Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio formuladas en octubre de 1997 por la Confederación Mundial del Trabajo, que incluye un informe de Anti-Slavery International de 1997 titulado "Enslaved Peoples in the 1990s" ("Esclavos en el decenio de 1990"), que en su capítulo 3 contiene información sobre la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso en los proyectos de "urbanización de aldeas" de la población indígena dayak en Kalimantan Oriental (Borneo). Además, la Comisión toma nota de que esas observaciones fueron transmitidas al Gobierno en noviembre de 1997, para que formulara los comentarios que estimase conveniente.

La Comisión toma de las alegaciones de los sindicatos, según las cuales en Indonesia numerosas comunidades indígenas migrantes que viven en la selva se ven sometidas a una situación de servidumbre por deudas y trabajo forzoso a consecuencia de la devastación de los recursos forestales del país causada por las actividades del sector maderero privado y las políticas de "desarrollo" adoptadas por el Gobierno de Indonesia y el Banco Mundial, uno de sus principales proveedores de fondos.

Las alegaciones del sindicato se centran en los recientes acontecimientos registrados en Kalimantan Oriental, en la isla de Borneo, para permitir que se comprenda claramente la manera en que las formas modernas de encierro, despojo y pauperización se llevan a cabo en nombre del "desarrollo".

Según las alegaciones, diversos grupos indígenas, a los que se denomina dayaks, han habitado tradicionalmente las regiones selváticas de Kalimantan. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Indonesia obtuvo la independencia del Gobierno colonial holandés, un número cada vez mayor de indonesios (principalmente de Java) que incluía policías, militares, funcionarios, maestros y demás funcionarios gubernamentales, se trasladó a las regiones del interior de Kalimantan. Asentamientos enteros de mineros y leñadores, así como trasmigrantes javaneses patrocinados por el Gobierno se instalaron en los territorios indígenas. Frente a las amenazas del personal de las empresas, respaldado por las fuerzas armadas, las poblaciones tribales no pudieron menos que volverse a instalar en las restantes regiones de sus tierras ancestrales y campos de caza.

Las alegaciones indican que, en la segunda mitad del decenio de 1980 y a principio del decenio de 1990 aumentaron brutalmente la deforestación y las violaciones de los derechos humanos en Kalimantan Oriental. No sólo el desmonte con fines comerciales alcanzó niveles sin precedentes sino que las políticas gubernamentales aparentemente encaminadas a mejorar la suerte de las comunidades de la selva y asegurar la conservación de los bosques, tuvo por consecuencia que aumentara la destrucción y el despojo. Según las alegaciones del sindicato se observa en la región lo que puede considerarse como formas modernas de esclavitud.

En 1990, a consecuencia de las repercusiones negativas de las concesiones para la explotación maderera en las comunidades locales, el Gobierno indonesio requirió que en todas las concesiones se asumiera el compromiso de urbanizar la comunidad adyacente en virtud del programa conocido como HPH Bina Desa. Si una concesión maderera no lograba concretar con éxito el proyecto de urbanización de una aldea, el Gobierno podía anular la concesión. Sin embargo, según las alegaciones, lo que sucedía habitualmente era que las empresas obligaban y amenazaban a los habitantes de las aldeas para que formaran grupos de trabajo o grupos de agricultores. Se ordenaba entonces a los grupos que llevaran a cabo labores sin recibir compensación, a cambio de lo que de manera eufemística se denominaba proyecto de desarrollo "participativo", establecido por la compañía maderera que hacía caso omiso de las necesidades o deseos de la comunidad que se estaba "desarrollando". La mayoría de los proyectos Bina Desa fracasaron rotundamente y fueron la causa de una destrucción mayor del medio ambiente y de conflictos sociales. No obstante, en lo que respecta a las empresas, sirvieron a sus propósitos, permitiéndoles que aseguraran la renovación de sus permisos de explotación maderera.

Además, según las alegaciones, los Ministerios de Silvicultura y de Migraciones Internas dictaron un decreto conjunto, por el que se requiere que todas las concesiones de explotación maderera desarrollen plantaciones forestales industriales, conocidas como Hutan Tanaman Industri (HTI). Como se indica en las alegaciones del sindicato, para establecer una HTI se recurre más bien al desmonte que a la tala de árboles.

Las alegaciones subrayan que, con la destrucción de sus tierras y medios de vida, se obliga a las poblaciones indígenas dayak afectadas a buscar empleo como trabajadores temporeros sin contrato en las propias plantaciones forestales industriales (HTI) que causaron la destrucción de sus tierras. Por lo general, los salarios de las plantaciones son considerablemente inferiores al costo de la vida. La destrucción de sus sistemas agroforestales y campos arroceros también obliga a los indígenas dayak a comprar sus alimentos en lugar de producirlos. Muchas HTI y concesiones madereras han sacado provecho de esta circunstancia y establecido "almacenes de la compañía" cerca de los campamentos de base. Se puede hacer compras en dichos almacenes mediante un sistema de vales manejado por la administración de la empresa. Con arreglo a este sistema, los trabajadores dayak reciben créditos garantizados por los salarios que percibirán en el futuro, y a menudo se encuentran no sólo despojados de sus tierras sino fuertemente endeudados con las mismas empresas que se apoderaron de sus tierras y bosques.

Las alegaciones indican que, después que el Banco Mundial dejó de financiar el programa de migraciones internas de Indonesia a raíz de la masiva protesta internacional por la destrucción del medio ambiente y de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la ejecución de programas, el Ministro para las Migraciones Internas de Indonesia requirió que el sector forestal financiara sus propios programas. A consecuencia de ello, como parte del proceso de creación de las HTI se desplaza a los migrantes internos (por lo general, agricultores empobrecidos de Java) para trabajar en plantaciones situadas en las tierras yermas en que se han convertido los territorios indígenas deforestados y arrasados por las excavadoras.

Según las alegaciones, debido a la imposibilidad de dedicar las regiones de "desmonte" a actividades agrícolas o relacionadas con la silvicultura, así como de la inadecuación de las técnicas agrícolas utilizadas por los migrantes internos en el suelo pobre de Kalimantan, los sistemas de migración interna registran un porcentaje elevado de fracasos. Al respecto, no sólo las comunidades dayak se ven afectadas. Los programas de migración interna a las plantaciones forestales industriales deja a los trabajadores migrantes atrapados y en situación desesperada. En el marco del programa de migración interna, se suministra a los agricultores empobrecidos un pasaje en barco de Java al puerto de Kalimantan. Por lo general se los lleva a muchos kilómetros al interior de los territorios indígenas, donde por lo general no hay otras carreteras que los difíciles caminos forestales. Después del fracaso de sus cultivos de plantas comestibles, es muy difícil para ellos abandonar las regiones en las que fueron ubicados. Por lo general, sólo les queda la opción de trabajar en las plantaciones, con salarios inferiores al costo de la vida. Además del trabajo en las plantaciones, los migrantes suelen formar cuadrillas a cargo de un contratista que vende su trabajo a los concesionarios de las explotaciones madereras. Esas cuadrillas pasan meses explorando el bosque en busca de madera. También rastrillan los bosques para encontrar productos valiosos, tales como junco de Indias, nidos de vencejos o madera de gaharu. "Los precios exagerados de las mercancías y la subvaloración de los productos traídos del bosque por las cuadrillas hace que, indefectiblemente, los trabajadores se vean atrapados en un ciclo de deudas y deban volver continuamente al bosque para recoger productos de valor, con objeto de pagar las deudas que contraen con motivo de cada viaje".

Según las alegaciones, el problema puede percibirse claramente si observan las actividades de la concesión maderera de la PT.K en Kalimantan Oriental entre 1990 y 1994. La empresa maderera PT.K es uno de los más grandes y más conocidos conglomerados forestales de Indonesia, considerado líder en la industria. Las operaciones de esta empresa, típicas de las operaciones de las concesiones madereras de Indonesia en todo el país, han provocado la destrucción de los recursos naturales básicos y violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluida la utilización de trabajo forzoso.

Las alegaciones indican que "con la finalidad de obtener la renovación de su permiso de explotación maderera, la legislación obliga a la empresa PT.K a ejecutar un proyecto de urbanización en las cercanías de la zona de concesión en el marco del programa HPH Bina Desa. Se ordenó a los pobladores que formaran cooperativas de trabajo o grupo de agricultores para trabajar en proyectos de urbanización de la empresa. En el caso en el que los agricultores se negaran, se recurría al soborno de los líderes de la aldea y así se veían obligados a ayudar a la empresa y a la policía local a imponer a los pobladores la obligación de formar un grupo de trabajo".

Otro ejemplo señalado en las alegaciones, es el caso de un almacén de empresa establecido en una plantación de caucho de la compañía PT.G en lo que había sido, antes del desmonte, una zona de juncales. En ese almacén de empresa los trabajadores sólo podían comprar mercancías a precios exorbitantes utilizando un sistema de vales. Los trabajadores indígenas, que perdieron sus tierras y por consiguiente se hallan en la incapacidad de cultivar plantas comestibles, en la actualidad utilizan vales que representan sus salarios futuros para poder hacer compras en el almacén de la empresa. Cuando efectúan sus compras, no se les hace saber la cuantía de su deuda total. La deudas, que van en aumento, se restan de sus futuros salarios, convirtiendo a quienes una vez fueran agricultores independientes y con una situación económica relativamente buena, en trabajadores en situación de servidumbre por deudas, empobrecidos y atrapados en una espiral de deudas cada vez mayor.

Las alegaciones indican además que no se da mucha publicidad a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y de los migrantes internos sometidos a servidumbre por deudas y trabajo forzoso.

Según el "Indonesia Report on Human Rights Practices for 1996", publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes efectúan el seguimiento de la situación en materia de derechos humanos expresaron su preocupación por las prácticas de algunas empresas madereras que contratan poblaciones indígenas. El informe indica que, según Human Rights Watch/Asia, en Irian Jaya, esta actividad ha alejado a esa población de sus economías tradicionales. En muchos casos, las personas contratadas por primera vez para trabajar en proyectos de desarrollo no están preparadas para el mundo moderno y, por consiguiente, se ven obligadas a endeudarse y quedar, posteriormente, en situación de servidumbre.

La Comisión confía en que el Gobierno comunicará informaciones completas sobre esas alegaciones.

Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya mencionado, hay informaciones dignas de credibilidad, referidas a jóvenes obligados a trabajar, en condiciones sumamente peligrosas, en las plataformas pesqueras en el mar en la región de Sumatra nororiental. Esas plataformas se encuentran a millas de la costa, con su acceso controlado por los empleadores y, en muchos casos, los niños son prácticamente prisioneros en las plataformas y obligados a trabajar hasta tres meses seguidos por salarios muy inferiores al salario mínimo. El informe indica que, según fuentes bien informadas, cientos de niños pueden estar en esa situación.

La Comisión solicita al Gobierno que comunique información completa con respecto a esta cuestión.