Definitive Report - Report No 238, March 1985

1. 152. La queja del Sindicato de Trabajadores Unidos de Monserrat (MAWU) figura en comunicación de 18 de julio de 1984; el querellante facilitó información adicional en comunicación de 17 de agosto de 1984. El Gobierno envió sus observaciones por carta de 4 de enero de 1985.
2. 153. El Reino Unido ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y los ha declarado aplicables sin modificaciones a Monserrat.

A. Alegatos del querellante

1. 154. En su comunicación de 18 de julio de 1984, el MAWU
   • indica que, el 25 de
   • junio de 1984, con ocasión de una huelga declarada por los
   • empleados del
   • servicio de agua y electricidad para pedir la inclusión de los
   • aumentos
   • salariales en un nuevo acuerdo colectivo, el Gobernador
   • declaró el estado de
   • emergencia y, el 29 de junio de 1984, convocó con carácter
   • urgente una reunión
   • extraordinaria del Consejo Legislativo para aprobar la legislación
   • antihuelga.
   • El querellante facilitó una copia del proyecto de Ordenanza
   • Servicios
   • Esenciales, entre cuyos artículos figura el siguiente:
   • Artículo 2.
2. 1) Aquella persona empleada en un servicio esencial que
   • voluntariamente
   • interrumpe o pone fin a su contrato de servicio, sabiendo, o
   • teniendo motivos
   • razonables para saber que las probables consecuencias de tal
   • proceder, sea con
   • carácter individual o en combinación con otras personas,
   • supondrán la
   • privación total o en gran medida de dicho servicio para el
   • público, será
   • culpable de un delito y, una vez declarada culpable en juicio
   • sumario puede
   • ser condenada a una multa que no sobrepase 500 dólares, o a
   • pena de prisión no
   • superior a tres meses, o bien a ambas penas: cuando la mano
   • de obra ocupada en
   • un servicio esencial proyecte el abandono colectivo, sea como
   • consecuencia de
   • un conflicto laboral o Por otra causa, y tal intención se
   • comunique por
   • escrito sea individualmente por las personas empleadas en el
   • servicio o, en su
   • nombre, por un sindicato registrado o por el sindicato al que
   • estén afiliadas
   • dichas personas, no se podrá aplicar a las mismas las penas
   • previstas en este
   • párrafo a no ser que interrumpan o pongan fin a su contrato de
   • servicios antes
   • de que concluya el período de 28 días contados a partir de la
   • mencionada
   • comunicación escrita o de cualquier otra manera que no se
   • ajuste estrictamente
   • a las condiciones en ella válidamente establecidas. (.. .)
3. 3) Toda persona que incite o instigue, o de cualquier otra
   • manera anime,
   • persuada o influencie a una persona empleada en un servicio
   • esencial para que
   • interrumpa o ponga fin a su contrato de servicio, ... en el caso
   • de que se
   • produzca tal interrupción o cese: a) cuando no se haya
   • efectuado la
   • comunicación a que se hace referencia en el Párrafo l) de este
   • artículo; o b)
   • cuando se haya realizado tal comunicación, y ésta conserve su
   • validez por no
   • haber expirado el plazo en ella fijado que no debe ser inferior a
4. 28 días a
   • partir de su notificación; será culpable de actividad delictiva y,
   • tras
   • haberse declarado así en procedimiento sumario, puede ser
   • condenada a multa no
   • superior a 1 000 dólares o prisión que no exceda de seis meses,
   • o a ambas
   • penas. En virtud del artículo 2, 7) se enumeran como "servicios
   • esenciales"
   • los relacionados con el tráfico aéreo (incluida la metereología,
   • telecomunicaciones, seguridad, servicios de emergencia y lucha
   • contra
   • incendios en los aeropuertos), electricidad, lucha contra
   • incendios, servicios
   • médicos y sanitarios, aguas y puertos. En virtud del artículo 2, 8)
   • el
   • Gobernador, reunido en consejo, puede modificar esta lista de
   • servicios
   • esenciales.
5. 155. Además, el querellante alega que la intención del
   • Gobierno es asestar un
   • golpe de gracia a los sindicatos generales, al restringir mediante
   • medidas
   • legislativas las categorías de trabajadores cuya representación
   • pueda ostentar
   • un determinado sindicato.
6. 156. Por último, el MAWU indica que entre las mociones de ley
   • sometidas por
   • el Gobierno figuraban: conseguir quebrantar la huelga en curso
   • obligando a los
   • trabajadores a reasumir el trabajo bajo la amenaza de despido
   • sin
   • indemnización; pedir a los trabajadores en huelga la firma de un
   • documento en
   • el que hicieran constar que no respetarían el resultado de su
   • votación sobre
   • la posibilidad de una huelga de celo motivada por la amenaza
   • de despido sin
   • indemnización; se dispararía sin preaviso contra toda Persona
   • que fuera
   • descubierta dañando las conducciones generales del agua; se
   • obligaría a los
   • trabajadores a reintegrarse a sus puestos bajo la supervisión de
   • fuerzas
   • militares y policiales; el estado de emergencia seguiría en vigor
   • hasta que
   • los suministros de electricidad y agua se hubieran normalizado.
7. 157. En su comunicación de 17 de agosto de 1984, el MAWU
   • alega que el 25 de
   • junio de 1984 el Consejo ejecutivo invocó el artículo 16 de la
   • Ordenanza de
   • los servicios de agua de 1972, para coaminar a todos los
   • empleados del
   • servicio a que se reintegraran a su trabajo normal al día
   • siguiente. El
   • artículo 16 dispone que en el ejercicio de las facultades y
   • desempeño de las
   • funciones que le confiere la Ordenanza, la jefatura del servicio
   • se ajustará a
   • cualquier directiva de carácter general o especial que emane
   • del Gobernador
   • reunido en consejo. Se añade que el proyecto de ley sobre
   • servicios esenciales
   • ha superado el primer debate, y su tramitación puede concluir
   • en breve en
   • medid de una ola de protestas de todos los trabajadores y del
   • consejo de
   • iglesias local.
8. 158. En documentación anexa a sus cartas el MAWU impugna
   • las razones aducidas
   • por el Gobierno para presentar el proyecto: se admite que en
   • ciertos casos
   • hubo escasez de agua, que algunas tuberías - instaladas antes
9. de 1920 -
   • reventaron al aumentar la presión del agua y que se registraron
   • casos de
   • vandalismo. No obstante, se niega que existiera una crisis
   • nacional o un clima
   • de violencia que pudieran justificar tal medida. En la
   • documentación se llega
   • a sugerir que la responsabilidad de los daños sufridos por las
   • canalizaciones
   • de agua podría recaer en otras personas perfectamente
   • conocedoras del esquema
   • de la red. Por último, el servicio de agua y el servicio de
   • electricidad
   • negociaron acuerdos con sus empleados y, el 29 de junio de
10. 1984, el MAWU puso
    • fin a las huelgas; según se desprende de los documentos
    • facilitados, los
    • trabajadores mantuvieron la huelga de celo durante algunos
    • días hasta llegar a
    • un acuerdo final.
    • B. Respuesta del Gobierno
11. 159. En su comunicación de 4 de enero de 1985, el Gobierno
    • señala que los
    • alegatos carecen de fundamento toda vez que lo que se
    • pretendía era establecer
    • normas legales que constituyeran una garantía de protección
    • de la comunidad en
    • caso de conflictos laborales en los servicios esenciales, tales
    • como los de
    • suministro de electricidad y agua. Se indica asimismo que el
    • proyecto de ley
    • sobre servicios esenciales no declara ilegal la huelga, y que no
    • se sometió a
    • las cámaras hasta el 18 de julio de 1984, cuando ya había
    • concluido la acción
    • directa. Se indica, además, que el proyecto de ley todavía tiene
    • que ser
    • sometido a la segunda y tercera discusiones.
12. 160. Según el Gobierno, su propuesta de examinar el tema de
    • la restricción de
    • la categoría de trabajadores representadas por un solo sindicato
    • se formuló
    • durante una reunión extraordinaria del órgano legislativo, el 28
    • de junio de
13. 1984, y se circunscribía a la posibilidad de que un sindicato, al
    • representar
    • a trabajadores de más de un servicio público, se prevaliera de
    • tal posición
    • para presionar al Gobierno llevando a cabo acciones de apoyo.
    • El Gobierno
    • precisa que no se ha dado curso alguno a esta propuesta.
14. 161. En lo que respecta a los otros puntos planteados por el
    • MAWU, el
    • Gobierno indica que el 25 de junio de 1984 el Gobernador
    • decretó el estado de
    • emergencia a causa del deterioro de la red de agua en ciertas
    • zonas, lo que,
    • entre otros casos, llegó a privar a un hospital de suministro de
    • agua con la
    • consiguiente alarma por parte del jefe médico. Otro factor que
    • influyó para
    • que el Gobierno llegara a formular tal declaración fue que, tan
    • pronto como la
    • dirección del servicio de agua y algunos voluntarios procedieron
    • a reparar la
    • red, las canalizaciones quedaron rotas o levantadas de nuevo
    • durante la noche.
15. 162. Según el Gobierno, se informó a los trabajadores del
    • servicio de agua
    • que, en virtud del estado de emergencia, si no se reintegraban
    • al trabajo el
16. 26 de junio de 1984, el Gobernador procedería a contratar a
    • otros trabajadores
    • para realizar las tareas esenciales de restauración del suministro
    • de agua.
    • Resultaba necesario hacerlo así dado que cada vez eran
    • mayores los riesgos
    • para la salud pública. Se indica que en ningún momento se
    • forzó a los
    • trabajadores a reanudar el trabajo y, en cualquier caso, los
    • trabajadores del
    • servicio de agua reanudaron sus actividades el 26 de junio de
17. 1984 por propio
    • acuerdo. En cuanto a los trabajadores de servicio eléctrico, el
    • sindicato
    • accedió a la reanudación del trabajo el 29 de junio de 1984,
    • pero señaló que
    • los trabajadores harían huelga de celo. El director de los
    • servicios
    • eléctricos decidió que, dadas las circunstancias, era
    • inaceptable un regreso
    • al trabajo condicionado y, de hecho, los trabajadores se
    • reintegraron al
    • trabajo y lo realizaron con toda normalidad.
18. 163. Acerca de los cometidos de las fuerzas Policiales y
    • militares durante el
    • estado de emergencia, así como de su duración, el Gobierno
    • indica que las
    • fuerzas de policía eran responsables de la protección de los
    • sistemas de
    • suministro de agua y de electricidad durante el estado de
    • emergencia. Para
    • desempeñar tal responsabilidad, funcionarios armados realizaron
    • una labor de
    • vigilancia de la red de suministro de agua durante la noche y
    • también montaron
    • guardia en la central eléctrica. Aunque estos oficiales estaban
    • armados, sólo
    • se debía recurrir a las armas en caso de legítima defensa.
    • Durante el estado
    • de emergencia no se movilizó a las fuerzas voluntarias de
    • defensa territorial,
    • aunque se mantuvieron en régimen de disponibilidad en turno
    • de tres horas. No
    • obstante, nueve voluntarios civiles que durante dos días
    • ayudaron a reparar
    • las tuberías de agua pertenecían también a las fuerzas de
    • defensa. Aunque
    • tales personas vestían de civil y estaban desarmados, quizá se
    • hubiera podido
    • pensar que su participación obedecía a su carácter de
    • miembros de las fuerzas
    • de defensa; tal suposición habría sido totalmente errónea. El
    • Gobierno indica
    • que el Gobernador consideró necesario mantener el estado de
    • emergencia durante
    • tres días después de la reanudación del trabajo, a fin de
    • garantizar el
    • funcionamiento normal de los servicios. Finalmente, el estado de
    • emergencia se
    • levantó el 3 de junio de 1984.
19. 164. En conclusión, el Gobierno considera que, toda vez que
    • los alegatos se
    • refieren a sucesos acaecidos durante el estado de emergencia,
    • y que en ningún
    • momento durante el conflicto se negó a los trabajadores el
    • derecho a la huelga
    • o a ser representados por el MAWU, no se ha producido
    • violación alguna de los
    • convenios de la OIT.

C. Conclusiones del Comité

1. 165. Este caso se refiere a la presentación de un proyecto de
   • ley sobre
   • servicios esenciales durante la huelga declarada por los
   • trabajadores de los
   • servicios de agua y electricidad en junio de 1984; se alega
   • asimismo que se
   • presentaron propuestas tendientes a limitar la afiliación sindical y
   • que se
   • obligó a los trabajadores en huelga a reanudar el trabajo bajo
   • pena de despido
   • sin indemnización.
2. 166. El Comité toma nota de que no se dio curso a la propuesta
   • del Gobierno
   • de examinar la posibilidad de limitar las acciones de solidaridad
   • mediante la
   • restricción de la afiliación sindical y, por tanto, considera que no
   • tiene
   • objeto examinar este aspecto del caso.
3. 167. El Comité recuerda que el recurso a la huelga es uno de
   • los medios
   • legítimos de que deben disponer los trabajadores y sus
   • organizaciones para
   • promover y defender sus intereses económicos y sociales. No
   • obstante, en lo
   • que respecta al proyecto de ley sobre servicios esenciales al
   • que se hace
   • referencia en la queja, y que, como constata el Comité, fue
   • sometido al
   • legislativo el 18 de julio de 1984, el Comité observa, en primer
   • lugar, que en
   • dicho proyecto no se prohíben las huelgas, sino que se impone
   • un período de
   • reflexión de 28 días. Tal período, en sí, no contraría los
   • principios de
   • libertad sindical, en la medida en que el procedimiento no sea
   • tan complicado
   • que en la práctica resulte imposible una huelga legal (véase
   • Estudio general
   • sobre libertad sindical y negociación colectiva, Comisión de
   • Expertos en
   • Aplicación de Convenios y Recomendaciones, OIT, 1983,
   • Informe III (parte 4B),
   • párrafo 219).
4. 168. En lo que respecta al carácter de los servicios incluidos en
   • el ámbito
   • del proyecto de ley, el Comité desea indicar que ya en varias
   • ocasiones ha
   • considerado que el recurso a la huelga puede ser restringido -
   • incluso
   • prohibido - en los servicios esenciales en el estricto sentido del
   • término,
   • por ejemplo, control del tráfico aéreo (véase 211 informe, caso
   • núm. 1174
   • (USA), párrafo 365), servicios médicos y sanitarios (véase 199.
   • informe, caso
   • núm. 910 (Grecia), párrafo 117), abastecimiento de agua (234.8
   • informe, caso
   • núm. 1179 (República Dominicana). párrafo 299), es decir en
   • aquellos servicios
   • cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o
   • la salud de
   • la persona en toda o parte de la población. Restricciones en
   • dichos servicios
   • deberían estar compensadas con procedimientos rápidos de
   • conciliación y
   • arbitraje adecuados en los cuales las partes interesadas pueden
   • participar en
   • todas sus etapas.
5. 169. En el pasado, el Comité ha expresado la opinión de que
   • servicios tales
   • como los portuarios (118 informe, caso núm. 589, India, Párrafo
6. 90) y de
   • telecomunicaciones (218 informe, caso núm. 1131, Alto Volta,
   • Párrafo 77 9)no
   • son esenciales en el estricto sentido del término y, por tanto, no
   • deben
   • quedar sometidos a restricciones en materia de huelgas. Dado
   • que en el
   • presente caso el proyecto de ley sobre servicios esenciales
   • enumera tales
   • servicios como esenciales y faculta al Gobernador, reunido en
   • consejo, a
   • modificar dicha enumeración, el Comité pide al Gobierno que
   • examine la
   • posibilidad de suprimir la facultad discrecional del Gobernador,
   • reunido en
   • consejo, de modificar la lista de servicios esenciales y eliminar
   • del proyecto
   • de ley aquellos servicios que, habida cuenta de la anterior
   • definición, no
   • sean estrictamente esenciales. El Comité somete este aspecto
   • del caso a la
   • Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
   • Recomendaciones.
7. 170. En lo que respecta al cometido de las fuerzas de policía y
   • de defensa
   • durante el conflicto laboral, el Comité toma nota de la
   • explicación del
   • Gobierno de que sólo se recurrió a los funcionarios de policía
   • durante los
   • nueve días en que estuvo declarado el estado de emergencia,
   • para proteger las
   • instalaciones de suministro de agua y electricidad. A este
   • respecto, el Comité
   • también toma nota de que el querellante reconoce que se
   • produjeron ciertas
   • manifestaciones de vandalismo, pero impugna que éstas fueran
   • atribuibles a los
   • trabajadores en huelga. Ya en otros casos el Comité ha
   • recomendado que se
   • desestimen los alegatos relativos a la intervención de fuerzas de
   • seguridad
   • cuando los hechos demuestren que la intervención se limita al
   • mantenimiento
   • del orden público, sin entrañar una limitación al legítimo ejercicio
   • del
   • derecho de huelga (véase 197 informe, caso núm. 915 España),
   • párrafo 473). El
   • Comité constata que la información facilitada por los
   • querellantes en el
   • presente caso es insuficiente para deducir que la actuación de
   • las fuerzas
   • policiales sobrepasó los límites del mantenimiento del orden y
   • protección de
   • las instalaciones.
8. 171. Por último, y con carácter general, en lo que respecta a la
   • declaración
   • del estado de emergencia durante la huelga, el Comité ha
   • subrayado que las
   • medidas especiales que limiten el pleno ejercicio de la libertad
   • sindical se
   • deben limitar en su duración y alcance al período de urgencia
   • inmediata (véase
9. 214 informe, casos núms. 997, 999 y 1029 (Turquía), párrafo
10. 571). En el
    • presente caso, el Comité observa que el 26 de junio de 1984 los
    • trabajadores
    • del servicio de agua desconvocaron la huelga, de acuerdo con
    • la directiva
    • especial resultante de la aplicación de la Ordenanza de los
    • servicios de agua,
    • y que los trabajadores de los servicios eléctricos reasumieron su
    • actividad
    • normal el 29 de junio de 1984, mientras que el estado de
    • emergencia se levantó
11. el 3 de julio. Dado que la duración de las medidas de
    • emergencia se limitó al
    • período del conflicto, y habida cuenta de la índole de los
    • servicios a los que
    • se extendía el conflicto, el Comité considera que no se han
    • llegado a probar
    • debidamente los alegatos relativos a la violación de derechos
    • sindicales.