Interim Report - Report No 291, November 1993

1. 435. El Comité examinó estos casos en su reunión de febrero de 1993 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración (véase 286. informe del Comité, párrafos 438 a 464, aprobado por el Consejo de Administración en su 255.a reunión (marzo de 1993)) en la que formuló conclusiones provisionales.
2. 436. Por comunicación de fecha 29 de junio de 1993, la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA) presentó nuevos alegatos.
3. 437. El Gobierno envió nuevas observaciones en comunicaciones de fechas 19 y 22 de enero, 14 de abril, 5 de mayo, 14 de junio y 4 de agosto de 1993.
4. 438. Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior de los casos

1. 439. Los alegatos pendientes en los presentes casos se refieren a las siguientes cuestiones: a la supuesta contradicción del decreto-ley núm. 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo de 1992, con los Convenios núms. 87 y 98 y otros decretos cuestionados por los querellantes; al asesinato el 3 de agosto de 1992 del dirigente sindical Juan Andahua Vergara; y a despidos discriminatorios de 10 dirigentes sindicales y trabajadores de la empresa Pesca-Perú.
2. 440. En lo que concierne al decreto-ley núm. 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo de 1992, los querellantes manifiestan que varias disposiciones de dicha ley violan los Convenios núms. 87 y 98, objetando concretamente las siguientes:
   • - el artículo 5. impone autoritariamente a los trabajadores un universo limitado de modalidades organizativas (de empresa, de actividad, de gremio y de oficios varios), contraviniendo el principio de autonomía colectiva que encarna la libertad sindical;
   • - el artículo 10 establece las obligaciones de las organizaciones sindicales, tales como comunicar a la autoridad del trabajo la reforma de sus estatutos, emitir los informes que puedan solicitarles las autoridades del trabajo; complementariamente el artículo 17 establece la obligación de inscribirse ante la autoridad del trabajo; asimismo el artículo 20 establece que la cancelación del registro por la autoridad de trabajo sólo procederá por disolución, fusión o absorción, o pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su constitución, perdiendo en este último caso el sindicato su personería gremial. Los artículos antes mencionados permiten ejercer a la autoridad competente un control externo y una facultad discrecional para la disolución de organizaciones sindicales;
   • - el artículo 11, inciso a) impide a las organizaciones sindicales dedicarse a asuntos de política partidaria, religiosa o de índole lucrativa, restringiendo sus posibilidades de acción; asimismo, los incisos c) y d) de dicho artículo impiden a las organizaciones sindicales aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos al objeto del sindicato y distribuir rentas o bienes del patrimonio sindical, lo que constituye una limitación del derecho de las organizaciones sindicales de organizar su administración y actividades;
   • - el artículo 12 establece como requisitos para ser miembro de un sindicato, ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio (inciso a)), y no estar afiliado a otro sindicato (inciso d)); a su vez el artículo 24 exige para integrar la junta directiva, el ser miembro activo del sindicato (inciso b)), y tener una antigüedad no menor de un año en la empresa (inciso c)), constituyendo ambos artículos restricciones a la libre afiliación sindical y a la designación de representantes de los trabajadores;
   • - el artículo 14 establece un número mínimo de veinte (20) trabajadores para constituir un sindicato de empresa, y de cien (100) para sindicatos de otra naturaleza, lo que significa una proscripción de la vida sindical para los trabajadores formal o informalmente ocupados en el país, sobre todo si se toma en cuenta que el 90 por ciento del universo empresarial está constituido por microempresas con menos de 20 trabajadores por unidad productiva;
   • - el artículo 31 señala que el reglamento determinará el número mínimo y máximo de los dirigentes amparados por el fuero sindical, en atención a la dimensión y características de la organización. Así, el Gobierno está condicionando la estructura y el número de los integrantes de las juntas directivas de las organizaciones sindicales;
   • - el artículo 32 impone a las partes una limitación a su autonomía convencional, al establecer un máximo de treinta (30) días por año calendario como permisos otorgados a los dirigentes para cumplir con sus funciones sindicales, limitación contraria al artículo 4 del Convenio núm. 98;
   • - el artículo 43, inciso c) establece que la convención colectiva de trabajo tendrá una duración no menor de un año, pudiendo las partes establecer plazos mayores; en un país como el Perú, con una gran inestabilidad política, económica y social, las condiciones que dan lugar a los convenios colectivos pueden en un momento dado ser modificadas por las circunstancias, por lo que el establecimiento apriorístico de lapsos de tiempo mínimos, ajenos a la voluntad manifiesta de las partes contratantes, constituye una clara rigidez contraria al artículo 4 del Convenio núm. 98;
   • - el artículo 46 impone como requisito de validez para celebrar una convención colectiva por rama o gremio, una mayoría absoluta referida tanto al número de trabajadores y empresas que la o las organizaciones sindicales emplazantes en la negociación representen, como al número de empresas de la actividad o gremio convocadas a la negociación, siendo incompatible con el artículo 4 del Convenio núm. 98;
   • - el artículo 55 establece que los trabajadores y sus representantes deben guardar reserva absoluta sobre la información recibida de la empresa durante la negociación, bajo apercibimiento de suspensión del derecho de información, sin perjuicio de las medidas disciplinarias y acciones legales a que hubiere lugar; al respecto, el inciso d) del artículo 5. de la ley núm. 24514 sanciona con el despido de trabajadores, el uso o entrega a terceros de procedimientos de fabricación considerados secretos, así como informaciones de naturaleza similar, significando un claro menoscabo del derecho de información y de opinión;
   • - la cuarta disposición transitoria del decreto señala que la primera negociación colectiva cuya convención, laudo o resolución rija a partir de la vigencia de la ley, deberá incluir la revisión integral de todos los pactos y convenios vigentes sobre condiciones de trabajo y remuneraciones; asimismo, el artículo 66 establece que el laudo es inapelable y tiene carácter imperativo, debiendo además - según el artículo 65 - recoger en su integridad la propuesta final de una de las partes, evitando una solución distinta a las propuestas finales de las partes o combinar planteamientos de una y de otra; por otro lado, el artículo 43, inciso d) señala que la convención colectiva caduca de modo automático al vencimiento de su plazo. De lo anterior, resultaría por una parte la violación del principio de la autonomía de las partes, al imponerse a empleadores y trabajadores una materia de negociación (la revisión de los pactos y convenios anteriores), perdiendo los trabajadores todos aquellos derechos laborales adquiridos anteriormente, que no fuesen incorporados a la nueva convención colectiva; por otra parte, se dejaría sin efecto la fuerza de ley que tienen los convenios colectivos producto del libre acuerdo de las partes, agudizando con ello el clima de grave inseguridad jurídica en materia de negociación colectiva que existe actualmente en el país;
   • - el artículo 61 señala que en caso de que no se hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de haberlo solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje; por su parte, el artículo 62 establece que en relación al artículo anterior, los trabajadores pueden alternativamente declarar la huelga conforme a las reglas del artículo 73, cuyo inciso d) señala que para declarar la huelga se requiere que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. De esta forma el Estado impone una opción excluyente para los trabajadores, ya sea el recurso del arbitraje voluntario, o el ejercicio del derecho de huelga; aún cuando el artículo 63 establece que durante el desarrollo de la huelga los trabajadores podrán proponer el sometimiento del diferendo a arbitraje, ello depende exclusivamente de la aceptación del empleador;
   • - el artículo 67 establece el arbitraje obligatorio en los servicios públicos esenciales, disposición que no parece conciliarse con los principios del artículo 4 del Convenio núm. 98;
   • - el artículo 68 faculta al poder ejecutivo a poner fin a una huelga cuando ésta se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo, o derive en actos de violencia, sin perjuicio de promover el arreglo directo u otras formas de solución pacífica; dicha disposición le otorga al ejecutivo facultades discrecionales para poner fin a cualquier paro lícito, lo que es contrario a los principios de libertad sindical;
   • - el artículo 73, inciso a) señala como requisito para la declaración de la huelga que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses profesionales de los trabajadores en ella comprendidos, con lo que se estaría excluyendo las huelgas y paros de solidaridad; por lo que respecta al inciso b) de dicho artículo, que exige como requisito, para la declaración de la huelga que la decisión sea adoptada por más de la mitad de los trabajadores a los que comprende, reunidos en asamblea y cuya acta deberá ser refrendada por notario público, el Comité de Libertad Sindical, en casos similares ha considerado que tales limitaciones son contrarias al Convenio núm. 87;
   • - el artículo 81 señala que no están amparados por el decreto-ley en cuestión las modalidades irregulares, tales como: paralización intempestiva, de zonas neurálgicas de la empresa, trabajo a desgano, a ritmo lento o a reglamento; más adelante el artículo 84, inciso c) establece que la huelga será ilegal, por incurrir en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. Las disposiciones referidas proscriben un medio de acción sindical legítimo de los trabajadores y sus organizaciones;
   • - el artículo 82 exige a los trabajadores en conflicto garantizar la permanencia del personal indispensable para impedir una interrupción total, cuando se trate de una huelga que afecte a servicios públicos esenciales. Al respecto, es de señalarse que la definición de servicios públicos esenciales contemplada en el artículo 83 es vaga y genérica, y los servicios de provisión de "combustible", los de "establecimientos penales" o los de "transporte" y "administración de justicia", no parecen esenciales en sentido estricto conforme al criterio del Comité de Libertad Sindical, y menos aún aquellos definidos de forma vaga e imprecisa por la norma como "los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacionales", ni mucho menos aquellos cuya interrupción cree riesgo grave e inminente para personas o bienes. Finalmente, el último párrafo del artículo 82 señala que los casos de divergencia en la composición de los servicios mínimos indispensables tratándose de huelga en servicios públicos esenciales, serán resueltos por la autoridad del trabajo, lo que constituye un procedimiento parcial, contrario a lo que el Comité de Libertad Sindical ha señalado en múltiples ocasiones;
3. 441. No habiendo brindado el Gobierno observaciones suficientemente detalladas sobre los alegatos, el Comité formuló en su anterior examen del caso las siguientes recomendaciones (véase 286. informe del Comité, párrafo 464):
   • "- el Comité pide al Gobierno que envíe urgentemente sus observaciones sobre la totalidad de los alegatos relativos a graves violaciones del derecho de sindicación, de negociación colectiva y de huelga, en virtud de diferentes decretos y de la ley núm. 25593 de relaciones colectivas, señalando concretamente además si esta ley ha derogado algunos de los decretos mencionados por los querellantes;
   • - el Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido de manera completa en relación al asesinato del dirigente sindical Juan Andahua Vergara, y le solicita que se realice una investigación judicial con objeto de esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto, y
   • - el Comité solicita al Gobierno que envíe informaciones completas sobre los alegatos de despidos discriminatorios de dirigentes sindicales y trabajadores en la empresa Pesca-Perú."

B. Nuevos alegatos

1. 442. En su comunicación de fecha 29 de junio de 1993, la UITA alega que el decreto-ley núm. 26119 de diciembre de 1992 en su artículo 5. dispone que todo aquel que impida o dificulte la entrega de los bienes de Pesca-Perú, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años. La pena será del doble cuando el agente sea funcionario público, dirigente o miembro de agrupación sindical, o ex dirigente o ex miembro de agrupación sindical.

C. Respuesta del Gobierno

1. 443. En su comunicación del 22 de enero de 1993 el Gobierno expresa sus observaciones a los alegatos de supuestas violaciones de la libertad sindical y negociación colectiva del decreto-ley núm. 25593 sobre relaciones colectivas de trabajo.
2. 444. En cuanto al decreto-ley núm. 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo de 1992, el Gobierno expresa lo siguiente:
   • - el artículo 5. de la ley se refiere a las diversas modalidades en que los sindicatos pueden constituirse, en tal sentido la redacción del mismo no significa una imposición; en caso de que determinadas organizaciones se agrupen bajo modalidades que estén permitidas en los convenios internacionales y en la ley, éstas serán registradas;
   • - en relación al artículo 10, que señala las obligaciones de las organizaciones sindicales, éstas de manera alguna limitan la libertad sindical, sólo tienden a ilustrar sobre la forma de incorporarse a la sociedad como una persona jurídica;
   • - en lo que se refiere al artículo 17, relativo a la obligación del sindicato de registrarse ante la autoridad del trabajo, dicho requisito constituye un acto formal, y no puede negarse a menos que no se cumplan con los requisitos establecidos en el presente decreto-ley;
   • - en cuanto al artículo 11, que se refiere a los impedimentos impuestos a las organizaciones sindicales, corresponde al Estado señalar las normas que regulan la vida institucional de las organizaciones cualquiera que sea su naturaleza, y en ese sentido los impedimentos mínimos están en relación con los derechos y obligaciones que limiten la existencia de las personas naturales y jurídicas del país, por ello las organizaciones sindicales no pueden ser exceptuadas;
   • - por lo que respecta a los requisitos para ser miembro de un sindicato y de la junta directiva (artículos 12 y 24), las exigencias de que el miembro de un sindicato sea trabajador de la empresa y de que el dirigente sea miembro activo del sindicato responden por una parte, a que una persona ajena al centro de trabajo no puede conocer a ciencia cierta su situación laboral, y por otra a que la existencia de terceras personas a nivel de la dirección podría significar eventualmente que la organización sindical no responda a sus intereses;
   • - en relación con el artículo 14, que exige 20 trabajadores por lo menos para constituir un sindicato de empresa y 100 tratándose de sindicatos de otra naturaleza, tales requisitos tratan de que las organizaciones sindicales tengan la consistencia pertinente que les permita formar parte de una sociedad;
   • - en cuanto a la limitación del número de dirigentes sindicales que gozan de fuero sindical (artículos 31 y 32 del decreto-ley), los artículos 12 y 13 del reglamento de la ley precisan el alcance del otorgamiento de dicho fuero, habiéndose implantado recientemente en el país a partir de la vigencia de las leyes antes señaladas;
   • - por lo que respecta a la imposición de plazos de duración predeterminada para los convenios colectivos (artículo 43, inciso c)), la duración de un año de la negociación colectiva que ha venido rigiendo al país desde 1972, responde a la realidad del Perú y a los cambios estructurales que inciden en los acuerdos de las partes, pudiendo las partes acordar plazos mayores conforme a tal disposición;
   • - en relación con el requisito de las mayorías predeterminadas para la validez de un convenio colectivo de rama (artículo 46), dado que la ley ha establecido la posibilidad de negociar a diferentes niveles, en caso de una negociación por rama, los trabajadores comprendidos en tal negociación deben expresar su voluntad en forma mayoritaria, a fin de que no se les imponga un nivel de negociación no deseado;
   • - por lo que se refiere a la proscripción de los derechos de información y de opinión (artículo 55), esta disposición que no contemplaba la anterior legislación, innova el derecho de información en la negociación colectiva con el objeto de que ésta se desenvuelva en armonía;
   • - en cuanto a la caducidad de derechos convencionalmente adquiridos y la quiebra del principio de la autonomía colectiva (cuarta disposición transitoria, artículo 43, inciso d), y artículos 62 a 66), el artículo 30 del reglamento de la ley determina que la caducidad de convenciones colectivas sólo podrá darse si es acordada por las partes, o establecida en el laudo arbitral;
   • - en relación al arbitraje como opción excluyente del ejercicio del derecho de huelga (artículos 61, 62, 63, 67 y 82), los artículos 46 y 47 del reglamento precisan el alcance de los artículos 61, 62 y 63 de la ley, señalando que cualquiera de las partes puede someter la decisión del diferendo a arbitraje, y que si es el empleador quien lo somete, ello no excluye que los trabajadores puedan optar por ejercer alternativamente el derecho de huelga;
   • - en lo que concierne a las facultades discrecionales de las autoridades públicas para imponer la finalización de una huelga (artículo 68), cabe indicar que si bien la huelga es un derecho legítimo de los trabajadores, ello no puede significar que el poder ejecutivo en salvaguarda del interés nacional y el derecho de las personas, permita un estado de paralización que comprometa gravemente a la empresa o a un sector productivo, que derive en actos de violencia o que asuma características graves por su magnitud o consecuencia;
   • - en cuanto al requisito de que la decisión sea adoptada por más de la mitad de los trabajadores a los que comprende para la declaración de la huelga (artículo 73, inciso b)), éste responde al principio de la libertad sindical, que se inspira en la libre voluntad de los trabajadores de expresar su decisión;
   • - en relación a la restricción de las modalidades lícitas de huelga ((artículos 81 y 84, inciso b), tales como paralización intempestiva, trabajo a desgano, a ritmo lento, a reglamento), dado que el derecho de huelga, está regulado, éste debe ejercerse en la medida que no altere el derecho de los demás o el interés nacional;
   • - por lo que respecta a la restricción de la huelga en los servicios públicos esenciales (artículos 82 y 83), el respeto a la vida y a la seguridad de las personas son principios que han sido consagrados en el país, por ello el hecho de requerir a los trabajadores que laboren en los servicios esenciales que atienden situaciones de emergencia, no debe considerarse como una restricción.
3. 445. En su comunicación de 14 de abril de 1993 el Gobierno expresa que, a tenor de la quinta disposición complementaria final del decreto-ley núm. 25593, de 1992, quedan derogadas todas las disposiciones que rijan sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga.
4. 446. En cuanto al presunto asesinato del dirigente sindical Juan Andahua Vergara, en su comunicación del 14 de abril de 1993 el Gobierno informa que falleció el 5 de agosto de 1992 en el hospital "Sergio Bernales" (Colique) Lima, y que conforme a la necropsia practicada, su muerte se debió a un "accidente vasculocerebeloso por ruptura espontánea de arteria cerebelosa derecha", tratándose de una muerte natural, no traumática ocasionada probablemente por una hipertensión arterial u otras causas.
5. 447. Por lo que respecta al alegato relativo a despidos discriminatorios de 10 dirigentes sindicales y trabajadores (1.636) de la empresa Pesca-Perú, en sus comunicaciones del 5 de mayo y 14 de junio de 1993, el Gobierno señala que en el marco de una política de privatización de empresas del Estado se expidió el decreto-ley núm. 25715, que declara a Pesca-Perú en reestructuración orgánica y reorganización administrativa, autorizándole a su directorio a poner en ejecución un programa de incentivos para el cese voluntario de personal. Asimismo, dicho decreto autoriza a Pesca-Perú, vencido el plazo para acogerse al programa de incentivos ya mencionado, a presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo una solicitud de reducción de personal excedente, adjuntándose la nómina de los trabajadores comprendidos en tal medida. Además, en caso de que se considere violada la estabilidad laboral, los quejosos tienen expedito su derecho para interponer las acciones legales correspondientes ante el poder judicial en forma individual.
6. 448. En cuanto al alegato relativo a la doble penalización, tratándose de dirigentes o miembros de organizaciones sindicales que entorpezcan la entrega de los bienes de la empresa Pesca-Perú, contemplada en el artículo 5. del decreto-ley núm. 26119, en su comunicación de fecha 4 de agosto de 1993, el Gobierno señala que la mayor sanción prevista para los dirigentes y ex dirigentes sindicales responde a la responsabilidad que proviene del ejercicio de un cargo, y no a una intención de impedir que el sindicato o sus dirigentes cumplan con sus labores gremiales de defensa. En ese sentido el artículo en mención establece la misma penalidad también para los funcionarios y ex funcionarios públicos.

D. Conclusiones del Comité

1. 449. El Comité observa que las presentes quejas se refieren a la alegada contradicción del decreto-ley núm. 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo de 1992, con los Convenios núms. 87 y 98 y a la vigencia de otros decretos cuestionados por los querellantes; al asesinato el 3 de agosto de 1992 del dirigente sindical Juan Andahua Vergara; a despidos discriminatorios de dirigentes sindicales y trabajadores de la empresa Pesca-Perú; y a la doble penalización tratándose de dirigentes o miembros sindicales (decreto-ley núm. 26119).
2. 450. El Comité toma nota de las observaciones brindadas por el Gobierno sobre el aspecto legislativo del caso, y se propone examinar sucesivamente los artículos del decreto-ley núm. 25593, que han sido objeto de alegatos por parte de los querellantes.
3. 451. En lo que respecta al artículo 5 de dicho decreto-ley, el Comité observa que ofrece a los trabajadores en forma potestativa varias modalidades de organización sindical (tales como sindicatos de empresa, de actividad, de gremio, etc.). Dado que los trabajadores pueden elegir libremente la forma de organización que estimen conveniente, el Comité considera que esta disposición no constituye una violación al derecho de sindicación. En cuanto al artículo 14, que exige un número mínimo de 20 trabajadores para constituir un sindicato de empresa, y de 100 tratándose de sindicatos de otra naturaleza, el Comité ha venido sosteniendo que: el número mínimo de 20 miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de sindicatos. (Véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición, 1985, párrafo 257.) En cuanto a la exigencia de un número mínimo de 100 trabajadores para constituir sindicatos de otra naturaleza (de actividad, de gremio, o de oficios varios), el Comité solicita al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores, tome iniciativas para que este número sea reducido.
4. 452. A juicio del Comité, las obligaciones impuestas a los sindicatos en virtud del artículo 10 de dicho decreto-ley (tales como llevar libros de actas, asentar en dicho libro las correspondientes asambleas, comunicar a la autoridad del trabajo la reforma de sus estatutos, etc.) se refieren a aspectos formales de administración que se encuentran en el límite de lo razonable, y no constituyen una violación a los derechos sindicales, salvo en lo concerniente a la posibilidad de las autoridades de solicitar informes (inciso f)), posibilidad ésta que debería circunscribirse a casos de denuncia de los afiliados cuando hubiese violación de la ley o de los estatutos.
5. 453. En relación al artículo 17 del decreto-ley, relativo a la inscripción del sindicato, el Comité desea recordar que "si las condiciones para conceder el registro equivaliesen a exigir una autorización previa de las autoridades públicas para la constitución o para el funcionamiento de un sindicato, se estaría frente a una manifiesta infracción del Convenio núm. 87. No obstante, no parece ser este el caso cuando el registro de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no son de tal naturaleza que pongan en peligro las garantías previstas por el Convenio" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 275). A juicio del Comité, la obtención del registro se subordina a un simple control del cumplimiento de requisitos formales legales no sujetos a la discrecionalidad de las autoridades.
6. 454. El Comité observa que el artículo 20 de dicho decreto-ley faculta a la autoridad del trabajo a cancelar el registro de un sindicato, entre otros motivos por haber dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos para su constitución, perdiendo su personería gremial. Al respecto, el Comité desea recordar que "una legislación por la que el ministro puede, a su total discreción y sin derecho de apelación ante los tribunales, ordenar la anulación del registro de un sindicato, es contraria a los principios de libertad sindical". (Véase Recopilación, op. cit., párrafo 493.) Por lo tanto, el Comité señala a la atención del Gobierno que la cancelación por vía administrativa del registro de un sindicato equivale a la disolución del mismo por vía administrativa, lo cual constituye una grave violación del Convenio núm. 87 (artículo 4). En estas circunstancias, el Comité solicita que la legislación sea modificada de manera que la cancelación del registro de un sindicato sólo sea posible por vía judicial.
7. 455. En cuanto al alegato que prohíbe a las organizaciones sindicales dedicarse a cuestiones de política partidaria, religión o de índole lucrativa (artículo 11, inciso a) del decreto-ley), el Comité señala que si este artículo es interpretado como prohibición de toda actividad política sería incompatible con los principios de la libertad sindical. En efecto, en opinión del Comité, las organizaciones sindicales deberían tener el derecho de expresar su punto de vista sobre la política económica y social del Gobierno. Asimismo, una prohibición general de toda actividad política de los sindicatos carecería de realismo en cuanto a su aplicación práctica. (Véase Recopilación, op. cit., párrafo 356.) El Comité solicita pues al Gobierno que tome iniciativas para que la prohibición en cuestión sea claramente limitada a asuntos puramente políticos que no entran al campo de aplicación de los principios de la libertad sindical.
8. 456. En lo que concierne a los alegatos relativos a los requisitos para ser miembro de un sindicato (artículo 12 del decreto-ley), en opinión del Comité, el requisito de ser trabajador de la empresa (inciso a)) no es contrario al derecho de sindicación. Igualmente el requisito de no formar parte del personal de dirección (inciso b)) no es contrario al derecho de sindicación, siempre y cuando esta categoría de trabajadores tenga el derecho de constituir sus propias organizaciones. En cambio, el inciso c) del mismo artículo, que señala como requisito no encontrarse en período de prueba, a criterio del Comité es contrario a los principios de libertad sindical, pues impide a esta categoría de trabajadores constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes y afiliarse a ellas. En lo referente al requisito de no estar afiliado a otro sindicato para poder ser miembro de un sindicato (inciso d)), el Comité considera que esta disposición restringe los derechos sindicales de los trabajadores que deberían poder, si lo desearen, afiliarse simultáneamente a un sindicato de rama y a un sindicato de empresa. El Comité solicita al Gobierno que tome iniciativas para que la legislación sea modificada de manera que permita a los trabajadores en períodos de prueba constituir, si así lo desearen, las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas, así como a afiliarse a varios sindicatos.
9. 457. En relación con el inciso b) del artículo 24, que señala como requisito para integrar la junta directiva el ser miembro activo del sindicato, en opinión del Comité, y de conformidad con la opinión de la Comisión de Expertos, disposiciones de este género pueden impedir que personas calificadas, tales como personas que trabajan para el sindicato a tiempo completo o jubilados, ocupen cargos sindicales, privando a los sindicatos de la experiencia de ciertos dirigentes y sindicalistas, especialmente cuando no disponen en sus propias filas de un número suficiente de personas calificadas (ver Estudio general de la Comisión de Expertos, 1983, párrafo 158). En cuanto al inciso c) de dicho artículo, que exige una antigüedad no menor de un año al servicio de la empresa para ser miembro de la junta directiva, en opinión del Comité esta disposición impide la constitución de sindicatos en empresas que tengan menos de un año de antigüedad. En estas condiciones, el Comité solicita que la legislación permita a los trabajadores ejercer sin trabas el derecho de sindicación y de libre elección de sus dirigentes.
10. 458. En lo referente al alegato sobre el número de dirigentes amparados por el fuero sindical (artículo 31 del decreto-ley), el Comité observa que el artículo 31 de la ley otorga el fuero sindical entre otros a los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones (inciso b)), y que remite a los artículos 12 y 13 del reglamento para determinar el número mínimo y máximo de los dirigentes amparados, teniendo en cuenta la dimensión y características de la organización. Conforme a lo previsto en los artículos de referencia (véase texto en anexo), en opinión del Comité, el número de representantes sindicales amparados por el fuero sindical se encuentra dentro de los límites razonables, pero se debería poder establecer, a través de la negociación colectiva un número mayor.
11. 459. En cuanto al alegato relativo a la imposición de un límite para los permisos otorgados a los dirigentes sindicales (artículo 32 del decreto-ley), el Comité observa que el primer párrafo de dicho artículo señala que la convención colectiva contendrá las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales, y que el último párrafo limita a treinta (30) días por año calendario dichos permisos. En opinión del Comité, el límite de treinta (30) días por año calendario de permisos contemplado en el artículo 32 no debería limitar el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de establecer una duración superior a través de convenios colectivos, si así lo desearen, por lo que sería conveniente que la legislación contemplara tal posibilidad.
12. 460. En relación a los alegatos referidos por una parte al artículo 43, inciso c) del decreto-ley, que establece que la convención colectiva de trabajo tendrá una duración no menor de un año, y por otra al artículo 46, que impone como requisito de validez para celebrar una convención colectiva por rama de actividad o gremio una mayoría tanto del número de trabajadores como de las empresas, el Comité recuerda que la legislación debería permitir a las organizaciones de trabajadores y de empleadores ejercer sin trabas la negociación colectiva conforme al artículo 4 del Convenio núm. 98, y que estas limitaciones presentan el riesgo de hacer muy difícil que se dé la negociación colectiva a este nivel. Al respecto, el Comité solicita que, en consulta con los interlocutores sociales, la legislación sea modificada en el sentido expuesto.
13. 461. En cuanto a los alegatos referidos a los derechos de información y de opinión en relación con la negociación colectiva y a las sanciones en caso de divulgación (artículo 55 del decreto-ley y artículo 5 de la ley núm. 24514), el Comité considera que la sanción de despido prevista (artículo 5 de la ley núm. 24514), en caso de que los representantes sindicales comuniquen a terceros informaciones de que disponen a causa del proceso de negociación colectiva que puedan perjudicar a la empresa, no es contraria a los principios de la libertad sindical.
14. 462. En lo que concierne al alegato relativo a la obligación de renegociar convenios colectivos vigentes y a la quiebra del principio de la autonomía colectiva (cuarta disposición transitoria, artículos 43, inciso d), 57, 65 y 66 del decreto-ley, y artículo 30 del reglamento de la ley), el Comité observa que la cuarta disposición transitoria dispone que: "La negociación colectiva cuya convención, laudo, o resolución rija a partir de la vigencia del presente decreto-ley, deberá incluir la revisión integral de todos los pactos y convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y remuneraciones. A falta de acuerdo se procederá conforme a las normas establecidas en el presente decreto-ley". Por otra parte, el artículo 43, inciso d) establece que la convención colectiva: "caduca de modo automático al vencimiento de su plazo, salvo en aquello que se haya pactado con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial". Asimismo, el artículo 30 del reglamento de la ley establece que: "La caducidad a que se refiere el inciso d) del artículo 43 de la ley, se aplica a las convenciones colectivas celebradas antes de la entrada en vigencia de la ley si como resultado de la revisión que se efectúe en virtud de la cuarta disposición transitoria y final de la ley, tal caducidad es acordada por las partes o establecida en el laudo arbitral, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la misma". Dicha disposición establece que el empleador podrá proponer cláusulas nuevas o sustitutorias de las establecidas en anteriores convenciones. En relación con las disposiciones antes mencionadas, a juicio del Comité, cuando una legislación obliga a las partes a negociar nuevamente convenios colectivos vigentes es contraria a los principios de la negociación colectiva. Al respecto, el Comité solicita que se tomen las medidas necesarias para que se permita a las organizaciones de trabajadores negociar libremente las condiciones de trabajo con los empleadores.
15. 463. En cuanto al alegato relativo al arbitraje como opción excluyente del ejercicio del derecho de huelga (artículos 61, 62 y 63 del mismo decreto-ley), el Comité observa que según se desprende del análisis de los artículos pertinentes (véase texto en anexo), los trabajadores pueden optar por el arbitraje o por la huelga; en esas condiciones, en opinión del Comité, tales disposiciones no violan los principios de la libertad sindical.
16. 464. En cuanto al alegato sobre el arbitraje obligatorio en los servicios públicos esenciales (artículos 67 y 83), el Comité observa que conforme al artículo 67, en el caso de servicios públicos esenciales, de no haber acuerdo en negociación directa o en conciliación, la controversia se somete a arbitraje obligatorio a cargo de un tribunal tripartito. Asimismo, el Comité observa que la lista de servicios públicos esenciales contemplados en el artículo 83 es demasiado larga e incluye servicios que no lo son en el sentido estricto del término (aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) (véase Recopilación, op. cit., párrafo 387). Específicamente, el inciso j) de dicho artículo que señala como servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción cree riesgo grave e inminente para bienes, a criterio del Comité por su vaguedad podría ser interpretado de tal manera que limite ampliamente el derecho de huelga, por lo que debería ser suprimido del artículo 83 del decreto-ley.
17. 465. En relación al alegato sobre el artículo 68, relativo a la facultad del poder ejecutivo de intervenir ordenando la inmediata reanudación de las labores cuando una huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo, o asuma características graves por su magnitud, en otras ocasiones, el Comité ha señalado que "parece legítimo que un servicio mínimo pueda establecerse en casos de huelgas cuya extensión y duración pudieran provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro. Para ser aceptable, un servicio mínimo debería limitarse a las operaciones estrictamente necesarias para no comprometer la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población y, debería posibilitar, por otra parte, en lo que se refiere a su determinación, la participación de las organizaciones de trabajadores así como de los empleadores y de las autoridades públicas" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 415). A este respecto, el Comité considera que la legislación no debería impedir el pleno ejercicio del derecho de huelga y que en tales circunstancias, se podría establecer un servicio mínimo tomando en consideración lo antes expresado.
18. 466. En cuanto a los alegatos referidos a los artículos 81 y 84, que señalan que las modalidades irregulares, tales como paralización intempestiva, trabajo a desgano, a reglamento, etc., no están amparados por el presente decreto-ley, el Comité ha considerado que tales limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica (véase Recopilación, op. cit., párrafo 367).
19. 467. Respecto al alegato sobre el artículo 82, relativo a la exigencia de un servicio mínimo cuando se trate de una huelga en los servicios públicos esenciales (definida en el artículo 83), y cuya divergencia en cuanto al número y ocupación es resuelta por la autoridad del trabajo, en opinión del Comité, la legislación debería prever que dicha divergencia fuese resuelta por un órgano independiente.
20. 468. En cuanto al alegato relativo a los requisitos para la declaración de la huelga, incisos a) y b) del artículo 73, el Comité observa que, conforme al inciso a) de dicho artículo, para la declaración de la huelga se requiere que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses profesionales de los trabajadores. A este respecto, el Comité desea recordar que "los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 368). En lo referente al inciso b) de dicho artículo, que exige la decisión de más de la mitad de todos los trabajadores concernidos para declarar una huelga, en opinión del Comité, se trata de una exigencia demasiado elevada y podría dificultar excesivamente la posibilidad de efectuar la huelga, sobre todo en grandes empresas. El Comité invita al Gobierno a que tome las medidas necesarias con objeto de modificar, en el sentido expresado, los incisos a) y b) del artículo 73 sobre los requisitos para la declaración de la huelga.
21. 469. En cuanto a los alegatos relativos a la vigencia de varias normas legales que entraron en vigor a partir de 1990 contrarias a los Convenios núms. 87 y 98, el Comité observa que, conforme a lo manifestado por el Gobierno, a tenor de la quinta disposición complementaria final del decreto-ley núm. 25593, de 1992, quedan derogadas todas las disposiciones que rijan sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga. En estas condiciones, el Comité toma nota que quedan derogadas las siguientes disposiciones: decretos supremos núms. 070-90-TR; 076-90-TR; 016-91-TR (sobre libertad sindical); los decretos supremos núms. 057-90-PR; 061-90-TR; 067-90-TR; 071-90-TR; 107-90-PCM; 121-90-PCM; 001-91-TR; 018-91-TR; 023-91-TR (sobre negociación colectiva).
22. 470. En relación con el alegato relativo al asesinato el 3 de agosto de 1992 del dirigente sindical Juan Andahua Vergara, el Comité observa que el Gobierno confirma la muerte del Sr. Andahua Vergara acaecida el 5 de agosto de 1992 en el hospital "Sergio Bernales" (Colique) Lima, y que conforme a la necropsia practicada, su muerte se debió a un "accidente vasculocerebeloso por ruptura espontánea de arteria cerebelosa derecha", tratándose de una muerte natural no traumática, ocasionada probablemente por una hipertensión arterial u otras causas. El Comité toma nota de esta información y estima que no está en condiciones de proseguir el examen de este aspecto del caso.
23. 471. Por lo que respecta a los alegatos relativos a despidos discriminatorios de dirigentes sindicales y trabajadores de la empresa Pesca-Perú, el Comité observa que como consecuencia de la reestructuración orgánica y administrativa de la empresa, la que fue acompañada de un programa de incentivos para el cese voluntario de personal (decreto-ley núm. 25715), fueron despedidos 1.636 trabajadores entre los que figuran 10 dirigentes sindicales. En opinión del Comité, tales despidos son producto de medidas generales que no afectan solamente a dirigentes sindicales y que obedecen a la ejecución de programas de racionalización y reducción de personal en el marco de una política de privatización de empresas del Estado en el Perú. El Comité lamenta que en el proceso de racionalización y de reducción de personal no se hayan celebrado negociaciones entre la empresa y las organizaciones sindicales, y que el Gobierno haya preferido intervenir en este asunto de manera unilateral por vía de decreto.
24. 472. El Comité solicita que en caso de tener que aplicar nuevos programas de reducción de personal, estas negociaciones tengan lugar entre las empresas concernidas y las organizaciones sindicales.
25. 473. En cuanto al alegato relativo a la doble penalización tratándose de dirigentes o miembros de organizaciones sindicales que entorpezcan la entrega de los bienes de la empresa Pesca-Perú, contemplada en el artículo 5. del decreto-ley núm. 26119, el Comité observa que a tenor del artículo antes mencionado la mayor sanción se aplica también a funcionarios públicos, y toma nota de que, conforme a lo expresado por el Gobierno, tal penalización obedece a la responsabilidad que proviene del ejercicio de un cargo, y no con el fin de impedir que un sindicato o sus dirigentes cumplan con sus labores gremiales de defensa. A criterio del Comité, cuando se aplica a los dirigentes sindicales y a los trabajadores miembros de organizaciones sindicales la doble penalización no se justificaría, ya que podría constituir un acto de discriminación antisindical.

ANEXO

1. ARTICULOS DEL DECRETO LEY NUM. 25593, LEY DE
2. RELACIONES COLECTIVAS DE
3. TRABAJO Y DE SU REGLAMENTO, MENCIONADOS POR
4. LOS QUERELLANTES
5. Artículo 5. Los sindicatos pueden ser:
6. a) De empresa, formados por trabajadores de diversas
7. profesiones, oficios o
8. especialidades, que presten servicios para un mismo empleador.
9. b) De actividad, formados por trabajadores de profesiones,
10. especialidades u
11. oficios diversos de dos (02) o más empresas de la misma
12. rama de
13. actividad.
14. c) De gremio, formados por trabajadores de diversas empresas
15. que desempeñan
16. un mismo oficio, profesión o especialidad.
17. d) De oficios varios, formados por trabajadores de diversas
18. profesiones,
19. oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o de
20. distinta
21. actividad, cuando en determinado lugar, provincia o región el
22. número de
23. trabajadores no alcance el mínimo legal necesario para
24. constituir sindicatos
25. de otro tipo.
26. Artículo 10. Son obligaciones de las organizaciones
27. sindicales:
28. a) Observar estrictamente sus normas institucionales con
29. sujeción a
30. las leyes y normas que las regulan.
31. b) Llevar libros de actas, de registro de afiliación y de
32. contabilidad
33. debidamente sellados por la autoridad de trabajo.
34. c) Asentar en el libro de actas las correspondientes a
35. asambleas y
36. sesiones de la junta directiva así como los acuerdos referentes
37. a la misma y,
38. demás decisiones de interés general.
39. d) Comunicar a la autoridad de trabajo la reforma de sus
40. estatutos,
41. acompañando copia auténtica del nuevo texto y, asimismo a
42. aquella y al
43. empleador, la nómina de junta directiva y los cambios que
44. en ella se
45. produzcan dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes.
46. e) Otorgar a sus dirigentes la credencial que los acredite como
47. tales.
48. f) Emitir los informes que puedan solicitarles la autoridad de
49. trabajo u
50. otras autoridades gubernamentales.
51. g) Las demás que señalen las leyes y normas que las regulan.
52. Artículo 11. Las organizaciones sindicales están impedidas
53. de:
54. a) Dedicarse institucionalmente a asuntos de política
55. partidaria, religiosa
56. o de índole lucrativa.
57. b) Coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores a
58. ingresar
59. o retirarse de la organización sindical, salvo los casos de
60. expulsión por
61. causales previstas en el estatuto, debidamente
62. comprobadas.
63. c) Aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que
64. constituyen
65. el objeto de la organización sindical o que no hayan sido
66. debidamente
67. autorizados en la forma prevista por la ley o por el estatuto.
68. d) Distribuir directa o indirectamente rentas o bienes del
69. patrimonio
70. sindical.
71. e) Realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al
72. orden
73. público.
74. Artículo 12. Para ser miembro de un sindicato se requiere:
75. a) Ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio
76. que
77. corresponda según el tipo de sindicato.
78. b) No formar parte del personal de dirección o desempeñar
79. cargo de
80. confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente
81. lo admita.
82. c) No encontrarse en período de prueba.
83. d) No estar afiliado a otro sindicato.
84. Artículo 14. Para constituirse y subsistir los sindicatos
85. deberán
86. afiliar por lo menos a veinte (20) trabajadores tratándose de
87. sindicatos de
88. empresa, o a cien (100) tratándose de sindicatos de otra
89. naturaleza.
90. Artículo 17. El sindicato debe inscribirse en el registro
91. correspondiente a cargo de la autoridad de trabajo. El registro
92. es un acto
93. formal, no constitutivo, y no puede ser denegado salvo cuando
94. no se cumpla con
95. los requisitos establecidos por el presente decreto-ley.
96. Artículo 20. La cancelación del registro por la autoridad de
97. trabajo
98. sólo procederá por disolución, fusión o obsorción, o por pérdida
99. de alguno de
100. los requisitos o exigidos para su constitución y subsistencia. En
101. este último
102. caso, el sindicato pierde su personería gremial como
103. representante del
104. conjunto de trabajadores, subsistiendo, sin embargo, su
105. personería para otros
106. efectos hasta su eventual disolución.
107. Corresponde a la autoridad de trabajo, a través de
108. diligencias idóneas,
109. determinar si el sindicato ha dejado de cumplir alguno de los
110. requisitos
111. exigidos para su constitución y subsistencia disponiendo en
112. consecuencia la
113. cancelación del registro sindical.
114. Artículo 24. Para ser miembro de la junta directiva se
115. requiere:
116. a) Ser mayor de edad.
117. b) Ser miembro activo del sindicato.
118. c) Tener una antigüedad no menor de un año al servicio de la
119. empresa.
120. Artículo 31. Están amparados por el fuero sindical:
121. a) Los miembros de los sindicatos en formación desde la
122. presentación
123. de la solicitud de registro y hasta tres (03) meses después.
124. b) Los miembros de la junta directiva de los sindicatos,
125. federaciones y
126. confederaciones, así como los delegados de las "secciones
127. sindicales".
128. El estatuto señalara a qué cargos comprende la protección.
129. c) Los delegados a que se refiere el artículo 15. y los
130. representantes a
131. que se refiere el artículo 47. del presente decreto-ley.
132. El Reglamento determinará el número mínimo y máximo de
133. los dirigentes
134. amparados, teniendo en cuenta la dimensión y características
135. de la
136. organización, así como la vigencia del fuero sindical para los
137. casos previstos
138. en los incisos b) y c) del presente artículo.
139. Artículo 32. La convención colectiva contedrá las
140. estipulaciones
141. tendentes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a
142. reuniones,
143. comunicaciones, permisos y licencias. En ningún caso podrán
144. establecerse
145. permisos y licencias por acto administrativo o por laudo arbitral.
146. A falta de convención, el empleador sólo está obligado a
147. conceder
148. permiso para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria a
149. los
150. dirigentes que el Reglamento señale.
151. El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo
152. abarquen los
153. permisos otorgados a los dirigentes para cumplir sus funciones
154. sindicales, se
155. entenderá trabajado para todos los efectos legales y
156. contractuales hasta el
157. límite de treinta (30) días por año calendario por dirigente; el
158. exceso se
159. considerará como de licencia sin goce de remuneración y
160. demás beneficios.
161. Artículo 43. La convención colectiva de trabajo tiene las
162. características siguientes:
163. a) Modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de
164. trabajo
165. sobre los que incide. Los contratos individuales quedan
166. automáticamente
167. adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones
168. contrarias en
169. perjuicio del trabajador.
170. b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la
171. convención anterior o,
172. si no la hubiera, desde la fecha de presentación del pliego,
173. excepto las
174. estipulaciones para las que se señale plazo distinto o que
175. consistan en
176. obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde
177. la fecha de
178. su suscripción.
179. c) Tendrá duración no menor de un (01) año, pudiendo las
180. partes establecer
181. plazos mayores para la convención en su conjunto o para parte
182. de la misma.
183. d) Caduca de modo automático al vencimiento de su plazo,
184. salvo en aquello
185. que se haya pactado con carácter permanente o cuando las
186. partes acuerden
187. expresamente su renovación o prórroga total o parcial.
188. e) Continuará en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo,
189. en caso
190. de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y
191. otras
192. situaciones similares.
193. f) Deberá formalizarse por escrito en tres (03) ejemplares, uno
194. para
195. cada parte y el tercero para su presentación a la autoridad de
196. trabajo con el
197. objeto de su registro y archivo.
198. Artículo 46. Para celebrar una convención colectiva por
199. rama de
200. actividad o gremio se requiere que la organización sindical u
201. organizaciones
202. sindicales representen a la mayoría de las empresas y
203. trabajadores de la
204. actividad o gremio respectivo, a nivel local, regional o nacional,
205. y que sean
206. convocadas, directa o indirectamente, todas las empresas
207. respectivas.
208. Artículo 55. A petición de los representantes de los
209. trabajadores, los
210. empleadores deberán proporcionar la información necesaria
211. sobre la situación
212. económica, financiera, social y demás pertinentes de la
213. empresa, en la medida
214. en que la entrega de tal información no sea perjudicial para
215. ésta.
216. La información que ha de proporcionarse será determinada
217. de común
218. acuerdo entre las partes. De no haber acuerdo, la autoridad de
219. trabajo
220. precisará la información básica que deba ser facilitada para el
221. mejor
222. resultado de las negociaciones.
223. Los trabajadores, sus representantes y asesores deberán
224. guardar reserva
225. absoluta sobre la información recibida, bajo apercibimiento de
226. suspensión del
227. derecho de información, sin perjuicio de las medidas
228. disciplinarias y acciones
229. legales a que hubiere lugar.
230. Artículo 57. La negociación colectiva se realizará en los
231. plazos y
232. oportunidades que las partes acuerden, dentro o fuera de la
233. jornada laboral, y
234. debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendarios de
235. presentado el
236. pliego.
237. El empleador o empleadores podrán proponer cláusulas
238. nuevas o
239. sustitutorias de las establecidas en convenciones anteriores.
240. Sólo es obligatorio levantar actas para consignar los
241. acuerdos adoptados
242. en cada reunión, siendo facultad de las partes dejar constancia
243. de los pedidos
244. u ofertas por ellas formulados.
245. Artículo 61. Si no se hubiese llegado a un acuerdo en
246. negociación
247. directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores,
248. podrán las
249. partes someter el diferendo a arbitraje.
250. Artículo 62. En el caso del artículo anterior, los
251. trabajadores pueden
252. alternativamente, declarar la huelga conforme a las reglas del
253. artículo 73. .
254. Durante el desarrollo de la huelga, las partes o la autoridad de
255. trabajo
256. podrán designar un mediador. La pregunta final que éste formule
257. deberá ponerse
258. en conocimiento de las partes.
259. Las fórmulas de mediación, en caso de no ser aceptadas
260. por las partes,
261. no comprometerán las decisiones arbitrales ulteriores.
262. Artículo 63. Durante el desarrollo de la huelga los
263. trabajadores
264. podrán, asimismo, proponer el sometimiento del diferendo a
265. arbitraje, en cuyo
266. caso se requerirá de la aceptación del empleador.
267. Artículo 64. El arbitraje puede estar a cargo de un árbitro
268. unipersonal, un tribunal ad-hoc, una institución representativa, la
269. propia
270. autoridad de trabajo, o cualquier otra modalidad que las partes
271. específicamente acuerden, lo que constará en el acta de
272. compromiso arbitral.
273. Si no hubiere acuerdo sobre el órgano arbitral se constituirá de
274. oficio un
275. tribunal tripartito integrado por un árbitro que deberá designar
276. cada parte y
277. un presidente designado por ambos árbitros o, a falta de
278. acuerdo, por la
279. autoridad de trabajo.
280. En ningún caso podrán ser árbitros los abogados, asesores,
281. representantes, apoderados o, en general, las personas que
282. tengan relación con
283. las partes o interés, directo o indirecto, en el resultado.
284. Las normas procesales serán idénticas para toda forma de
285. arbitraje y
286. estarán regidas por los principios de oralidad, sencillez,
287. celeridad,
288. inmediación y lealtad.
289. Si el empleador es una empresa comprendida en el ámbito
290. de la actividad
291. empresarial del Estado, o se trata de una entidad del Estado
292. cuyos
293. trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de la
294. actividad privada,
295. el Reglamento del presente decreto-ley establecerá la forma en
296. que se
297. designará a falta de acuerdo entre las partes, al presidente del
298. tribunal
299. arbitral. En ningún caso podrá recaer tal designación en la
300. autoridad de
301. trabajo.
302. Artículo 65. El laudo no podrá establecer una solución
303. distinta a las
304. propuestas finales de las partes ni combinar planteamientos de
305. una y otra.
306. El laudo recogerá en su integridad la propuesta final de una
307. de las
308. partes. Sin embargo, por su naturaleza de fallo de equidad,
309. podrá atenuar
310. posiciones extremas.
311. Para la decisión deberán tenerse presente las conclusiones
312. del dictamen
313. a que se refiere el artículo 56. .
314. Artículo 66. El laudo cualquiera sea la modalidad del
315. órgano arbitral,
316. es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes.
317. Es susceptible de impugnación ante la Sala Laboral de la
318. Corte Superior,
319. en los casos siguientes:
320. a) Por razón de nulidad.
321. b) Por establecer menores derechos a los contemplados por la
322. ley en
323. favor de los trabajadores.
324. La interposición de la acción contencioso-administrativa no
325. impide ni
326. posterga la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución
327. contraria de la
328. autoridad judicial competente.
329. Artículo 67. En el caso de servicios públicos esenciales,
330. de no haber
331. acuerdo en negociación directa o en conciliación, la
332. controversia será
333. sometida a arbitraje obligatorio a cargo de un tribunal tripartito,
334. integrado
335. por un árbitro designado por cada parte y un presidente
336. designado por la
337. autoridad de trabajo.
338. Artículo 68. Cuando una huelga se prolongue
339. excesivamente en el
340. tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o sector
341. productivo, o derive
342. en actos de violencia, o de cualquier manera, asuma
343. características graves por
344. su magnitud o consecuencias, el poder ejecutivo podrá
345. intervenir, ordenando
346. mediante resolución suprema fundamentada la inmediata
347. reanudación de las
348. labores, sin perjuicio de promover el arreglo directo u otras
349. formas de
350. solución pacífica. De fracasar éstas el Ministerio de Trabajo
351. resolverá en
352. forma definitiva.
353. Artículo 73. Para la declaración de huelga se requiere:
354. a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e
355. intereses
356. profesionales de los trabajadores en ella comprendidos.
357. b) Que la decisión sea adoptada por más de la mitad de los
358. trabajadores a
359. los que comprende, reunidos en asamblea y mediante votación
360. universal,
361. individual, directa y secreta. El acta de asamblea deberá ser
362. refrendada
363. por notario público, o a falta de éste, por el juez de paz de la
364. localidad.
365. Tratándose de sindicatos de actividad o gremio, cuya
366. asamblea esté
367. conformada por delegados, la decisión será adoptada en
368. asamblea
369. convocada expresamente y raficada por las bases.
370. c) Que sea comunicada al empleador y a la autoridad de
371. trabajo, por
372. lo menos con cinco (05) días útiles de antelación, o con
373. diez (10)
374. tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando
375. copia del acta de
376. votación.
377. d) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a
378. arbitraje.
379. Artículo 81. No están amparadas por el presente
380. decreto-ley las
381. modalidades irregulares, tales como paralización intempestiva,
382. paralización de
383. zonas o secciones neurálgicas de la empresa, trabajo a
384. desgana, a ritmo lento
385. o a reglamento, reducción deliberada del rendimiento o
386. cualquier paralización
387. en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo
388. y la
389. obstrucción del ingreso al centro de trabajo.
390. Artículo 82. Cuando la huelga afecte servicios públicos
391. esenciales o
392. tratándose del caso previsto en el artículo 78. , los trabajadores
393. en
394. conflicto deberán garantizar la permanencia del personal
395. indispensable para
396. impedir su interrumpción total y asegurar la continuidad de las
397. actividades
398. que así lo exijan.
399. Anualmente las empresas que prestan estos servicios
400. esenciales
401. comunicarán a sus trabajadores u organización sindical que los
402. representa y a
403. la autoridad de trabajo el número y ocupación de los
404. trabajadores necesarios
405. para el mantenimiento de los servicios, los horarios y turnos que
406. deban
407. cumplir, así como la periodicidad en que deben producirse los
408. respectivos
409. reemplazos.
410. La indicada comunicación tiene por objeto que los
411. trabajadores u
412. organización sindical que los represente cumplan con
413. proporcionar la nómina
414. respectiva cuando se produzca la huelga.
415. Los trabajadores que sin causa justificada dejen de cumplir
416. el servicio,
417. incurrirán en falta grave.
418. Los casos de divergencia sobre el número y ocupación de
419. los trabajadores
420. que deben figurar en la relación señalada en este artículo,
421. serán resueltos
422. por la autoridad de trabajo.
423. Artículo 83. Son servicios públicos esenciales:
424. a) Los sanitarios y de salubridad.
425. b) Los de limpieza y saneamiento.
426. c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible.
427. d) Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias.
428. e) Los de establecimientos penales.
429. f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones.
430. g) Los de transporte.
431. h) Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la
432. defensa o
433. seguridad nacionales.
434. i) Los de administración de justicia por declaración de la Corte
435. Suprema de
436. la República.
437. j) Aquellos cuya interrupción cree riesgo grave e inminente
438. para personas o
439. bienes.
440. Artículo 84. La huelga será declarada ilegal:
441. a) Si se materializa no obstante haber sido declarada
442. improcedente.
443. b) Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre
444. bienes o
445. personas.
446. c) Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el
447. artículo 81.
448. .
449. d) Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el
450. artículo
451. 78. o en el artículo 82. .
452. e) Por no ser levantada después de notificado el laudo o
453. resolución
454. definitiva que ponga término a la controversia.
455. La resolución será emitida, de oficio o a pedido de parte,
456. dentro de los
457. dos días de producidos los hechos y podrá ser apelada. La
458. resolución de
459. segunda instancia deberá ser emitida dentro del plazo máximo
460. de dos días.
461. Cuarta. La negociación colectiva en trámite o la primera
462. negociación
463. colectiva cuya convención, laudo o resolución rija a partir de la
464. vigencia del
465. presente decreto-ley, deberá incluir la revisión integral de todos
466. los pactos
467. y convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y
468. remuneraciones.
469. A falta de acuerdo se procederá conforme a las normas
470. establecidas en el
471. presente decreto-ley.
472. Quinta. De conformidad con el artículo I del título preliminar
473. del
474. Código Civil, al regularse mediante el presente decreto-ley
475. íntegramente las
476. materias sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga,
477. quedan
478. derogadas todas las disposiciones que rijan sobre la materia.
479. REGLAMENTO DE LA LEY DE RELACIONES
480. COLECTIVAS DE TRABAJO
481. Artículo 12. El fuero sindical a que hace referencia el
482. artículo 31.
483. de la ley, comprende:
484. a) a la totalidad de los miembros del sindicato en formación,
485. desde
486. la presentación de la solicitud y hasta tres meses después;
487. b) en sindicato de primer grado hasta tres (3) dirigentes
488. sindicales
489. si el número de trabajadores a quienes representa no alcanza a
490. cincuenta (50),
491. adicionándose, uno (1) por cada cincuenta (50) trabajadores
492. que
493. sobrepasen dicho límite, sin exceder en ningún caso de doce
494. (12);
495. c) en federación hasta dos (2) dirigentes sindicales por cada
496. sindicato que
497. agrupe y hasta un máximo de 15;
498. d) en confederación hasta dos (2) dirigentes sindicales por
499. cada federación
500. que agrupe y hasta un máximo de 20;
501. e) a los dirigentes sindicales que representen a los
502. trabajadores en
503. la negociación colectiva hasta tres (3) meses después de
504. culminada la
505. misma.
506. Artículo 13. Los dirigentes amparados por el fuero sindical,
507. en el
508. caso de sindicatos de rama de actividad, gremio, oficios varios,
509. federaciones
510. y confederaciones no podrán ser más de uno (1) por empresa.
511. Artículo 30. La caducidad a que se refiere el inciso d) del
512. artículo
513. 43. de la ley, se aplica a las convenciones colectivas
514. celebradas antes de la
515. entrada en vigencia de la ley si como resultado de la revisión
516. que se efectúe
517. en virtud de la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la ley, tal
518. caducidad es acordada por las partes o establecida en el laudo
519. arbitral, sin
520. perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57.
521. de la
522. misma.
523. Artículo 46. Al término de la negociación directa, o de la
524. conciliación, de ser el caso, según el artículo 61. de la ley,
525. cualquiera de
526. las partes podrá someter la decisión del diferendo a arbitraje,
527. salvo que los
528. trabajadores opten por ejercer alternativamente el derecho de
529. huelga, de
530. conformidad con el artículo 62. de la ley.
531. Artículo 47. En el caso contemplado por el artículo 63. de
532. la ley,
533. los trabajadores o sus representantes podrán proponer por
534. escrito al empleador
535. el sometimiento del diferendo a arbitraje, requiriéndose la
536. aceptación escrita
537. de éste.
538. Si el empleador no diera respuesta por escrito a la propuesta
539. de los
540. trabajadores en el término del tercer día hábil de recibida
541. aquélla, se tendrá
542. por aceptada dicha propuesta, en cuyo caso se aplicarán las
543. normas relativas
544. al procedimiento arbitral. El arbitraje procederá si se depone la
545. huelga.