Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la memoria para el período que termina en septiembre de 2010. Además, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Alianza Sindical Independiente (ASI), así como las respuestas comunicadas por el Gobierno a las observaciones de FEDECAMARAS y ASI.

Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007 2013) Simón Bolívar para lograr una eficiencia económica y un beneficio social colectivo. Entre los elementos de política de empleo, se destacan la protección de la calidad y movilidad en el empleo, una política salarial activa y la reactivación del empleo en sectores estratégicos. Mediante dicho Plan se busca reactivar la industria de la construcción, potenciando su papel dinamizador y también existe un interés en impulsar el turismo como una industria generadora de empleo. Además, se aplican políticas y medidas crediticias e incentivos para impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Se han ofrecido apoyos a las exportaciones no tradicionales mediante la creación de facilidades, identificación de potencialidades y aplicación de políticas de incentivos. El Gobierno estableció fondos con recursos para mejorar la infraestructura física del país, los servicios de apoyo a la producción y reducir el déficit en materia de infraestructura social. Según la ASI, se han fortalecido las políticas de empleo en los sectores de servicios y transporte, pero en el sector industrial dichas políticas no cumplen las expectativas generadas. Por su parte, FEDECAMARAS expresa su preocupación por la ausencia de consultas bipartitas y tripartitas y por la falta de diálogo social. El Gobierno señala que se realizaron consultas con todos los sectores de la actividad económica nacional. Reitera que todos los agentes sociales han participado en las mesas productivas, incluidos representantes de todos los sectores productivos, empresas de producción social, cooperativas, y micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones detalladas sobre el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social para 2007-2013 en relación con la generación de empleo productivo, estable y de calidad. Además, la Comisión pide al Gobierno que aporte ejemplos concretos sobre de qué manera se tienen suficientemente en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otros grupos afectados, en el desarrollo, la aplicación y la revisión de las políticas y los programas de empleo (artículo 3 del Convenio).

Situación, nivel y tendencias del empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero del 2010, la tasa de actividad era del 65,2 por ciento y la tasa de desempleo ascendía al 10 por ciento. Según los datos ofrecidos por el Gobierno, desde 2005 hasta 2009 la tasa de desempleo total ha disminuido en 3,9 puntos porcentuales, la de las mujeres en 5 puntos porcentuales y la juvenil en 3,8 puntos porcentuales. La Comisión toma nota de que, de acuerdo con el INE, en el segundo semestre de 2009, la población ocupada ascendía a 7.001.120 trabajadores, de los cuales 2.364.562 trabajaban en el sector público y 4.636.558 en el sector privado. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria datos sobre la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, del empleo, del desempleo y del subempleo. La Comisión desearía poder conocer la manera en que se utilizaron los datos sobre el mercado del trabajo como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos del Convenio (artículo 2).

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que, en 2009, había 360.815 jóvenes desempleados. El Gobierno indica que se ha puesto en marcha un conjunto de programas tendentes a retardar el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral mediante la concesión de becas escolares y subsidios. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para generar puestos de trabajo para los jóvenes, asegurar su formación y fomentar la iniciativa empresarial de los jóvenes.

Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, tres de cada cuatro nuevos puestos creados en el período examinado se ubican en el sector formal. El Gobierno señala que durante la última década se pusieron en marcha políticas públicas de apoyo a la formalización proponiendo alternativas de financiación. La CEPAL destacó en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009 2010 que se había registrado una disminución significativa en el número de empleos formales y la creación de empleos informales. Durante los dos últimos trimestres de 2009 el empleo formal se redujo en un 0,7 por ciento, mientras que el empleo informal se incrementó en un 5,1 por ciento en comparación con el mismo período en 2008. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre la ejecución de las medidas que permitan una transferencia progresiva de trabajadores de la economía informal al sector formal.

Desarrollo de micro y pequeñas empresas. La Comisión toma nota de que el Observatorio de la Pequeña y Mediana Industria (PYMI) está trabajando en la implementación de un sistema de información estadístico geográfico para el diseño de políticas, líneas de acción orientadas a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias y de las unidades de propiedad social a nivel nacional. Según FEDECAMARAS, las políticas económicas del Gobierno no propician el desarrollo del sector privado, que disminuyó en los últimos diez años en un 23 por ciento, con el consecuente impacto negativo en la posible generación de empleos. FEDECAMARAS destaca que los datos del INE permiten observar que el número de microempresas (de uno y cinco trabajadores) disminuyó en un 27,6 por ciento y que el número de pequeñas empresas se redujo en más de 97.000 en la última década. FEDECAMARAS además denuncia la progresiva sustitución del sector privado como generador de empleos por el sector público. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya indicaciones detalladas sobre las medidas ejecutadas para crear un clima propicio para la generación de empleo productivo. La Comisión, además, desearía recibir información sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) para favorecer la productividad y el empleo.