Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 265, June 1989

1. 375. La queja del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), que
   • figura en una
   • comunicación de fecha 15 de febrero de 1988, se presenta en
   • nombre de nueve
   • organizaciones sindicales afiliadas a los Sindicatos Asociados
   • de
   • Ferrocarriles (ARU). El Gobierno envió sus observaciones en
   • una carta recibida
2. el 29 de noviembre de 1988. El 31 de enero de 1989, el
   • Congreso del Trabajo
   • del Canadá pidió un aplazamiento con el fin de someter una
   • respuesta a las
   • observaciones del Gobierno. Sin embargo, en otra
   • comunicación de 5 de mayo de
3. 1989, el querellante indicó que no presentaría una respuesta y
   • pidió que el
   • Comité examine el caso.
4. 376. El Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); no ha
   • ratificado el
   • Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
   • colectiva, 1949
   • (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 377. En su queja, el CLC alega que el Gobierno violó el
   • Convenio núm. 87 al
   • promulgar la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios
   • de ferrocarril
   • con miras a terminar una huelga legal de los Sindicatos
   • Asociados de
   • Ferrocarriles (ARU) en un sector de servicios no esenciales que
   • no ponía en
   • peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte
   • de la
   • población canadiense y que el Gobierno declara plenamente
   • conforme con el
   • Código de Trabajo del Canadá. El CLC estima que la
   • intervención del Gobierno
   • constituye una injerencia innecesaria e injustificada en la libre
   • negociación
   • colectiva que privaba a los sindicatos de ferrocarriles de su
   • único medio de
   • presión económica. En anexo a la queja del CLC acompaña un
   • documento con los
   • antecedentes de la situación y describiendo cronológicamente
   • los hechos
   • conducentes a la adopción de la ley de 1987 sobre
   • mantenimiento de los
   • servicios de ferrocarriles.
   • B. Respuesta del Gobierno
2. 378. En su respuesta detallada el Gobierno pone primero de
   • relieve la
   • importancia histórica, social, económica y política de los
   • ferrocarriles en el
   • Canadá, principalmente en razón de factores geográficos
   • (grandes distancias,
   • baja densidad de población, y diversas condiciones de carácter
   • topográfico y
   • de clima riguroso). Según el Gobierno, la historia del Canadá es
   • en gran parte
   • la historia de su servicio de ferrocarriles y añade que: "sin
   • ferrocarriles no
   • habría ni podría haber habido Canadá".
3. 379. El Gobierno especifica luego el contenido de la
   • legislación federal del
   • trabajo aplicable en virtud de la Constitución a los servicios de
   • ferrocarriles. El procedimiento jurídico relativo a la renovación
   • de los
   • convenios colectivos se establece en el Código de Trabajo del
   • Canadá. Dentro
   • de un plazo de tres meses antes de que expire un convenio,
   • una de las partes
   • en el mismo puede notificar su deseo de entablar negociaciones
   • colectivas.
   • Después de un período de negociaciones directas (que permite
   • firmar entre 25 y
4. 35 por ciento de los convenios) una de las partes puede
   • notificar la
   • existencia de un conflicto al Ministro de Trabajo, que a su vez
   • puede elegir
   • entre varias opciones pero que suele designar a un conciliador
   • para prestar
   • asistencia a las partes interesadas. Si éstas no consiguen llegar
   • a un acuerdo
   • en esta fase del procedimiento, el Ministro puede ampliar el
   • procedimiento de
   • conciliación y designar a un comisionado o una junta encargada
   • de la
   • conciliación, o terminar la conciliación dando la posibilidad a los
   • interesados de declarar legalmente una huelga o un cierre
   • patronal. Estos
   • tienen el derecho de declarar una huelga o un cierre dentro de
   • un plazo de
   • siete días después de la terminación de la conciliación. El
   • Ministro puede
   • entonces, con carácter discrecional, designar en cualquier
   • momento a un
   • mediador para prestar asistencia a las partes interesadas y así lo
   • hace
   • normalmente cuando éstas indican que una mediación
   • contribuiría a la solución
   • de sus negociaciones.
5. 380. Muchos de los conflictos se resuelven en la fase de
   • conciliación por
   • medio de una negociación colectiva libre, y la intervención del
   • Gobierno para
   • imponer soluciones es relativamente poco frecuente. Según el
   • Gobierno, así
   • ocurre solamente cuando se han agotado los recursos de
   • solución de un
   • conflicto y cuando la continuación de este último puede tener
   • consecuencias
   • graves para los intereses nacionales, en cuyo caso el Gobierno
   • examina la
   • posibilidad de promulgar una legislación especial de urgencia.
   • Cuando se
   • produce un caso de esta naturaleza, el objetivo de la legislación
   • no sólo es
   • terminar el paro, sino establecer un mecanismo que permita una
   • solución final
   • de todos los conflictos pendientes.
6. 381. El Gobierno pone de relieve las circunstancias por las
   • cuales la
   • economía del Canadá depende tanto de los transportes por
   • ferrocarril: extensa
   • superficie del país; pautas de desarrollo económico y de
   • industrialización;
   • dispersión geográfica de los recursos; baja densidad
   • demográfica; condiciones
   • climáticas rigurosas; y, en muchos casos, ausencia virtual de
   • otras
   • posibilidades económicas viables para sustituir el transporte por
   • ferrocarril.
   • El Gobierno sostiene que por todas estas razones la economía
   • del Canadá
   • depende más que la mayor parte de las naciones
   • industrializadas de una
   • infraestructura extensiva de transportes en la que los
   • ferrocarriles son un
   • factor clave. Una huelga en los ferrocarriles tiene un efecto casi
   • inmediato
   • en la continuación de las actividades de una amplia gama de
   • industrias y de
   • empleadores.
7. 382. Tal vez el sector que mejor ilustre estas consecuencias
   • de gran alcance
   • sea el de la producción de grano, cuya exportación produce
   • ingresos de 3 900
   • millones de dólares. La venta de grano depende de un sistema
   • integrado de
   • transportes y de manipulación del mismo: ferrocarriles, camiones,
   • operaciones
   • de izado, almacenamiento en granjas, puertos, elevadores en el
   • punto de
   • embarque y transporte marítimo, incluida la ruta marítima del
   • San Lorenzo en
   • el Este. La interrupción de una de estas actividades repercute
   • en el
   • desarrollo de las actividades y la eficiencia económicas y, por
   • ende, en la
   • viabilidad y la situación del empleo en otros medios de
   • transporte. Los miles
   • de productores de grano en las provincias de llanuras y también
   • en Ontario y
   • Quebec que trabajan para el mercado interno y las
   • exportaciones se ven
   • perjudicados por un cierre de la red de transportes por ferrocarril.
   • Las
   • principales terminales de almacenamiento de grano para las
   • exportaciones, en
   • Prince Rupert y Vancouver, en la costa occidental, así como en
   • Thunder Bay, en
   • que funciona una de las principales instalaciones de
   • manipulación de granos
   • del mundo occidental, dependen exclusivamente del transporte
   • por ferrocarril,
   • de la misma manera que 2 000 instalaciones de almacenamiento
   • primario en las
   • provincias de llanuras. Muchos puntos de almacenamieto a lo
   • largo de la ruta
   • marítima del San Lorenzo y de las provincias atlánticas forman
   • parte del
   • sistema de exportación de grano. Se utilizan unos 7 000
   • vagones por semana
   • para el transporte de grano de las llanuras; en un año reciente
   • de cosecha las
   • exportaciones de grano y cereales alcanzaron 30,2 millones de
   • toneladas.
8. 383. La industria de grano es un ejemplo de la importancia que
   • los
   • ferrocarriles representan para la economía del Canadá. Las
   • instalaciones de
   • carga a granel, que son un componente principal del comercio
   • exterior,
   • representan un 50 por ciento del tonelaje transportado por
   • ferrocarril; las
   • exportaciones por ferrocarril representan 20 por ciento del valor
   • de las
   • exportaciones. En último término, la interrupción del tráfico
   • ferroviario
   • menoscaba la capacidad del Canadá como abastecedor de
   • recursos y bienes, y la
   • misma viabilidad económica de la industria del ferrocarril se ve
   • también
   • amenazada en cuanto a si podrá cumplir el papel esencial que
   • le corresponde y
   • del que tanto depende la economía del Canadá. Una huelga en
   • esta industria
   • conduce a pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos
   • importantes, y la parte
   • que esta industria representa en el mercado y que ya ha
   • disminuido puede verse
   • gravemente perjudicada si los usuarios del ferrocarril buscan
   • otros medios de
   • transporte de bienes y productos, lo cual entraña una pérdida
   • de tráfico que a
   • veces es irreversible.
9. 384. En lo que se refiere más concretamente a las
   • negociaciones celebradas
10. en 1986 y 1987, el Gobierno pone de relieve la estructura
    • especialmente
    • compleja de las negociaciones en aquel entonces. Por parte de
    • los empleadores,
    • dos empresas importantes, Canadian National (CN) y Canadian
    • Pacific (CP),
    • decidieron participar conjuntamente en las negociaciones, pero
    • también
    • negociaron en nombre de sus filiales. Por parte de los
    • sindicatos, ARU
    • defendió los intereses del personal de trenes (mecánicos,
    • conductores y
    • empleados), los trabajadores ocupados en oficinas, almacenes,
    • operaciones de
    • mantenimiento de las vías y empleados de señales, así como
    • de dos sindicatos
    • de servicios afines (camioneros y electricistas). Para complicar el
    • asunto,
    • sólo siete de los nueve sindicatos afiliados negociaron con
    • ambas empresas por
    • conducto de ARU; los otros dos sindicatos participaron en las
    • negociaciones de
    • ARU con una empresa de ferrocarriles y por separado con la
    • otra. Según el
    • Gobierno, esta fragmentación por parte de los sindicatos creó
    • dificultades
    • evidentes para la negociación. El funcionario de conciliación
    • designado por el
    • Ministro de Trabajo estimó que la negociación era más compleja
    • de lo habitual,
    • en parte debido a la estructura de la negociación y en parte a
    • los puntos de
    • vista diametralmente opuestos de las partes en la negociación.
11. 385. Al comprobarse que el funcionario de conciliación no
    • podía ayudar a las
    • partes a llegar a un acuerdo, el Ministro, teniendo presente la
    • importancia de
    • la industria del ferrocarril para la economía del Canadá, designó
    • a un
    • comisionado de conciliación que también llegó a la conclusión
    • de que la
    • estructura de la negociación agravaba la solución de los temas
    • esenciales. En
    • su informe, publicado el 10 de agosto de 1987, consideró todos
    • los componentes
    • principales del conflicto y recomendó un convenio de dos años
    • con aumentos de
12. 3 por ciento cada año. Durante este período, al mismo tiempo
    • que aumentaba la
    • inquietud en el país, los medios de comunicación publicaban
    • abundantes
    • noticias sobre una huelga inminente, y la situación se agravó
    • con la
    • publicación del informe del comisionado de conciliación sobre
    • los conflictos
    • con otras unidades de negociación de los ferrocarriles y su
    • adquisición del
    • derecho de huelga.
13. 386. A petición de las partes interesadas, el Ministro designó a
    • un mediador
14. el 14 de agosto de 1987. Piquetes de huelga empezaron a
    • funcionar en algunos
    • lugares el 18 de agosto y ARU declaró una huelga nacional el
15. 23 de agosto,
    • después de la interrupción de las negociaciones a pesar de la
    • intervención del
    • mediador. En el primer día de la huelga, el Ministro envió un
    • telegrama a las
    • partes en el conflicto notificándoles que el Gobierno no podía ni
    • quería
    • tolerar el cierre del principal sistema de transportes del país y
    • pidiendo que
    • las comisiones de negociación reanudaran su actividad con
    • asistencia de su
    • Viceministro adjunto como último intento de mediación.
16. 387. Las reuniones empezaron en medio de lo que el Gobierno
    • considera como
    • "un diluvio de demandas en el país" y cita varios ejemplos de
    • las mismas. El
17. 27 de agosto, poco después de que el mediador anunciara que
    • no podía llegarse
    • a un acuerdo, el Ministro promulgó una legislación sobre
    • reanudación del
    • trabajo en forma de ley de 1987 sobre mantenimiento de los
    • servicios de
    • ferrocarril (proyecto de ley C-85), que la Cámara de Diputados
    • adoptó a las 2
    • de la mañana del 28 de agosto.
18. 388. El proyecto de ley C-85 disponía que al entrar en vigor la
    • parte I de
    • la ley (la única relacionada con esta queja) las empresas
    • ferrocarrileras
    • tenían que reanudar su actividad, y los trabajadores sindicados
    • en huelga se
    • obligaban a reasumir las obligaciones de su empleo. Los
    • convenios colectivos
    • que habían expirado se prolongaron hasta el 31 de diciembre
19. de 1988 para que
    • los trabajadores continuaran teniendo derecho a las
    • prestaciones y garantías
    • que ofrecían, y se designó un árbitro para resolver las
    • cuestiones en
    • conflicto entre las partes. La ley disponía además que las partes
    • tenían
    • derecho a ponerse de acuerdo para modificar toda disposición
    • del convenio
    • colectivo (distinta de su fecha de expiración) incluso una que
    • había
    • recomendado el árbitro. Se fijaban sanciones económicas para
    • los casos de
    • violación de la ley, aplicables tanto a los empleadores como a
    • los sindicatos.
20. 389. Después de la adopción del proyecto de ley C-85, las
    • dificultades que
    • entorpecían las negociaciones desde un principio continuaron
    • menoscabando un
    • diálogo constructivo y, finalmente, a pesar de que la legislación
    • hubiera
    • previsto que el procedimiento de arbitraje duraría solamente 60
    • días en total,
    • se precisaron casi 11 meses para resolver los problemas
    • creados por el
    • estancamiento original de la negociación. En el momento en
    • que se publicó el
    • laudo final, la vigencia del convenio colectivo en vigor sólo era
    • de cinco
    • meses y medio y las partes en el mismo tenían que reanudar las
    • negociaciones
    • en un plazo inferior a tres meses. Es imposible determinar si el
    • período que
    • fue necesario para resolver estas seis cuestiones debe atribuirse
    • a su
    • complejidad o a la incapacidad de las partes para hacer un
    • esfuerzo sincero y
    • resolverlas antes de recurrir a la huelga. Sin embargo, es
    • evidente que de no
    • haber intervenido el Gobierno las partes estaban dispuestas a
    • imponer a la
    • población del país los efectos devastadores de una huelga
    • prolongada en razón
    • de sus divergencias personales.
21. 390. Finalmente, el Gobierno estima que los ferrocarriles
    • siempre han sido y
    • continúan siendo muy importantes para el bienestar de la
    • población del Canadá.
    • La existencia de muchas comunidades pequeñas depende de
    • los ferrocarriles. Los
    • productores de varios bienes esenciales, como los productores
    • de grano de la
    • zona occidental, sólo tienen esta posibilidad para asegurar el
    • transporte de
    • sus productos a los mercados. En los grandes centros urbanos,
    • los servicios de
    • transporte entre el lugar de trabajo y el de residencia son
    • esenciales para
    • muchas personas. En razón de la interdependencia de la red de
    • transportes
    • canadienses, el empleo de trabajadores en otras industrias
    • depende del buen
    • funcionamiento de los ferrocarriles. Las pérdidas de ingresos
    • personales a que
    • se exponen estas personas como consecuencia de una huelga
    • de los ferrocarriles
    • no pueden recuperarse fácilmente cuando termina el conflicto.
    • Por
    • consiguiente, una huelga en los ferrocarriles tiene efectos de
    • gran alcance en
    • la vida de otros muchos canadienses.
22. 391. El Gobierno ha hecho lo posible por conseguir una
    • solución negociada
    • designando a un funcionario de conciliación, un comisionado de
    • conciliación y
    • un mediador. Por otra parte, el Ministro dió a las partes en la
    • negociación
    • una última oportunidad de resolver sus divergencias mediante la
    • negociación al
    • ofrecerles la asistencia de su Viceministro adjunto, pero nada
    • indica que una
    • de las partes estuviera dispuesta a modificar su punto de vista
    • por larga que
    • fuera la duración de la huelga.
23. 392. El Gobierno siempre ha abogado y continúa abogando
    • por una negociación
    • colectiva libre, pero se vio obligado a intervenir en el derecho
    • de las partes
    • a negociar libremente sus convenios colectivos por
    • consideraciones de
    • bienestar general de los demás miembros de la sociedad y de su
    • derecho a una
    • vida normal. Habida cuenta de las pruebas existentes, era
    • improbable que las
    • partes consiguieran llegar a una solución negociada en un
    • futuro previsible y
    • el Gobierno se vio obligado a intervenir en defensa del interés
    • público. La
    • ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril
    • se elaboró de
    • manera que interviniera lo menos posible en las relaciones entre
    • las partes
    • interesadas. El derecho de huelga sólo se suspendió
    • temporalmente y los
    • convenios colectivos se prolongaron solamente hasta el 31 de
    • diciembre de
24. 1988, es decir, por un período de unos 16 meses. Las partes
    • tuvieron derecho a
    • presentar peticiones de negociación para su renovación en
    • cualquier momento
    • después del 1 de octubre de 1988. Se designó a un árbitro para
    • resolver los
    • asuntos pendientes en el conflicto entre las partes, y sus laudos
    • sobre varias
    • cuestiones se publicaron entre febrero y julio de 1988. Incluso
    • durante la
    • vigencia de la prolongación de los convenios colectivos, las
    • partes tuvieron
    • la posibilidad de ponerse mutuamente de acuerdo para modificar
    • cualesquiera de
    • sus disposiciones.
25. 393. El Gobierno reconoce que la ley de 1987 sobre
    • mantenimiento de los
    • servicios de ferrocarril limita temporalmente el derecho de huelga
    • de los
    • Sindicatos Asociados de Ferrocarriles. Sin embargo, estima que
    • estos límites
    • se ajustaban y se ajustan a los principios generales, ratificados
    • por el
    • Canadá, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
    • Sociales y Culturales
    • y del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
    • derecho de
    • sindicación, 1948 (núm. 87). La única finalidad del Gobierno al
    • promulgar esta
    • legislación fue proteger el bienestar de amplios estratos de la
    • población del
    • Canadá contra los efectos perjudiciales graves de un conflicto
    • que las partes
    • en el mismo habían demostrado ser incapaces de resolver por
    • sí mismas.

C. Conclusiones del Comité

1. 394. El querellante alega que el Gobierno ha violado el
   • derecho de huelga de
   • los trabajadores de ferrocarriles del Canadá al adoptar la ley de
2. 1987 sobre
   • mantenimiento de los servicios de ferrocarril. Por su parte, el
   • Gobierno
   • subraya los efectos devastadores que tendría una huelga
   • general prolongada en
   • muchos sectores esenciales de la economía del Canadá:
   • declara que su único
   • objetivo era proteger el bienestar de amplios estratos de la
   • población y que
   • se vio obligado a actuar para el bien público.
3. 395. El Comité toma nota de que el querellante y el Gobierno
   • están en
   • general de acuerdo sobre los acontecimientos que condujeron
   • en agosto de 1987
   • a la declaración de la huelga y a la adopción de una legislación
   • sobre
   • reanudación del trabajo, aunque el Gobierno critique a las
   • partes interesadas
   • por su actitud intransigente y su incapacidad para negociar un
   • acuerdo, así
   • como, en menor grado, la complejidad de la estructura de las
   • negociaciones. El
   • Comité advierte que el Gobierno utilizó todos los medios legales
   • de que
   • disponía para promover una solución negociada pero que no lo
   • consiguió. Sean
   • cuales fueren los motivos subyacentes inmediatos del conflicto,
   • el Comité toma
   • nota de que ARU, plenamente de conformidad con el Código de
   • Trabajo del
   • Canadá, declaró el 24 de agosto de 1987 una huelga legal que
   • duró cinco días
   • hasta que el proyecto de ley sobre mantenimiento de los
   • servicios de
   • ferrocarril se convirtió en ley.
4. 396. Hace ya mucho tiempo que el Comité estableció el
   • principio de que el
   • derecho de huelga es uno de los medios legítimos y esenciales
   • al que pueden
   • recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus
   • intereses
   • económicos y sociales (Recopilación de decisiones y principios
   • del Comité de
   • Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT,
   • tercera edición,
   • párrafos 362 y 363).
5. 397. También se ha establecido firmemente que la imposición
   • por vía
   • legislativa del arbitraje obligatorio en sustitución de la huelga
   • como medio
   • de solución de los conflictos de trabajo sólo podría justificarse
   • en el marco
   • de un número limitado de situaciones: funcionarios públicos o
   • trabajadores de
   • los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es
   • decir,
   • aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la
   • vida, la
   • seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
   • población
   • (Recopilación, párrafo 387), a reserva de que estos trabajadores
   • tengan acceso
   • a procedimientos adecuados, como la conciliación y el arbitraje,
   • en los que
   • las partes interesadas puedan participar en todas las etapas y
   • en que los
   • fallos sean de obligado cumplimiento para ambas partes y se
   • cumplan plena y
   • prontamente (202. informe, caso núm. 971, párrafo 210,
   • Canadá).
6. 398. El Comité ya ha tenido que examinar si una actividad o
   • empresa dada
   • constituye un servicio esencial con arreglo al criterio arriba
   • mencionado. No
   • hay ni puede haber una norma régida e inmediata que permita
   • determinarlo: lo
   • que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto
   • de la palabra
   • depende en gran medida de las condiciones propias de cada
   • país. Por otra
   • parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no
   • esencial puede
   • convertirse en servicio esencial cuando la duración de una
   • huelga rebasa
   • cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la
   • seguridad de
   • la persona o la salud de toda o parte de la población. El Comité
   • ha declarado
   • ya en el pasado que las huelgas pueden limitarse e incluso
   • prohibirse en la
   • función pública, los servicios esenciales o un sector clave para
   • la economía
   • del país, porque - y en la medida en que - un paro de trabajo
   • puede provocar
   • graves perjuicios para la colectividad nacional (194. informe,
   • caso núm. 893,
   • párrafo 114, Canadá, Alberta). Más recientemente, el Comité ha
   • reiterado en
   • los términos siguientes este principio fundamental, en un caso
   • relativo a
   • Colombia Británica: cuando la suspensión total y prolongada del
   • trabajo de un
   • sector importante de la economía pueda provocar una situación
   • que ponga en
   • peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, podría
   • ser legítimo
   • impartir a determinada categoría de personal la orden de
   • reanudar el trabajo
   • si, por su magnitud y duración, la huelga pudiera provocar dicha
   • situación. En
   • cambio, exigir que se reanude el trabajo en los casos no
   • comprendidos bajo
   • esta condición es contrario a los principios de la libertad sindical
   • (caso
   • núm. 1430, 256. informe, párrafo 189) . El Comité también
   • recuerda que en
   • varias ocasiones ha llegado a la conclusión de que los
   • transportes no pueden,
   • en general, incluirse en la categoría de los servicios esenciales
   • (Recopilación, párrafo 407).
7. 399. En este caso, los argumentos del Gobierno se basan
   • esencialmente en
   • consideraciones económicas. Reconoce abiertamente que la
   • ley de 1987 sobre
   • mantenimiento de los servicios de ferrocarril limita temporalmente
   • el derecho
   • de huelga que se reconoce a los miembros de los Sindicatos
   • Asociados de
   • Ferrocarriles, pero aduce que se vio obligado a actuar para el
   • bien público.
   • Es indudable que fuertes presiones del público obligaron al
   • Gobierno a adoptar
   • la legislación sobre reanudación del trabajo, pero el Comité
   • recuerda que
   • rechazó argumentos económicos análogos en casos
   • comparables aunque no
   • idínticos (217. informe, caso núm. 1099, párrafo 470;234.
   • informe, caso núm.
8. 1255, párrafo 190, Noruega) y en un caso relativo al servicio de
   • correos del
   • Canadá (202. informe, caso núm. 931, párrafo 211).
9. 400. Por otra parte, en el presente caso sólo se permitió que la
   • huelga
   • durara cinco días antes de que el Gobierno decidiera adoptar
   • una legislación
   • sobre reanudación del trabajo. La ley limitó con carácter
   • inmediato una huelga
   • declarada de conformidad con la legislación, a saber, el
   • derecho de huelga
   • garantizado a los trabajadores de los servicios de ferrocarriles
   • por la
   • legislación federal. En todo caso, y a pesar del período de casi
   • once meses
   • que fue necesario después de la promulgación de la ley para
   • resolver los
   • problemas creados por el callejón sin salida a que se había
   • llegado en un
   • principio, la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de
   • ferrocarril
   • no parece contribuir al establecimiento de relaciones de trabajo
   • armoniosas,
   • que deberían basarse en un marco legislativo estable y seguro
   • que respete los
   • principios de la libertad sindical.
10. 401. El Comité comprende, dada la situación especial de los
    • transportes por
    • ferrocarril en el Canadá, que una suspensión total y prolongada
    • de los
    • servicios de ferrocarril puede conducir a una situación de grave
    • urgencia
    • nacional que puede poner en peligro el bienestar de la
    • población y, en
    • determinadas circunstancias, justificar la intervención del
    • Gobierno, por
    • ejemplo mediante el establecimiento de un servicio ménimo. A
    • ese respecto,
    • tanto el Comité como la Comisión de Expertos han estimado en
    • ocasiones
    • anteriores que parece legítimo que un servicio ménimo pueda
    • establecerse en
    • casos de huelgas cuya extensión y duración pudieran provocar
    • una situación de
    • crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de
    • existencia de la
    • población podrían estar en peligro. Para ser aceptable, un
    • servicio ménimo
    • debería limitarse a las operaciones estrictamente necesarias
    • para no
    • comprometer la vida o las condiciones normales de existencia
    • de toda o parte
    • de la población y debería posibilitar, por otra parte, en lo que se
    • refiere a
    • su determinación, la participación de las organizaciones de
    • trabajadores así
    • como de los empleadores y de las autoridades públicas
    • (Recopilación, párrafo
11. 415; Estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación
    • de Convenios y
    • Recomendaciones "Libertad Sindical y Negociación Colectiva",
    • OIT, 1983,
    • párrafo 215). Como el Comité ha puesto de relieve en un caso
    • reciente, la
    • participación de los empleadores y de los trabajadores en la
    • definición de los
    • servicios esenciales no sólo permite un intercambio detenido de
    • puntos de
    • vista sobre lo que en una situación concreta puede
    • considerarse como servicios
    • ménimos limitados a lo estrictamente indispensable, sino que
    • también
    • contribuye a garantizar que el alcance de los servicios ménimos
    • no tenga por
    • resultado que la huelga sea inoperante en la práctica en razón
    • de su escaso
    • impacto, así como disipar posibles impresiones de las
    • organizaciones
    • sindicales en el sentido de que una acción de huelga se ha
    • visto frustrada en
    • razón de servicios ménimos concedidos demasiado ampliamente
    • y fijados
    • unilateralmente (caso núm. 1392, España, 244. informe, párrafo
12. 154).