Repetición

La Comisión toma nota de la complejidad de la situación que atraviesa el país y del conflicto armado.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. Trabajo de igual valor. La Comisión tomó nota de que el artículo 75, a) del Código del Trabajo de 2010 prevé el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, consagrado en el Convenio. Sin embargo, también toma nota de que el artículo 75, b) define el trabajo de igual valor como «el trabajo que requiere iguales calificaciones científicas y competencias profesionales, acreditadas por un certificado de experiencia laboral». La Comisión señala que esa definición limita la plena aplicación del principio establecido en el Convenio y recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Este concepto es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos los países, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor. Además, la Comisión recuerda que el principio se ha aplicado para comparar la remuneración percibida por hombres y mujeres que trabajan en distintas ocupaciones, tales como cuidadores en instituciones para personas de edad (predominantemente mujeres) y guardias de seguridad en oficinas (predominantemente hombres) o cuidadores durante las comidas en las escuelas (predominantemente mujeres) y guardianes de parques y jardines (predominantemente hombres) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 675). Habida cuenta de lo anterior la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 75, b) del Código del Trabajo a fin de garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres no solo cuando realizan el mismo trabajo sino también cuando realizan trabajos diferentes pero que sin embargo tienen el mismo valor.

Repetición

La Comisión toma nota de la complejidad de la situación que atraviesa el país y del conflicto armado.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. Trabajo de igual valor. La Comisión tomó nota de que el artículo 75, a), del Código del Trabajo de 2010 prevé el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, consagrado en el Convenio. Sin embargo, también toma nota de que el artículo 75, b), define el trabajo de igual valor como «el trabajo que requiere iguales calificaciones científicas y competencias profesionales, acreditadas por un certificado de experiencia laboral». La Comisión señala que esa definición limita la plena aplicación del principio establecido en el Convenio y recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Este concepto es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos los países, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor. Además, la Comisión recuerda que el principio se ha aplicado para comparar la remuneración percibida por hombres y mujeres que trabajan en distintas ocupaciones, tales como cuidadores en instituciones para personas de edad (predominantemente mujeres) y guardias de seguridad en oficinas (predominantemente hombres) o cuidadores durante las comidas en las escuelas (predominantemente mujeres) y guardianes de parques y jardines (predominantemente hombres) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 675).Habida cuenta de lo anterior la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 75, b), del Código del Trabajo a fin de garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres no solo cuando realizan el mismo trabajo sino también cuando realizan trabajos diferentes pero que sin embargo tienen el mismo valor.

La Comisión toma nota de que el Consejo de Derechos Humanos condenó y expresó su profunda preocupación ante las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en la República Árabe Siria (Resolución del Consejo de Derechos Humanos en su 17.ª sesión especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria, 23 de agosto de 2011 – A/HRC/S-17/2) y lamentó la falta de progresos realizados en el proceso de reforma política. La Comisión manifiesta su preocupación de que, sin un diálogo inclusivo, creíble y genuino, efectuado en un entorno sin miedo ni intimidación, y sin la efectiva protección de los derechos humanos, la aplicación del Convenio se vea seriamente obstaculizada, si no imposible. Sin embargo, dado que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Cambios legislativos. La Comisión toma nota de la adopción de una nueva Ley del Trabajo (núm. 17/2010), cuyo artículo 75, a), dispone que el empleador deberá aplicar el principio de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor» a todos los trabajadores sin discriminación alguna, incluida la discriminación basada en el género. El artículo 75, b), define el «trabajo de igual valor» como el «trabajo que requiere las mismas calificaciones científicas y profesionales, según se atesten en un certificado de experiencia laboral». Al tiempo que valora la referencia específica a «trabajo de igual valor» en la nueva Ley del Trabajo, la Comisión señala su preocupación por el hecho de que la definición que figura en el artículo 75, b), pueda restringir indebidamente la aplicación del artículo 75, a), ya que no parece que permita comparar trabajos que requieran diferentes habilidades y calificaciones, pero que sin embargo tengan el mismo valor. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la aplicación práctica del artículo 75 de la nueva Ley del Trabajo, incluidas todas las decisiones administrativas o judiciales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información específica en relación con el alcance de la comparación que se permite en virtud del artículo 75, b), y en particular si es posible comparar empleos que sean de una naturaleza totalmente distinta, y que requieran calificaciones y habilidades diferentes, a fin de determinar si tienen el mismo valor en virtud del artículo 75, a).

Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información en respuesta a sus anteriores observaciones en relación con las medidas concretas adoptadas para determinar la naturaleza, extensión y causas de las desigualdades en la remuneración que existen en la práctica, a fin de definir medidas específicas para abordar esas desigualdades. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a realizar estudios para determinar la naturaleza, extensión y causas de las desigualdades en la remuneración existentes en la práctica entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en los sectores público y privado, y que defina medidas específicas para hacer frente a estas desigualdades. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información plena sobre el sistema de clasificación ocupacional mencionado en la memoria anterior, incluida información sobre los criterios utilizados para garantizar que este sistema de clasificación está libre de sesgo de género.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Cambios legislativos. La Comisión toma nota de la adopción de una nueva Ley del Trabajo (núm. 17/2010), cuyo artículo 75, a), dispone que el empleador deberá aplicar el principio de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor» a todos los trabajadores sin discriminación alguna, incluida la discriminación basada en el género. El artículo 75, b), define el «trabajo de igual valor» como el «trabajo que requiere las mismas calificaciones científicas y profesionales, según se atesten en un certificado de experiencia laboral». Al tiempo que valora la referencia específica a «trabajo de igual valor» en la nueva Ley del Trabajo, la Comisión señala su preocupación por el hecho de que la definición que figura en el artículo 75, b), pueda restringir indebidamente la aplicación del artículo 75, a), ya que no parece que permita comparar trabajos que requieran diferentes habilidades y calificaciones, pero que sin embargo tengan el mismo valor. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la aplicación práctica del artículo 75 de la nueva Ley del Trabajo, incluidas todas las decisiones administrativas o judiciales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información específica en relación con el alcance de la comparación que se permite en virtud del artículo 75, b), y en particular si es posible comparar empleos que sean de una naturaleza totalmente distinta, y que requieran calificaciones y habilidades diferentes, a fin de determinar si tienen el mismo valor en virtud del artículo 75, a).

Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información en respuesta a sus anteriores observaciones en relación con las medidas concretas adoptadas para determinar la naturaleza, extensión y causas de las desigualdades en la remuneración que existen en la práctica, a fin de definir medidas específicas para abordar esas desigualdades. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a realizar estudios para determinar la naturaleza, extensión y causas de las desigualdades en la remuneración existentes en la práctica entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en los sectores público y privado, y que defina medidas específicas para hacer frente a estas desigualdades. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información plena sobre el sistema de clasificación ocupacional mencionado en la memoria anterior, incluida información sobre los criterios utilizados para garantizar que este sistema de clasificación está libre de sesgo de género.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.