Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión solicita al Gobierno que se remita a los comentarios que formula respecto del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102).

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de que no se recibió la memoria del Gobierno. Recuerda que la Oficina Subregional para los Países Andinos de la OIT realizó un diagnóstico del sistema de seguridad social boliviano en el marco del Programa de Trabajo Decente por País, para 2007-2010, que se sometió posteriormente a consultas tripartitas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una memoria detallada para su examen en la próxima reunión y que transmita información acerca de los progresos realizados en lo relativo a la reforma general del sistema de seguridad social.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión ha tomado nota de la memoria Gobierno. Toma nota de que la Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos está realizando un Diagnóstico del sistema de seguridad social de Bolivia, en el marco del Programa de Apoyo al Trabajo Decente — PATD (Proyecto BOL/06/50M/NET). Dicho diagnóstico está siendo objeto de consultas tripartitas y se espera que pueda servir de base para una eventual reforma integral del sistema de seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de los numerosos puntos planteados en sus comentarios anteriores, la Comisión espera que, con la asistencia técnica de la OIT, el Gobierno podrá avanzar en la solución de los problemas de aplicación pendientes. La Comisión examinará de manera exhaustiva en su próxima reunión las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno, junto con las informaciones pertinentes del Diagnóstico, una vez que éste sea aprobado.

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones, núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus memorias anteriores (decretos-leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm. 14643, de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y que figuran a continuación.

1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que, dado que las disposiciones del decreto-ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo 30 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de 26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a 52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su legislación con las disposiciones del Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este sentido.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones, núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus memorias anteriores (decretos-leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm. 14643, de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y que figuran a continuación.

1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que, dado que las disposiciones del decreto-ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo 30 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de 26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a 52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su legislación con las disposiciones del Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones, núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus memorias anteriores (decretos-leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm. 14643, de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y que figuran a continuación.

1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que, dado que las disposiciones del decreto-ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo 30 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de 26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a 52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su legislación con las disposiciones del Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones, núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus memorias anteriores (decretos-leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm. 14643, de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y que figuran a continuación.

1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta disposición del Convenio.

  Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que, dado que las disposiciones del decreto-ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo 30 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de 26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a 52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su legislación con las disposiciones del Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones, núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus memorias anteriores (decretos ley núm.10173 de 1972; núm. 13214 de 1975; y núm. 14643 de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y que figuran a continuación.

1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del decreto ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que, dado que las disposiciones del decreto ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo 30 del decreto ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de 26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a 52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su legislación con las disposiciones del Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este sentido.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2000.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

I. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que indica que las disposiciones de la legislación aplicable (decretos leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm. 14643, de 1977) se compatibilizan con las normas del Convenio. La Comisión comprueba que la memoria del Gobierno no contiene informaciones en relación con los puntos planteados en comentarios anteriores. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno tendrá a bien incluir informaciones detalladas sobre los siguientes asuntos:

1. Parte II (Asistencia médica). Artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia de conformidad con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que en aplicación del artículo 23 del decreto ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico tratante, antes de que el asegurado hubiera sido dado de baja, el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma enfermedad, no se interrumpirá y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si el tratamiento médico termina. La Comisión confía en que el Gobierno indicará en su próxima memoria las medidas adoptadas para extender, para los beneficiarios que dejen de pertenecer a la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica en caso de enfermedades prescritas reconocidas como enfermedad que requieren un tratamiento prolongado, tal como lo exige esta disposición del Convenio.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad). Artículo 21, en relación con el artículo 22. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos) a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La fórmula prevista en el artículo 22 está destinada justamente a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda al respecto que dado que las disposiciones del decreto ley núm. 13214, de 1975, y del artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén un monto máximo para la cuantía de las prestaciones y para las ganancias que se tienen en cuenta para su cálculo, el porcentaje del 60 por ciento exigido por el Convenio debe ser calculado con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 del Convenio y, en particular, las relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. En estas condiciones, la Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para proporcionar las informaciones requeridas por el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración sobre el Convenio núm. 130 y en particular aquéllas sobre el salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinado según el párrafo 6 ó 7 del artículo 22; el monto de las prestaciones de enfermedad pagadas a dicho trabajador calificado, así como el monto máximo del salario cotizable.

3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones dentro del seguro de enfermedad se prolongan por 52 semanas y para las enfermedades crónicas, luego de ese plazo pasan al Ministerio de Salud; respecto a las prestaciones en dinero se les reconoce por las 52 semanas el subsidio de incapacidad temporal en el equivalente del 75 por ciento del salario cotizable. La Comisión subraya nuevamente que en el artículo 30 del decreto ley núm. 13214, de 1975, se establece que el subsidio por enfermedad común se iniciara a partir del cuarto día de incapacidad, con duración máxima de 26 semanas, prorrogables por otras 26 semanas más si con ello se evita el estado de invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no ha sido autorizada por el artículo 26 del Convenio que prevé que las prestaciones de enfermedad deben acordarse por toda la duración de la contingencia, pudiéndose limitar, sin embargo, la duración del período de pago de prestaciones a 52 semanas para cada caso de incapacidad. En estas condiciones, la Comisión reitera al Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones de la legislación vigente con las disposiciones del Convenio.

II. En comentarios anteriores, la Comisión ya se había referido a la eventualidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para resolver las dificultades derivadas de la aplicación del Convenio. Asimismo, el Gobierno había mencionado una reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habiendo transcurrido tantos años desde que se plantearan estos puntos sobre la aplicación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno suministrará una memoria detallada en la que se tendrán plenamente en cuenta los asuntos planteados para asegurar el pleno efecto al Convenio, y que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que pueda ofrecerle la Oficina para apoyar sus esfuerzos en aplicar el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria.

1. Parte II (Asistencia médica). Artículo 16, párrafos 1 y 3 del Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que en la reforma estructural de la seguridad social boliviana, se ha tomado muy en cuenta la recomendación de la Comisión, en el sentido de prestar asistencia médica durante todo el transcurso de la contingencia. Dicha asistencia deberá prolongarse de conformidad con el Convenio en caso de enfermedades que requieran un tratamiento prolongado, cuando el beneficiario deje de pertenecer a las categorías de personas protegidas. La Comisión toma nota con interés de la declaración del Gobierno. Expresa la esperanza de que la reforma estructural mencionada se concluirá en breve y que ésta dará pleno efecto al Convenio sobre este punto.

2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad). Artículo 21 (en relación con el artículo 22). La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones comunicadas por el Gobierno. Toma nota en particular de que el Gobierno solicitará la asistencia técnica de la OIT. Expresa la esperanza de que con el concurso del Consejero Regional en seguridad social de la OIT el Gobierno podrá comunicar en su próxima memoria las informaciones estadísticas requeridas bajo el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración bajo el artículo 22, a fin de poder determinar si se alcanza la cuantía prescrita por el Convenio para las prestaciones de enfermedad en el caso de un beneficiario tipo.

3. Artículo 26, párrafo 1. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que el artículo 30 del decreto-ley núm. 13214 de 24 de diciembre de 1975 no condiciona a prolongar por otras 26 semanas el pago del subsidio de incapacidad. Señala empero que, de persistir la opinión de la Comisión, el Gobierno vería con agrado el concurso del Consejero Regional.

La Comisión toma nota con interés de esta declaración. Estima que, para evitar cualquier riesgo de confusión, sería oportuno armonizar el artículo 30 del decreto ley núm. 13214 con esta disposición del Convenio, según la cual las prestaciones de enfermedad deben acordarse por toda la duración de la contingencia, pudiéndose limitar, sin embargo, la duración del período de pago de las prestaciones a 52 semanas para cada caso de incapacidad.

La Comisión expresa la esperanza de que con la asistencia técnica de la Oficina, el Gobierno podrá resolver progresivamente las dificultades derivadas de la aplicación del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión toma nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria del Gobierno. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

Artículo 16, párrafos 1 y 3, del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al tiempo que tomaba nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que tendría en cuenta sus comentarios en el momento de formular el nuevo código de seguridad social, había rogado al Gobierno que adoptase, sin perjuicio de la reforma anunciada, las medidas necesarias para dar pleno efecto a los párrafos 1 y 3 del artículo 16. En virtud de esas disposiciones se debe prestar asistencia médica durante toda la duración de la contingencia (párrafo 1 del artículo 16) y esta duración deberá prolongarse, en caso de enfermedades prescritas reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado (párrafo 3 del artículo 16) cuando el beneficiario deja de pertenecer a las categorías de personas protegidas. Como la memoria del Gobierno no contiene información al respecto, la Comisión espera que el Gobierno le indicará con su próxima memoria las medidas adoptadas o que se tiene intención de adoptar para asegurar la aplicación del Convenio en los puntos mencionados.

Artículo 21 (en relación con el artículo 22). En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que las prestaciones ordinarias de enfermedad se calculan sobre la base del salario cotizable sin tener en cuenta el hecho de que el salario corresponde al de un trabajador calificado o al de un trabajador ordinario no calificado; por esta razón, ni el instituto ni las entidades de gestión del seguro social llevan estadísticas en la materia. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el hecho que, según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben corresponder para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos) a un nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a 24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica de los diferentes países. La fórmula prevista en el artículo 22 está destinada justamente a tener en cuenta los sistemas de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. No obstante, si, como sucede en Bolivia (véase artículo 28 del decreto ley núm. 13214 de 24 de diciembre de 1975 y el artículo 81 del Código de seguridad social modificado), se ha previsto un máximo para la cuantía de las prestaciones y para las ganancias que se tienen en cuenta para su cálculo, el porcentaje del 60 por ciento exigido por el Convenio debe corresponder al beneficiario tipo cuyas ganancias son iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22 párrafo 3). Las informaciones solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, las relativas al salario de un trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel mínimo establecido por el Convenio. En esas condiciones, la Comisión espera que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para proporcionar informaciones sobre el salario del trabajador calificado de sexo masculino, determinado según el párrafo 6 ó 7 del artículo 22 y podrá comunicar igualmente con su próxima memoria informaciones sobre la cuantía de las asignaciones familiares pagadas durante el período considerado, tanto durante el empleo como durante la contingencia, así como el monto máximo del salario cotizable. Al respecto, la Comisión se permite señalar al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica del consejero regional de la OIT en seguridad social para la América Latina.

Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno en su memoria indica que en virtud del decreto ley núm. 10173 de 28 de marzo de 1972, se podrán prolongar hasta un período de 26 semanas suplementarias las prestaciones médicas a los enfermos de tuberculosis, además de las 52 reconocidas por el código de seguridad social y que, según el artículo 36 de dicho código, la prestación se paga durante el período de asistencia médica. Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión debe señalar a la atención del Gobierno el hecho de que, según el artículo 30 del decreto ley núm. 13214 de 24 de diciembre de 1975 por el que se reforma el sistema boliviano de seguridad social, la prestación de enfermedad se paga durante 26 semanas que pueden prolongarse en una duración igual si esta prolongación permite evitar la incapacidad permanente. Esta condición no está autorizada por el artículo 26 del Convenio, que prevé que las prestaciones de enfermedad deben acordarse por toda la duración de la contingencia, pudiéndose limitar, sin embargo, la duración del período de pago de prestaciones a 52 semanas para cada caso de incapacidad. En esas condiciones, la Comisión agradecería al Gobierno le indique las medidas adoptadas o que tiene intención de adoptar para armonizar el artículo 30 del decreto ley núm. 13214 de 1975 mencionado, con esta disposición del Convenio. La Comisión se permite sugerir igualmente la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica del consejero regional en seguridad social a fin de encontrar una solución apropiada a esta cuestión.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1987, Publicación: 74ª reunión CIT (1987)