea con fines educativos o como parte de un aprendizaje o de una formación a partir de una edad mínima de 16 años y con la condición de que se protejan la salud, la seguridad y la moralidad del joven. En el artículo 5 de dicha ley se define a un joven como toda persona física que haya alcanzado la edad de 16 años, pero todavía no los 18 años. El artículo 10 de la Ley sobre la Protección de la Infancia (ley núm. 5 de 1997) contiene disposiciones similares, que prohíben el empleo de menores salvo que esto sea a los efectos de un aprendizaje y se base en la voluntad del niño. En lo que respecta a las perores formas de trabajo infantil, tal como se prevé en el artículo 3 del Convenio, se trata de todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, o de otras peores formas, tal como se prevé en los apartados b), c) y d) del artículo 3; se señaló que están prohibidas en Libia y que son sancionables conformemente a lo dispuesto en los artículos 406 y 416 del Código Penal. Por lo referente a los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Libia, de fechas 12 de enero de 2015 y 15 de febrero de 2016, y a la información contenida en el último informe sobre el reclutamiento forzoso de niños y su utilización en conflictos armados por grupos armados que han jurado lealtad al Estado Islámico en Iraq y el Levante (ISIL), el orador puso de relieve que Libia está afrontando su peor crisis política y una escalada de violencia desde 2011. El Gobierno legítimo de Libia, representado por el Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional, capturó la última posición del ISIL, el 6 de diciembre de 2016, y anunció oficialmente el 17 de diciembre de 2016 que la ciudad de Sirte, que estuvo bajo el control del ISIL durante más de un año y medio, ha sido liberada. El último informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), publicado el 4 de abril de 2017, señaló que «las autoridades locales iniciaron algunas obras de rehabilitación en Sirte a medida que los desplazados internos comenzaron a regresar a partes de la ciudad» y que «se elaboró, bajo la supervisión del Consejo Presidencial, un plan de estabilización de Sirte después del conflicto» (documento S/2017/283, párrafo 25). Además, debería señalarse que el Jefe de la UNSMIL y Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Libia, Sr. Martin Kobler, señaló en su alocución más reciente al Consejo de Seguridad, el 7 de junio de 2017, que si bien el ISIL sigue constituyendo una amenaza, es «una sombra de lo que era hace apenas un año». Tras haber vencido al ISIL en Sirte, se ha puesto fin a las prácticas llevadas a cabo por la organización contra los niños durante su control de la ciudad, incluido el reclutamiento forzoso de niños para sus operaciones militares, la prohibición de que los niños se escolaricen, y la imposición a las niñas de la obligación de llevar el velo, y los niños han podido retomar sus estudios. En vista de los actos atroces cometidos por los grupos que despliegan su actividad fuera de la ley, y en particular por la organización terrorista ISIL, el Estado libio espera poder recibir apoyo en sus esfuerzos contra el terrorismo en lugar de tener que venir a dar explicaciones ante la Comisión. Pese a sus modestas capacidades militares y al embargo de armas que le ha sido impuesto por el Consejo de Seguridad, Libia ha logrado derrotar al ISIL y expulsarlo de las ciudades de Darna, Sabratha y, por último, Sirte.

Tomando nota de que la educación es un derecho humano fundamental, el orador subrayó que la educación es un derecho para todos en Libia, y que el sistema educativo se divide en tres fases, a saber, la escolarización primaria obligatoria de nueve años, la enseñanza secundaria y la formación profesional, además de la enseñanza superior (universitaria), todas ellas gratuitas en todas las regiones de Libia. En lo que respecta a las observaciones de la Comisión relativas a la disminución del número de alumnos que se encuentran en la enseñanza primaria, que pasaron de 1 056 565 en el período comprendido entre 2009 y 2010 a 952 636 en el período que abarca desde 2010 a 2011, debería señalarse que dicho descenso no obedeció a una escolarización insuficiente, sino más bien al número de nuevos alumnos y de aquéllos que pasan de la enseñanza primaria a la segunda fase de la educación. El número de estudiantes de la enseñanza primaria aumentó nuevamente en el año escolar 2011-2012, hasta 1 003 865. Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Educación en agosto de 2015, en el período comprendido entre 2011 y 2015 hubo un promedio de 1 024 945 alumnos en Libia. A pesar de la situación excepcionalmente difícil del sector educativo en Libia en dicho período, la mayoría de las escuelas primarias y secundarias permanecieron abiertas. En los casos en que las escuelas fueron destruidas o estaban ubicadas en zonas de conflicto, o se utilizaban para acoger a desplazados internos, se hallaron otras instalaciones en algunas de estas regiones para permitir que los alumnos prosiguieran sus estudios. En el curso escolar actual 2016-2017, todas las escuelas abrieron sus puertas en la fecha prevista, salvo las que fueron dañadas en Sirte y Bengazi, que abrieron tras confirmarse que no se exponían a ningún peligro remanente. Así pues, los alumnos de todas las escuelas primarias y secundarias pudieron hacer sus exámenes finales para el curso escolar 2016-2017 en mayo de 2017, y se ha previsto que los exámenes para la finalización de la fase primaria comiencen el 2 de julio de 2017, y los de la fase secundaria el 16 de julio de 2017. En total, 137 947 alumnas y alumnos harán sus exámenes para la finalización de la fase primaria o secundaria en 2017. El Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional concede particular importancia a los temas relacionados con los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, de las mujeres y de las personas con necesidades especiales, así como los derechos a la educación, la salud y el desarrollo, entre otros derechos que respetan la identidad religiosa y cultural del pueblo libio. Se considera importante garantizar los derechos de las mujeres, como iguales al hombre, ya que además representan la otra mitad de la sociedad. Así pues, el Consejo Presidencial ha dado un paso importante al emitir un decreto sobre el establecimiento de una unidad para el empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de fortalecer su papel y su participación en los esfuerzos de construcción del Estado. Por último, el orador señaló que Libia no figura entre los Estados enunciados en los anexos de los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado. Subrayó la importancia que reviste el apoyo continuo de la comunidad internacional a los esfuerzos del Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional para construir las instituciones del Estado y fortalecer su autoridad en todo el territorio, así como el respaldo a sus políticas y medidas encaminadas a permitir que tanto el ejército como la policía desempeñen su función de una manera ejemplar, y a llevar a cabo un programa efectivo para la desmovilización, el desarme y la reintegración, asegurando, al mismo tiempo, el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, y haciendo avanzar el país por la vía del desarrollo.

Los miembros trabajadores declararon que en el informe de 2017 de la Comisión de Expertos se hace hincapié en dos cuestiones principales: el reclutamiento obligatorio de niños en conflictos armados y el acceso a la enseñanza básica gratuita. Se recordó que Libia sigue padeciendo un conflicto armado y que, según la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la proliferación de grupos armados conduce a graves violaciones y abusos de los derechos humanos, como secuestros, torturas y asesinatos de civiles y niños y ataques a los mismos, así como al reclutamiento forzoso y a la utilización de niños en grupos armados que juran lealtad al ISIL. Se han comunicado varios ejemplos de estas prácticas. En el informe sobre Libia de Human Rights Watch (HRW) de 2017 se destaca que esta inseguridad continua ha provocado el colapso del sistema de justicia penal, que de otra manera castigaría a los autores de delitos relacionados con el trabajo infantil — los tribunales permanecen cerrados o funcionan a un nivel reducido, y las áreas bajo el control del ISIL están sujetas a su propia interpretación de la ley islámica (la Sharia). Los niños refugiados y desplazados dentro del país son especialmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil. El informe de 2017 del UNICEF titulado «Una travesía mortal para los niños» señala que las mujeres y los niños deben pagar a los contrabandistas en base a un método de «pagar a medida que avanzan» que endeuda y hace vulnerables a muchos de ellos a los abusos, el secuestro y la trata, y que también secuestran a los niños cuyos padres no han pagado lo suficiente. El ISIL también paga a los contrabandistas en su empeño por atraer y reclutar a los niños refugiados no acompañados, lo cual pone de manifiesto su potencial vulnerabilidad a la radicalización. Para subrayar las cuestiones en juego, los miembros trabajadores recordaron detalladamente las conclusiones de la Comisión de Expertos formuladas en virtud de los artículos 1 y 3 del Convenio. Con respecto al acceso a la enseñanza básica gratuita, se recordaron las conclusiones de la Comisión de Expertos en virtud del artículo 7, 2), del Convenio y se describió la situación en Libia, tal como lo documentaron las Naciones Unidas en enero de 2015, Human Rights Watch en noviembre de 2016 y el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe anual sobre los niños y el conflicto armado de 2016. Según esas fuentes, los restos explosivos de guerra siguen siendo un grave peligro para los niños; las escuelas de Trípoli, Bengasi, Gandoufa y otros lugares han sufrido muchos daños o han sido destruidas a causa de bombardeos indiscriminados; otras han sido cerradas y convertidas en refugios improvisados para desplazados internos y algunas han sido utilizadas por grupos armados para lanzar ataques, en particular en las zonas de Warshafana y las montañas de Nafusa, o como centros de detención por el Consejo Consultivo de los Muyahidines de Derna. Las niñas han sido víctimas de ataques y acoso por parte de grupos armados durante su desplazamiento a las escuelas en Trípoli; en ciertas zonas controladas por la organización Ansar al-Sharia, los padres temen enviar a sus hijas a la escuela porque pueden ser secuestradas, y en Sirte y otras zonas controladas por grupos que juran lealtad al ISIL, no se permite a las niñas asistir a las escuelas o se las autoriza a hacerlo sólo si llevan un velo que cubra todo su rostro; e incluso en las escuelas que siguen en pie y en funcionamiento, los padres se abstienen de enviar a sus hijos a la escuela por temor a que resulten heridos durante los ataques. En consecuencia, el acceso de los niños a la educación se ha visto sumamente limitado y comprometido por el conflicto en Libia. Para concluir, los miembros trabajadores instaron al Gobierno a conceder prioridad a los derechos de los niños y a tomar medidas prácticas para garantizar que las prohibiciones que establece la legislación se apliquen efectivamente. Lo que se necesita es un programa efectivo para eliminar las peores formas de trabajo infantil, y emprender acciones integrales inmediatas, teniendo en cuenta la importancia que reviste ofrecer una educación básica gratuita, así como la necesidad de alejar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y de asegurar su rehabilitación y su reinserción social.

Los miembros empleadores subrayaron que, en aproximadamente 17 países alrededor del mundo, decenas de millones de niños y niñas se encuentran luchando en guerra de adultos. Algunos son utilizados como soldados y participan directamente en hostilidades mientras que otros son utilizados para cumplir funciones de tipo logístico o para abusar sexualmente de ellos. Estos niños son secuestrados, reclutados en contra de su voluntad o deciden ellos mismos alistarse por distintos motivos sin conocer las consecuencias. El Convenio núm. 182 define el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados como una de las peores formas de trabajo infantil. También representa una violación a los derechos humanos y un crimen de guerra. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la participación de niños en conflictos armados prohíbe todo reclutamiento, voluntario u obligatorio, de niños menores de 18 años por fuerzas armadas o grupos armados. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla como crimen de guerra, pudiendo llevar a un enjuiciamiento individual, el hecho de proceder al reclutamiento o al alistamiento de niños menores de 15 años o el hecho de obligarlos a participar activamente en las hostilidades. La situación de Libia es grave y compleja. La situación de los niños afectados por el conflicto armado en el país es deplorable. Libia se encuentra sumido en un estado de guerra, afrontando la peor crisis política y una escalada de violencia que incluye hasta bombardeos a hospitales y escuelas. Estos actos funestos se cometen en una situación en que no existe un Estado de derecho, no hay interlocutores válidos. Puede decirse que hay varios gobiernos que están en estado de guerra coexistiendo con guerrillas internas dentro del mismo territorio. El Estado de derecho, elemento fundamental que no debería desaparecer jamás y un gobierno único y efectivo, son el punto de partida de cualquier solución que pretenda encontrarse al caos en que está Libia. Del informe de la Comisión de Expertos surge claramente que es el «Estado Islámico en Iraq y en el Levante» (ISIL), o sea grupo armado beligerante quien recluta niños con fines guerreros. Esos actos son una calamidad para el presente y para el futuro e incluyen forzarlos a formación religiosa y militar, que comporta el uso de armas, mirar vídeos donde se exhiben decapitaciones, y ser abusados sexualmente. En una situación de guerra es por demás difícil que el Estado como tal pueda luchar contra esas desastrosas conductas sin que previamente cese el estado de guerra interna y retome el domino de su territorio. Si el Estado no puede controlar a esos grupos beligerantes, tampoco podrá luchar eficazmente contra la violación por parte de los mismos del Convenio núm. 182, y poner término, de la misma manera que no podrá garantizar la seguridad y la educación de los niños. Distinto sería si fuera el Gobierno de Libia quien también estuviera adoptando esas conductas violatorias de los derechos del niño, pero ello no surge del informe de la Comisión de Expertos. La comunidad internacional en su conjunto debe ser consciente de la extrema gravedad de la situación por la que atraviesa Libia y de los efectos nocivos para todos sus ciudadanos, pero especialmente, y en forma por demás grave, a los niños. Al tiempo que se reconoció la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de grupos armados y de conflictos armados en el país, los miembros empleadores se unieron al llamado de la Comisión de Expertos e instaron vivamente al Gobierno a que, pese a las dificultades señaladas, procure adoptar, lo más urgente posible, medidas: 1) para garantizar la plena e inmediata desmovilización de todos los niños y para detener en la práctica, el reclutamiento forzoso de los niños menores de 18 años de edad para grupos armados; 2) inmediatas y efectivas para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos de todas las personas que recluten por la fuerza a niños menores de 18 años de edad para su utilización en conflictos armados, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. Los miembros empleadores solicitaron al Gobierno que adopte medidas efectivas y en el menor plazo posible para prever la rehabilitación e inserción social y educativa de los niños, y que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos. Ante la compleja situación en Libia y aprovechándose de la discusión tripartita en el seno de la Comisión, los miembros empleadores, lanzaron un llamado enérgico a la comunidad internacional para que colabore a que el conflicto armado llegue a su fin y así la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, incluidas las peores formas, pueda ser una realidad lo más pronto posible. En su informe, la Comisión de Expertos también pregunta si existe legislación que regule las sanciones penales para el tráfico de drogas, la producción o exposición de materiales indecentes, así como si se ha revisado el listado de trabajos peligrosos. Sería conveniente que se mejore la legislación y se atienda concretamente esos supuestos, más allá de la regulación genérica que existe hoy. Los miembros empleadores indicaron que era de desear que se reinstale a la brevedad el estado de derecho y que la comunidad internacional y la OIT hagan los mayores esfuerzos tendientes a esa regularización institucional, lo que sin duda mitigará el flagelo por el que atraviesa el país y sufren diariamente los niños.

La miembro trabajadora de Libia señaló que el terrorismo y el extremismo se han extendido desde 2011 y que muchos oficiales militares, periodistas y activistas de la sociedad civil han sido atacados o asesinados. El ISIL y Al-Qaida han entrado en Libia, y diversas milicias y grupos armados les han jurado lealtad. Aún no han sido derrotados y siguen estando en condiciones de reclutar a niños a sus filas. Estos niños son trasladados a continuación a campamentos en Turquía, cerca de la frontera con Siria, donde tienen lugar las peores formas de trabajo infantil, según consta en las observaciones de la Comisión de Expertos y conforme a la definición que figura en el artículo 3, d), del Convenio. En Siria, estos niños reciben formación de combate con fondos facilitados por los Estados que apoyan y exportan el terrorismo. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas libias se han organizado y han entrenado a sus soldados. Con la debida consideración de las leyes que se ajustan al Convenio, comenzaron a combatir el terrorismo en Bengasi y Darna, y liberaron muchas ciudades y pueblos que estaban en manos de los terroristas, permitiendo que sus habitantes recuperaran su vida y que los niños volvieran a la escuela. Sin embargo, existen grandes problemas de desplazamiento y hay muchos niños errantes que sueñan con regresar a sus hogares. Esto explica que haya cada vez menos niños inscritos en las escuelas primarias, y que se haya deteriorado la educación desde 2011. Muchos niños viven en campamentos; hay miles de desplazados en Bengasi y Trípoli, y muchos dispersados en otras ciudades. Como se menciona en el informe de la Comisión de Expertos, el Gobierno debe realizar esfuerzos para adoptar medidas preventivas que garanticen el acceso a la educación básica y prohíban el reclutamiento de niños por las milicias armadas. La falta de educación es uno de los principales problemas que afrontan los niños, como sucede en el pueblo de Tawarga, donde no tienen acceso a la educación durante la primera infancia. Después de mucho tiempo, se han puesto a su disposición los medios para que estudien en sus pueblos y en los campamentos en los que han buscado cobijo. Sin embargo, la situación que viven y el entorno inadecuado les afectan mucho psicológicamente. Algunos no pueden ir a la escuela. Necesitan desesperadamente una rehabilitación psicológica. Estas condiciones les llevan a migrar a Europa en barcas de la muerte. Además, existe otro problema que explica la disminución del número de estudiantes, a saber, el desplazamiento forzoso de unas 20 000 familias al extranjero desde 2011, algunas de las cuales viven en duras condiciones de pobreza. La miembro trabajadora de Libia expresó su pleno apoyo a las recomendaciones de la Comisión de Expertos, e instó al Gobierno de Libia a que adopte medidas contra el trabajo infantil, en particular para que los desplazados regresen a sus hogares en condiciones de seguridad y en un plazo definido, particularmente en el pueblo de Tawarga, sin represalias y con garantías de protección. Lo mismo debe garantizarse a los refugiados que han sido desplazados al extranjero desde 2011. La finalidad de tales medidas debe ser velar por que todos los niños que no han podido acceder a la educación ni a sus derechos básicos puedan recibir educación y vivir una vida digna. Asimismo, el Gobierno debe enjuiciar a todos los terroristas y a los grupos armados y las milicias que recluten a la fuerza a niños menores de 18 años, e imponerles sanciones penales severas y disuasorias.

El miembro empleador de Sudáfrica recordó la necesidad de continuar ayudando a Libia a solucionar el problema actual por conducto de las organizaciones internacionales, y señaló que el Gobierno de Libia debe garantizar que se brinden servicios de educación básica gratuita completa, rehabilitación y reinserción a todos los niños que residen en los territorios que controla actualmente. Urge tomar conciencia de que el propio futuro de Libia depende de esta rehabilitación.

La miembro trabajadora de Italia apoyó la posición expresada por la miembro trabajadora de Libia y añadió algunos comentarios. La línea divisoria entre la esclavitud, la trata de personas y el tráfico ilícito es muy fina, y los niños refugiados son especialmente vulnerables al trabajo infantil en este proceso de explotación. Muchos de los niños refugiados que llegan a Italia habían sido reclutados previamente para grupos armados o sometidos a trabajo forzoso en Libia, lo que repercute enormemente en sus vidas y su futuro. Además, los desplazados internos y los niños refugiados en Libia son particularmente vulnerables a la radicalización por parte de grupos como el ISIL, de los que son blanco en las escuelas y otros lugares. El problema del trabajo infantil, especialmente el reclutamiento en milicias armadas, debe abordarse en su origen. Es necesario que el Gobierno de Libia adopte medidas urgentes y con plazos determinados para asignar recursos suficientes para la protección de los niños y conceder derechos legales, con la confianza de que los niños de su país estén seguros y protegidos al asistir a la escuela pública, universal y gratuita, que es una prioridad absoluta. La violencia y los abusos de los derechos humanos son el origen de los problemas relativos al trabajo infantil, y el Gobierno de Libia debe asumir su parte de responsabilidad y desempeñar su función al poner fin a los mismos, así como al gestionar los centros de detención estatales para los refugiados y los desplazados internos. Los sindicatos italianos apoyaron en primer lugar el proyecto, y acogieron ulteriormente con agrado la ley adoptada el pasado mes de abril, que aborda de manera adecuada, en el artículo 1, las lagunas legislativas detectadas en el ámbito de la protección y la integración de los menores no acompañados que llegan a Italia, tales como la igualdad de trato en relación con los menores que tienen ciudadanía italiana y, en el artículo 3, la no devolución de menores en ningún caso. Sin embargo, la cuestión es garantizar la protección de los niños cuando se encuentran en Libia, ámbito en el que la comunidad internacional también desempeña un papel. Es necesario que el Gobierno de Libia redoble sus esfuerzos en la práctica con miras a adoptar medidas inmediatas y eficaces para impedir con carácter de urgencia el proceso de reclutamiento, y restablecer su sistema de justicia penal a efectos de enjuiciar a los responsables de trabajo infantil. También debe asegurar que los niños refugiados o los desplazados internos tengan acceso a la educación y se los rehabilite e integre socialmente, de tal manera que tengan unas perspectivas de futuro mejores en Italia o en Libia.

El miembro gubernamental de Egipto tomó nota de la declaración formulada por el representante gubernamental relativa a las leyes pertinentes sobre las peores formas de trabajo infantil y las sanciones conexas. El Gobierno de Libia se enfrenta a una guerra contra el terrorismo, que ha comenzado a dar sus frutos al eliminar a las organizaciones terroristas, tal como se menciona en el informe de las Naciones Unidas al que se refirió el representante gubernamental. El Gobierno realizó esfuerzos para luchar contra el terrorismo y eliminar las exacciones cometidas contra los niños. Así pues, se alentó al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos en ese terreno y a que recurra a la asistencia técnica de la OIT en este sentido, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento del Convenio núm. 182 y de otros convenios de la OIT en general.

La miembro trabajadora de España insistió en la importancia del acceso a la educación básica como una medida preventiva clave contra el trabajo infantil y el reclutamiento de menores en las fuerzas armadas por las milicias de los actores no estatales en Libia. Como el Preámbulo del Convenio núm. 182 lo establece, el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular, al alivio de la pobreza y la educación universal. El trabajo infantil puede evitarse en Libia o en cualquier otra parte. El trabajo infantil se puede prevenir y la educación es un aspecto clave en lo que debería ser un enfoque multisectorial para la eliminación de esta práctica. La situación es compleja y las divisiones políticas dominan en el país, los actores no estatales prevalecen y las Naciones Unidas reconocen uno de los tres ministerios de educación. Sin embargo, el Gobierno de Libia debería ampliar los esfuerzos para adoptar medidas de duración determinada para prevenir la participación de menores en trabajos peligrosos y, de manera general, para erradicar el trabajo infantil. El informe de la Comisión de Expertos de 2017 y el informe de UNICEF denuncian las condiciones de vida de los menores y la vulnerabilidad de las jóvenes que se ven obligadas a vivir en centros de detención (campamentos) de las milicias. Cientos de miles de menores se ven privados de sus derechos humanos básicos, son obligados a prostituirse y son sometidos a una extrema violencia física y psicológica. Por ejemplo, en Sirte, se estima que 10 420 niños retornados (8 300 en primaria y 2 120 en secundaria) están con una necesidad urgente de educación y de apoyo psicosocial. Además, los datos obtenidos por UNICEF a través del responsable de la oficina regional de educación de Sirte en diciembre de 2016 muestran que de las 101 escuelas de la ciudad que cuentan con 35 400 alumnos (18 995 niñas y 16 405 niños), 39 de ellas están parcialmente destruidas y dos completamente destrozadas. Según el principio segundo de la Declaración de los Derechos del Niño «cada niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad». Para hacer cumplir y reforzar los principios fundamentales del Convenio, es necesario que el Gobierno de Libia asegure las necesidades de educación básica en aquellas áreas del país más necesitadas, es decir, especialmente aquellas áreas afectadas por el conflicto y de más difícil acceso, incluidas aquellas poblaciones que han sido enteramente desplazadas o que han recibido una proporción considerable de desplazados internos y refugiados. Hizo un llamamiento al Gobierno de Libia para cumplir con las obligaciones en virtud del artículo 7, 2), a) y c), del Convenio núm. 182 para adoptar medidas efectivas que en un plazo determinado aseguren el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible, una formación profesional adecuada para todos los menores retirados de las peores formas de trabajo infantil.

La miembro gubernamental de Zimbabwe tomó nota de las observaciones del Gobierno de Libia e instó a la Comisión a tomar nota y apreciar los esfuerzos realizados por este último en las circunstancias actuales. Es necesario emprender acciones colectivas en la lucha contra el trabajo infantil, y los mandantes tripartitos en Libia deberían conceder prioridad al diálogo social y aunar esfuerzos con miras a la eliminación del trabajo infantil. Zimbabwe apreció el compromiso del que ha hecho gala el Gobierno de Libia y solicitó a la OIT que preste asistencia técnica a Libia a este respecto.

El miembro gubernamental de Argelia señaló que el espíritu de los convenios fundamentales y de gobernanza de la OIT se refleja en el sistema legislativo y normativo en Libia, con arreglo al cual las autoridades públicas aplican las leyes al organizar y gestionar sus servicios esenciales. El Gobierno ha realizado esfuerzos para proteger a los niños y prevenir el trabajo infantil combatiendo todas las formas de trabajo infantil en las particulares condiciones económicas y de seguridad del país. De esta manera, el Gobierno protege a los niños contra la intolerancia y el terrorismo. La comunidad internacional debería ayudar, alentar y apoyar a Libia para que supere su crisis.

El representante gubernamental manifestó que el Gobierno de Libia está intentando estabilizar el país. De todos es sabido que la dictadura libia ha causado problemas durante mucho tiempo, los cuales, con la asistencia de la OIT y la comunidad internacional, se superarán. El informe de la Comisión de Expertos hace referencia a una serie de grupos terroristas, y no al Estado de Libia. El ISIL está usando niños para cometer actos de guerra y terrorismo. Los flujos migratorios que atraviesan el país también han causado dificultades. La mayoría de los migrantes provienen de África Subsahariana. Aunque el Gobierno negoció con la Unión Europea para resolver la crisis, cientos de miles de migrantes permanecen sin hogar mientras esperan el momento de migrar a Europa. Con respecto a la educación, la situación no es exactamente la que consta en el informe, en el que se hace referencia a situaciones anteriores a 2011. Desde entonces, las escuelas primarias han progresado por etapas y el sistema educativo básico actual está recomponiéndose progresivamente. La economía de Libia se ha deteriorado debido a la fluctuación de los precios del petróleo y a los problemas de las regiones petroleras, y ha causado problemas financieros en el país. El Gobierno abordará los problemas que surjan en el sector de la educación, en particular porque afectan a todas las familias. Expresó su esperanza en que las conclusiones de la Comisión sirvan para apoyar a Libia y en que el país reciba asistencia técnica de la OIT.

Los miembros empleadores tomaron nota de las declaraciones realizadas por los oradores y subrayaron que todos coincidieron en que Libia vive en un estado de conflicto y que la situación es compleja. El Gobierno informó sobre las medidas tomadas a fin de mejorar la educación y aumentar la cantidad de niños en la escuela, entre otras cosas. Las soluciones no son mágicas y no se puede arreglar la situación con una varita. La adopción de una legislación tampoco es suficiente para resolverla inmediatamente. El Grupo de los Empleadores hizo un llamado a la comunidad internacional, a los trabajadores y empleadores, así como a la OIT para que trabajen juntos en la búsqueda de una solución que garantice la desmovilización de los niños de los grupos guerrilleros y su rehabilitación e inserción social y educativa.

Los miembros trabajadores reconocieron las dificultades a las que tiene que hacer frente Libia para cumplir con sus obligaciones internacionales en el contexto del conflicto armado en curso, pero subrayaron la necesidad de adoptar medidas inmediatas y efectivas para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Si bien es el Gobierno el que ha de encargarse principalmente de esta cuestión, la comunidad internacional debería prestar la asistencia necesaria a este respecto, con lo cual se trataría de una forma de responsabilidad conjunta. Aunque el Gobierno señaló que ha establecido disposiciones jurídicas para abordar los problemas identificados por la Comisión de Expertos, también debería mostrar la voluntad política necesaria para destinar los recursos materiales adecuados a la eliminación del trabajo infantil en la práctica. A tal efecto, se espera que el Gobierno renueve su compromiso con sus obligaciones a fin de aplicar el Convenio en la práctica y, en particular, que:

— adopte medidas con carácter urgente para asegurar la desmovilización plena e inmediata de todos los niños y para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de menores de 18 años;

— adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y se emprendan acciones judiciales firmes contra todas las personas que reclutan a la fuerza a menores de 18 años para su utilización en conflictos armados, y que se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica;

— tome medidas efectivas y en un plazo determinado para la rehabilitación e inserción social de los niños y transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados alcanzados, y

— adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para mejorar el funcionamiento del sistema educativo del país y para facilitar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños, especialmente a las niñas, los niños que viven en las zonas afectadas por conflictos armados y los niños desplazados dentro del país.

Como conclusión, los miembros trabajadores reiteraron que es necesario que el Gobierno adopte medidas con carácter de urgencia, y pidieron a la comunidad internacional que proporcione la asistencia necesaria a este respecto.

Conclusiones