Definitive Report - Report No 294, June 1994

1. 135. La Confederación General del Trabajo del Líbano (CGTL) presentó una queja por la violación de libertad sindical contra el Gobierno del Líbano en una comunicación del 18 de enero de 1993. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité se vio obligado a aplazar el examen de este caso en tres ocasiones y, en su reunión de marzo de 1994, dirigió un llamamiento urgente al Gobierno indicando que, conforme al procedimiento previsto en el párrafo 17 de su 127.o informe, aprobado por el Consejo de Administración, presentaría en su próxima reunión un informe sobre el fondo del caso, incluso si no hubiese recibido para la fecha prefijada las observaciones y las informaciones esperadas del Gobierno. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 21 de abril de 1994.
2. 136. El Líbano no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero sí ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante

1. 137. En su comunicación de 18 de enero de 1993, la Confederación General del Trabajo del Líbano (CGTL) alega que el proyecto de ley sobre la "estructura sindical para los asalariados del Líbano" contraviene los principios de la libertad sindical. La CGTL transmite una copia del citado proyecto, cuyas principales disposiciones se reproducen en anexo.
2. 138. La organización querellante especifica que, el 31 de diciembre de 1992, el Ministerio de Trabajo le transmitió el citado proyecto de ley, que él mismo había elaborado, a fin de que formulara observaciones al respecto. Después de las deliberaciones, el consejo ejecutivo de la CGTL decidió someter el proyecto, tal como lo había preparado el Ministerio, al Comité de Libertad Sindical para que formulara su opinión en cuanto a la conformidad del citado proyecto con los principios de la libertad sindical.
3. 139. La CGTL estima, además, que el Ministerio de Trabajo no tiene derecho a preparar una ley sobre la estructura sindical, al quedar este derecho reservado exclusivamente a los trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el Convenio núm. 87 de la OIT, y más en particular en los artículos 3 y 11 de este último. Considera que la estructuración sindical corresponde únicamente a los trabajadores, que sientan sus bases y sus principios.

B. Respuesta del Gobierno

1. 140. En su comunicación de 21 de abril de 1994, el Gobierno indica que la Confederación General del Trabajo del Líbano había decidido en 1973 preparar un proyecto de nueva estructura sindical fijándose el plazo de un año para ejecutar esta decisión. Sin embargo, veinte años después la Confederación sigue sin haber preparado el proyecto, lo cual ha forzado al Ministerio de Trabajo a preparar un anteproyecto de nueva estructura sindical, teniendo en cuenta la evolución que se ha producido en los ámbitos obrero y sindical. Dicho anteproyecto fue sometido a su debido tiempo a la CGTL, solicitándole que creara un comité para discutirlo y presentar sus observaciones. Según el Gobierno, hubo varias reuniones del Ministerio con un comité de la CGTL que permitieron llegar a un acuerdo sobre varios artículos del anteproyecto; otros puntos están todavía pendientes de discusión. Las discusiones se suspendieron durante un largo período, a raíz de la preparación de las elecciones del consejo ejecutivo de la CGTL, que tuvieron lugar hace poco. El Gobierno declara que sigue esperando todavía conocer los nombres de los nuevos miembros del comité negociador para proseguir las discusiones sobre el anteproyecto.
2. 141. El Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo, consciente de la importancia del tema de la estructura sindical, que afecta a la mayor parte de la sociedad libanesa, quiere dialogar y discutir al respecto del mejor modo y ha asociado al estudio del anteproyecto al mayor número de responsables sindicales y de personas competentes, como magistrados y juristas, con objeto de que satisfaga las necesidades futuras en relación con los distintos temas tratados, de manera adecuada a la realidad de la sociedad libanesa.
3. 142. En cuanto a los artículos del anteproyecto, el Gobierno indica que su contenido proviene de la Constitución libanesa y de las leyes que se aplican. Añade que el anteproyecto puede ser objeto de modificaciones que se juzguen adecuadas a la realidad libanesa. La principal idea contenida en el anteproyecto consiste en crear un solo sindicato por profesión; todas las propuestas que se inspiren en este principio son susceptibles de discusión, como puede constatarse si se tiene en cuenta que el Ministerio no es el único que ha elaborado el anteproyecto y que el diálogo sigue abierto; si ello no fuera así el Ministerio podría haber sometido el texto para su promulgación sin realizar ninguna consulta.
4. 143. Por último, en cuanto a la declaración de la CGTL según la cual, en virtud del Convenio núm. 87, la elaboración de una nueva ley sobre la estructura sindical debería ser competencia de los trabajadores y de nadie más, el Gobierno señala que ello no se aplica a la situación del Líbano ya que el Convenio en cuestión no ha sido ratificado y no puede invocarse para sostener tal derecho.

C. Conclusiones del Comité

1. 144. El Comité observa que la presente queja trata de la presunta incompatibilidad del proyecto de ley sobre "la estructura sindical para los asalariados del Líbano" con los principios de la libertad sindical.
2. 145. Observando que el propio Gobierno ha declarado que el anteproyecto puede ser objeto de modificaciones, el Comité se ve en la obligación de presentar comentarios sobre este anteproyecto de ley a fin de asistir al Gobierno y permitirle en sus trabajos futuros para la elaboración de la ley que tenga en cuenta los principios de la libertad sindical.
3. 146. Primero, en lo que respecta al alegato según el cual el Ministerio de Trabajo no tiene derecho a preparar ninguna ley sobre la estructura sindical, al corresponder este derecho, según la organización querellante, exclusivamente a los trabajadores, el Comité recuerda que el derecho de los trabajadores a crear las organizaciones que deseen y el derecho de las organizaciones a elaborar sus estatutos son aspectos fundamentales de la libertad sindical. Como indica la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en su Estudio general de 1994 (véase Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 109), para que el derecho a elaborar los estatutos se garantice plenamente deben cumplirse dos condiciones fundamentales: en primer lugar, las exigencias que pueden ser impuestas a los estatutos de los sindicatos de conformidad con la legislación nacional deberían ser sólo de forma, y en segundo lugar, los estatutos y reglamentos administrativos no deben ser objeto de una aprobación previa de carácter discrecional por parte de las autoridades. Así pues, el Comité no considera que la simple existencia de una legislación sindical constituya en sí una violación de los derechos sindicales, al poder darse el caso de que el Estado desee velar por que los estatutos sindicales se ciñan a la ley. Ahora bien, ninguna legislación adoptada en este ámbito puede menoscabar los derechos de los trabajadores definidos en el marco de los principios de la libertad sindical. El Comité recuerda asimismo que, a su modo de ver, prescripciones legislativas demasiado detalladas y estrictas en la materia pueden frenar en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales.
4. 147. El Comité toma nota a este respecto de que el Gobierno indica que se han mantenido varias reuniones con un comité de la CGTL para discutir sobre el anteproyecto de nueva estructura sindical y de que el Ministerio de Trabajo y dicho comité han podido ponerse de acuerdo sobre ciertos artículos, mientras que otros están todavía abiertos a la discusión. El Comité observa que el Gobierno pone de relieve que el Ministerio quiere dialogar y discutir del mejor modo posible, o que ha asociado al estudio del anteproyecto el mayor número de responsables sindicales y personas competentes, incluidos magistrados y juristas, y que el diálogo sigue abierto sobre este tema. El Comité expresa la firme esperanza de que el Gobierno, dando curso a las seguridades expresadas en su respuesta sobre su intención de seguir consultando a las organizaciones interesadas tomará medidas con miras a modificar el anteproyecto de ley en el sentido que el Comité indica más adelante, previa consulta con tales organizaciones, para que éste no pase de ser un marco formal de carácter genérico, dentro del cual las organizaciones podrán especificar con toda libertad en sus estatutos respectivos la índole y las modalidades de la estructura sindical que deseen establecer.
5. 148. Dado que el Gobierno declara que, después de las elecciones del consejo ejecutivo de la CGTL celebradas recientemente, sigue esperando los nombres de los nuevos miembros del comité negociador de la Confederación para proseguir la discusión sobre el anteproyecto de ley, el Comité pide a la organización querellante que comunique al Gobierno todas las informaciones necesarias al respecto, con objeto de que puedan reanudarse las discusiones lo antes posible.
6. 149. Tras examinar el anteproyecto de ley que motiva la presenta queja, el Comité destaca que no sólo algunas disposiciones citadas a título de ejemplo por la organización querellante, sino también otros preceptos de este anteproyecto plantean serias dificultades de compatibilidad con los principios de la libertad sindical. El Comité se propone, por lo tanto, efectuar a continuación un análisis del conjunto de las disposiciones que, en su opinión, limitan los derechos sindicales de los trabajadores del Líbano.
7. 150. En primer lugar, el Comité observa que algunas disposiciones contienen restricciones al principio fundamental, en virtud del cual los trabajadores deben tener derecho a constituir las organizaciones que deseen, y afiliarse a las mismas. Señala, en efecto, que en el anteproyecto de ley se prevé una estructura sindical vertical y jerarquizada, organizada en todos los planos por profesión o profesiones similares o complementarias entre sí, en la cual los órganos sindicales situados en el plano superior deciden acerca de la constitución de los órganos de nivel inferior. Se trata más en particular de los artículos 1 (definición de las distintas instancias sindicales); 2 (composición de la estructura sindical de los asalariados en la República del Líbano); 5 (objetivos de las instancias sindicales); 8 (constitución de los comités sindicales por los sindicatos generales profesionales); 10 (designación de los miembros del comité sindical por el consejo ejecutivo del sindicato general); 14 (constitución de los sindicatos generales profesionales); 72 (constitución de las federaciones profesionales sectoriales); 79 (creación mediante ley de una sola confederación general de los asalariados del Líbano), y 87 (poder del Ministro de Trabajo para elaborar una lista en la que se definan las profesiones y las profesiones similares o complementarias entre sí, sobre cuya base se emitirán las autorizaciones para crear instancias sindicales).
8. 151. Observando que, según el Gobierno, la idea principal del anteproyecto de ley consiste en la creación de un único sindicato por profesión, si bien todas las propuestas que se inspiren en este principio son susceptibles de discusión, el Comité subraya la importancia que atribuye a que los trabajadores y los empleadores puedan constituir de manera efectiva y con plena libertad las organizaciones de su elección y afiliarse libremente a ellas (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición, 1985, párrafo 222). Ello implica que una situación en la que se niega a un individuo toda posibilidad de elección entre distintas organizaciones, porque la organización sólo permite la existencia de una sola en la rama profesional en que el interesado ejerce su actividad, es incompatible con la libertad sindical, ya que tales disposiciones establecen por vía legislativa un monopolio sindical. Aunque apreciando en todo sentido el deseo que podría albergar un gobierno de promover un movimiento sindical fuerte, unido e independiente, el Comité señala que es preferible en tales casos que el Gobierno procure alentar a los sindicatos para que se asocien voluntariamente y formen organizaciones fuertes y unidas. El Comité estima que resulta inaceptable imponer por vía legislativa una unificación obligatoria que priva a los trabajadores del libre ejercicio de sus derechos sindicales y viola los principios de la libertad sindical (véase Recopilación, op. cit., párrafos 226 y 224). El Comité estima además que el establecimiento, a los efectos del reconocimiento del derecho de asociación, de una lista de profesiones con carácter limitativo (como se prevé en el artículo 87 del anteproyecto) estaría en contradicción con el principio de que los trabajadores, sin ninguna distinción, deben tener derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas (véase Recopilación, op. cit., párrafo 259). El Comité considera por tanto que, para conformarse a los principios de la libertad sindical, el conjunto de los puntos antes mencionados debe aprobarse exclusivamente por voluntad de los trabajadores.
9. 152. En lo que respecta a la sumisión de la constitución de los sindicatos generales profesionales, de las federaciones profesionales y de la Confederación General de los Asalariados del Líbano a la autorización previa del Ministerio de Trabajo (artículos 2, párrafo 2, 14, 15 y 72, párrafo 2 del anteproyecto), el Comité recuerda que una disposición legal que supedita el derecho de asociación a una autorización dada de una manera puramente discrecional por un departamento ministerial es incompatible con el principio de la libertad sindical (véase Recopilación, op. cit., párrafo 264). Al advertir asimismo que en el anteproyecto de ley no se prevé recurso alguno ante ninguna instancia judicial contra la negativa eventual del ministerio a conceder una autorización, el Comité estima que el texto en cuestión viola los principios de la libertad sindical.
10. 153. El Comité observa también que varias disposiciones del anteproyecto atentan contra el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Se ha dedicado una primera serie de disposiciones a la elaboración de los estatutos de las instancias sindicales. Se trata especialmente de las disposiciones en virtud de las cuales el reglamento interno de las instancias sindicales sólo podrá aplicarse y modificarse previa aprobación del Ministerio de Trabajo (artículos 7, 15, último párrafo, y 17, último párrafo); de las disposiciones que versan sobre la incorporación a los estatutos de los sindicatos generales profesionales, de un control por estos últimos de los comités sindicales (artículo 16, 5)), y de los preceptos a tenor de los cuales los comités sindicales de los departamentos se rigen por el reglamento interno del sindicato general profesional (artículo 13). Según el Comité, el hecho de que la aprobación de los estatutos sindicales dependa de los poderes discrecionales de la autoridad o de los órganos sindicales competentes no es compatible con el principio generalmente admitido de que las organizaciones de trabajadores deben tener derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos con completa libertad (véase Recopilación, op. cit., párrafo 266). Por consiguiente, el anteproyecto de ley debería modificarse para que no contenga más disposiciones relativas a la elaboración, al contenido, a la modificación y a la aprobación de los estatutos y de los reglamentos administrativos que rebasen las exigencias formales.
11. 154. El Comité observa que otras disposiciones del anteproyecto son incompatibles con el derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus representantes, estos son: los artículos 10 (designación de los miembros de los comités sindicales por el consejo ejecutivo del sindicato general); 11 (nombramiento de los comités sindicales de los departamentos por el consejo del sindicato general); 19, párrafo 2 (prohibición de que los extranjeros sean candidatos o sean elegidos para desempeñar funciones sindicales); 47 (condiciones excesivas para que una persona sea elegida para el desempeño de una función sindical); 48 (restricciones a la reelección); 49 (fijación de la fecha de las elecciones en coordinación con el Ministerio de Trabajo); 51 y 57 (fijación del quórum y de las mayorías necesarias); 52, 53, 56 y 59 (reglamentación detallada de la celebración de las elecciones); 54 (decisión del Ministerio en caso de rechazo de una candidatura); 55 (estrecha fiscalización de las elecciones por funcionarios del Ministerio de Trabajo), y 58 (aprobación de las elecciones por el Ministerio de Trabajo). El Comité subraya a este respecto que el derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados. Para que se reconozca plenamente este derecho, es menester que las autoridades públicas se abstengan de intervenciones que puedan entorpecer el ejercicio de ese derecho, ya sea en la fijación de las condiciones de elegibilidad de los dirigentes o en el desarrollo de las elecciones mismas. Debería dejarse a las propias organizaciones la tarea de determinar en sus estatutos o reglamentos la mayoría de votos necesaria para elegir a los dirigentes sindicales, y el control de las elecciones debería en última instancia ser competencia de las autoridades judiciales (véase Recopilación, op. cit., párrafos 295, 300 y 296).
12. 155. Además, las disposiciones que confieren amplias prerrogativas al Ministerio de Trabajo para disolver el consejo ejecutivo de un sindicato y para resolver su sucesión (artículos 66, 67, 68, 69, 89 y 90) también atentan, según el Comité, contra los principios de la libertad sindical. A este respecto, el Comité recuerda que es esencial que las medidas de destitución de un dirigente de su cargo sindical se tomen por decisión de la organización misma conforme a sus estatutos y que, en caso de inhabilitación fundada en la ley, tales medidas sólo sean ejecutables sobre la base de procedimientos judiciales que garanticen los derechos de la defensa y un examen imparcial del asunto en el cual quepa tomar en cuenta el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes (véase Recopilación, op. cit., párrafo 485).
13. 156. Siguiendo con el libre funcionamiento de las organizaciones, y especialmente con el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar libremente su gestión y su actividad, el Comité observa que las siguientes disposiciones del anteproyecto limitan este derecho, en contra de los principios de la libertad sindical: artículos 9 (funciones y atribuciones de los comités sindicales fijadas por el sindicato general profesional); 27, párrafo 2 (poder discrecional del Inspector del Trabajo, para examinar los registros de un sindicato); 32 y 33 (restricciones a la gestión financiera de los sindicatos); 34 (control ejercido por la federación profesional sectorial, la Confederación General de los Asalariados del Líbano y el Ministerio de Trabajo sobre la gestión financiera de los sindicatos); 35, 77 y 86 (obligación para los sindicatos de abonar a las instancias sindicales superiores un porcentaje de sus ingresos, so pena de disolución); 38 a 43 (reglamentación detallada de las reuniones de la asamblea general de los sindicatos); 45 (posibilidad de impugnar las decisiones de la asamblea general y del consejo ejecutivo de un sindicato ante el Ministerio de Trabajo, al cual competerá zanjar al respecto); 60 a 63 (reglamentación detallada del funcionamiento del consejo ejecutivo de los sindicatos); 73 y 74 (composición del consejo ejecutivo y de la asamblea general de las federaciones profesionales), y 80 a 82 (composición del consejo ejecutivo y de la asamblea general de la Confederación General de los Asalariados del Líbano). El Comité recuerda que la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes y organizar su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades públicas (véase Recopilación, op. cit., párrafo 319). El Comité señala a la atención del Gobierno lo que a este respecto recordó la Comisión de Expertos: "las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones" (véase Estudio general de 1994, op. cit., párrafo 135).
14. 157. Según el Comité, el artículo 91, en virtud del cual el Ministerio puede anular las decisiones relativas a la creación de las instancias sindicales, vulnera el principio según el cual las organizaciones de trabajadores no deberían ser ni disueltas ni suspendidas por vía administrativa. El Comité subraya que toda medida de suspensión y de disolución de las organizaciones sindicales constituyen formas extremas de intervención de las autoridades en las actividades de las organizaciones, por lo cual han de acompañarse de todas las garantías judiciales necesarias. Estas pueden brindarse mediante un procedimiento judicial ordinario, que por lo demás debería tener un efecto suspensivo. En lo que respecta al reparto del patrimonio sindical en caso de disolución, los bienes deberían asignarse a los fines para los cuales fueron adquiridos (véase también Recopilación, op. cit., párrafos 488, 491, 493, 496 y 504).
15. 158. El Comité observa que también el anteproyecto de ley restringe el derecho de las organizaciones a crear libremente federaciones y confederaciones. El Comité efectúa primero una remisión a las conclusiones que formuló anteriormente respecto a la estructura sindical. Observa además que todo conflicto relativo a la afiliación de una instancia sindical inferior a una instancia sindical superior será dirimido por el Ministerio de Trabajo en virtud de una decisión obligatoria para ambas partes (artículo 4, párrafo 2, y artículo 76) y que el libre funcionamiento de las federaciones y de la Confederación General de los Asalariados del Líbano queda restringido en la medida en que el proyecto dispone que estas organizaciones van regidas por las mismas disposiciones que aquellas aplicables a los sindicatos (artículo 78 y 85). Según recuerda el Comité a este respecto, la Comisión de Expertos indicó que, para poder defender mejor los intereses de sus mandantes, las organizaciones de trabajadores y de empleadores han de tener derecho a constituir las federaciones y las confederaciones que estimen convenientes, las cuales, por su parte, deberían disfrutar de los distintos derechos que se reconocen a las organizaciones de base, especialmente en lo que respecta a la libertad de funcionamiento, de actividades y de programas de acción (véase el Estudio general de 1994, op. cit., párrafo 198).
16. 159. Concretamente, el Comité pide al Gobierno que tenga a bien tomar en consideración las conclusiones formuladas a fin de introducir, en estrecha consulta con las organizaciones sindicales, las modificaciones necesarias en el anteproyecto de ley sobre la estructura sindical para los asalariados del Líbano, y de ajustar este último a los principios de la libertad sindical. El Comité ruega al Gobierno que le mantenga informado de toda evolución de la situación y, especialmente, le comunique todo nuevo proyecto de ley o texto legal que se adopte a raíz de esta labor.
17. 160. A este respecto, el Comité indica al Gobierno que la Oficina Internacional del Trabajo pone a su disposición la asistencia técnica necesaria para que prepare su proyecto de ley con miras a garantizar su absoluta conformidad con los principios de la libertad sindical.

Anexo

1. Anteproyecto de ley sobre la estructura sindical en el Líbano
2. (texto facilitado por la organización querellante)
3. Título I. Disposiciones generales
4. Capítulo I. Definiciones
5. Artículo 1. Para el cumplimiento de la presente ley, los términos
6. siguientes
7. tendrán el significado indicado a continuación:
8. a) Comité sindical: es la organización sindical destinada a los
9. asalariados
10. que tengan el mismo oficio u oficios similares o complementarios
11. entre sí en
12. el mismo departamento.
13. b) Sindicato general profesional: es la organización sindical de
14. los
15. asalariados de un mismo oficio o de un conjunto de oficios
16. similares o
17. complementarios entre sí en el plano nacional.
18. c) Federación profesional sectorial: es la organización sindical
19. de un
20. conjunto de sindicatos profesionales generales similares o
21. complementarios
22. entre sí en el plano nacional.
23. d) Confederación General de los Asalariados del Líbano: es la
24. organización
25. sindical de los asalariados en el plano nacional.
26. e) Departamento: es la zona geográfica delimitada siguiendo la
27. división
28. administrativa del país.
29. f) Decreto de reglamentación: es el decreto emitido a propuesta
30. del Ministro
31. de Trabajo en cumplimiento de la presente ley.
32. g) Orden ministerial: es la orden emitida por el Ministro de
33. Trabajo a
34. propuesta del director general del Ministerio para el cumplimiento
35. de las
36. disposiciones contenidas en la presente ley.
37. h) Reglamento interno: es el reglamento establecido por los
38. organismos
39. sindicales conforme a las disposiciones de la presente ley, el
40. cual define las
41. funciones y las responsabilidades de la instancia de que se trate
42. y de su
43. consejo, así como sus relaciones con las demás instancias que
44. configuran la
45. estructura sindical y todos los demás aspectos que la propia
46. instancia
47. considere útiles para alcanzar sus objetivos, siempre y cuando
48. no esté en
49. contradicción con el orden público y con las disposiciones de la
50. presente ley.
51. Artículo 2. La estructura sindical de los asalariados de la
52. República libanesa
53. está integrada por los siguientes elementos:
54. a) el comité sindical de departamento;
55. b) el sindicato general profesional para una sola profesión o un
56. conjunto de
57. profesiones similares o complementarias entre sí;
58. c) la federación profesional sectorial;
59. d) la Confederación General de los Asalariados del Líbano.
60. Los sindicatos generales profesionales, las federaciones
61. profesionales
62. sectoriales y la Confederación General de los Asalariados del
63. Líbano, sólo
64. pueden constituirse previa autorización del Ministerio de
65. Trabajo.
66. ...
67. Artículo 4. La afiliación a las instancias mencionadas en el
68. artículo 2 de la
69. presente ley es libre. Todo afiliado puede retirarse de ellas
70. cuando lo desee.
71. Asimismo, cualquier organismo, con la salvedad de los comités
72. sindicales de
73. los departamentos, puede retirarse de la instancia sindical
74. superior cuando lo
75. estime oportuno.
76. No se puede ni dificultar ni rechazar la afiliación de un
77. asalariado a un
78. comité sindical o a un sindicato general profesional, salvo si la
79. situación
80. del aspirante a la afiliación es ilegal o contraria a lo preceptuado
81. en la
82. presente ley. Todo conflicto surgido en este ámbito será dirimido
83. por el
84. Ministerio de Trabajo, en virtud de una decisión que será
85. obligatoria para
86. ambas partes.
87. Artículo 5. Las instancias sindicales mencionadas en la
88. presente ley tienen
89. por objeto proteger la profesión o las profesiones similares o
90. complementarias
91. entre sí; unificar la actuación de los trabajadores de la profesión
92. de que se
93. trate; tutelar sus intereses y sus derechos; elevar su grado de
94. conciencia
95. profesional y sindical y fomentar su capacidad productiva, y
96. mejorar su
97. situación económica y social. Estas instancias entablan diálogos
98. entre sí para
99. velar por la homogeneidad y el equilibrio de las relaciones
100. laborales,
101. garantizar la paz social y ayudar a los poderes públicos a definir
102. la política
103. económica y social.
104. ...
105. Artículo 7. Cada instancia sindical prepara un reglamento
106. interno, el cual es
107. adoptado por una asamblea general extraordinaria por mayoría
108. de dos tercios de
109. los miembros de la asamblea general en la primera sesión, y por
110. mayoría
111. absoluta en las demás sesiones.
112. Este reglamento sólo será aplicable una vez lo haya aprobado el
113. Ministerio de
114. Trabajo.
115. El reglamento interno se modifica según el mismo procedimiento
116. aplicado para
117. su elaboración.
118. Título II. Instancias sindicales de los asalariados
119. Capítulo I. Del comité sindical de departamento
120. Artículo 8. Los sindicatos generales profesionales sólo pueden
121. constituir un
122. comité sindical en cada uno de sus departamentos siempre y
123. cuando el número de
124. afiliados al sindicato del departamento de que se trate no sea
125. inferior a 50
126. miembros.
127. Artículo 9. El comité sindical desempeñará las funciones y
128. estará revestido de
129. las atribuciones que determine el sindicato general profesional...
130. Artículo 10. El comité sindical se compone de un mínimo de seis
131. miembros, y de
132. un máximo de diez, atendiendo al número de afiliados. Estos
133. miembros serán
134. designados por el consejo ejecutivo del sindicato general por un
135. período de
136. tres años.
137. Artículo 11. El consejo del sindicato designa los comités
138. sindicales de los
139. departamentos y determina las funciones y responsabilidades de
140. cada uno de sus
141. miembros. El comité tendrá un presidente, un secretario general
142. y un tesorero.
143. ...
144. Artículo 13. Los comités sindicales del departamento se rigen
145. por lo dispuesto
146. en el reglamento interno del sindicato general profesional, a
147. menos que en
148. alguna disposición particular del presente capítulo se disponga
149. otra cosa.
150. Capítulo II. Del sindicato general profesional
151. Condiciones de autorización y de afiliación
152. Artículo 14. Los asalariados de todas las categorías y
153. profesiones pueden
154. obtener autorización para fundar un solo sindicato general
155. profesional de
156. ámbito nacional, el cual tendrá personalidad jurídica y derecho
157. a ejercitar
158. acciones judiciales, siempre y cuando el número de sus afiliados
159. no sea
160. inferior a 300. Este sindicato no puede incluir a personas de
161. profesiones
162. distintas, sino que todos sus miembros deben ejercer el mismo
163. oficio, u otros
164. oficios similares o complementarios entre sí.
165. Artículo 15. Los procedimientos de autorización son los
166. siguientes:
167. 1) los fundadores del sindicato, miembros practicantes de la
168. profesión de que
169. se trate, presentarán una solicitud escrita al Ministerio de
170. Trabajo para
171. comunicarle su intención de fundar un sindicato a tenor de lo
172. prescrito en el
173. artículo 14 de la presente ley;
174. ...
175. En el plazo de un mes desde la fecha de registro de la citada
176. solicitud en el
177. Ministerio, éste estudiará aquélla, así como los documentos
178. anexos a la misma
179. para cerciorarse de que se reúnen las condiciones requeridas
180. por virtud de la
181. presente ley. De ser así, se da traslado del asunto al Ministerio
182. para que dé
183. o deniegue su autorización.
184. Artículo 16. El acto constitutivo del sindicato debe contener
185. obligatoriamente
186. las siguientes menciones:
187. ...
188. 5) el comité sindical de los departamentos, sus competencias y
189. atribuciones,
190. el procedimiento oportuno para establecer una coordinación
191. con él, las reglas
192. de nombramiento, las modalidades de control, las sanciones,
193. etc.;
194. ...
195. Artículo 17.
196. ...
197. Se considera este acto fundacional como un reglamento interno
198. del sindicato,
199. al que éste quedará sujeto una vez lo haya aprobado el
200. Ministerio de Trabajo.
201. Artículo 18. Además de las condiciones especiales mentadas
202. en el reglamento
203. interno vigente, todos los aspirantes a afiliarse a un sindicato
204. deben:
205. 1) haber cumplido 18 años;
206. 2) ejercer un oficio en el momento de su afiliación. Sólo se
207. puede estar
208. afiliado a un sindicato;
209. 3) tener nacionalidad libanesa y gozar de los derechos civiles;
210. 4) no haber sido condenado por crimen o por un acto criminal
211. infamante;
212. 5) no haber alcanzado la edad legal de la jubilación, fijada con
213. arreglo al
214. oficio ejercido.
215. Artículo 19. Los extranjeros debidamente autorizados para
216. trabajar en el
217. Líbano pueden afiliarse al sindicato de su oficio si reúnen las
218. condiciones
219. particulares previstas en el reglamento interno, así como las
220. condiciones
221. mencionadas en los apartados 1), 2), 4) y 5) del artículo 18 de la
222. presente
223. ley.
224. Con todo, los miembros extranjeros no pueden ser aspirantes ni
225. elegidos. En
226. cambio, sí pueden delegar a uno de sus colegas a fin de que
227. les represente o
228. les defienda ante el consejo sindical.
229. ...
230. Artículo 27.
231. ...
232. El inspector del trabajo puede examinar, a instancia de la
233. administración
234. competente del Ministerio, los registros del sindicato e informar
235. acerca de
236. los mismos.
237. ...
238. Las finanzas del sindicato
239. Artículo 32. Los fondos del sindicato sólo pueden asignarse y
240. gastarse con la
241. finalidad para la cual éste fue constituido. En particular, el
242. consejo
243. ejecutivo del sindicato no puede:
244. - contraer préstamos o aceptar donaciones, legados o subsidios,
245. sin previo
246. acuerdo de la asamblea general y del Ministerio de Trabajo;
247. - invertir fondos en negocios financieros, comerciales,
248. patrimoniales o
249. industriales, sin previo acuerdo de la asamblea general y del
250. Ministerio de
251. Trabajo.
252. ...
253. Artículo 33. El sindicato debe depositar sus fondos en un banco
254. designado por
255. su consejo ejecutivo y comunicar al servicio de sindicatos del
256. Ministerio de
257. Trabajo el nombre del susodicho banco en el plazo de una
258. semana a partir de la
259. fecha de su designación.
260. ...
261. Artículo 34. El sindicato es una persona jurídica con derecho a
262. disponer de
263. sus fondos dentro de los límites de las reglas generales de
264. derecho y de la
265. presente ley. Con todo, la federación profesional sectorial a la
266. que
267. pertenezca este sindicato tendrá derecho a informarse sobre la
268. manera en que
269. éste habilita sus fondos para saber si los gastos se realizan
270. dentro de los
271. límites prescritos por la ley. De ser necesario, la federación tiene
272. derecho a
273. señalar a la atención del consejo ejecutivo del sindicato los
274. actos que, a su
275. modo de ver, constituyan un incumplimiento de lo prescrito. De
276. no aceptar el
277. consejo estas propuestas u observaciones, la federación podrá
278. hacer uso de las
279. atribuciones enunciadas en el artículo 66 de la presente ley,
280. previa
281. notificación obligada al Ministerio de Trabajo.
282. En el caso de los sindicatos que no sean miembros de la
283. federación profesional
284. sectorial, el control financiero, arriba mencionado, competerá a
285. la
286. Confederación General de los Asalariados del Líbano y al
287. Ministerio de
288. Trabajo.
289. Artículo 35. El sindicato debe abonar a las instancias sindicales
290. superiores
291. dentro de la estructura, un porcentaje de sus ingresos a guisa
292. de cotización
293. anual acogiéndose a las siguientes escalas:
294. - el 15 por ciento de los ingresos anuales efectivos a sus
295. comités sindicales
296. de departamento;
297. - el 20 por ciento de sus ingresos anuales efectivos a la
298. federación
299. profesional sectorial a la que pertenezca el sindicato;
300. - el 15 por ciento de sus ingresos anuales efectivos a la
301. Confederación
302. General de los Asalariados.
303. El incumplimiento de las disposiciones del presente artículo por
304. un consejo
305. ejecutivo constituirá un menoscabo grave que justificará la
306. solicitud de su
307. disolución en virtud del artículo 66 de la presente ley.
308. ...
309. La asamblea general
310. ...
311. Artículo 38. La asamblea general se mantendrá en forma de
312. reuniones ordinarias
313. que se celebrarán como mínimo una vez al año, previa
314. convocatoria por el
315. consejo ejecutivo del sindicato. El presidente, por decisión del
316. consejo
317. ejecutivo, podrá convocarla en forma de reunión extraordinaria
318. en caso de
319. necesidad, o por solicitud escrita motivada y firmada por al
320. menos un tercio
321. de los miembros de la asamblea general, y ello en el plazo de un
322. mes a partir
323. de la fecha de recepción de la solicitud.
324. En este último caso, si el consejo ejecutivo se abstuviera de
325. enviar la
326. convocatoria, la federación profesional sectorial a la que
327. pertenezca el
328. sindicato puede, al igual que el Ministerio de Trabajo, enviar
329. dicha
330. convocatoria, siempre y cuando anteponga a la misma, una
331. intimación a la
332. instancia que incumpla, en la cual se concederá a esta última
333. un plazo de al
334. menos 15 días para actuar.
335. Artículo 39. Las reuniones de la asamblea general sólo son
336. válidas en
337. presencia de al menos la mitad de los miembros del sindicato
338. que abonaron la
339. totalidad de su cotización. Si no hubiere quórum, la reunión se
340. aplazará en 15
341. días como máximo, y la segunda reunión será válida fuera cual
342. fuere el número
343. de personas presentes.
344. Artículo 40. El presidente del consejo ejecutivo del sindicato
345. debe preparar
346. un orden del día para la asamblea general y exponerlo en la
347. sede del sindicato
348. antes de la fecha de la reunión, indicando el lugar y la fecha de
349. esta última.
350. La asamblea general deliberará sobre los temas inscritos en su
351. orden del día.
352. Artículo 41. Las reuniones de la asamblea general serán
353. presididas por el
354. presidente del consejo ejecutivo del sindicato, y el secretario
355. general será
356. responsable de elaborar las actas correspondientes. Si los
357. temas debatidos
358. versaren sobre la exclusión de uno o de varios miembros del
359. consejo del
360. sindicato o sobre la disolución de este último, la asamblea
361. general elegirá de
362. entre los miembros presentes a una persona para que asegure
363. la presidencia, y
364. a otra para que se encargue de la secretaría general. En este
365. caso, el quórum
366. debe alcanzar los dos tercios de los miembros de la asamblea
367. general en la
368. primera sesión, y en la mayoría absoluta en las demás sesiones.
369. Artículo 42. Las decisiones de la asamblea general se toman
370. por mayoría
371. absoluta de sus miembros. Las decisiones relativas a la
372. aprobación del
373. reglamento interno o a la modificación de este último; a la
374. exclusión de uno o
375. de varios miembros del consejo ejecutivo del sindicato; y a la
376. disolución de
377. dicho consejo o del sindicato, se toman por mayoría de dos
378. tercios de los
379. miembros en la primera sesión, y por mayoría absoluta de los
380. miembros en las
381. demás sesiones.
382. Artículo 43. Las resoluciones de la asamblea general no son
383. aplicables a todos
384. los miembros del sindicato. Los miembros de la asamblea
385. general sólo pueden
386. votar una vez, no admitiéndose representación por poderes ni
387. para la
388. presencia, ni para la aprobación.
389. ...
390. Artículo 45. Todas las decisiones de la asamblea general deben
391. notificarse
392. dentro de los 15 días siguientes a su adopción al Ministerio de
393. Trabajo y a la
394. federación profesional sectorial a la que pertenezca el sindicato.
395. Cada
396. miembro tendrá derecho a impugnar las decisiones de la
397. asamblea general o los
398. del consejo ejecutivo del sindicato ante el Ministerio de Trabajo
399. en el plazo
400. de 15 días a partir de la fecha de la resolución. El Ministerio se
401. pronunciará
402. en el plazo de un mes, como máximo, calculado a partir del
403. registro de la
404. impugnación.
405. La administración del sindicato
406. ...
407. Artículo 47. Además de las condiciones generales de afiliación
408. establecidas en
409. virtud de la presente ley, los miembros del consejo ejecutivo
410. deben:
411. 1) gozar de sus derechos civiles y no haber sido condenados
412. por crimen,
413. tentativa de crimen o delito infamante. Se consideran delitos
414. infamantes el
415. robo, la estafa, el abuso de confianza, la extensión de cheques
416. sin provisión
417. de fondos, la malversación de fondos, la corrupción, la
418. violación, la
419. falsificación o el uso de falsificaciones, el falso testimonio, el
420. perjurio,
421. así como los delitos vinculados a los estupefacientes o a las
422. buenas
423. costumbres;
424. ...
425. Artículo 48. El consejo ejecutivo del sindicato es elegido por
426. votación
427. secreta y por tres años. Los miembros pueden volver a
428. presentar su candidatura
429. una vez concluido su mandato. En caso de disolución del
430. consejo ejecutivo, el
431. presidente y los miembros del consejo no podrán ser reelegidos
432. durante el
433. intervalo de un mandato. Esta prohibición no se aplica a los
434. miembros que,
435. según el texto de la decisión, se hayan opuesto a las medidas
436. que motivaron la
437. resolución.
438. Artículo 49. La asamblea general elegirá, por votación secreta,
439. el consejo
440. ejecutivo del sindicato por invitación de la asamblea constitutiva
441. durante el
442. período prefijado en la resolución que autoriza la creación del
443. sindicato.
444. La fecha de las elecciones se fija en coordinación con el
445. Ministerio de
446. Trabajo, tras lo cual se notifica a los miembros del sindicato al
447. menos 15
448. días antes de la fecha de las elecciones.
449. En la convocatoria de las elecciones figurarán la fecha y el
450. lugar de las
451. votaciones, la hora de comienzo y de cierre de estas últimas, y
452. la fecha
453. límite para la presentación de las candidaturas (a saber, tres
454. días antes de
455. la fecha de las elecciones). Esta convocatoria se expondrá en
456. la sede del
457. sindicato y en las sedes de los comités sindicales de los
458. departamentos, y
459. será publicada en dos diarios locales de gran tirada.
460. Si el consejo ejecutivo o la asamblea constituyente se
461. abstuviera de enviar la
462. convocatoria, la federación profesional sectorial a la que
463. pertenezca el
464. sindicato podrá, al igual que el Ministerio de Trabajo, enviar esta
465. convocatoria, siempre y cuando ésta vaya precedida de una
466. intimación la
467. instancia que incumpla, concediéndose a esta un plazo de 15
468. días, como mínimo,
469. para actuar.
470. ...
471. Artículo 51. El quórum requerido para que puedan celebrarse
472. las elecciones es
473. de la mitad más uno de los miembros de la asamblea general en
474. la primera
475. vuelta. Si no hubiere quórum, las elecciones se aplazarán por
476. un período de
477. siete a quince días, siendo válida la segunda vuelta fuera cual
478. fuere el
479. número de personas presentes. En este caso, no se admiten
480. nuevas candidaturas.
481. Artículo 52. Tres días antes de procederse a las votaciones, el
482. consejo
483. ejecutivo del sindicato prepara una lista en tres ejemplares de
484. los nombres y
485. apellidos de los miembros de la asamblea general con derecho
486. de voto. Estos
487. tres ejemplares irán precintados con el sello del sindicato y
488. llevarán la
489. firma del presidente y del tesorero. El primero de ellos será
490. entregado al
491. servicio de sindicatos del Ministerio de Trabajo, el segundo a los
492. miembros
493. del comité electoral, y el tercero al consejo del sindicato para
494. que lo
495. exponga en un lugar visible. En los tres debe certificarse que
496. todas las
497. personas mencionadas en la lista pagaron las cotizaciones que
498. debían.
499. Artículo 53. El plazo de presentación de las candidaturas al
500. consejo ejecutivo
501. del sindicato quedará abierto en cuanto la asamblea general
502. haya decidido
503. celebrar elecciones.
504. Las candidaturas serán presentadas al comité constitutivo y al
505. consejo del
506. sindicato, el cual expedirá un recibo que se entregará a los
507. candidatos. Serán
508. rechazadas las candidaturas presentadas dentro de los tres
509. días que precedan a
510. las elecciones. A la solicitud de candidatura deberá adjuntarse
511. una
512. certificación sobre los antecedentes penales que date de
513. menos de un mes, así
514. como un certificado según el cual el interesado sigue ejerciendo
515. el oficio
516. atendiendo lo dispuesto en los artículos 18, párrafo 5, y 47 de la
517. presente
518. ley.
519. Artículo 54. Los nombres y apellidos de los candidatos se
520. expondrán en la sede
521. del sindicato y se comunicarán al Ministerio de Trabajo. Todo
522. candidato cuya
523. candidatura sea denegada podrá impugnar tal decisión, previa
524. exposición de los
525. motivos que procedan ante el Ministerio de Trabajo, y antes de
526. cerrarse el
527. plazo de presentación de las candidaturas. El Ministerio debe
528. pronunciarse
529. antes de la fecha de las elecciones.
530. Artículo 55. La celebración de las elecciones será fiscalizada
531. por una oficina
532. electoral integrada por uno o varios delegados del Ministerio de
533. Trabajo; un
534. miembro designado por el consejo del sindicato, y un miembro
535. por categoría de
536. candidatos, siempre y cuando el número de miembros no sea
537. superior a seis. Si
538. el consejo sindical o los miembros no designaren a sus
539. representantes, serán
540. los representantes del Ministerio de Trabajo quienes se
541. encarguen de velar por
542. la buena marcha de las elecciones, junto con algunos
543. observadores que ellos
544. mismos elegirán de entre los miembros de la asamblea general.
545. Artículo 56. La oficina electoral procederá al recuento de los
546. votos y
547. redactará un acta en la que constarán los nombres y apellidos
548. de los
549. candidatos, así como sus objeciones si las hubiere. Este acta
550. será firmada en
551. dos ejemplares, cuyo original conservará el representante del
552. Ministerio de
553. Trabajo, quedando el segundo ejemplar en la oficina electoral.
554. Toda abstención
555. de firma se hará constar en el acta.
556. Artículo 57. Se considera electo a quien obtenga la mayoría
557. relativa de los
558. votos emitidos por los miembros votantes. En caso de empate,
559. una vez
560. transcurrido el plazo de una semana se repetirán las elecciones
561. solamente
562. entre los candidatos que hayan empatado. De producirse un
563. nuevo empate, saldrá
564. elegido el vencedor de edad más avanzada.
565. Artículo 58. Toda impugnación de los resultados de las
566. elecciones será
567. presentada al Ministerio de Trabajo dentro de los siete días
568. siguientes a las
569. elecciones, fecha a partir de la cual no se aceptarán. En
570. cualquier caso los
571. resultados de las elecciones no serán definitivos mientras no los
572. haya
573. aprobado el Ministerio de Trabajo.
574. Artículo 59. De quedar vacante o vacantes uno o varios
575. puestos en el consejo
576. ejecutivo del sindicato, por cualquier motivo que fuere, el
577. consejo seguirá en
578. funciones mientras el número de sus miembros supere la mitad
579. del pleno. El
580. consejo puede completar este número incorporando a su seno a
581. los candidatos
582. que obtuvieron el mayor número de votos en las últimas
583. elecciones organizadas
584. por el sindicato, aunque no lograran ser elegidos. El nuevo
585. miembro ocupará el
586. puesto vacante durante el resto del mandato del antiguo
587. miembro.
588. Artículo 60. El nuevo consejo ejecutivo del sindicato se reunirá
589. dentro de los
590. 15 días siguientes a la proclamación de los resultados de las
591. elecciones para
592. elegir su Mesa, la cual estará integrada por un presidente, un
593. secretario
594. general, un tesorero y varios consejeros. Esta Mesa deberá
595. comunicar al
596. Ministerio de Trabajo los nombres y apellidos de sus nuevos
597. miembros, así como
598. sus atribuciones sindicales, y ello dentro de los 15 días a partir
599. de la fecha
600. de su elección para su aprobación por el Ministerio. La
601. federación profesional
602. sectorial a la que pertenezca el sindicato debe ser informada de
603. la
604. composición de la Mesa.
605. Artículo 61. El consejo ejecutivo del sindicato se reúne por
606. convocatoria del
607. presidente y bajo la presidencia de este último, el cual, de estar
608. ausente,
609. será sustituido en su cargo por el vicepresidente, el cual, de
610. estar ausente,
611. será a su vez sustituido por el secretario general.
612. Las sesiones del consejo ejecutivo sólo serán válidas en
613. presencia de la mitad
614. más uno de sus miembros. Si no hubiere quórum en la primera
615. sesión, la reunión
616. se aplazará en una semana y será válida si a ella asistiere la
617. mitad de los
618. miembros del citado consejo. Las decisiones se toman por
619. mayoría relativa de
620. los miembros presentes. En caso de empate, el presidente
621. tendrá voto de
622. calidad.
623. Artículo 62. El consejo ejecutivo del sindicato se reúne por lo
624. menos una vez
625. al mes, y el presidente puede convocarlo si así lo considerare
626. necesario, o a
627. instancia de la tercera parte de los miembros.
628. Artículo 63. Se considera que los miembros del sindicato han
629. dimitido si se
630. ausentan, sin causa legal, de tres sesiones consecutivas a las
631. que hayan sido
632. convocados por escrito. Este hecho debe mencionarse en la
633. última convocatoria
634. enviada al miembro y consignarse en las actas de la sesión. El
635. consejo toma la
636. decisión de excluir a estos miembros después de haberles
637. convocado por escrito
638. para oír sus argumentos.
639. ...
640. Artículo 66. La asamblea general podrá disolver el consejo
641. ejecutivo si éste
642. no cumpliere sus deberes, si realizare algún acto que no entrare
643. en sus
644. atribuciones o desvirtuara la finalidad por la cual se creó el
645. sindicato. La
646. solicitud de disolución se presentará mediante carta firmada por
647. la tercera
648. parte de los miembros de la asamblea general y dirigida al
649. consejo ejecutivo.
650. Este último deberá convocar la asamblea general a una reunión
651. pública para
652. deliberar y decidir al respecto. Si éste se abstuviere de enviar la
653. convocatoria dentro de los 15 días a partir de la fecha de
654. recepción de la
655. solicitud, la federación profesional sectorial podrá, al igual que el
656. Ministerio de Trabajo, convocar esta reunión de la asamblea
657. general.
658. Artículo 67. Si la asamblea general no emprendiere los trámites
659. mencionados en
660. el artículo que antecede, el Ministerio de Trabajo investigará en
661. breve al
662. respecto y presentará sus conclusiones en un plazo máximo de
663. tres meses al
664. Ministerio de Trabajo para que tome la decisión apropiada.
665. Artículo 68. Si la asamblea general o el Ministerio de Trabajo
666. decidiere la
667. disolución del consejo ejecutivo, el órgano que la haya
668. ordenado nombrará un
669. comité provisional para dirigir el sindicato a la espera de la
670. elección del
671. nuevo consejo ejecutivo. Esta decisión se notificará al
672. Ministerio, así como a
673. la federación profesional sectorial y a la Confederación General
674. de los
675. sindicatos de los asalariados. El comité invitará a que se elija un
676. nuevo
677. consejo ejecutivo dentro de los 15 días siguientes a la decisión
678. de
679. disolución. De no hacerlo, o de resultar imposible dirigir dicha
680. invitación,
681. el Ministerio podrá exhortar a que se celebren elecciones dentro
682. de los 15
683. días transcurridos desde la expiración del plazo concedido al
684. comité de
685. administración provisional.
686. Artículo 69. El presidente y los miembros del consejo ejecutivo
687. disuelto
688. quedan obligados a devolver toda la documentación y a restituir
689. todos los
690. fondos del sindicato al comité encargado de su administración,
691. so pena de ser
692. denunciados por abuso de confianza ante las autoridades
693. competentes.
694. ...
695. Capítulo III. Federación profesional sectorial
696. Artículo 72. Es la organización sindical profesional de un
697. conjunto de
698. sindicatos generales profesionales similares o complementarios
699. entre sí en el
700. ámbito nacional.
701. Esta federación será fundada por al menos tres sindicatos
702. generales
703. profesionales similares o complementarios entre sí, y por
704. resolución del
705. Ministro de Trabajo.
706. Artículo 73. El reglamento interno de la federación fija las reglas
707. de
708. afiliación y determina el número de miembros que integrarán el
709. consejo
710. ejecutivo, el cual no debe ser inferior a 10, ni superior a 20.
711. Cada sindicato
712. estará representado al menos por un miembro.
713. Artículo 74. La asamblea general de la federación comprende
714. miembros de todos
715. los consejos ejecutivos de los sindicatos afiliados a la misma. El
716. reglamento
717. interno de la federación debe fijar el porcentaje de
718. representación de cada
719. sindicato miembro en el consejo ejecutivo de la federación.
720. ...
721. Artículo 76. De ser rechazada la solicitud de afiliación de un
722. sindicato a la
723. federación, o la exclusión de un sindicato que ya esté afiliado a
724. la misma, el
725. sindicato de que se trate podrá impugnar la decisión
726. correspondiente ante la
727. Confederación General antes de someter el caso al Ministerio de
728. Trabajo para
729. que tome la decisión apropiada.
730. Artículo 77. Los recursos de la federación profesional sectorial
731. se componen
732. del porcentaje procedente de los recursos de los sindicatos
733. miembros, a tenor
734. de lo dispuesto en el artículo 35 de la presente ley, y de todos
735. los demás
736. recursos previstos en el artículo 31, además de las
737. asignaciones procedentes
738. de la Confederación General de los Asalariados del Líbano
739. destinados a cubrir
740. los gastos de esta última. La federación profesional sectorial
741. quedará
742. sometida a un régimen financiero especial, el cual será fijado por
743. decisión de
744. su asamblea general y quedará preceptuado en su reglamento
745. interior.
746. Capítulo IV. Confederación General de los Asalariados del
747. Líbano
748. Artículo 79. La Confederación General de los Asalariados del
749. Líbano es la
750. organización sindical de los asalariados del Líbano. Las
751. autoridades la
752. consideran como la organización más representativa de los
753. asalariados del
754. citado país. Está integrada por federaciones profesionales,
755. sectoriales y por
756. sindicatos que no cuentan con federación sectorial alguna.
757. Artículo 80. La asamblea general de la Confederación está
758. integrada por los
759. miembros de los consejos ejecutivos de las federaciones
760. profesionales de los
761. distintos sectores, así como por los miembros de los consejos
762. ejecutivos de
763. los sindicatos miembros de la unión que no pertenecen a una
764. federación
765. profesional sectorial.
766. El reglamento interno de la Confederación General fija las reglas
767. de
768. afiliación de estos representantes, así como el número
769. correspondiente a cada
770. federación sectorial y a cada sindicato atendiendo al número de
771. miembros
772. afiliados.
773. Artículo 81. La Confederación General está dirigida por un
774. consejo ejecutivo
775. cuyo número de miembros se halla fijado en el reglamento
776. interno, siempre y
777. cuando no sea éste inferior al número de federaciones
778. sectoriales y de
779. sindicatos miembros. El consejo ejecutivo es elegido por la
780. asamblea general,
781. por tres años y por votación secreta; cada federación
782. profesional sectorial y
783. cada sindicato estará representado ante el consejo ejecutivo en
784. virtud de lo
785. que disponga el reglamento interior de la Confederación.
786. Artículo 82. De quedar vacante un puesto en el consejo
787. ejecutivo de la
788. Confederación General por cualquier motivo que fuere, la
789. asamblea general será
790. convocada en sesión extraordinaria para elegir a un miembro de
791. la federación
792. sectorial o del sindicato al que perteneciere la persona que dejó
793. el puesto
794. vacante.
795. ...
796. Artículo 85. La Confederación General de los Asalariados del
797. Líbano, así como
798. su asamblea general y su consejo ejecutivo, se rigen por las
799. mismas
800. disposiciones que aquellas aplicadas al sindicato general
801. profesional, a la
802. asamblea general y al consejo ejecutivo de este último, salvo en
803. lo referente
804. a los aspectos regidos por disposiciones particulares del
805. presente capítulo
806. relativas a estos dos organismos.
807. Artículo 86. Los recursos de la Confederación General se
808. componen del
809. porcentaje asignado a ésta en virtud de lo dispuesto en el
810. artículo 35 de la
811. presente ley, así como de los demás recursos previstos en el
812. artículo 31.
813. Capítulo V. Disposiciones transitorias y finales
814. Artículo 87. Por orden del Ministro de Trabajo se adjuntará en
815. anexo a la
816. presente ley un cuadro en el que se definirán las profesiones y
817. las
818. profesiones similares o complementarias entre sí, sobre cuya
819. base se emitirán
820. las autorizaciones oportunas para la creación de organismos
821. sindicales.
822. Artículo 89. En caso de disolución del consejo ejecutivo de
823. algún organismo
824. sindical por el Ministro de Trabajo según lo dispuesto en la
825. presente ley, el
826. Ministro confiará al director de la dirección general del trabajo y
827. de
828. relaciones profesionales del Ministerio de Trabajo la gestión de
829. los asuntos
830. puramente administrativos que competían al consejo disuelto,
831. en espera de que
832. se elija el nuevo organismo. El director deberá desempeñar
833. asimismo las tareas
834. que cumplía el citado consejo en materia de elecciones, y
835. podrá recurrir a los
836. funcionarios del Ministerio para que ejecuten las tareas
837. necesarias.
838. Artículo 90. En caso de disolución de un consejo, el Ministerio
839. de Trabajo
840. deberá tomar las medidas siguientes:
841. a) avisar al banco depositario de los fondos del consejo para
842. que se abstenga
843. de efectuar el pago de cualquier importe que fuere al presidente
844. o a los
845. miembros;
846. b) informar al Ministro del Interior (a las fuerzas de seguridad
847. interna) de
848. la decisión de disolución;
849. c) informar al presidente del consejo y al órgano sindical
850. superior, por vía
851. administrativa de la decisión de disolución, o exponer esta
852. decisión en un
853. lugar visible en la sede del consejo o en el Ministerio de Trabajo;
854. d) ordenar a un inspector del trabajo o a un oficial de policía
855. judicial que
856. embargue los documentos y registros del consejo en presencia
857. de uno de los
858. miembros del consejo o de otro miembro y, de ser necesario,
859. ante un miembro
860. del servicio de seguridad o ante el alcalde.
861. Se levantará acta del inventario en dos ejemplares, el primero
862. de los cuales
863. se incluirá en el expediente del consejo que obre en poder del
864. Ministerio de
865. Trabajo, y el segundo se entregará a los interesados. El nuevo
866. consejo entrará
867. en funciones una vez se haya levantado esta acta.
868. Artículo 91. En virtud de las disposiciones de la presente ley, el
869. Ministro de
870. Trabajo tendrá, derecho a anular la decisión relativa a la
871. creación de
872. instancias sindicales y a confiar al director de la gestión general
873. de trabajo
874. y de relaciones profesionales, la adopción de las medidas
875. necesarias
876. contempladas en el artículo anterior. La dirección general
877. precintará las
878. puertas y expondrá una copia de la resolución de anulación en
879. la puerta
880. exterior, además de publicarla en la Gaceta Oficial.