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- 310. El Comité examinó el caso núm. 1441 en su reunión de noviembre de 1988 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración. (Véase 259.o informe del Comité, párrafos 332 a 359, aprobado por el Consejo de Administración en su 241.a reunión (noviembre de 1988).)
- 311. Con posterioridad al último examen del caso núm. 1441 se recibieron comunicaciones de la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares (FITPAS) (7 de noviembre y 18 de diciembre de 1988), la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) (2, 11 y 27 de enero, 15 de febrero, 25 de mayo y 21 de agosto de 1989), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (6 de marzo, 19, 26 y 28 de septiembre y 2 de octubre de 1989) y la Asociación Salvadoreña de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) (21 de septiembre de 1989). El Gobierno envió ciertas observaciones por comunicaciones de 6 de marzo y 25 de octubre de 1989 (esta última recibida el 30 de octubre de 1989).
- 312. Las quejas correspondientes al caso núm. 1494 figuran en comunicaciones de la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) (17 de abril de 1989), la Federación Sindical Mundial (FSM) (17 de abril de 1989) y la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza (FISE) (25 de abril de 1989). El Gobierno envió ciertas observaciones por comunicación de 7 de agosto de 1989.
- 313. El Salvador no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
A. Examen anterior del caso núm. 1441
A. Examen anterior del caso núm. 1441
- 314. Al examinar este caso en su reunión de noviembre de 1988, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes (véase 259.o informe, párrafo 359):
- "En relación con el asesinato del dirigente sindical Adrián Chavarría Girón, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de la investigación judicial en curso y de su evolución posterior."
- "En relación al asesinato del sindicalista Domingo López Morales, el 8 de junio de 1988, y de los campesinos José Atilio Rivas, Zoila Rivas, Jesús Cepeda (padre), Jesús Cepeda (hijo), Francisco Alfaro, José Alfaro, Nicolás Flores, José María Flores, Teresa Argueta y Ulises Gibrián, el Comité pide al Gobierno que se realice una investigación judicial independiente para deslindar responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos; asimismo, de que mantenga informado al Comité de cualquier medida que se tome en relación con la apertura de una investigación judicial."
- "Por último, el Comité pide al Gobierno que envíe las observaciones sobre los alegatos siguientes, a saber: sobre la detención, el 6 de junio de 1988, del cooperativista José Parada por militares del batallón Jucuarán en San Francisco Xavier al encontrársele 400 000 colones de la cooperativa; sobre el cateo en busca de armas de la cooperativa "Guayojo" en la jurisdicción de Matapán, departamento Santa Ana y la subsecuente detención por cinco días de los cooperativistas Rolando Aguirre Areola, Eugenio Galdanés y Orlando Areola López y sobre la orden de captura vigente desde el 12 de marzo de 1988 contra cuatro dirigentes de FENASTRAS: Gerardo Díaz, Antonio Guatemala, Antonio Inglés y Juan Huezo por supuestas agresiones contra el Ministro del Trabajo, así como sobre la orden de captura emitida por las fuerzas armadas contra nueve dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores del Instituto Regulador de Abastecimientos (ASTIRA): Celestino Núñez, Francisco Aguilar, Manuel Pérez Avila, Gilberto Fuentes, Antonio Rivora, Rogelio Guevara, Pedro Benítez, Milton Retana y Oscar Retana, y sobre la comunicación de la CIOSL, de fecha 12 de octubre, relativa al arresto en Usulután, el 11 de septiembre de 1988, de los cooperativistas Alberto Olmedo, Bartolo Cornejo, Remberto Hernández Flores, Leonor Peña Sánchez, Antonio Pérez, Sebastián Espinoza, Edwin Andrade y N. Henríquez, y del allanamiento sin orden judicial, el 13 de septiembre de 1988, de los locales de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y la guardería del Sindicato FENASTRAS-San Miguelito y de la detención en el local de la UNTS de todos los miembros del comité ejecutivo de esta organización, y en la guardería fueron detenidos los señores Roberto Campos, Laura Mira y el esposo de ésta; además, el estudiante Otoniel Guevara; sobre el allanamiento, el 14 de septiembre de 1988, del local de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) y de la captura sin orden judicial de 15 personas cuyo paradero aún se desconoce. Además, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos que no han recibido respuesta contenidos en el anexo I de este caso."
- 315. En el anexo I al 259.o informe del Comité figuraban numerosos alegatos de violación de los derechos sindicales, entre los que cabe destacar los siguientes:
- Asesinatos de sindicalistas
- - América Benítez y Gloria Benítez (CCTO) (15 de agosto de 1987)
- - Eulalio Antonio Martínez Vázquez (ANIS-Sonsonate) (16 de agosto de 1987)
- - Raúl Henríquez (ANTA) (19 de agosto de 1987)
- - José Angel López Portillo (Cooperativa San Antonio, El Barrillo, COACES, La Paz) (16 de septiembre de 1987)
- - José Germán Mira (miembro de la junta de ANEPES) (24 de septiembre de 1987)
- - Franklin Antonio Escobar (SETA) (29 de septiembre de 1987)
- - José Rolando Romero Villanueva (CO-AEAS) (3 de octubre de 1987)
- - Porfirio González Hernández (Cooperativa "San Matías" de El Jícaro-Ahuachapán) (7 de novienbre de 1987)
- - Gilberto Pérez Ramos (Sindicato de la Fábrica ARCTEX) (6 de diciembre de 1987)
- - Manuel Oscar Quintanilla Moscote (director del CO-AEAS) (12 de diciembre de 1987)
- - Medardo Ceferino Ayala Pérez (ASTTEL) (18 de diciembre de 1987)
- - José Antonio Villalobos (ANDA) (28 de diciembre de 1987)
- Desapariciones de sindicalistas
- - Jorge Salvador Ubau, secretario general de CCTU (1.o de septiembre de 1987)
- - José Alex Cunza Quijano (AGEPYM) (septiembre de 1987)
- - Leónidas Arévalo Fuentes (Cooperativa Los Angeles, FEDECOOPADES, Zacamil) (20 de diciembre de 1987)
- Detenciones
- - Rodolfo Miranda y José Antonio Serrano (ANTMAG) (11 de agosto de 1987)
- - Juan Trinidad Cruz, Irene Guevara Cruz y Miguel Beltrán (dirigentes de FENACOA (Usulután)) (15 de agosto de 1987)
- - Romel Antonio Arias Argueta, secretario de asuntos juveniles (FESTIAVTSCES) (17 de agosto de 1987)
- - Francisco Hidalgo Hernández (secretario de FENACOA) (17 de agosto de 1987)
- - Ignacio Zeledón (ANIS-Sonsonate) (22 de agosto de 1987)
- - Fermín Antonio Rauda, segundo secretario de conflictos sindicales de la refinería El Dorado y miembro del comité de relaciones del UNTS (22 de agosto de 1987)
- - María Antonia Pérez (SISS) (27 de agosto de 1987)
- - José Antonio Jovel Martínez (dirigente de FEDECOOPADES-La Paz) (29 de agosto de 1987)
- - Rafael Elías Preza, secretario de propaganda del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (31 de agosto de 1987)
- - Orden de detención contra los siguientes dirigentes de STISS, Guillermo Rojas, Juan Carlos Selva, Marta Elina García de Rodríguez, Ana Francisca Romero, Jorge Alberto Lara Alveño, Jorge Alberto Anaya, Oscar Miguel Marroquín, Eliseo Córdoba Aguilar, Adilio Dolores Fuentes, Pedro Caldámez Ardón, Alex Ric Muñoz y Roberto Granados (1.o de septiembre de 1987)
- - Jesús Gregorio Ortega, Julio Humberto Lemus, Santos Basilio, Rafael Molina Guzmán y Arcángel Barrientos (ANC) (2 de septiembre de 1987)
- - David Eduardo Carias Campo, secretario de propaganda del consejo ejecutivo nacional de ANC (3 de septiembre de 1987)
- - Mercedes Nolasco (FENACOA) (4 de septiembre de 1987)
- - Nicolás Sánchez, miembro de la Cooperativa ANTA (6 de septiembre de 1987)
- - Pedro Juan Sánchez, Juan Antonio Hernández, Marcelo Antonio Hernández y Rosalio Ruiz Ramírez (FENACOA, Usulután) (7 de septiembre de 1987)
- - Carlos Elías Menjívar y Carlos Adalberto Menjívar (FEUS) (10 de septiembre de 1987)
- - Pedro Antonio Ramírez Lozano (ANDES, Ahuachapán) (28 de septiembre de 1987)
- - Carlos Alberto Rivera (ANDES) (30 de septiembre de 1987)
- - Rodolfo Andrés Prieto, Celia Mazín, Blanca Margarita Orellana, Manuel de Jesús Alfaro, Adalberto Martínez Martínez, Norma Luz Cepeda, Marlena González y Carlos Chávez (FENASTRAS Y UNTS) (2 de octubre de 1987)
- - José Alejandro Romero (AVICOLA) (9 de octubre de 1987)
- - Manuel Antonio Nolasco (ANIS-Nahuizalco, Sonsonate) (12 de octubre de 1987)
- - Mirna Noemí Moreno Chicas, Nelson Cañas y José María Cañas Romero (UNTS) (17 de octubre de 1987)
- - Celedonio Umania y Arturo Umania (ANTA, Santa Ana, cantón Agua Fuerte) (19 de octubre de 1987)
- - Rigoberto Orellana López (presidente de la Cooperativa Coponte (San Miguel)) (20 de octubre de 1987)
- - Isabel Ordóñez (ANTA) (20 de octubre de 1987)
- - Blanca Rosa Mendoza de Benítez, profesora de la escuela francesa en Mejicanos (ANDES) (27 de octubre de 1987)
- - José Sánchez Maravilla Pérez (FSR) (31 de octubre de 1987)
- - Juan Francisco García Catalán y Luis Alvarenga (ASSTEL) (11 de noviembre de 1987)
- - Mariano Fernández, Ausencio Granados y Alcides Majano (Granja Santa Ana del UNC - San Miguel) (17 de noviembre de 1987)
- - Eugenio Alas (Cooperativa San Pedro de los Apoyos (Santa Ana)) (16 de noviembre de 1987)
- - Neftalí Pérez, Antonio Lazo Pineda, Simón Alvarado y Lizandro Majano (UNC, San Miguel) (16 de noviembre de 1987)
- - Humberto Martínez, Lizandro Alvárez y Rafael Rivera (UNC, Morazán) (16 de noviembre de 1987)
- - Reynaldo García Castro (secretario general de ANC), Carlos Rodríguez (secretario general de ANTA), Rosario Acosta, Pedro Campos (miembros del comité ejecutivo de ANTA) y Salvador Ruiz (15 de diciembre de 1987).
- Nuevos alegatos
- 316. La Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones Agrícolas y Similares (FITPAS) alega los siguientes hechos:
- - el 14 de septiembre de 1988, miembros de la policía del tesoro y brigadas de infantería penetraron ilegalmente en los locales de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) en San Salvador y apresaron a 18 personas, que fueron liberadas tres días después. En dicha ocasión fueron robados equipo de oficina y dinero. Asimismo, entre abril y junio de 1988, el ejército de El Salvador y las fuerzas de policía detuvieron por períodos de corta duración a 39 miembros de ANTA sin formular cargo alguno;
- - el 28 de octubre de 1988 fueron detenidos sin orden judicial, en San Antonio, cantón La Junta, Metapán, departamento de Santa Ana, por miembros de la 2.a brigada de infantería, los Sres. Andrés Martínez y Adán Santos; el 29 de octubre de 1988 fueron detenidas las Sras. María Cristina Mejía, Rufina Figueroa y el Sr. Herculano Méndez. El Sr. Herculano Méndez es dirigente de ANTA;
- - el 12 de noviembre de 1988, fueron detenidos sin orden judicial por miembros del destacamento militar núm. 4 con sede en San Francisco Gotera, Moarazán, y posteriormente ejecutados, los Sres. Eliodoro Pineda, Cecilio Aguilar Sorto (menor de edad) y José Hernán Benítez Aguilar. Posteriormente fueron encontrados los tres cadáveres mostrando señales de cruel tortura. El padre de José Hernán Benítez Aguilar, miembro de ANTA también, ha recibido amenazas de muerte. ANTA considera que estos actos han sido una represalia ante la campaña realizada por un aumento del salario mínimo por parte de los trabajadores de las cosechas, salario que, cabe recordar, no ha sido aumentado desde 1979.
- 317. La Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) alega los siguientes hechos:
- - el 16 de diciembre de 1988, fue asesinada Rosa Imelda Medrano, trabajadora del Centro Universitario de Occidente, miembro de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de El Salvador, ADUES, Sección Santa Ana. El hecho fue cometido a las 19 h. 30 por elementos de la 2.a brigada de infantería con sede en esa ciudad de Santa Ana, cuando la interfecta regresaba de una actividad realizada por la Universidad de El Salvador en la capital, en su lucha por el aumento de su presupuesto;
- - el 22 de diciembre de 1988, fue asesinado Roberto Gómez Aguirre, custodio de la Universidad de El Salvador, a medianoche, en la entrada del Departamento de Física, dentro del campus universitario. Este acto fue cometido por elementos de un cuerpo de seguridad que se supone es la policía nacional;
- - Walter Vides fue capturado el 2 de diciembre de 1988. Era miembro de la Comisión de Prensa y Propaganda del Comité de Desempleados y Despedidos de El Salvador (CODYDES). Se señala como autores del hecho a elementos de la guardia nacional;
- - Jaime Alejandro Estévez Ortiz, miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG) y su compañera Vilma Gladis Vásquez, del Comité Ejecutivo del Concejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTM), fueron capturados por la guardia nacional, en su casa de habitación, el día 24 de diciembre de 1988;
- - el día 28 de diciembre de 1988 fueron capturados por elementos de la 2.a brigada de infantería con sede en la ciudad de Santa Ana, tres miembros de la regional de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA. Uno de ellos es el secretario de finanzas de ANTA. La captura fue realizada cuando el ejército cateaba la sede de la Regional ubicada en residencial Santa Lucía, en la mencionada ciudad. Además, se llevaron todo el mobiliario y equipo con que contaban los trabajadores en su local;
- - el día 18 de diciembre de 1988, a las 10 horas, en el parque Colón de la ciudad de Santa Ana, miembros uniformados y de civil, pertenecientes a la 2.a brigada de infantería y de la policía de hacienda con asiento en dicha ciudad, disolvieron violentamente una concentración organizada por la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador y por la Unión Nacional Campesina, COACES y UNC, respectivamente. Los represores se apropiaron de equipos de sonido instalados para dicha actividad, así como equipo de video, cámaras fotográficas, grabadoras, etc. Hubo un número indeterminado de golpeados, así como capturas;
- - se producen numerosas amenazas a dirigentes, a veces con persecución, y se reprimen de manera violenta manifestaciones sindicales;
- - el 26 de enero de 1989 las autoridades detuvieron a Margarita Eugenia Navarro y Alfredo Lemus, miembros de FENASTRAS;
- - el 15 de febrero de 1989, militares de los "Comandos Urbanos Anticomunistas Maximiliano Hernández Martínez" realizaron un atentado en los locales de FENASTRAS y de la UNTS.
- 318. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) precisa que la sede de FENASTRAS y de la UNTS fue destruida por una explosión de dinamita que provocó graves daños materiales en el edificio, destrozando todo el inmobiliario. No se tuvo que lamentar pérdidas de vida, aunque hubieron varios heridos leves. La CIOSL añade que el 22 de febrero de 1988, FENASTRAS y UNTS llamaron a una asamblea de trabajadores que se reunió en el mismo lugar de los hechos. Esto provocó la movilización de las fuerzas militares, las cuales rodearon el barrio y bloquearon la calle donde se encuentra la sede con tanques de guerra. En el interior de la sede destruida, se encontraban alrededor de 200 trabajadores.
- 319. En sus últimas comunicaciones, la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) alega los siguientes hechos:
- - Alberto Monge y Carlos Palacios, trabajadores textiles, asesinados en Soyapango (San Salvador) (10 de mayo de 1989). Ese día, uno de los escuadrones de la muerte envió un comunicado a todos los medios de comunicación del país, amenazando de muerte a todas las personas organizadas en sindicatos y otras organizaciones populares;
- - Pablo Obdulio Vargas, secretario de conflictos de la Subseccional Chalchuapa del Sindicato del Café (SICAFE) y dirigente del Comité de Trabajadores de Occidente (CTO) de la UNTS, fue asesinado por hombres vestidos de civil y fuertemente armados, a las 7 h 30, en la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana (11 de mayo de 1989);
- - Santiago Menéndez, de la Cooperativa de la Reforma Agraria "2 de mayo", fue capturado el 11 de mayo de 1989 por hombres vestidos de civil y fuertemente armados, a las 5 horas en su casa de habitación ubicada en la ciudad de Nejapa, municipio de San Salvador. Sus familiares y compañeros han preguntado en todos los cuerpos policíacos y militares y ninguno de ellos afirma que está en su poder, por lo que se teme por su vida;
- - Francisco Pérez Martínez, miembro del comité ejecutivo de la UNTS (Unidad de los Trabajadores Salvadoreños) y secretario de organización de la FESTIAVTSCES, fue secuestrado el 25 de mayo de 1989 a las 9 horas por elementos de la policía de hacienda vestidos de civil, que con violencia lo interceptaron en la Quinta Avenida Norte y 17 calle Poniente de esta ciudad y lo introdujeron en un vehículo Pickup doble cabina, color café, vidrios polarizados, placa núm. 25518, con rumbo desconocido. Las autoridades niegan que esté en su poder, pero extraoficialmente se sabe que el Sr. Pérez se encuentra en las instalaciones de la policía de hacienda;
- - Jorge López, miembro del comité ejecutivo de la UNTS y secretario general de la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA), fue capturado el 26 de mayo de 1989 a las 7 horas por fuerzas combinadas de la policía de hacienda y la guardia nacional, quienes habían tendido un cerco a la sede de la UNTS. En esa ocasión también se detuvo a José Basilio Chévez, secretario de relaciones internacionales de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL). Asimismo, fue detenido Danilo Umanzor, trabajador, quien acompañaba a los dos anteriores. Oficialmente se desconoce el paradero de los tres compañeros ya que ninguno de los cuerpos mencionados reconoce tenerlos en su poder. Extraoficialmente, la UNTS supo que el alto mando del ejército y el Partido Alianza Republicana Nacionalista - ARENA - están preparando una campaña en contra de los dos dirigentes del comité ejecutivo de la UNTS que fueron capturados, en la que los acusan de participar en un complot desestabilizador para boicotear la toma de posesión del nuevo Presidente, Alfredo Cristiani;
- - el 26 de mayo de 1989, autoridades de policía y militares cercaron la sede de la UNTS y de FEA SIES, cercaron y registraron los locales del Consejo de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES), capturándose a José Gil Magaña, Alfredo Pérez y Hugo Nelson Quintanilla, registraron la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores (FENASTRAS) y se cercó y se registró la sede de la FUSS y la sede de la Asociación de Comunidades Campesinas;
- - José Antonio Alfaro, secretario de relaciones de la ASTIRA, fue capturado a las 7 horas del 17 de julio de 1989 en la ciudad de Santa Ana, por sujetos vestidos de civil que se transportaban en un jeep color verde sin placas;
- - los dirigentes de FESTIAVTSCES, Abraham Rivas, Misael Venegas y Rufino Ardón, fueron capturados a las 12 horas del 27 de julio de 1989 por elementos vestidos de civil de la policía de hacienda y fuertemente armados, quienes en la acción, hirieron al primero. Los hechos ocurrieron en el municipio de Mejicanos, San Salvador. Tres días después fueron puestos en libertad;
- - Juan José Avila Mendoza, miembro de base del Sindicato Avícola STIAHCES, fue capturado por desconocidos a las 8 horas del 28 de julio de 1989, cerca de Ciudad Arce. Ningún cuerpo represivo se responsabiliza de su captura;
- - Sergio Antonio Rodríguez, promotor de FENASTRAS, fue capturado el 1.o de agosto de 1989 por elementos de la guardia nacional vestidos de civil en la ciudad de Apopa, San Salvador. El mencionado cuerpo niega su detención;
- - Salvador López Magaña, promotor sindical del SOICES, fue capturado a las 11 horas del 3 de agosto de 1989 en la colonia La Coruña, Soyapango, San Salvador, por elementos de la fuerza aérea y, posteriormente, transferido al Penal de San Vicente;
- - Rafael Zepeda González, miembro de base del Sindicato del SETA y ex-secretario de finanzas del mismo, fue capturado en los Planes de Renderos, San Salvador, a las 10 h. 45 del 5 de agosto de 1989, por hombres vestidos de civil fuertemente armados que iban en un vehículo color café, doble cabina, vidrios polarizados y placas 19-187. Actualmente se encuentra en el Penal de Mariona;
- - Filipo Enoc Villalta, de ASTAC, responsable de Capacitación Artística, fue capturado a las 8 horas del 8 de agosto de 1989 por elementos de la policía de hacienda en la colonia San Antonio de Ayutuxtepeque, San Salvador, pero ningún cuerpo armado se hace responsable de su captura;
- - Alice Sigüenza, afiliada a ASTAC, fue capturada a la 8 horas del 10 de agosto de 1989 en su casa de habitación en Mejicanos, San Salvador, por elementos de la policía de hacienda, uniformados, quienes previamente catearon su residencia;
- - Pedro García y Jorge Corea, miembros de base de ATRAME, fueron capturados, entre las 9 y las 10 horas de la mañana del 15 de agosto de 1989, en San Marcos, San Salvador, por elementos de la policía nacional;
- - Francisco Mejía, secretario primero de conflictos del STITAKCES, afiliado a FESTIAVTSCES, fue capturado por elementos de la policía nacional el 16 de agosto de 1989.
- 320. La FUSS concluye señalando que se trata de una ola de hechos represivos en contra del movimiento sindical, gremial y humanitario, de la que son responsables el alto mando de las fuerzas armadas y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y sus escuadrones de la muerte.
- 321. En sus comunicaciones de septiembre y octubre de 1989, la CIOSL y ASTTEL presentaron alegatos relativos al allanamiento de sedes sindicales, la detención, secuestro o desaparición de un elevadísimo número de dirigentes sindicales y sindicalistas, torturas e incluso la violación de mujeres sindicalistas.
- 322. En su comunicación de 19 de junio de 1989, el Gobierno transcribe varias notas del Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública sobre los alegatos presentados por la CIOSL antes de la reunión del Comité de noviembre de 1988. El Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública señala que los conceptos vertidos en la queja presentada por la CIOSL y la FUSS ante la OIT carecen totalmente de veracidad y obviamente son producto de una desinformación y de la estrategia de la subversión salvadoreña, orientada a desprestigiar al Gobierno y a la fuerza armada de la República. Después de realizar una investigación, se ha establecido que la segunda brigada de infantería no ha tenido injerencia alguna en los hechos que se mencionan.
- 323. El Gobierno añade que personal perteneciente a la Dirección General de la Guardia Nacional, alrededor de las 7 horas del día 28 de junio de 1989, capturó a la Sra. Celia Yaneth Medrano Hernández, quien al momento de su captura le fue decomisada cierta cantidad de propaganda de tendencia marxista leninista. La mencionada señora es estudiante universitaria de periodismo desde 1986 y, a la fecha de su captura, se desempeñaba como reportera de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad Nacional. Según su propia declaración, por sus estudios y sistema de trabajo está obligada a participar en todas las marchas o manifestaciones que realizan distintas agrupaciones que representan a estudiantes universitarios. Al no reunir mayores pruebas en su contra y, por una deferencia de la Dirección General de la Guardia Nacional, por gestiones personales del vicerrector de la Universidad Nacional, fue puesta en libertad y entregada a las 16 horas del mismo día de su captura a la autoridad universitaria solicitante.
- 324. El Gobierno declara que es completamente falso que la Dirección General de la Guardia Nacional haya procedido a la captura de la Sra. Margarita Eugenia Navarro y del Sr. Alfredo Lemus. Por ello realiza una investigación para comprobar la veracidad de los cargos señalados ante la OIT. El Gobierno señala que ha diligenciado y sigue diligenciando con prontitud el requerimiento de informaciones vinculadas al presente caso, haciendo énfasis en los nuevos elementos de las quejas interpuestas, especialmente en lo que se refiere a la supuesta continuidad de los ataques de fuerzas militares contra sindicalistas y cooperativistas. Y ello con objeto de contribuir a una investigación imparcial sobre los hechos denunciados.
- 325. En su comunicación de 25 de octubre de 1989, el Gobierno envía ciertas observaciones en descargo de los alegatos contenidos en las comunicaciones de la CIOSL y ASTTEL de septiembre y octubre de 1989.
B. Conclusiones del Comité
B. Conclusiones del Comité
- 331. En primer lugar, el Comité expresa su profunda preocupación ante la extrema gravedad de los alegatos, que se refieren principalmente a 35 asesinatos (desde 1987), desapariciones y más de 100 detenciones, de que han sido objeto dirigentes sindicales, sindicalistas y cooperativistas, así como a diferentes actos de violencia y de intimidación (amenazas, allanamiento y registro de sedes sindicales y un atentado con dinamita en una de ellas).
- 332. El Comité no puede sino lamentar y reprobar las muertes violentas y desapariciones. El Comité insta al Gobierno a que se inicien investigaciones judiciales sobre los asesinatos y desapariciones y que envíe lo más rápidamente posible todas las informaciones de que dispone, dando precisiones sobre la situación de los detenidos y los motivos de la detención, y sobre el estado de las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos.
- 333. El Comité hace un llamamiento al Gobierno para que se adopten las medidas enérgicas para garantizar que los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad, es decir, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole.
- 334. El Comité observa que el Gobierno señala que la sindicalista Celia Yaneth Medrano Hernández fue puesta en libertad el mismo día de su detención, que niega que la Guardia Civil haya detenido a los sindicalistas Alfredo Lemus y Margarita Eugenia Navarro y que se realiza una investigación al respecto. Asimismo, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales los dirigentes sindicales Sres. Miguel Lazo Quintanilla y Carlos Rodríguez Domínguez perecieron a consecuencia de un enfrentamiento armado con la fuerza aérea cuando efectuaban sabotajes, sin que sus cuerpos tuvieran signos de tortura. El Comité desea poner de relieve, sin embargo, que el Gobierno no se ha referido a los recortes de prensa enviados por los querellantes en los que se señalaba que los cuerpos de los dirigentes en cuestión tenían signos de tortura y que el Sr. Lazo Quintanilla había sido detenido el día anterior a su muerte por militares de la fuerza aérea. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto y que se inicie una investigación judicial con objeto de determinar los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables.
Recomendación del Comité
Recomendación del Comité
- 335. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
- a) el Comité deplora vivamente la violenta situación que prevalece en el país. Expresa su gran preocupación ante la extrema gravedad de los alegatos, que se refieren principalmente a 35 asesinatos (desde 1987), desapariciones y más de 100 detenciones, de que han sido objeto dirigentes sindicales, sindicalistas y cooperativistas, así como a diferentes actos de violencia y de intimidación (amenazas, allanamiento y registro de sedes sindicales y un atentado con dinamita en una de ellas);
- b) el Comité no puede sino lamentar y reprobar las muertes violentas y desapariciones. Insta al Gobierno a que se inicien investigaciones judiciales sobre los asesinatos y desapariciones y que envíe lo más rápidamente posible todas las informaciones de que dispone, dando precisiones sobre la situación de los detenidos y los motivos de la detención, y sobre el estado de las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos;
- c) el Comité hace un llamamiento al Gobierno para que se adopten las medidas enérgicas para garantizar que los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad, es decir, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales, y en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto, y
- d) el Comité decide examinar en su próxima reunión los alegatos contenidos en las últimas comunicaciones de la CIOSL y de ASTTEL, dado que la respuesta del Gobierno sólo se recibió días antes de la reunión del Comité.