Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 371, March 2014

1. 926. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2013. En esa ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 367.º informe, párrafos 1226 a 1239, aprobado por el Consejo de Administración en su 317.ª reunión (marzo de 2013)].
2. 927. En una comunicación de fecha 6 de septiembre de 2013, el Gobierno presentó observaciones adicionales.
3. 928. Turquía ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

A. Examen anterior del caso

1. 929. En su anterior examen del caso en marzo de 2013, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase 367.º informe, párrafo 1239]:
   • a) el Comité solicita al Gobierno que realice nuevos esfuerzos, en consulta con los interlocutores sociales, para que la ley núm. 4688 esté en conformidad con el Convenio núm. 87 por lo que respecta al derecho de sindicación de jueces y fiscales. El Comité invita al Gobierno a que, si lo desea, solicite la asistencia técnica de la Oficina al respecto;
   • b) el Comité urge una vez más al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para que el YARGI-SEN sea registrado inmediatamente como sindicato de jueces y fiscales, de forma que se garantice que pueda funcionar, ejercer sus actividades y gozar de los derechos que se le conceden en el Convenio para que promueva y defienda los intereses de estas categorías de funcionarios públicos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los avances al respecto, y
   • c) el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo una investigación independiente acerca de los presuntos actos de discriminación antisindical contra los dirigentes sindicales Dr. Rusen Gültekin, y los Sres. Omer Faruk y Ahmet Tasurt, que proporcione información detallada respecto de sus resultados y, de establecerse que se trataba de actos de discriminación antisindical, sobre las medidas correctivas adoptadas.

B. Respuesta del Gobierno

1. 930. En su comunicación de fecha 6 de septiembre de 2013, el Gobierno indica que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 51 de la Constitución de Turquía, el ejercicio del derecho de constituir sindicatos está regulado por la legislación en vigor. El Gobierno señala a este respecto que, de conformidad con el artículo 47 del Código Civil de Turquía (núm. 4721), los grupos organizados de personas deben cumplir los requisitos que establece la ley para gozar de personalidad jurídica. Indica asimismo que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley sobre Sindicatos de Funcionarios Públicos y Negociación Colectiva (ley núm. 4688), modificada por la ley núm. 6289 de abril de 2012, los sindicatos son constituidos por funcionarios públicos que trabajan en una rama de servicios en lugares de trabajo públicos, con el fin de ejercer actividades en toda Turquía, y no pueden constituirse sindicatos por profesión o por centro de trabajo. Aunque en el artículo 15 de la ley núm. 4688 se establece el principio según el cual todos los funcionarios públicos tienen derechos de sindicación, un número limitado de ellos queda fuera del ámbito de aplicación de la ley debido a la naturaleza de sus funciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 5 de la ley, los miembros de órganos judiciales superiores, los jueces, los fiscales y quienes son considerados miembros de esa profesión no pueden constituir sindicatos ni afiliarse a ellos.
2. 931. El Gobierno señala además que consideró aplicable el párrafo 1 del artículo 1 del Convenio núm. 151 en virtud del cual, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Asimismo se refiere al artículo 8 del Convenio núm. 87, según el cual, al ejercer los derechos que se les reconocen en el Convenio en cuestión, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
3. 932. El Gobierno afirma que la solicitud presentada por el YARGI-SEN al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Turquía no fue aceptada por ser contraria a los artículos 4 y 15 de la ley núm. 4688. De conformidad con la legislación, no pueden constituirse sindicatos por profesión. Por consiguiente, los jueces, los fiscales y quienes son considerados miembros de esta profesión, no están autorizados a constituir sindicatos ni a afiliarse a ellos. Habida cuenta de esas circunstancias, el 28 de julio de 2011, el Tribunal del Trabajo núm. 15 de Ankara ordenó la disolución del YARGI-SEN alegando que se había violado la prohibición de constituir sindicatos por profesión. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal núm. 9 del Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 21 de febrero de 2012.

C. Conclusiones del Comité

1. 933. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno. Lamenta observar que el Gobierno se limita a reiterar que el párrafo b) del artículo 15 de la ley núm. 4688, modificada por la ley núm. 6289 de abril de 2012, sigue disponiendo que los jueces y fiscales no pueden afiliarse a sindicatos ni establecer sindicatos y que, de conformidad con el artículo 4, no pueden constituirse sindicatos por profesión o por centro de trabajo. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya adoptado o previsto adoptar medidas para armonizar esas disposiciones con los principios de la libertad sindical, tal como se le había pedido con anterioridad. Recuerda una vez más que considera que el artículo 15 de la ley núm. 4688, en el que se priva a los jueces y fiscales del derecho a constituir sindicatos, al igual que el artículo 4 de esta ley, que prohíbe la constitución de sindicatos por profesión o por centro de trabajo, son contrarios a los principios de libertad sindical y de negociación colectiva derivados de los convenios sobre estas materias, según los cuales los trabajadores, «sin ninguna distinción» y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones «que estimen convenientes», así como el de afiliarse a estas organizaciones. En lo que respecta a las excepciones autorizadas en virtud del Convenio núm. 151 a las que se refiere el Gobierno, el Comité señala que aunque el Convenio núm. 151, reconoce que ciertas categorías de tales funcionarios (incluidos aquellos cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial) pueden quedar excluidos de las disposiciones de carácter más general que garantizan a los empleados públicos la protección contra actos de discriminación antisindical o la existencia de procedimientos de participación para la determinación de sus condiciones de empleo, esto no puede interpretarse de manera que afecte o desvirtúe en modo alguno el derecho fundamental de sindicación de todos los trabajadores garantizado por el Convenio núm. 87. Por consiguiente, el Comité urge al Gobierno a que realice nuevos esfuerzos, en consulta con los interlocutores sociales, para poner la ley núm. 4688 en conformidad con el Convenio núm. 87 y garantice el derecho de los jueces y los fiscales a constituir sindicatos para defender sus intereses profesionales. El Comité invita al Gobierno a que, si lo desea, solicite la asistencia técnica de la Oficina al respecto y señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones los aspectos legislativos del presente caso.
2. 934. El Comité toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual dado que el establecimiento del YARGI-SEN como organización sindical contraviene las disposiciones de la ley núm. 4688, el Tribunal del Trabajo núm. 15 de Ankara ordenó, el 28 de julio de 2011, su disolución alegando que se había violado la prohibición de constituir sindicatos por profesión. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal núm. 9 del Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 21 de febrero de 2012. Considerando que la disolución de organizaciones sindicales es una medida que sólo debería producirse en casos de extrema gravedad y que en ningún caso debería basarse en motivos que el Comité ya había determinado anteriormente que eran contrarios a los principios de libertad sindical y de negociación colectiva derivados de los convenios sobre estas materias, el Comité urge nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que el YARGI-SEN sea registrado inmediatamente como sindicato de jueces y fiscales, de forma que se garantice que pueda funcionar, ejercer sus actividades y gozar de los derechos consagrados en el Convenio para promover y defender los intereses de estas categorías de funcionarios públicos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los avances al respecto.
3. 935. El Comité deplora profundamente que el Gobierno no haya comunicado sus observaciones con respecto a la recomendación c). El Comité urge una vez más al Gobierno a que inicie sin demora una investigación independiente acerca de los presuntos actos de discriminación antisindical por el traslado impuesto a los dirigentes sindicales Dr. Rusen Gültekin, y los Sres. Omer Faruk y Ahmet Tasurt, y, de verificarse que se trata de actos de discriminación, que adopte las medidas correctivas pertinentes. El Comité pide al Gobierno que indique cuál es la situación actual de estos dirigentes sindicales y que le mantenga informado del resultado de la investigación, así como de todas las medidas de seguimiento adoptadas.