Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 265, June 1989

1. 301. Las quejas presentadas por los querellantes respecto de
   • estos dos casos
   • figuraban en las comunicaciones que se enumeran a
   • continuación: las de la
   • Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
   • Libres (CIOSL), de
   • fechas 17 de junio y 14 de noviembre de 1988 y 5 de enero de
2. 1989, la de la
   • Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de
   • la Enseñanza
   • (CMOPE), de 9 de noviembre de 1988, y la de la Federación
   • Sindical Mundial
   • (FSM), de 15 de noviembre de 1988. Respondiendo a dichas
   • quejas, el Gobierno
   • remitió sus observaciones e informaciones en sendas
   • comunicaciones de 9 de
   • febrero y 14 de abril de 1989.
3. 302. Brasil no ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero sí
   • ha ratificado
   • el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
   • colectiva, 1949
   • (núm. 98).

A. Alegatos de los querellantes

1. 303. En su queja inicial de 17 de junio de 1988, explica la
   • CIOSL que los
   • trabajadores al servicio del Estado iniciaron, en el mes de abril
   • de este año,
   • varias movilizaciones y actividades de carácter nacional en
   • protesta por la
   • imposición del decreto gubernamental núm. 2425/88 que
   • congela los salarios de
   • los funcionarios públicos federales y de los trabajadores de las
   • empresas
   • estatales durante dos meses (abril y mayo). Ante la falta de
   • diálogo y
   • consulta con los sindicatos de parte del Gobierno, las
   • organizaciones
   • sindicales del sector público y de empresas estatales decidieron
   • hacer
   • efectiva una huelga de 48 horas, los días 3 y 4 de mayo. Ante
   • esta decisión,
   • el Gobierno declaró que el funcionario público no puede hacer
   • huelgas, que las
   • huelgas eventuales serían tratadas con todo el rigor de la ley y
   • que en caso
   • de huelgas ilegales habría despidos (declaración pública
   • pronunciada por el
   • Ministro de Economía el 8 de abril de 1988).
2. 304. La huelga, prosigue la CIOSL, realizada bajo la
   • convocatoria de 163
   • organizaciones sindicales que representan alrededor de un
   • millón y medio de
   • trabajadores, paralizó total o parcialmente a todos los sectores
   • afectados por
   • el decreto, es decir, los sectores industriales del petróleo,
   • metalúrgicos,
   • portuarios, elíctricos, químicos, bancarios, ferroviarios, mineros y
   • telefónicos. Las organizaciones sindicales involucradas en la
   • huelga nombraron
   • un organismo unitario llamado Coordinadora Nacional de los
   • Trabajadores de las
   • Empresas Estatales y Servidores Públicos. El 4 de mayo, este
   • organismo
   • solicitó entrevistarse con los Ministros de Trabajo y de
   • Economía. El primero
   • no se interesó en iniciar las negociaciones y el segundo se negó
   • a recibir a
   • los representantes de los trabajadores.
3. 305. El Gobierno movilizó a las fuerzas armadas para reprimir a
   • los
   • trabajadores en huelga. Las refinerías de petróleo Petrobras y
   • Duque de
   • Caxias, en el Estado de Río de Janeiro, fueron ocupadas por
   • tropas militares.
   • En la refinería de Cubatao, en Sâo Paulo, los militares obligaron
4. a 400
   • trabajadores a cumplir doble turno, a dormir y a alimentarse
   • dentro de la
   • empresa.
5. 306. En la empresa aeronáutica EMBRAER, situada en Sâo
   • José dos Campos,
   • Estado de Sâo Paulo, fueron despedidos 242 trabajadores,
   • entre los que se
   • encontraban los integrantes del comité de empresa y dirigentes
   • sindicales. La
   • policía de Aeronáutica obligó a los huelguistas, a punta de
   • bayoneta, a volver
   • a la empresa para hacerla producir.
6. 307. En las minas de cobre de Jaguariri, Estado de Bahía,
   • fueron despedidos
7. 68 trabajadores, entre los que se encuentran 18 dirigentes
   • sindicales, ocho
   • miembros del comité de empresa y diez directores de la
   • Asociación de
   • Funcionarios.
8. 308. También en el sector minero, en Carajás, Estado de Pará,
9. 17 dirigentes
   • sindicales de la asociación local fueron despedidos y echados
   • de sus casas
   • (propiedad de la empresa), otorgándoseles plazo hasta el 26 de
   • mayo para
   • desalojarlas. También fueron despedidos 12 trabajadores del
   • Puerto de Santos.
10. 309. En una comunicación ulterior de 14 de noviembre de
11. 1988, añade la CIOSL
    • que desde el 7 de noviembre de 1988 los 2 000 trabajadores del
    • Sindicato de la
    • Metalurgia de la Compañía Siderúrgica Nacional de Volta
    • Redonda están en
    • huelga y ocupan la fábrica para obtener lo siguiente: aumentos
    • salariales, en
    • razón de la disminución del poder adquisitivo salarial en un 26
    • por ciento; un
    • reajuste salarial de 17,68 por ciento en el mes de julio; la
    • readmisión de 70
    • compañeros despedidos por participar en una huelga anterior; la
    • jornada de
    • trabajo de seis horas para los trabajadores de los tres turnos.
12. 310. El 9 de noviembre de 1988, prosigue la CIOSL, a las 17
    • horas, las
    • fuerzas de la policía y del ejército irrumpieron violentamente en
    • la fábrica
    • utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego y dejando un
    • balance de cinco
    • trabajadores muertos y decenas de heridos graves. Los
    • sindicalistas asesinados
    • eran: Joao Carlos Barroso, William Fernandes Leita, Wladimir
    • Freitas
    • Monteiro, Victor Adriano y Vicente da Silva. La fábrica, prosigue
    • la CIOSL,
    • sigue estando ocupada por más de un millar de soldados
    • armados y rodeada por
    • tanques.
13. 311. En su queja de 15 de noviembre de 1988, la FSM
    • denuncia los hechos
    • ocurridos en Volta Redonda y pretende que 20 000 trabajadores
    • fueron a la
    • huelga y, además de los cinco trabajadores muertos (los
    • nombres que cita
    • coinciden con los de la CIOSL), hubo cuatro desaparecidos:
    • Mauricio Plata,
    • José de Almeyda, Osvaldino Gómez y Marcelino Alvez, y 43
    • heridos. Añade la FSM
    • que el 11 de noviembre de 1988, 700 trabajadores de la
    • Compañía Siderúrgica
    • Nacional de Río de Janeiro, conjuntamente con los
    • trabajadores de la Compañía
    • Minera de Casa Piedra, Estado de Minas Gerais, realizaron una
    • huelga de
    • solidaridad con los trabajadores de Volta Redonda y que cinco
    • trabajadores
    • resultaron heridos en enfrentamientos con el ejército.
14. 312. La CIOSL, en cambio, hace una rectificación en su
    • comunicación de 5 de
    • enero de 1989. En efecto, durante los acontecimientos
    • ocurridos en Volta
    • Redonda, no fueron cinco los trabajadores muertos, sino tres,
    • los Sres.
    • Fernandez Filho y Freitas Monteiro, muertos por heridas de bala,
    • y Barroso,
    • muerto como consecuencia del hundimiento de la bóveda
    • craneana, producido por
    • los golpes recibidos.
15. 313. En comunicación de 9 de noviembre de 1988, la CMOPE
    • denuncia la
    • violenta intervención de la policía que, el 27 de octubre de
16. 1988, dispersó
    • con gases lacrimógenos y cargas de tropas de caballería a los
    • estudiantes que
    • manifestaban pacíficamente ante el Palacio Bandeirantes, sede
    • del Gobernador
    • del Estado de Sâo Paulo. Según declaraciones de la CMOPE,
    • diez manifestantes
    • habrían resultado heridos. Esta organización explica que el
    • cuerpo docente y
    • los empleados de tres universidades de Sâo Paulo, miembros de
    • la Asociación de
    • los Andes, estaban en huelga desde el mes de septiembre de
17. 1988 reclamando
    • ajustes salariales que tuviesen en cuenta la inflación galopante.
    • B. Respuestas del Gobierno
18. 314. En una primera respuesta remitida el 9 de febrero de
19. 1989, el Gobierno
    • facilita información y observaciones respecto a las quejas de la
    • CMOPE
    • relativas a las represalias antisindicales de que habrían sido
    • objeto el 27 de
    • octubre de 1988 los profesores, estudiantes y funcionarios de la
    • Universidad
    • de Sâo Paulo, durante una manifestación por reivindicaciones
    • salariales.
    • Informa el Gobierno que al consultar la Delegación Regional del
    • Trabajo de Sâo
    • Paulo sobre este particular, ésta respondió que los funcionarios
    • de la
    • universidad habían efectivamente iniciado una campaña ante la
    • sede del
    • Gobernador del Estado con el fin de obtener mejoras salariales
    • en el marco de
    • la campaña para las elecciones municipales de 1988. Confirma
    • que los
    • interesados hicieron varias manifestaciones públicas, pero,
    • según sus
    • declaraciones, ninguna se desarrolló en las cercanías del
    • Palacio del
    • Gobernador, lugar donde se habría producido un conflicto con
    • la policía
    • militar del Estado. El Gobierno precisa que los órganos
    • competentes del
    • Gobierno del Estado de Sâo Paulo están estudiando
    • actualmente los hechos y las
    • responsabilidades relativos a este caso.
20. 315. En otra respuesta de 14 de abril de 1989 referente a las
    • quejas
    • formuladas por la CIOSL sobre las medidas de represalia
    • antisindical que
    • habrían afectado a los empleados de la administración pública y
    • a los
    • trabajadores de las empresas estatales, a raíz de una huelga de
21. 48 horas por
    • reivindicaciones salariales celebrada en mayo de 1988, sostiene
    • el Gobierno
    • que el Ministerio de Trabajo había intentado negociar con los
    • huelguistas,
    • pero que tuvo que suspenderlo a causa de la intransigencia de
    • los huelguistas,
    • quienes se negaban a evacuar los locales de las fábricas.
22. 316. El Gobierno prosigue explicando que los militares se
    • habían hecho
    • presentes en la refinería de Duque de Caxias para salvaguardar
    • el patrimonio
    • público y evitar así que se cometieran depredaciones o daños
    • graves a los
    • bienes, lo que contribuyó a que la huelga mantuviera un
    • carácter pacífico.
23. 317. Siguiendo con las declaraciones del Gobierno, todos los
    • trabajadores
    • que habían sido despedidos del Puerto de Santos fueron
    • reintegrados en sus
    • puestos de trabajo como resultado de las negociaciones
    • entabladas.
24. 318. El Gobierno afirma que la denuncia de lo ocurrido en la
    • empresa EMBRAER
    • no es exacta. Según su versión de los hechos, el 9 y 10 de
    • agosto de 1988, los
    • trabajadores de esta empresa se habían declarado en huelga
    • para reivindicar un
    • reajuste salarial del 30 por ciento con apoyo del Sindicato de la
    • Metalurgia,
    • que había permanecido en el interior de la empresa el día 9,
    • con la ocupación
    • de la fábrica por parte de los huelguistas. El día 10, una vez
    • conocido el
    • fracaso de las negociaciones, los huelguistas se retiraron de la
    • empresa,
    • quedando en el interior de la fábrica un grupo de
    • aproximadamente 155
    • trabajadores, quienes fueron expulsados en cumplimiento de la
    • orden emitida
    • por el Ministerio de Aeronáutica, el cual asume la tutela de dicha
    • empresa. El
    • Gobierno prosigue explicando que la empresa dispersó a estos
25. 155 trabajadores
    • e inició una investigación para determinar las responsabilidades.
    • Como
    • resultado de esta investigación, 119 trabajadores quedaron
    • despedidos, medida
    • que fue confirmada por el propio Sindicato de la Metalurgia.
26. 319. Por lo que se refiere al despido de los tres dirigentes
    • sindicales,
    • Benedito Carlos de Sousa, Francisco Assis de Souza y Joâo
    • Pedro Pires, se
    • instituyó un sumario ante el Consejo de Conciliación y Sentencia
    • de Sâo José
    • dos Campos para comprobar que se había cometido una falta
    • grave que era justa
    • causa de despido. Con motivo del recurso interpuesto por los
    • dirigentes
    • despedidos, la empresa propuso un acuerdo, que fue
    • posteriormente ratificado,
    • de modo que los dirigentes obtuvieron garantías de que se
    • mantendrían sus
    • derechos como si no hubiesen sido despedidos por justa causa.
    • Este acuerdo fue
    • ratificado por el Tribunal Regional de Trabajo de la segunda
    • región de Sâo
    • Paulo.
27. 320. En cuanto a los 155 trabajadores cuyo despido había
    • sido confirmado por
    • el sindicato, 33 fueron reintegrados en sus funciones dentro de
    • la empresa.
28. 321. El Gobierno finaliza aclarando que la huelga de que se
    • trata había sido
    • juzgada ilegal por el Tribunal de Trabajo de Sâo Paulo, lo que,
    • en ese
    • momento, había permitido caracterizar la falta grave cometida
    • por los
    • trabajadores. Al mismo tiempo, alega el Gobierno, no se había
    • presentado
    • ningún caso de despido por causa injustificada.
29. 322. Por otra parte, el Gobierno desmiente las quejas
    • formuladas sobre el
    • despido de 17 dirigentes sindicales en Carajás, Estado de Pará.
30. 323. Por lo que se refiere al congelamiento de los salarios de
    • los
    • funcionarios públicos federales y de los trabajadores de las
    • empresas
    • estatales en los meses de abril y mayo de 1988, aclara el
    • Gobierno que en
    • virtud del decreto-ley núm. 2453/88, los ajustes salariales
    • correspondientes
    • al mes de agosto de 1988 se habían fijado en un 16,19 por
    • ciento con respecto
    • al costo de vida registrado en el mes de abril de 1988 y que la
    • ley núm.
31. 7686/88 había fijado los ajustes salariales correspondientes al
    • mes de
    • noviembre de 1988 en un 17,68 por ciento con respecto al
    • costo de vida
    • registrado en el mes de mayo de 1988.
32. 324. Por último, en lo tocante a las quejas presentadas por la
    • CIOSL y la
    • FSM sobre el conflicto social que se desarrolló en noviembre de
33. 1988 en la
    • Compañía Siderúrgica Nacional situada en Volta Redonda,
    • Estado de Río de
    • Janeiro, el Gobierno replica, en otra comunicación de 4 de abril
34. de 1989, que
    • esta empresa de economía mixta es una de las más importantes
    • empresas
    • siderúrgicas del país y que genera millares de empleos y de
    • divisas. Confirma
    • que el 7 de noviembre de 1988 se declaró una huelga entre los
35. 20 000
    • trabajadores de esta empresa, tal como relata la FSM, y no entre
36. 2 000
    • trabajadores, como indica la CIOSL. Confirma asimismo que los
    • huelguistas
    • reivindicaban aumentos salariales y mejores condiciones de
    • trabajo, así como
    • la reintegración de los trabajadores despedidos por haber
    • participado en una
    • huelga anterior. El Gobierno añade que los huelguistas
    • ocuparon las
    • fundiciones de acero, sector vital de la fábrica, en el que
    • funcionan los
    • altos hornos.
37. 325. A juicio del Gobierno, tanto el clima de agresividad que se
    • había
    • creado desde que se desató el conflicto y que hizo que llegaran
    • a un punto
    • muerto las negociaciones entabladas con el fin de dar
    • satisfacción a las
    • reivindicaciones planteadas, así como las averías provocadas
    • a las máquinas e
    • instalaciones de la fábrica siderúrgica, fue lo que dio motivo a
    • que la
    • empresa intentara preservar los bienes del Estado y a que se
    • designara a un
    • juez, el Sr. Moisés Cohen, con la misión de impedir que se
    • cometieran nuevas
    • averías a los bienes de propiedad de la empresa. Frente a las
    • dificultades
    • encontradas por el funcionario judicial designado por el juez
    • para ejercer su
    • mandato, el juez anteriormente nombrado decidió que los
    • hechos exigían que se
    • tomaran medidas enérgicas para garantizar la integridad de los
    • bienes y de las
    • personas que se hallaban oficialmente en la empresa. Por
    • consiguiente,
    • movilizó al 220. batallón de infantería destacado en Barra
    • Mansa, el cual
    • exigió que abandonaran los locales de la empresa todas las
    • personas que allí
    • se encontraban ilícitamente, para poder garantizar la integridad
    • de los bienes
    • de propiedad de dicha empresa.
38. 326. Según las declaraciones del Gobierno, la exasperación y
    • la agresividad
    • de los huelguistas y el fracaso de las negociaciones entabladas
    • para lograr la
    • evacuación pacífica de la fábrica desembocaron en un
    • enfrentamiento directo
    • entre militares y trabajadores que tuvo como saldo la muerte de
    • tres personas,
    • y no de cinco como constaba en las primeras quejas de los
    • querellantes.
39. 327. Con el fin de aclarar los hechos y determinar las
    • responsabilidades en
    • estos delitos, se entablaron los siguientes procedimientos: 1)
    • una
    • investigación policial por homicidio el 11 de noviembre de 1988
    • con motivo de
    • la muerte de William Fernandes Leita y Wladimir Freitas
    • Monteiro, obreros de
    • la Compañía Siderúrgica Nacional; a raíz de esta investigación
    • se inició un
    • procedimiento judicial por infracción del artículo 121 del Código
    • Penal ante
    • el Tribunal Penal de Volta Redonda; 2) se inició una segunda
    • investigación
    • policial por homicidio con motivo de la muerte de Carlos Augusto
    • Barroso,
    • obrero de dicha empresa, a raíz de la cual también se entabló
    • un procedimiento
    • judicial; 3) por último, se instruyeron tres investigaciones
    • policiales por
    • las heridas infligidas a Víctor Adriano, Vicente da Silva, Antonio
    • da Silva
    • Nascimiento, Gleidson Costa de Sousa y José Luis Torres
    • Botelho. A raíz de
    • estas tres investigaciones se entablaron procesos penales
    • contra los soldados
    • del ejército por infracción del artículo 129 del Código Penal.
    • Según informa
    • el Gobierno, la primera víctima era un transeúnte totalmente
    • ajeno a la
    • huelga.
40. 328. Asimismo, el Gobierno indica que los registros de la
    • policía de Volta
    • Redonda no mencionan desaparición alguna de personas y que
    • no se ha presentado
    • queja alguna en este sentido ante otros órganos.

C. Conclusiones del Comité

1. 329. El Comité observa con preocupación que estos dos
   • casos se refieren a
   • medidas de represión contra huelguistas, de especial gravedad,
   • puesto que el
   • propio Gobierno no desmiente que, como consecuencia de las
   • medidas de
   • reivindicación salarial, haya habido casos de despido, personas
   • heridas y
   • muertes violentas entre los trabajadores de la administración
   • pública y de las
   • empresas estatales. En efecto, el Gobierno reconoce que
   • movilizó al ejército y
   • a la policía, para asegurar el mantenimiento del orden. Según
   • los
   • querellantes, en ciertos casos se recurrió al ejército y a la policía
   • con el
   • fin de evacuar a los trabajadores que ocupaban los locales de
   • las fábricas. El
   • Gobierno indica, no obstante, que algunos dirigentes o militantes
   • sindicales
   • despedidos habían sido reincorporados a sus empleos.
2. 330. El Gobierno indica también que eran ilegales las huelgas y
   • manifestaciones de lucha contra el decreto gubernamental núm.
3. 2425/88 sobre
   • los salarios de estas categorías profesionales, cuya progresión,
   • según el
   • ritmo de la inflación, quedaba limitada durante dos meses (abril y
   • mayo de
4. 1988), porque habían sido declaradas por trabajadores de la
   • administración
   • pública y de las empresas estatales que no tienen derecho de
   • huelga.
5. 331. El Comité deplora que se haya despedido a un elevado
   • número de
   • trabajadores que participaron en las huelgas, que muchos no
   • hayan sido
   • reintegrados a sus puestos de trabajo, y que la intervención del
   • ejército para
   • evacuar a los huelguistas que ocupaban las fábricas haya
   • tenido por resultado
   • que algunas personas hayan sido muertas y otras heridas.
6. 332. En lo que respecta a las muertes violentas y a las
   • personas heridas, el
   • Comité observa que se han abierto investigaciones policiales
   • para aclarar los
   • hechos y castigar a los culpables y que se hallan en curso
   • procesos destinados
   • a juzgar a los militares autores de homicidios, y de heridas contra
   • los
   • sindicalistas. El Comité, sin prejuzgar los procesos en curso,
   • reitera que los
   • derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima
   • desprovisto de
   • violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra
   • los sindicalistas
   • y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de estos
   • principios (véase
   • el párrafo 70 de la Recopilación de decisiones y principios del
   • Comité de
   • Libertad Sindical). En efecto, en la resolución sobre los
   • derechos sindicales
   • y su relación con las libertades civiles, la Conferencia
   • Internacional del
   • Trabajo subrayaba que el concepto de derechos sindicales
   • carece totalmente de
   • sentido cuando no existen las libertades civiles y que los
   • derechos conferidos
   • a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se
   • basan en el respeto
   • de las libertades civiles. El Comité ha suscrito plenamente a este
   • principio
   • en reiteradas ocasiones.
7. 333. Por consiguiente, el Comité pide encarecidamente a las
   • autoridades que
   • tomen medidas eficaces para restablecer la situación y que
   • envíen información
   • sobre el resultado de los procesos que actualmente se están
   • llevando a cabo
   • con respecto a los homicidios y a las heridas infligidas a los
   • sindicalistas.
8. 334. En cuanto a la represión militar y policial de que fueron
   • objeto
   • numerosas categorías de huelguistas, sobre todo en Sâo Paulo
   • y en Volta
   • Redonda, que el Gobierno de Brasil considera como
   • funcionarios o trabajadores
   • de las empresas estatales a los cuales les está prohibido ejercer
   • el derecho
   • de huelga por reivindicaciones salariales, el Comité no puede
   • sino reiterar
   • una vez más la importancia que concede a la huelga como
   • medio legítimo de
   • reivindicación, del cual deberían estar en condiciones de gozar
   • los
   • trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses
   • profesionales.
   • Reitera asimismo el principio emitido a este respecto por los
   • órganos de
   • control de la OIT, es decir, que es posible limitar e incluso
   • prohibir el
   • derecho de huelga en la administración pública o en los
   • servicios esenciales,
   • ya sean públicos, semipúblicos o privados, pero que estas
   • limitaciones o
   • prohibiciones perderían todo su sentido si la legislación diese
   • una definición
   • demasiado amplia de la administración pública o de los servicios
   • esenciales.
   • Por consiguiente, el Comité ha señalado en reiteradas
   • ocasiones que la
   • prohibición de la huelga debería limitarse a los funcionarios que
   • actúan en
   • calidad de órganos del poder público o en los servicios cuya
   • interrupción
   • podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la
   • persona en toda
   • o parte de la población.
9. 335. En opinión del Comité, en las presentes circunstancias no
   • debería
   • negarse el derecho de huelga a los trabajadores de los sectores
   • de que se
   • trata en el presente caso, ya que las huelgas de los trabajadores
   • de estos
   • sectores no ponen en peligro la vida, la seguridad ni la salud de
   • las
   • personas.
10. 336. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que le
    • informe acerca de
    • todas las medidas que tiene pensado tomar para ajustar su
    • legislación a los
    • principios mencionados anteriormente.
11. 337. Asimismo, el Comité exhorta al Gobierno que haga todo lo
    • posible por
    • reintegrar en sus puestos de trabajo a los trabajadores
    • despedidos como
    • consecuencia de los conflictos laborales mencionados por los
    • querellantes en
    • el presente caso.