Interim Report - Report No 259, November 1988

1. 679. Por medio de una carta de 15 de diciembre de 1987 la
   • Confederación
   • Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
   • presentó alegatos
   • por violación de los derechos sindicales contra el Gobierno de
   • Indonesia. El
   • Gobierno facilitó sus observaciones sobre el caso en una
   • comunicación de 28 de
   • mayo de 1988.
2. 680. Indonesia no ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha
   • ratificado, en
   • cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
   • negociación
   • colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 681. En su carta de 15 de diciembre de 1987, la CIOSL
   • recuerda que en varias
   • ocasiones en el curso de los últimos años ha expresado su
   • profunda
   • preocupación por las continuas restricciones impuestas a los
   • derechos
   • sindicales básicos en Indonesia, entre ellas la injerencia cada
   • vez mayor de
   • las autoridades y empleadores en las actividades sindicales,
   • importantes
   • restricciones a la negociación colectiva y al derecho de huelga,
   • y, en
   • particular, la denegación del derecho a organizarse
   • sindicalmente en el
   • servicio público, las corporaciones públicas y las empresas que
   • son propiedad
   • total o parcial del Gobierno central o de las autoridades
   • regionales o
   • locales. A este respecto, la CIOSL se remite a la misión de alto
   • nivel que
   • envió a Indonesia a comienzos de 1984 y a una carta detallada
   • que envió al
   • Presidente de la República de Indonesia el 5 de diciembre de
2. 1984.
   • Lamentablemente, señala la CIOSL, la respuesta (de fecha 25
   • de junio de 1985)
   • no contenía ningún compromiso por parte del Gobierno de
   • levantar las
   • restricciones que pesaban sobre los derechos sindicales para
   • adecuarse a las
   • normas sobre libertad sindical internacionalmente reconocidas.
   • Como pese a
   • ello la situación no ha mejorado, la CIOSL se ve obligada a
   • dirigirse al
   • Comité de Libertad Sindical de la OIT.
3. 682. El querellante observa en primer lugar que en numerosas
   • ocasiones la
   • Comisión de Expertos de la OIT ha planteado diversas
   • cuestiones sobre la
   • aplicación por parte de Indonesia del Convenio núm. 98 y ha
   • pedido al Gobierno
   • que suprimiese las restricciones legislativas que pesaban sobre
   • el derecho a
   • organizarse y negociar colectivamente. Por ejemplo, en 1979 la
   • Comisión de
   • Expertos consideró que la protección contra la discriminación
   • antisindical (en
   • la ley núm. 21 de 1954) es sumamente limitada y no satisface los
   • requisitos
   • establecidos por el Convenio núm. 98. En 1982 y en años
   • posteriores, con
   • referencia a la ley núm. 14 de 1969 (principios básicos sobre la
   • mano de
     • obra), la Comisión de Expertos pidió al Gobierno que tomara las
   • medidas
   • necesarias para asegurar que la protección contra todo acto de
   • discriminación
   • antisindical, tanto en el momento de la contratación como
   • durante la vigencia
   • del contrato de trabajo, se efectuara de acuerdo con el artículo
4. 1 del
   • Convenio. En 1986 y 1987, la Comisión de Expertos reiteró su
   • observación de
   • que la finalidad del artículo 1, párrafo 3, de la ley núm. 21 de
5. 1954 "parecía
   • estar destinada más bien a proteger al empleador contra una
   • actitud
   • 'dictatorial' de un sindicato, como lo expresa por otra parte el
   • texto
   • aclaratorio anexo a la ley (es decir, a excluir todo sistema de
   • seguridad
   • sindical), que a proteger a los trabajadores contra los actos de
   • discriminación antisindical en el sentido del artículo 1".
6. 683. El querellante menciona también otras cuestiones de las
   • que se ocupó la
   • Comisión de Expertos, por ejemplo: el reglamento núm. 49 de
7. 1954 y el
   • reglamento ministerial ER-01/MEN/1975. El querellante señala
   • que, por lo que
   • se refiere al registro de sindicatos y la negociación colectiva
   • (limitada a
   • las federaciones que cubren al menos 20 provincias y
   • comprenden 15 sindicatos)
   • , dichos reglamentos se hallan en conflicto con las obligaciones
   • que recaen
   • sobre el Gobierno según lo dispuesto en el artículo 4 del
   • Convenio núm. 98,
   • esto es, estimular y fomentar la negociación colectiva.
8. 684. Según la CIOSL, además de estas restricciones el
   • derecho de huelga
   • tropieza con serias limitaciones en Indonesia. En numerosos
   • sectores y
   • empresas el recurso a la huelga se halla sencillamente
   • prohibido. Por la
   • decisión presidencial núm. 7 de 1963 se excluyen determinadas
   • industrias,
   • proyectos y departamentos gubernamentales del derecho de
   • huelga, y a este
   • respecto la decisión presidencial núm. 123 de 1963 enumera 27
   • empresas
   • estatales y privadas, 14 departamentos y bancos
   • gubernamentales y 20 proyectos
   • de desarrollo.
9. 685. El querellante señala que la extensión de la lista de
   • sectores y
   • empresas en que está prohibida la huelga excede con mucho lo
   • que puede
   • considerarse servicios esenciales en el sentido estricto del
   • término. Según la
   • CIOSL, no sólo se incluyen departamentos gubernamentales
   • (como las
   • comunicaciones por vía aérea y marítima, ferrocarriles, puertos,
   • transportes,
   • aviación civil, radio, correos y telígrafos), sino también empresas
   • estatales
   • (como las de suministro de petróleo, gas y electricidad, la
   • minería en
   • general, las minas de estaño y de carbón, las industrias
   • quémicas y
   • farmacéuticas, la maquinaria elíctrica, y las plantaciones de
   • azúcar, caucho y
   • tabaco), proyectos de desarrollo, varias empresas privadas y
   • bancos. Entre
   • los proyectos de desarrollo se incluyen el proyecto Jatiluhur para
   • el
   • suministro de agua y energía hidráulica, la carretera Kalimantan,
   • la planta de
   • fertilizantes Sriwijaya en Palembang, varios hoteles de turismo,
   • los grandes
   • almacenes Sarinah, el parque de atracciones Ancol en Yakarta
   • y el aeropuerto
   • Tuban en Bali. Entre los bancos cabe señalar el Banco de
   • Indonesia, el Banco
   • de Desarrollo de Indonesia y el Banco Estatal de Indonesia.
   • Entre las empresas
   • privadas extranjeras se encuentran la Shell, la Caltex, la
   • Goodyear Tyre y la
   • Dunlop Rubber. Además, rige un sistema de arbitraje obligatorio
   • para otros
   • sectores económicos y empresas privadas en cumplimiento de
   • la ley núm. 22 de
10. 1957, que hace prácticamente imposible el recurso a la huelga.
11. 686. El querellante señala que la violación más importante de
    • los derechos
    • sindicales es la negación del derecho de los trabajadores a
    • organizarse en el
    • servicio público (incluidos los sectores de la educación y la
    • asistencia
    • sanitaria), las empresas públicas y aquellas otras empresas en
    • que participa
    • el Estado.
12. 687. En 1970, explica la CIOSL, todo el personal que prestaba
    • servicios en
    • la administración civil del Departamento del Interior fue
    • designado
    • automáticamente miembro del "Kokarmendragi" (cuerpo de
    • funcionarios del
    • Departamento del Interior), bajo la amenaza de despido en caso
    • de no aceptar.
    • En virtud de tal medida los funcionarios públicos del Ministerio
    • deben prestar
    • un apoyo organizativo al partido que asume el poder. En 1971
    • se crearon
    • organizaciones similares en la mayoría de los ministerios
    • públicos. La
    • prohibición de organizarse sindicalmente se plasmó formalmente
    • en el decreto
    • presidencial núm. 82 de 1971, en el que se estipula que los
    • funcionarios
    • públicos estarán representados por una única organización, la
    • KORPRI. Pero
    • según la CIOSL, de acuerdo con los reglamentos en vigor la
    • KORPRI no lleva a
    • cabo funciones sindicales ni puede realizarlas. El comité central
    • de la KORPRI
    • está presidido por el Ministro del Interior. A juicio de la CIOSL, la
    • afiliación obligatoria a la KORPRI de todos los funcionarios
    • públicos de
    • Indonesia significa una negación del derecho a la libre
    • sindicación, por lo
    • que constituye una grave violación de los principios de la
    • libertad sindical.
    • Según añade, de acuerdo con el reglamento del Gobierno núm.
13. 6 de 1974 todos
    • los empleados estatales, ya sean a nivel nacional o regional,
    • son funcionarios
    • públicos, al igual que quienes trabajan en empresas que
    • dependen total o
    • parcialmente del Estado. En el reglamento y los estatutos de la
    • KORPRI,
    • confirmados por el decreto presidencial núm. 4 de 1984, se
    • amplía la
    • definición de funcionarios públicos hasta incluir a aquellas
    • personas que
    • trabajan en empresas privadas en las que participa el Gobierno.
14. 688. El querellante hace notar que las empresas en las que el
    • Gobierno o las
    • autoridades regionales tienen una participación - y en las que,
    • por tanto,
    • los trabajadores no pueden ejercer el derecho de libertad
    • sindical - se
    • encuentran entre las mayores de Indonesia, operando en
    • sectores como la
    • siderurgia (por ejemplo, las acerías Krakatau), el petróleo y el
    • gas natural y
    • sus subcontratistas (por ejemplo, Caltex), la minería del estaño
    • (por ejemplo,
    • PT TIMAH), la aviación (por ejemplo, PT Nusantara), las
    • industrias quémicas y
    • del cemento (por ejemplo, Indocement), el transporte, la
    • importación y la
    • exportación, la banca y las plantaciones agrícolas.
15. 689. Otro grupo de trabajadores que no puede constituir un
    • sindicato es el
    • integrado por el millón y medio de educadores que trabajan en
    • las escuelas
    • públicas y privadas de Indonesia. Según la CIOSL, la
    • asociación del personal
    • docente Persuatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) no puede
    • negociar en la
    • práctica las condiciones de empleo de los educadores. Otros
    • ejemplos
    • importantes de la negación de los derechos sindicales en los
    • sectores públicos
    • lo constituye la reducción hace unos años del PKBA - sindicato
    • de los
    • trabajadores ferroviarios - y el SSPT - sindicato de los
    • trabajadores de
    • correos - a meras organizaciones asistenciales de los
    • trabajadores, sin poder
    • realizar funciones sindicales tépicas como la negociación
    • colectiva.
16. 690. En conclusión, el querellante alega que más de la mitad
    • de los
    • trabajadores de Indonesia se ven, de este modo, privados del
    • derecho a crear
    • sindicatos o afiliarse a aquellos que estimen más convenientes y
    • a dirigir
    • libremente la actividad de dichas organizaciones.
    • B. Respuesta del Gobierno
17. 691. En su carta de 28 de mayo de 1988, el Gobierno señala
    • que hoy día en el
    • mundo libre los principios y prácticas de cualquier sistema de
    • relaciones
    • laborales deben basarse en los valores socioculturales, los
    • imperativos
    • económicos y la estructura industrial y comercial de cada país.
    • A este
    • respecto, Indonesia no difiere de cualquier otro país pues en él
    • los derechos
    • humanos, sobre todo la libertad de expresión y otros derechos
    • análogos, se
    • practican libremente. Ahora bien, señala el Gobierno, Indonesia
    • ha
    • desarrollado una filosofía propia en la materia que se basa en
    • una serie de
    • principios globalmente aceptables y adaptados para satisfacer
    • los ideales
    • nacionales, la herencia cultural y los objetivos políticos de la
    • República y
    • su población indígena. Esta política se halla plasmada en los
    • estatutos del
    • sistema de relaciones laborales de Indonesia conocido por el
    • nombre de
    • "Pancasila" (PIR).
18. 692. El Gobierno explica que en un primer momento el país
    • experimentó los
    • resultados sumamente negativos de diversos sistemas de
    • relaciones laborales
    • basados en otros principios. Al adoptarse tales sistemas se
    • fomentaron
    • diversos ideales políticos que no perseguían el bien común y no
    • podían ser la
    • base sobre la que edificar unas buenas relaciones consultivas,
    • que constituyen
    • la esencia misma de la paz laboral y la prosperidad de los
    • trabajadores. Por
    • otro lado, durante dicho período Indonesia experimentó un
    • crecimiento excesivo
    • de los precios, una competencia desleal y un elevado número
    • de conflictos
    • laborales a nivel de planta que contribuyeron a crear un clima
    • general de
    • malestar que no podía perpetuarse.
19. 693. Según el Gobierno, el PIR respalda plenamente los
    • principios de
    • libertad sindical de acuerdo con la Constitución de 1945 y la ley
    • núm. 14 de
20. 1969. Para fomentar tales ideales, incluida la negociación
    • colectiva, el PIR
    • estipula que deberían elaborarse acuerdos de trabajo
    • convenidos mutuamente o
    • convenios colectivos con el fin de aplicar todas las normas y
    • reglamentos.
    • Desde la creación del PIR se han experimentado importantes
    • progresos y se ha
    • registrado una mejora sensible de las condiciones de trabajo,
    • como lo reflejan
    • las siguientes cifras: a) la creación de 4 800 sindicatos a nivel
    • de planta;
      • b) la elaboración de 4 500 acuerdos de trabajo convenidos
    • mutuamente en
    • diversos marcos laborales; c) la creación de 2 200 órganos de
    • carácter
    • bipartito a nivel de planta, y d) la elaboración de 1 500
    • reglamentos de
    • empresa.
21. 694. El Gobierno señala que las condiciones de empleo,
    • incluidas las
    • estructuras salariales, de los trabajadores del sector público se
    • hallan
    • reguladas por leyes y reglamentos especiales. Por tal razón, no
    • son aplicables
    • los convenios colectivos en el marco del mandato sindical. A
    • este respecto,
    • estima que la asociación de funcionarios públicos recientemente
    • creada, la
    • KORPRI, constituye un buen canal para la negociación y
    • comunicación entre las
    • distintas categorías de funcionarios públicos y el Gobierno. En
    • efecto, la
    • KORPRI ha creado una oficina especial que se ocupa de todas
    • las cuestiones en
    • materia de conflictos, así como de cualesquiera otras que
    • puedan surgir entre
    • los trabajadores y los empleadores del sector público.
22. 695. El Gobierno reconoce, que a tenor de lo dispuesto en el
    • decreto
    • presidencial núm. 7 de 1963, cualquier tipo de huelga se halla
    • expresamente
    • prohibido. Ahora bien, este decreto se aplica sólo a los llamados
    • "sectores
    • vitales", es decir, a aquellos organismos que prestan servicios
    • públicos que
    • si no se prestaran tendrían consecuencias perjudiciales para la
    • comunidad en
    • general. El Gobierno estima que antes de recurrir a la huelga, las
    • partes
    • implicadas en un conflicto deben tratar por todos los medios
    • posibles de
    • llegar a un acuerdo. La huelga es el último recurso que cabe
    • adoptar y debe
    • evitarse siempre que se pueda, de ahí las limitaciones
    • impuestas a la misma
    • según el Gobierno.
23. 696. Por lo que se refiere al personal docente en la República
    • de Indonesia,
    • el Gobierno explica que éste se halla dividido en dos
    • categorías: los
    • educadores empleados en las escuelas públicas, cuyas
    • condiciones de servicio
    • son exactamente iguales que las de los funcionarios públicos; y
    • la de aquellos
    • que trabajan en las escuelas privadas, cuyos sueldos y
    • condiciones de servicio
    • se negocian por los empleadores del sector. Ahora bien, la
    • mayoría de las
    • escuelas dependen de fundaciones que en principio no tienen
    • un fin lucrativo.
    • Subraya que si alguien desea afiliarse a una asociación goza de
    • entera
    • libertad para hacerlo. Los miembros de cualquier organización
    • ejercen
    • libremente sus prerrogativas respecto de la libertad de expresión
    • y derechos
    • análogos. Por otro lado, el Gobierno hace notar que en
    • Indonesia los
    • educadores gozan de una alta posición social que es
    • reconocida por la
    • comunidad en general y, por tanto, de un gran prestigio.

C. Conclusiones del Comité

1. 697. El presente caso se refiere a un alegato general de
   • restricciones de
   • los derechos sindicales básicos en Indonesia basado en las
   • siguientes críticas
   • de la legislación sobre relaciones laborales: 1) prohibición del
   • derecho a
   • organizarse sindicalmente para todos los funcionarios públicos,
   • educadores y
   • empleados de empresas propiedad del Gobierno o controladas
   • por éste; 2) una
   • protección insuficiente frente a la discriminación antisindical e
   • injerencias
   • en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Convenio
   • núm. 98; 3)
   • restricciones a la negociación colectiva en contra de lo
   • dispuesto en el
   • artículo 4 del Convenio núm. 98; 4) restricciones al ejercicio del
   • derecho de
   • huelga.
2. 698. En cuanto al primer alegato que se refiere
   • específicamente a los
   • funcionarios públicos, el Comité toma nota de la respuesta del
   • Gobierno, según
   • la cual como las condiciones de empleo para los empleados del
   • sector público
   • vienen determinadas por leyes y reglamentos especiales, no
   • cabe el recurso a
   • los convenios colectivos entendido como función sindical; al
   • mismo tiempo, el
   • Gobierno señala la existencia de una asociación única de
   • funcionarios
   • públicos, KORPRI, organismo al que se reconoce un papel
   • negociador entre los
   • funcionarios públicos y su empleador, el Gobierno. El Comité
   • toma nota de la
   • afirmación general del Gobierno según la cual los principios de
   • la libertad
   • sindical se hallan recogidos en la legislación indonesia, si bien
   • lamenta que
   • no haya facilitado información sobre la asociación de
   • funcionarios públicos
   • KORPRI, en especial sobre el influyente papel que
   • presuntamente desempeñan en
   • la misma las autoridades, evidenciado por el hecho de que el
   • Ministro del
   • Interior ocupa la presidencia del comité central de la KORPRI.
   • Pide, pues, al
   • Gobierno que le facilite dicha información, en especial sobre las
   • actividades
   • que la asociación lleva a cabo para promover y fomentar los
   • intereses de sus
   • miembros.
3. 699. De igual modo, por lo que se refiere a la presunta
   • negación del derecho
   • a organizarse sindicalmente de los empleados de las sociedades
   • propiedad del
   • Gobierno o controladas por éste, las empresas estatales y el
   • personal docente,
   • el Comité toma nota de la afirmación general del Gobierno según
   • la cual la
   • libertad sindical existe y que, por lo que respecta al personal
   • docente en
   • particular, quienquiera que desee afiliarse a una asociación
   • puede hacerlo con
   • entera libertad. Ahora bien, por lo que respecta a la situación de
   • los
   • funcionarios públicos descrita en el párrafo anterior, el Comité
   • estima que
   • tales asociaciones no persiguen objetivos sindicales. En
   • consecuencia, pide al
   • Gobierno que le facilite información adicional sobre las
   • asociaciones del
   • personal docente que existan, en especial sobre las actividades
   • de la
   • Persuatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) a quien, según
   • alega el querellante,
   • no se les permite en la práctica entablar proceso de
   • negociación colectiva.
4. 700. El Comité recuerda en términos generales y en relación
   • con este prime
   • alegato que los principios de libertad sindical se aplican a todos
   • los
   • trabajadores sin ninguna distinción, tanto en el sector privado
   • como en el
   • público, ya que ambas categorías deberían poder constituir las
   • organizaciones
   • que estimen convenientes para la promoción y defensa de los
   • intereses de sus
   • miembros. (Véase Recopilación de decisiones y principios,
   • párrafos 213 y 214.)
   • En particular, el Comité señala a la atención del Gobierno que el
   • no reconocer
   • a los trabajadores del sector público el derecho que tienen los
   • trabajadores
   • del sector privado a crear sindicatos - con el resultado de que
   • sus
   • "asociaciones" no gozan de las mismas ventajas y privilegios
   • que los
   • "sindicatos" - supone una discriminación con respecto a los
   • trabajadores del
   • sector público y de sus organizaciones frente a los del sector
   • privado y sus
   • organizaciones. Tal situación plantea la cuestión de la
   • compatibilidad y de
   • sus distinciones con los principios de la libertad sindical. (Véase
   • Recopilación, párrafo 216.)
5. 701. El Comité toma nota de que el decreto presidencial núm.
6. 82 de 1971
   • precisa que sólo habrá una asociación para funcionarios
   • públicos, la KORPRI, y
   • que diversas disposiciones legislativas más amplían la definición
   • de
   • funcionarios públicos hasta cubrir un amplio segmento de la
   • población
   • trabajadora. El Comité reconoce que, según el querellante,
   • existen otras
   • organizaciones en el sector público (PKBA para los ferroviarios,
   • SSPT para los
   • empleados de correos, PGRI para el personal docente), si bien
   • no disfrutan de
   • la condición propia de los sindicatos y, en la práctica, no
   • pueden participar
   • en funciones sindicales tépicas, como la negociación colectiva.
   • En cuanto al
   • importante papel que se reconoce a la KORPRI por la
   • legislación, el Comité
   • desea recordar que una situación en la que se niega a un
   • individuo toda
   • posibilidad de elección entre distintas organizaciones, porque la
   • legislación
   • sólo permite la existencia de una sola en la rama profesional en
   • la que el
   • interesado ejerce su actividad, es incompatible con los
   • principios de la
   • libertad sindical. (Véase Recopilación, párrafo 226.) El Comité
   • pide, pues, al
   • Gobierno que revise la legislación con el fin de que los
   • funcionarios públicos
   • puedan afiliarse a aquellas organizaciones que estimen
   • convenientes.
7. 702. En cuanto a los contra la discriminación antisindical con
   • objeto de
   • garantizar la protección de los trabajadores, tanto en el
   • momento de su
   • contratación como en el curso del empleo, contra cualesquiera
   • actos
   • perjudiciales realizados por los empleadores o cualquier
   • injerencia por parte
   • de las organizaciones de éstos en la creación de
   • organizaciones de
   • trabajadores. El Comité toma asimismo nota de que en el
   • presente caso el
   • Gobierno se refiere explícitamente, tras negar en términos
   • generales los
   • alegatos, a la filosofía Pancasila en la que descansa el sistema
   • de relaciones
   • laborales del país. Si bien toma nota de los cinco principios en
   • que ésta se
   • basa - creencia en Dios, nacionalismo, humanismo, democracia,
   • justicia social
     • -, el Comité reitera la petición hecha por la Comisión de Expertos
   • de que se
   • adopten nuevas disposiciones específicas para asegurar la
   • plena conformidad
   • con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98.
8. 703. En cuanto a las presuntas restricciones sobre la
   • negociación colectiva,
   • en contra de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio núm. 98,
   • el Comité
   • toma nota de que, además de referirse a las críticas expresadas
   • por la
   • Comisión de Expertos, el querellante alega que las asociaciones
   • de
   • trabajadores en Indonesia no pueden en la práctica llevar a
   • cabo actividades
   • sindicales como la negociación colectiva. Si bien el Gobierno
   • facilita ciertas
   • estadísticas sobre la elaboración de 4 500 convenios colectivos
9. y 1 500
   • reglamentos de empresa (que son obligatorios para aquellas
   • empresas que
   • emplean a 25 o más trabajadores, aun cuando se subordinan a
   • los convenios
   • colectivos según el reglamento ministerial núm.
10. PER-02/MEN/1978), el Comité
    • advierte que no se especifican los sectores de que se trata. Por
    • otro lado, y
    • pese a la participación potencial de la KORPRI en las
    • negociaciones, el Comité
    • observa con preocupación que el Gobierno indica claramente
    • que las condiciones
    • de empleo para los trabajadores del sector público se hallan
    • reguladas por
    • leyes especiales, por lo que no son aplicables los convenios
    • colectivos.
11. 704. En tales circunstancias, el Comité apoya los comentarios
    • de la Comisión
    • de Expertos sobre los requisitos del artículo 4 de estimular y
    • fomentar el
    • pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación
    • voluntaria, con objeto
    • de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las
    • condiciones de empleo.
    • Desea señalar asimismo a la atención del Gobierno el artículo 6
    • del Convenio
    • núm. 98, según el cual sólo los funcionarios públicos que sirven
    • a la
    • administración del Estado no se hallan cubiertos por las
    • disposiciones del
    • Convenio.
12. 705. El Comité señala este caso a la atención de la Comisión
    • de Expertos por
    • lo que respecta a los artículos 1, 2 y 4 del Convenio núm. 98.
13. 706. Por último, y por lo que respecta a las presuntas
    • restricciones del
    • derecho de huelga, el Comité toma nota con preocupación de la
    • lista sumamente
    • extensa de servicios e industrias no esenciales que se recoge
    • en la decisión
    • presidencial núm. 123 de 1963 por la que se prohíben las
    • huelgas. El Comité
    • toma nota del alegato del Gobierno según el cual la no
    • prestación de dichos
    • servicios puede ser perjudicial para la vida humana, por lo que
    • sólo debe
    • recurrirse a la huelga en última instancia. A este respecto,
    • señala a la
    • atención del Gobierno el principio de que las huelgas sólo
    • pueden
    • restringirse, o incluso prohibirse, en servicios esenciales en el
    • sentido
    • estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya
    • interrupción podría
    • poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en
    • toda o
    • parte de la población. (Véase Recopilación, párrafo 394.) En
    • opinión del
    • Comité, la legislación en cuestión debe enmendarse con el fin
    • de permitir la
    • huelga en aquellos servicios e industrias no comprendidos
    • dentro de esta
    • definición, como la minería y la metalurgia, la banca, la
    • enseñanza, las
    • actividades agrícolas, las plantaciones de tabaco y las
    • instalaciones
    • productoras de petróleo. (Véase Recopilación, párrafos
14. 402-407.) La
    • restricción de las huelgas en las empresas que se ocupan del
    • suministro de
    • agua y electricidad, así como el control de tráfico aéreo, se ha
    • considerado
    • aceptable por los órganos de control de la OIT en anteriores
    • casos. (Véase
    • Recopilación, párrafos 410 y 412 y caso núm. 1369
    • (Honduras).) En el presente
    • caso, el Comité desea pedir asimismo al Gobierno que suprima
    • de la lista de
    • servicios esenciales ciertas sociedades estatales como hoteles,
    • grandes
    • almacenes y el parque de atracciones Ancol que, desde luego,
    • no parecen
    • prestar servicios esenciales en el sentido estricto del término.
15. 707. El Comité toma nota de que el Gobierno no hace ningún
    • comentario sobre
    • el alegato de la CIOSL de que la ley núm. 22 de 1957 sobre la
    • solución de los
    • conflictos de trabajo crea un sistema de arbitraje obligatorio que
    • hace
    • imposible en la práctica las huelgas, aparte de señalar que sólo
    • es admisible
    • el recurso a la huelga en última instancia. El Comité pide al
    • Gobierno que
    • facilite informaciones más detalladas sobre este alegato.
    • Entretanto desea
    • recordarle su postura sobre los procedimientos de conciliación y
    • arbitraje -
    • cuando ambas partes no están de acuerdo en los conflictos de
    • trabajo - a
    • saber, que la sustitución, por vía legislativa, del derecho de
    • huelga por el
    • arbitraje obligatorio como medio de solución de los conflictos de
    • trabajo sólo
    • podría justificarse en el marco de los servicios esenciales en el
    • sentido
    • estricto del término (aquellos servicios cuya interrupción podría
    • poner en
    • peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o
    • parte de la
    • población). (Véase Recopilación, párrafo 387.)