Individual Case (CAS) - Discussion: 2023, Publication: 111st ILC session (2023)

Discusión por la Comisión

Presidente - El primer caso de nuestro orden del día es el Afganistán, en lo relativo a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), es decir, el Convenio núm. 111. Invito ahora al representante de la delegación acreditada del Afganistán ante la Conferencia Internacional del Trabajo a tomar la palabra.

Representante gubernamental - La Embajada y la Misión Permanente del Afganistán ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra agradece la labor realizada por la Comisión de Expertos y toma nota de sus conclusiones sobre este asunto específico. También agradecemos a la OIT y a la Oficina de la OIT en Kabul su reciente informe en el que se examinan las repercusiones de la discriminación contra las mujeres en la economía del Afganistán.

Entre 2001 y 2021, el Afganistán consiguió importantes logros en la lucha contra diversos tipos de discriminación y en la creación de un marco jurídico en el que se respetara la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres desempeñaban un papel destacado en la vida pública y la economía del Afganistán. Podían trabajar en cualquier ámbito. Había mujeres vicepresidentas, ministras, parlamentarias, magistradas, embajadoras y gobernadoras.

Justo antes del 15 de agosto de 2021, 3,5 millones de niñas acudían a diversas instituciones educativas. Desgraciadamente, tras el 15 de agosto y la toma militar del Afganistán por los talibanes y el fracaso del proceso de paz de Doha, se ha discriminado sistemáticamente a las mujeres. Situación esta que los muy recientes informes del Consejo de Derechos Humanos, del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán y del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas han tachado de aparente «apartheid de género», sin precedentes en la historia del mundo.

Como bien señala la Comisión de Expertos, existen numerosos informes, resoluciones y conclusiones del Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y otras entidades acreditadas sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el Afganistán, entre las cuales se encuentran la exclusión total de las mujeres de la vida pública y la violación de sus derechos, en especial el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Como consecuencia de estas violaciones, se puede afirmar que en el Afganistán está teniendo lugar un «apartheid de género».

Asimismo, quiero señalar a la atención de los miembros de esta comisión el hecho de que las violaciones de derechos humanos en el Afganistán no se limitan a la supresión de los derechos de las mujeres. También se discrimina sistemáticamente a hombres y minorías, entre otros grupos. Las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones y el despido de todos los jueces, fiscales y funcionarios de la administración pública, la influencia sobre las organizaciones humanitarias y, muy recientemente, la prohibición de que las mujeres trabajen en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales son ejemplos recientes de esta discriminación.

Por desgracia, el entorno legislativo y jurídico que había antes ya no existe. Los talibanes han derogado la Constitución y las demás leyes y gobiernan por decreto. Los tribunales están llenos de personas no calificadas que ocupan puestos en la judicatura, que ya no depende de la Constitución.

Con toda esta información en nuestras manos, entendemos que la comunidad internacional, liderada por el Secretario General de las Naciones Unidas (António Guterres), está trabajando incansablemente para poner en marcha un proceso político de paz perpetua y reconciliación. Esto comenzó en Doha a principios de mayo. Esperamos que este foro regional e internacional pueda encontrar una solución para llegar a un acuerdo político en el Afganistán, que permita formar un Gobierno inclusivo y representativo con el que podamos abordar, no solo las cuestiones relativas a la discriminación en el trabajo, sino todos los diferentes tipos de discriminación, y los problemas económicos a los que se enfrenta el Afganistán. Hasta ese momento, sugiero a la Comisión de Expertos y a esta comisión que aplacen el examen del caso del Afganistán. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla.

Miembros empleadores - Tomamos buena nota de la presencia de los representantes del anterior Gobierno del Afganistán y de su intervención. Desgraciadamente, tenemos que afrontar la realidad. Si yo viviera en el Afganistán, no estaría aquí con ustedes. No habría podido llegar a esta tribuna, simplemente porque soy mujer se me habría prohibido ejercer una profesión y se me habría impedido desplazarme.

Desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, la situación de las mujeres y las niñas en el Afganistán se ha deteriorado drásticamente. Ya no disfrutan de los derechos fundamentales consagrados en los convenios de la OIT, como la prohibición de toda discriminación en el Convenio núm. 111, que sin embargo el Afganistán ha ratificado. Los comentarios de la Comisión de Expertos suscitan serias inquietudes y preocupaciones profundas sobre la aplicación de este convenio. Abordaré en primer lugar los aspectos de procedimiento y después examinaré los principales motivos de denuncia.

En cuanto al procedimiento, el Convenio núm. 111 es uno de los convenios fundamentales de la OIT y, como tal, debe ser objeto de especial atención y de un control prioritario. Este convenio fundamental tiene por objeto garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades y de trato para todos los trabajadores, prohibiendo toda discriminación basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social. El Afganistán ratificó el Convenio el 1.º de octubre de 1969, así como otros convenios de la OIT. Por lo tanto, es inaceptable que, desde el 1.º de julio de 2016, no se haya presentado ninguna memoria escrita sobre la aplicación de este convenio fundamental. Al igual que la Comisión de Expertos, estamos muy preocupados por esta falta de cooperación de las autoridades. La Comisión de Expertos ya se ha pronunciado sobre este caso en 22 ocasiones, es decir, casi todos los años desde hace tres décadas. Además, es la tercera vez que nuestra Comisión examina este caso individual: en 1999, 2000 y de nuevo este año.

En lo relativo al fondo, este caso de extrema gravedad está señalado con una doble nota a pie de página. Basándose en particular en las observaciones recientes y concordantes de varios órganos de alto nivel de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la Comisión de Expertos deplora profundamente la discriminación en la educación, la formación profesional y el empleo a la que se ven sometidas de forma generalizada las niñas y mujeres afganas.

La primera denuncia se refiere a la exclusión sistemática de las mujeres y las niñas de la educación, la formación profesional y el acceso al empleo. Los países que han ratificado el Convenio se han comprometido a aplicar una política nacional de igualdad, con vistas a eliminar toda discriminación en el seno de la población. Por lo tanto, estos países deben derogar toda disposición legislativa, instrucción o práctica administrativa que sea incompatible con la política nacional de igualdad. Las autoridades deben adoptar medidas positivas para garantizar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres en el acceso a la educación, la formación profesional y el empleo. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos, en primer lugar, en la legislación y después en la práctica? En la legislación, los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas han quedado reducidos a la nada desde agosto de 2021; las mujeres ya no pueden circular libremente; las mujeres ya no pueden trabajar, ni siquiera en la función pública; las niñas ya no tienen acceso a la enseñanza secundaria ni superior; el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos han sido disueltos; y se han cerrado las fiscalías y los tribunales encargados de combatir la violencia contra las mujeres.

En la práctica, la discriminación, el acoso y la violencia hacia las mujeres son habituales y quedan impunes. Al prohibírseles trabajar, las mujeres han perdido su capacidad de mantenerse. Esto afecta fundamentalmente a su dignidad. Ya es hora de que se restablezcan los derechos fundamentales de las niñas y mujeres afganas. Por el bien de la sociedad afgana en general y de las mujeres afganas en particular, deben tomarse medidas inmediatas para eliminar toda legislación o práctica que discrimine a las niñas y las mujeres en cuanto a la educación, la formación y el acceso al empleo, y para prevenir y combatir todo tipo de acoso o violencia contra las niñas y las mujeres en el país.

La segunda denuncia atañe a la vaguedad de los términos de la legislación contra la discriminación en el trabajo. El artículo 9 de la Ley del Trabajo no cubre, ni para el sector privado ni para el público, en términos suficientemente explícitos y detallados todos los motivos contemplados en el Convenio (artículo 1, 1), a)), es decir, «cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social». Esta carencia legislativa se viene mencionando desde hace varios años, sin que los sucesivos Gobiernos del Afganistán hayan comunicado ninguna mejora a los órganos de la OIT. En una memoria anterior, el Gobierno había indicado que se había elaborado un proyecto de ley sobre la lucha contra la discriminación y que este texto contenía una definición de la discriminación directa o indirecta y prohibía toda discriminación en el empleo y la ocupación. Nos gustaría saber cuál es el estado actual de ese proyecto de ley. En cualquier caso, es urgente armonizar la legislación nacional con el Convenio.

La tercera denuncia concierne a la discriminación contra las niñas y las mujeres con discapacidad. Si bien en el artículo 15 de la Ley de derechos y prestaciones de las personas con discapacidad se consagra la igualdad de derechos de las personas con discapacidad a participar en la vida social, económica y educativa, el Consejo de Derechos Humanos observó con profunda preocupación que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen ser objeto de formas de discriminación y desventaja múltiples, agravadas o interseccionales. La Comisión de Expertos reiteró su llamamiento para que se adopten medidas específicas dirigidas a facilitar el acceso a la educación y la formación profesional de las personas con discapacidad, en particular las niñas y las mujeres, y a promover sus oportunidades de empleo en los sectores privado y público. Es urgente poner fin, por el bien de la sociedad afgana, a esta doble discriminación en la ley y en la práctica.

La cuarta denuncia se refiere a la discriminación en el acceso a la justicia. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos constató que, a partir de agosto de 2021, el ordenamiento jurídico y el sistema judicial dejaron de funcionar correctamente y que se marginó al personal de la judicatura. A continuación, las «autoridades de facto» establecieron gradualmente un sistema judicial nacional y unos tribunales, que ahora se basan en la ley islámica. Sin embargo, esta reforma del sistema judicial no ofrece las garantías de respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos consagrados en el derecho internacional consuetudinario y en los instrumentos relativos a los derechos humanos. Por tanto, pedimos encarecidamente que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a mecanismos de justicia formal no discriminatorios y a recursos efectivos. Se ruega a las «autoridades de facto» que respeten ellas mismas los principios de no discriminación e igualdad. Asimismo, es el deber de estas sensibilizar a la opinión pública sobre estos principios fundamentales.

A modo de conclusión, solo podemos animar al Afganistán a examinar y revisar, con los interlocutores sociales, las leyes y prácticas consideradas discriminatorias hacia las niñas, las mujeres y las minorías, en particular las étnicas y religiosas. Para ello, debería recurrir a la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo. Por último, debe fomentarse y apoyarse enérgicamente el desarrollo de las capacidades de todas las partes (autoridades, empresas, sindicatos y trabajadores) en materia de lucha contra la discriminación.

Miembros trabajadores - Estamos debatiendo el caso del Afganistán en un contexto particular, dada la falta de reconocimiento internacional de las autoridades en funciones, y en presencia de un representante gubernamental acreditado por esta conferencia. Este contexto es cuando menos inquietante, ya que estamos acostumbrados a dirigir nuestros comentarios a autoridades reconocidas que están en condiciones de influir en la situación.

No obstante, debemos sacar provecho de nuestro intercambio, aunque solo sea para subrayar la gravedad de la situación y las preocupaciones que suscita. Asimismo, nos corresponderá estudiar formas concretas de mejorar la situación en el terreno, teniendo en cuenta al mismo tiempo la posición del país en el concierto de las naciones.

Los problemas expuestos por la Comisión de Expertos giran en torno a tres aspectos. En primer lugar, el hecho de que el país no haya enviado memorias desde 2019, lo que no facilita el examen de la situación por parte de la Comisión de Expertos. El aspecto principal planteado por la Comisión se refiere a la discriminación estructural que sufren las mujeres. Esta discriminación obstaculiza de forma flagrante su acceso a la educación, la formación y el empleo. Y esta situación se produce tras una fase en la que se registraron algunas mejoras. Sin embargo, desde el cambio de régimen que se produjo en agosto de 2021, el regreso del antiguo régimen ha supuesto la vuelta a viejas prácticas y opciones políticas, y estas prácticas se basan en la discriminación sistemática de las mujeres. Como señala la Comisión de Expertos, dichas prácticas constituyen una clara violación del Convenio y del principio fundamental de igualdad entre mujeres y hombres.

A las mujeres ya no se les permite trabajar, ni siquiera en la administración pública, donde todos los funcionarios son hombres. Desde septiembre de 2021, las mujeres y las niñas no tienen acceso a la enseñanza secundaria ni superior e, incluso cuando se permite a las niñas ir a la escuela, la educación que reciben es limitada debido a la falta de maestras.

Se han disuelto el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán. Se han cerrado los tribunales especializados en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las fiscalías, lo cual priva a las mujeres de acceso a la justicia.

No me detendré mucho en los otros dos aspectos, objeto de los comentarios de la Comisión de Expertos, a saber, el carácter insuficiente de la definición del concepto de discriminación en la legislación afgana y la falta de un mecanismo de acceso a la justicia formal. No me voy a demorar en estas cuestiones porque, a pesar de su importancia, son consecuencia de la discriminación estructural que hemos descrito y que otros órganos de las Naciones Unidas denuncian constantemente.

Los miembros trabajadores estarán especialmente atentos a las sugerencias que se hagan durante nuestro debate y que estén encaminadas a resolver los problemas suscitados.

Miembro trabajador, Afganistán - Hablo como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Afganistán (NUAWE), la mayor confederación sindical del Afganistán. Desde la toma de mi país por los talibanes, en agosto de 2021, muchos dirigentes sindicales, entre los que me incluyo, se han visto obligados a trasladarse y abandonar el país.

En los últimos veinte años, este país ha mejorado en cuanto a los derechos y el bienestar de los afganos, cuyas vidas habían sido destrozadas bajo el anterior Gobierno de los talibanes, entre 1996 y 2001. El Afganistán estaba avanzando hacia la democratización y la promoción de la condición de la mujer, lo que se reflejaba claramente en la presencia de 64 mujeres en el Parlamento, 17 mujeres en el Senado, 4 mujeres en el Consejo de Ministros, 4 mujeres embajadoras y 261 mujeres juezas en los tribunales y la judicatura, bajo el Gobierno anterior. Unas 1 500 mujeres trabajaban como abogadas defensoras, 2 500 mujeres como periodistas en medios privados independientes y 3 650 mujeres en las fuerzas de seguridad. 3,5 millones de niñas cursaban estudios y miles de mujeres trabajaban en el sector privado, lo cual constituía en total el 30 por ciento de la fuerza de trabajo del mercado laboral afgano.

Desgraciadamente, la toma del poder por los talibanes en 2021 ha invertido el curso del desarrollo de nuestro país. Desde el 15 de agosto de 2021, el pueblo del Afganistán vive en un vacío legal. El Consejo de Ministros provisional de los talibanes ha declarado inválidos la Constitución y el Parlamento del país y leyes que eran centenarias: el Código del Trabajo del Afganistán, la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la reglamentación de los centros de apoyo a la mujer y la Ley de Protección de los Derechos del Niño, en las que se establecían los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, ya no están en vigor. En septiembre de 2021, los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que había existido bajo su régimen anterior para vigilar el comportamiento de los ciudadanos y hacer cumplir una versión estricta de la sharía, según su propia interpretación.

Los talibanes han emitido 20 decretos para imponer sus creencias religiosas, así como el modo de vida, el atuendo y el código ético basados en la interpretación que ellos hacen de la sharía. No se tolera el incumplimiento de este conjunto de normas. Se imponen castigos, incluso corporales.

Se ha eliminado a las mujeres de la esfera pública. Se les prohíbe recibir educación, ir a trabajar o incluso acudir a parques, mercados o casas de baños, o viajar dentro y fuera del país. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio y el Ministerio de Información y Cultura talibanes han impuesto restricciones al papel de la mujer en publicaciones, series y películas, y han prohibido algunas de estas por no ajustarse a las normas.

Desde septiembre de 2021, está prohibido el regreso a la escuela de todas las niñas afganas mayores de 12 años: en la actualidad, 1,1 millones de niñas y jóvenes no tienen acceso a la educación formal. Hoy en día, se ha expulsado de la escuela al 80 por ciento de las niñas y jóvenes afganas en edad escolar —es decir, 2,5 millones—. El 30 por ciento de las niñas afganas nunca han accedido a la enseñanza primaria. En diciembre de 2022 se suspendió hasta nuevo aviso la educación universitaria para las mujeres, lo que afectó a más de 100 000 alumnas que estudiaban en centros de enseñanza superior públicos y privados.

La crisis económica ha empeorado la situación de las mujeres, los menores y otros grupos marginados del país. Hay al menos 90 mujeres que han sido detenidas y encarceladas y están siendo maltratadas por los talibanes en tres provincias del norte —las provincias de Faryab, Samangan y Jawzjan—, bajo diversas acusaciones de infringir las leyes y normas islámicas impuestas por los talibanes. Estas mujeres permanecen en prisión sin que haya habido ningún procedimiento de investigación, y sin representación legal ni juicio. Dieciséis de ellas se han quedado embarazadas por haber sido violadas. También se han denunciado abortos forzados en hospitales locales.

Las personas LGTBI del Afganistán siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos perpetradas por los talibanes, como amenazas, ataques selectivos, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias, entre otras. Muchas personas LGTBI siguen temiendo que resurjan antiguas prácticas discriminatorias de los talibanes. Entre estas, en otras épocas, se encontraba incluso la pena de muerte para aquellos de quienes se sospechaba que mantenían relaciones homosexuales. Muchas personas LGTBI siguen ocultándose, por temor a que sus vidas corran peligro.

El espacio para los medios de comunicación independientes se redujo drásticamente a medida que los talibanes creaban un entorno cada vez más intimidatorio, lo que obligó a muchos medios a cerrar. Los periodistas se enfrentan cada vez a más restricciones, como detenciones arbitrarias, encarcelamientos ilegales y torturas por publicar información crítica con los talibanes, lo que lleva a muchos a autocensurarse. Mientras los periodistas están detenidos, reciben palizas y se los somete a otras formas de tortura. Muchos periodistas han huido del país. Las reporteras de la televisión se ven obligadas a cubrirse el rostro casi por completo. La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán, institución nacional consagrada a los derechos humanos, permanece cerrada, y el espacio para que las organizaciones de la sociedad civil se documenten e informen sobre derechos humanos se ha reducido considerablemente. Los grupos independientes de derechos humanos no pueden trabajar con libertad. Los talibanes han detenido y encarcelado ilegalmente a quienes los criticaban en las redes sociales. Asimismo, han desmantelado todo espacio de reunión, manifestación o concentración pacíficas. La policía talibán hace un uso excesivo e innecesario de la fuerza contra los manifestantes, y los manifestantes pacíficos son objeto de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas. Se tortura física y psicológicamente a los manifestantes detenidos. Los familiares de las mujeres les impiden protestar por miedo a las consecuencias, lo que reduce aún más el espacio para la libertad de reunión. Las instituciones democráticas y de derechos humanos han sido clausuradas o han dejado de funcionar.

El NUAWE es el único sindicato, a escala nacional, que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y promueve la igualdad de género mediante formaciones y programas. Los talibanes se han negado a devolver los bienes, oficinas y propiedades sindicales del NUAWE, que habían sido confiscados bajo el Gobierno anterior. A nuestros afiliados les ha resultado imposible reaccionar o llevar a cabo actividades normales para reparar las violaciones de los derechos de las mujeres. El Consejo Supremo del Trabajo y la Comisión de Resolución de Conflictos Laborales han dejado de funcionar. Asimismo, se ha paralizado el diálogo social, que es uno de los medios esenciales para resolver los conflictos laborales y promover un marco inclusivo de política económica y social en el país.

Desde 2021, el 97 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Se ha obligado a algunas personas a vender partes de su cuerpo. Han aumentado los matrimonios forzados de niñas menores de edad, así como el trabajo infantil de niños y niñas que realizan trabajos peligrosos. La derogación por parte de los talibanes de todos los derechos y de la igualdad de oportunidades y de trato de los que disfrutó alguna vez el pueblo del Afganistán, así como la ausencia de intervención internacional para poner fin a esta situación, representan una amenaza en el seno de esta casa en relación con la aplicación de los convenios fundamentales sobre el trabajo en un Estado tan fallido.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las autoridades de las Naciones Unidas que adopten medidas prácticas y firmes para que el pueblo del Afganistán pueda tener acceso —sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, ascendencia u origen social, religión u opiniones políticas— a la seguridad personal, a los derechos y libertades fundamentales, así como a oportunidades de empleo, educación y evolución.

Miembro gubernamental, Suecia - Tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, la República de Moldova, Montenegro y Serbia, países candidatos, e Islandia y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la promoción, la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Promovemos activamente la ratificación universal y la aplicación de las normas internacionales del trabajo fundamentales. Apoyamos a la OIT en su papel indispensable de desarrollo, promoción y control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo ratificadas y, en particular, de los convenios fundamentales.

El principio de igualdad y de no discriminación es un elemento fundamental de la legislación internacional sobre derechos humanos. En los tratados constitutivos de la Unión Europea y en las constituciones de los Estados Miembros, la prohibición de la discriminación es un principio básico. El Convenio núm. 111 de la OIT es la aplicación de este derecho humano fundamental al mundo del trabajo.

Estamos profundamente preocupados por el pronunciado deterioro de la situación general de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder por la fuerza en 2021. Los talibanes han violado de forma estructural y sistemática los derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles de la población del Afganistán, especialmente de las mujeres y las niñas. Afganistán es el único país del mundo que prohíbe la educación más allá del nivel primario para las niñas. Observamos con preocupación que la falta de acceso a la educación obstaculiza las posibilidades futuras de empleo o de actividades generadoras de ingresos para las mujeres y las niñas.

Nos preocupa profundamente que las mujeres hayan sido apartadas, en gran medida, de la población activa, incluso en la administración pública, en las profesiones jurídicas y, especialmente, en los sectores que prestan ayuda humanitaria y apoyo a las necesidades básicas, a pesar del papel que desempeñan las mujeres en la prestación de ayuda humanitaria. Observamos las únicas excepciones a nivel nacional de la sanidad y la educación primaria. Excluir a las mujeres de la fuerza de trabajo no solo es inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también económicamente desastroso. Condenamos enérgicamente las decisiones de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas trabajar para ONG internacionales y nacionales y para organismos y órganos de las Naciones Unidas.

Lamentamos profundamente que se hayan disuelto el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y que también se hayan cerrado los tribunales especializados en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las fiscalías, lo que deja a las mujeres sin acceso a la justicia. Según el reciente informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, las mujeres se ven especialmente afectadas por las violaciones y restricciones de los derechos humanos, lo que dificulta la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido y, por tanto, su capacidad para mantenerse a sí mismas y a las personas a su cargo. A principios de 2021, las empresas propiedad de mujeres estaban creando puestos de trabajo, pero en marzo de 2022, el 61 por ciento de las mujeres que antes eran económicamente activas habían perdido su empleo o sus actividades generadoras de ingresos. Las restricciones a la libertad de circulación, incluida la exigencia de los talibanes de que las mujeres viajen con un acompañante varón o «mahram», y el cierre de mercados impiden a las mujeres del sector informal vender productos en los mercados, y las que siguen trabajando a menudo sufren acoso y abusos.

Nos hacemos plenamente eco del llamamiento de la Comisión de Expertos para que se eliminen urgentemente las prohibiciones, las prácticas discriminatorias y el trato desigual por razón de sexo que dificultan el acceso de las niñas y las mujeres a la educación, la formación profesional, el empleo y la ocupación, y que aumentan su exposición a la violencia sexual y de género. Compartimos las peticiones urgentes de la Comisión de Expertos a las «autoridades de facto» del Afganistán para que proporcionen información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la consecución de la igualdad de participación de las mujeres en el empleo y la educación, incluidos los datos estadísticos desglosados por sexo y ocupación.

También instamos a las «autoridades de facto» del Afganistán a que, en consonancia con el Informe de la Comisión de Expertos, emprendan las acciones urgentes necesarias para garantizar la aplicación de medidas específicas destinadas a mejorar la igualdad de acceso a la educación en todos los niveles, la formación profesional y las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, con especial atención a las niñas y a las mujeres, tanto en el sector privado como en el público. Observamos que las niñas y las mujeres con discapacidad a menudo están sujetas a formas de discriminación y desventaja múltiples, agravadas o interseccionales.

Estamos profundamente preocupados por el mal funcionamiento del ordenamiento jurídico y el sistema judicial, que funcionaban anteriormente, y por la falta de un marco jurídico que aborde la discriminación en el empleo y la ocupación. El Afganistán debe cumplir la obligación con la que se comprometió, al ratificar voluntariamente los convenios internacionales y los tratados de derechos humanos, incluido el Convenio núm. 111. Por lo tanto, es esencial adoptar todas las medidas necesarias para definir y prohibir explícitamente la discriminación basada en, al menos, todos los motivos enumerados en el Convenio.

En apoyo y respeto de los intereses del pueblo afgano, especialmente de las mujeres y las niñas, y en ausencia de un Gobierno reconocido, la Unión Europea ha restablecido una presencia mínima en el país y sigue siendo un donante clave en apoyo de la ayuda humanitaria y de las necesidades básicas del pueblo afgano. Seguiremos supervisando de cerca la situación.

Miembro gubernamental, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Tengo el honor de hacer esta declaración en nombre del Reino Unido, Australia, el Canadá y los Estados Unidos. El Reino Unido, Australia, el Canadá y los Estados Unidos condenan de manera inequívoca las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el Afganistán. Desde que tomaron el poder, los talibanes han socavado repetida y sistemáticamente los derechos humanos internacionales y no han cumplido sus promesas. Compartimos la profunda preocupación de la Comisión de Expertos por el deterioro de la situación de las mujeres y las niñas, así como de las minorías étnicas y religiosas en el Afganistán desde 2021. A través de una serie de decretos indignantes, los talibanes están sometiendo a mujeres y niñas a una discriminación devastadora y sistemática, negándoles sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esto incluye restricciones en el acceso a la educación y la formación, la libertad de circulación y el empleo.

También expresamos nuestra preocupación por la falta de un marco jurídico que defina y prohíba explícitamente la discriminación directa e indirecta, como exige el Convenio, del que Afganistán es Estado parte desde 1969. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir a los talibanes que rindan cuentas de sus actos. El Reino Unido, Australia, el Canadá y los Estados Unidos han pedido reiteradamente a los talibanes que acaten el derecho internacional, entre otras cosas, respetando los derechos humanos y laborales de todos los ciudadanos del Afganistán y poniendo fin a las medidas represivas que impedirán que el Afganistán alcance la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Pedimos a los talibanes que respeten la igualdad de oportunidades de las mujeres y las niñas en el empleo y la ocupación, incluido el acceso a la educación y la formación profesional. No solo es una afrenta a los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el Afganistán, sino que las prácticas discriminatorias por parte de los talibanes constituyen un acto lesivo contra su propio país, con el riesgo de que aumente el desempleo, la pobreza, el analfabetismo y la escasez de personal capacitado en profesiones de vital importancia. La participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas tanto en la vida pública como en la economía son fundamentales para la estabilidad y el progreso del Afganistán. Dado que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población activa, su participación en la vida pública es fundamental para el desarrollo económico del Afganistán. Excluir a la mitad de la población de las esferas social y económica no hará sino perpetuar la crisis económica que afecta a todos los afganos.

Lamentamos que el Afganistán no haya presentado una memoria a la Comisión de Expertos, especialmente a la luz de su llamamiento urgente en 2021. Insistimos firmemente en nuestro apoyo a la OIT en su petición de que Afganistán responda íntegramente a los comentarios formulados en el Informe de la Comisión de Expertos. Seguiremos colaborando con países de ideas afines con objeto de garantizar un futuro mejor para las mujeres y las niñas afganas, en el que sean libres de expresarse en la esfera pública y perseguir sus intereses educativos y su vida laboral.

Miembro gubernamental, Suiza - Suiza lamenta que la cuestión relativa a la aplicación del Convenio en el Afganistán deba discutirse nuevamente en la Comisión, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por la Comisión de Expertos y de los debates entablados en los últimos quince años.

Desde el otoño de 2021, las mujeres y las niñas afganas ven conculcados a diario sus derechos y libertades fundamentales, especialmente su derecho a una participación plena, igualitaria, significativa y segura en todas las esferas de la vida pública. Estas restricciones afectan también a otras minorías. Suiza condena, en los términos más enérgicos, las restricciones impuestas a las mujeres y niñas afganas en el acceso al empleo y a la educación superior y recuerda que estas medidas violan sus derechos fundamentales, en particular el principio de no discriminación y el derecho a la educación de las niñas más allá del sexto grado.

Por ejemplo, las mujeres afganas ya no están autorizadas a trabajar para ONG, ni para las Naciones Unidas, salvo excepciones negociadas, mientras la enseñanza secundaria y superior está prohibida para las mujeres y las niñas. Estas medidas son contrarias al Convenio, cuyo objetivo es prevenir, combatir y eliminar todas las formas de discriminación en la educación, la formación profesional y el acceso al empleo. Además, como Suiza ya ha señalado en varias ocasiones en el Consejo de Seguridad, las restricciones impuestas a las mujeres afganas que trabajan para las ONG y las Naciones Unidas obstaculizan la ayuda humanitaria, que debe ser rápidamente accesible a las personas necesitadas en virtud del derecho internacional. Esto tiene un impacto devastador en toda la población afgana.

A este respecto, Suiza apoya las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos y pide a los talibanes que modifiquen sus decisiones y cumplan con las obligaciones establecidas en el Convenio.

Miembro empleador, Francia - Desde Platón sabemos que hombres y mujeres son iguales, ya que proceden de un único ser, partido por la mitad, como se relata en el mito de «El banquete».

El caso del Afganistán es desafortunadamente sencillo. La Comisión de Expertos ha examinado el tema en 22 ocasiones, y el caso está ahora ante nuestra comisión por tercera vez. Se trata de un asunto extremadamente grave que es objeto de una doble nota a pie de página. ¿Qué nos dice el Convenio núm. 111? Se trata de un Convenio fundamental, cuyo objetivo es garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades y de trato para todos los trabajadores, prohibiendo todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por razón de sexo.

Según las últimas observaciones de las Naciones Unidas, la situación de las mujeres afganas se ha deteriorado desde el cambio de régimen político, en agosto de 2021. Ya se han oído la lista de violaciones de sus derechos fundamentales, así que me limitaré a recordarles que las mujeres y las niñas no pueden circular libremente y no están autorizadas a trabajar, ni siquiera en la administración pública, que se les niega el acceso a la educación, que la discriminación, el acoso y la violencia contra las mujeres son habituales y quedan impunes, etc. ¿Quién puede afirmar que un régimen así respeta los derechos humanos?

Es urgente restablecer los derechos de las mujeres afganas en cuanto al acceso a la educación, a la formación profesional y al empleo. Urge poner fin a toda discriminación contra las mujeres afganas, para armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio, sin olvidar la dolorosa situación de las mujeres con discapacidad. Es imperativo garantizar a las mujeres afganas el acceso a una justicia libre e independiente, respetando las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional.

Por supuesto, hablo hoy aquí como empleador y miembro de la OIT, pero ante todo como ser humano. ¿Cómo podemos permanecer en silencio ante la situación injustamente trágica que sufren estas mujeres y niñas, sumergidas en vida en la noche de la desesperación? Nos encontramos más allá de los graves incumplimientos de las disposiciones del Convenio, incluso más allá de la violación de los derechos humanos más elementales. Sencillamente, estamos ante la negación de los principios en los que se fundamenta nuestra Organización. Por todas estas razones, en aras de la justicia social, la Comisión deberá mostrar la máxima severidad contra un régimen que pisotea hasta tal punto la dignidad humana. Quisiera concluir citando a un poeta francés, Louis Aragon, que quiso despertar nuestras conciencias con esta poderosa frase, que nunca se pronuncia sin un atisbo de esperanza: L'avenir de l'homme est la femme (El futuro del hombre es la mujer).

Miembro gubernamental, Japón - En primer lugar, el Japón desea expresar su agradecimiento a la Oficina y a la Comisión de Expertos por sus esfuerzos en pos de los principios consagrados en la Constitución de la OIT.

El Japón está profundamente preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos al que se enfrenta el pueblo afgano, especialmente las mujeres y las niñas, y condena enérgicamente las medidas de los talibanes que restringen los derechos de las mujeres y las niñas. Es importante que la comunidad internacional siga dialogando con los talibanes para lograr cambios positivos. El Japón sigue apoyando al Afganistán para abordar los complejos retos a los que hace frente el pueblo afgano, aprovechando todas las oportunidades, incluido el contacto directo que tenemos con los talibanes.

Como miembro responsable del Consejo de Administración de la OIT, el Japón espera firmemente que el Afganistán dé las explicaciones necesarias a la Oficina y a todos los mandantes de la OIT. Solicitamos al Afganistán que aborde de buena fe los puntos planteados en el Informe de la Comisión de Expertos y que siga el procedimiento que adopte esta estructura tripartita.

Miembro trabajadora, Francia - Hace casi dos años, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul. Un velo mortal ha cubierto a la mitad de la población de ese país. La situación relativa a la desigualdad de trato y a la discriminación de género es aterradora. Los talibanes quieren borrar y hacer desaparecer a las mujeres. En ningún otro lugar del mundo se lleva tan al extremo la negación de la mujer.

En los últimos veinticuatro meses, las violaciones de los derechos humanos de mujeres y niñas han ido empeorando progresivamente. A pesar de las promesas iniciales de que se permitiría a las mujeres ejercer los derechos que les otorga la sharía —como el derecho a trabajar y estudiar—, los talibanes han excluido sistemáticamente a mujeres y niñas de la vida pública. A las mujeres se les ha impedido entrar en parques y gimnasios, entre otros lugares públicos, medidas discriminatorias de una época que Europa quisiera poder olvidar.

Tras haber limitado drásticamente el acceso de mujeres y niñas a la educación o al trabajo en el primer año de su llegada al poder, los talibanes siguen escandalizando con nuevas restricciones. A finales de 2022, prohibieron a las mujeres proseguir sus estudios en las universidades. Anteriormente, ya habían prohibido a las mujeres estudiar determinadas disciplinas como veterinaria, ingeniería, economía y agricultura. Los talibanes afirman que las mujeres no son aptas para ser juezas o abogadas porque no conocen suficientemente la sharía. Excluidas del sistema judicial, las mujeres se han convertido en blanco de las represalias de los talibanes. En enero de 2023, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán denunciaron la exclusión de las mujeres del sistema judicial, calificándola de «acto flagrante de discriminación», y pidieron a la comunidad internacional que les brindara una protección y una acogida seguras. Y, para colmo de cinismo, las «autoridades de facto» han comunicado a las Naciones Unidas que no se permite, con efecto inmediato, a ninguna mujer afgana trabajar para las Naciones Unidas en el Afganistán, y que esta medida se aplicará de forma activa. Esta decisión amplía la directiva anunciada anteriormente, el 24 de diciembre de 2022, por la que se prohibía a las mujeres afganas trabajar para ONG nacionales e internacionales.

Por último, para completar esta insoportable letanía, prácticamente no se puede denunciar la violencia de género, porque las mujeres ya no pueden acudir solas a una comisaría para denunciar la violencia en el seno de la familia. Con los centros de atención a las mujeres cerrados por los talibanes, las mujeres y las niñas han perdido sus últimos refugios seguros. Esto ha provocado innumerables costos y riesgos físicos y psicosociales para las mujeres afganas, como matrimonios infantiles, depresión y suicidio, debido a la exclusión y a la falta de perspectivas. También ha aumentado el riesgo de que se conviertan en víctimas de la violencia doméstica. Según Amnistía Internacional, desde el cambio de régimen, han aumentado los matrimonios infantiles, los matrimonios precoces, los matrimonios forzados y los abortos mortales.

Ante estos abusos contra la población femenina, nuestra comisión debe condenar inmediatamente y sin reservas al régimen talibán, por respeto al sufrimiento de las mujeres afganas.

Miembro trabajador, Filipinas - Nosotros, la Coalición Laboral Nagkaisa, los sindicatos afiliados a la Confederación Sindical Internacional en Filipinas, a saber, la Federación de Trabajadores Libres, la Central y el Congreso de Sindicatos de Filipinas, así como los afiliados a All Philippine Trade Unions, nos solidarizamos de manera inquebrantable con el pueblo del Afganistán y condenamos rotundamente el peligroso y desgarrador deterioro de los derechos humanos en dicho país de Asia Central.

La situación de los derechos humanos en el Afganistán ha empeorado drásticamente desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, a pesar del compromiso público de los dirigentes talibanes de defender y respetar los derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado reiteradamente violaciones de la legislación internacional, incluido el Convenio núm. 111, y graves abusos contra los derechos humanos perpetrados desde entonces por los talibanes.

Como hecho alarmante, según Amnistía Internacional, se ha detenido a personas que criticaban públicamente el régimen opresivo de los talibanes contra las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, y otras han sido ejecutados extrajudicialmente. Muchas de esas personas son destacados defensores de las libertades civiles y de la igualdad, como Narges Sadat, defensora de los derechos de la mujer; el profesor Ismail Mashal, defensor de la educación de las mujeres; Fardin Fedayee, activista de la sociedad civil; Zekria Asoli, escritor y activista; Mortaza Behboudi, periodista afganofrancés; el exsenador Qais Khan Wakili, y el periodista afgano Muhammad Yar Majroh. Según una reciente actualización de Amnistía Internacional, solo se ha informado de la liberación del profesor Ismail Mashal, hecho que acrecienta nuestra gran preocupación. A menudo, los talibanes no dan razones para estas detenciones, y es frecuente que el paradero de los detenidos no se revele, lo que equivale a desapariciones forzadas.

La detención arbitraria y el silenciamiento de los defensores de los derechos humanos son parte integrante del entorno discriminatorio en el que se autorizan las continuas agresiones a los derechos de las mujeres y las niñas y los asesinatos selectivos de personas de etnia hazara, para impedir su acceso a la igualdad de oportunidades y de trato.

Human Rights Watch señaló que la situación se ve exacerbada por las amenazas que sufren las minorías religiosas por parte de grupos extremistas como el Estado Islámico-Provincia de Jorasán (EI-PJ). Los hazara, grupo étnico predominantemente chií, han sido objeto de numerosos ataques por parte del EI-PJ, que ha ocasionado la muerte de al menos 700 personas.

Miembro trabajadora, Noruega - Hablo en nombre de los sindicatos de los países nórdicos. El caso del Afganistán se discute hoy aquí, en el marco del Convenio núm. 111. Además de la discriminación de la mujer, también existe discriminación basada en la etnia y la religión. Se sigue discriminando a las mujeres en el acceso al empleo y la seguridad en el empleo. Tras la toma del poder por los talibanes, se han impuesto restricciones severas a los derechos de la mujer, incluida la libertad de circulación y el acceso a la educación y al empleo. Las mujeres ni siquiera tienen derecho a la justicia. Además, las minorías étnicas del Afganistán y otras personas que no se adhieren a la interpretación estricta del Islam suní corren grave peligro de ser blanco de violencia. Bajo el Gobierno anterior, el Afganistán no era un país seguro en el que se respetara la diversidad étnica y religiosa. La situación se ha deteriorado drásticamente tras la toma del poder por los talibanes.

Entre agosto de 2021 y junio de 2022, las Naciones Unidas en el Afganistán ha registrado 2 106 víctimas civiles asociadas a la intolerancia religiosa del Estado Islámico-Provincia de Jorasán (EI-PJ), que sigue llevando a cabo ataques sistemáticos y selectivos contra grupos étnicos y religiosos minoritarios. Entre estos ataques, se encuentran bombardeos de centros religiosos y educativos y atentados contra medios de transporte público utilizados por los grupos minoritarios. Entre ellos, cabe citar un atentado contra un templo sij, en Kabul, el 18 de junio, y el bombardeo de un centro educativo en un barrio mayoritariamente hazara, el 30 de septiembre. En este último atentado, murieron al menos 52 adolescentes, en su mayoría niñas. Las autoridades talibanes no han investigado estos atentados, ni han tomado medidas adecuadas para proteger a las minorías étnicas religiosas. En cambio, se han suprimido las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno anterior para proteger a estos grupos minoritarios.

En las zonas en las que continúa la resistencia armada contra los talibanes, la población civil sigue sufriendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y restricciones de la libertad de circulación impuestas por las autoridades talibanes locales. La población local también denuncia que los talibanes han llevado a cabo desalojos forzosos en estas zonas, especialmente en Panjshir.

La discriminación y la violencia por motivos étnicos y religiosos en el Afganistán no cumplen en modo alguno con las obligaciones derivadas de los convenios de la OIT ratificados. Instamos a que se ponga fin urgentemente a todo tipo de discriminación, violencia y ataques contra las mujeres y las minorías étnicas y religiosas.

Observadora, Internacional de la Educación (IE) - En nombre de los sindicatos de docentes de todo el mundo, la IE expresa su profunda preocupación por la situación de los docentes en el Afganistán y por el acceso de las niñas afganas a la educación. Ya se han hecho muchos comentarios sobre la educación, pero me gustaría subrayar el profundo impacto que estos acontecimientos han tenido sobre el bienestar personal y profesional de los docentes.

Desde agosto de 2021, las políticas educativas han sido fragmentarias y a menudo incoherentes, lo que ha dificultado hacerse una idea global de la situación. La supervisión independiente nacional e internacional ha sido un reto. Además, los medios de comunicación afganos han sido amordazados y censurados, lo que ha dado lugar a una cobertura limitada de la situación real en los entornos educativos. El Afganistán ha padecido décadas de guerras devastadoras y se ha enfrentado a inmensos retos en diversos aspectos de la vida, incluida la educación. Durante estos tiempos difíciles, los docentes afganos han servido incansablemente y con dedicación a los jóvenes. Las dos últimas décadas se han visto empañadas por la corrupción sistémica y la mala gestión, dilapidándose la ayuda financiera que proporciona la comunidad internacional y llevando a los profesores afganos al borde de la pobreza.

La reciente toma del poder por los talibanes no ha hecho sino empeorar un contexto ya de por sí difícil. La imposición de normas estrictas en el entorno laboral, los traslados forzosos y la prohibición de la educación de las niñas han ejercido una importante presión psicológica y económica sobre los docentes, dejándolos en una posición aún más vulnerable. La decisión de los talibanes de prohibir que las niñas cursen estudios más allá del sexto grado y de segregar las escuelas y a los maestros en función de su sexo ha tenido unas repercusiones profundas. Resulta descorazonador constatar que, a pesar de las promesas iniciales de permitir que las adolescentes volvieran a la escuela, estos compromisos nunca se han cumplido. En su lugar, se han impuesto cada vez más restricciones a la educación en general, y a la de las mujeres y las niñas en particular. Los centros de enseñanza superior se han cerrado a las estudiantes y al personal femenino y, desde hace poco tiempo, se niega a mujeres y niñas la posibilidad de salir de casa sin un acompañante varón, de trabajar o de participar en cualquier aspecto de la vida fuera del hogar.

Como consecuencia, muchas docentes se ven obligadas a quedarse en casa, mientras que otras tienen que trabajar en escuelas situadas lejos de sus hogares. Esto ha reducido significativamente su poder adquisitivo, ya que ahora tienen que gastar parte de sus ingresos en transporte. Además, los docentes han pasado meses sin cobrar sus salarios debido a la falta de efectivo en la mayoría de los bancos, al periodo de espera para los pagos y a la devaluación de la moneda afgana. Los docentes jubilados tampoco cobran sus pensiones. Esta grave situación ha llevado a muchos docentes a abandonar la profesión. El derecho a la educación va más allá de la simple apertura de escuelas. Abarca las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes, los códigos vestimentarios y las normas de conducta, el acceso a los materiales de enseñanza y aprendizaje, los cambios en el plan de estudios, la segregación por sexos de las clases y del personal, y cómo se administran las escuelas, por no hablar siquiera de sus derechos sindicales y laborales colectivos como trabajadores.

Instamos a la OIT y al Gobierno del Afganistán a que tomen medidas inmediatas y firmes para garantizar la protección de los derechos laborales de los docentes, tanto mujeres como hombres, y el restablecimiento de su seguridad financiera, y para que no se comprometa el futuro de la educación en el Afganistán.

Observador, IndustriALL Global Union - Hablo en nombre de IndustriALL Global Union. Mi organización y sus afiliados de todo el mundo están muy preocupados por el futuro del Afganistán bajo el control de los talibanes, en particular por los derechos humanos y laborales, así como por la situación de las mujeres y las niñas. Las mujeres están en peligro permanente. En los últimos veinte años, habían recuperado gradualmente algunos de sus derechos, solo para ver su lucha por la dignidad reducida a la nada en unas pocas horas. Consideramos indignante que los talibanes prohíban la mayor parte de la educación a niñas y mujeres, imponiendo castigos brutales y confinando a las mujeres en sus casas a menos que un pariente varón las escolte. Se han reanudado los ataques contra las mujeres en el trabajo y en el ámbito educativo, así como los matrimonios forzados. Sus vidas, su dignidad y su integridad están gravemente amenazadas. Los sindicalistas también son un objetivo prioritario de este régimen. Nada más llegar a Kabul, los talibanes confiscaron los bienes de los sindicatos y prohibieron sus actividades, acusándolos de infringir las leyes islámicas. Los talibanes han derogado leyes y eliminado instituciones que garantizaban la igualdad y el fin de la discriminación en la formación profesional, el empleo y la ocupación, y proporcionaban recursos para acabar con el acoso y la violencia contra las mujeres.

Por consiguiente, pedimos al Afganistán que restablezca un marco jurídico en el que se defina y prohíba explícitamente la discriminación directa e indirecta basada en, al menos, todos los motivos establecidos en el Convenio, en todos los aspectos del empleo y la ocupación, y que sirva para acabar con la falta de acceso a mecanismos de justicia formal no discriminatorios y a recursos efectivos para garantizar la igualdad de participación de las mujeres en el empleo y la ocupación; y que elimine sin demora todas las prohibiciones, prácticas discriminatorias y trato desigual por razón de sexo impuestos a niñas y mujeres con objeto de prohibir, limitar o impedir su acceso a la educación secundaria y superior, a la formación profesional, al empleo y a todo tipo de ocupaciones en todos los sectores, y que prevenga y aborde la violencia y el acoso contra niñas y mujeres. Asimismo, pedimos al Afganistán que proporcione acceso a la educación a todos los niveles y garantice su finalización; aumente la participación en una amplia gama de programas de formación; promueva las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, en particular niñas y mujeres, tanto en el sector público como en el privado, y, por último, que proporcione acceso a mecanismos de justicia formal no discriminatorios y a recursos efectivos, y organice actividades de sensibilización pública sobre los principios de igualdad y no discriminación.

Representante gubernamental - Seré muy breve, ya que realmente coincido y no podría estar más de acuerdo con la mayor parte de las declaraciones que han realizado todas las partes: Gobiernos, empleadores y trabajadores. También quisiera elevar el debate sobre el Afganistán un poco por encima del nivel de lo que estamos discutiendo hoy. Apreciamos y valoramos mucho el debate tan oportuno que se está produciendo aquí, en esta Organización internacional, y la importancia que se concede a la cuestión del Afganistán. Una vez más, entiendo que es responsabilidad del Afganistán presentar memorias sobre el Convenio núm. 111, ratificado en 1969, y estoy de acuerdo con ello. Si tuvimos dificultades para cumplir nuestra obligación de presentación de memorias fue más por un problema de capacidad que por falta voluntad política. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo en el Afganistán —en este debate solo se aborda una pequeña parte— es una anomalía y constituye una amenaza para todo el sistema internacional, del que la OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo son solo una parte.

Así, quería que se elevara el nivel del debate y me alegro de que muchos, como, por ejemplo, el miembro empleador de Francia, lo lograran. El problema al que nos enfrentamos en el Afganistán y que estamos debatiendo en esta sala nos afecta a todos como seres humanos y como ciudadanos del mundo del siglo xxi. En la tercera década del siglo xxi, estamos viviendo la toma del poder de un país por un grupo que no cree en este convenio. No se trata de cómo presentar memorias, sino de hasta qué punto aceptarán las normas, como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y este convenio, y el sistema internacional, al que el Afganistán pertenece y del que es parte.

Creo que, lamentablemente, ese grupo fue negociado por y con un gran número de Estados Miembros que están aquí presentes, y quizá se hicieron promesas para engañar a los representantes de esos países. Por lo tanto, yo diría que la situación en el Afganistán es un desafío para todo el sistema internacional y para las normas internacionales. Creo que debemos reflexionar y averiguar por qué y cómo hemos llegado a esta situación. También necesitamos saber cómo podemos remediar la situación y cómo podemos avanzar. Porque, en el Afganistán, la gente dirá que los talibanes son la realidad del país. De hecho, lo que ocurre es que unos 100 000 terroristas suicidas extremistas han tomado como rehén a un país de 38 millones de habitantes. Estos 38 millones de personas están cansadas y hartas de décadas de guerra, promesas incumplidas y traiciones. Así pues, ahora nos encontramos ante una situación que, por supuesto, tiene relación con este debate específico, pero también con todo el sistema internacional y, concretamente, con el sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta cuestión y afrontamos el problema yendo más allá de los debates? Necesitamos otro enfoque para resolver el problema, ya que las consecuencias de la situación en el Afganistán tienen repercusiones en todo el mundo. Si no alzamos nuestra voz como Miembros de la OIT y de la Conferencia Internacional del Trabajo (realmente aprecio lo que ha sucedido hoy en esta sala) junto con los ciudadanos del mundo preocupados por este tema, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países de la región, creo que la situación empeorará aún más.

Miembros trabajadores - La situación a la que nos enfrentamos en este país es extremadamente preocupante. En la Resolución núm. 2593, el Consejo de Seguridad indicó claramente las expectativas de la comunidad internacional. El pleno reconocimiento de los derechos de la mujer es parte integrante de ello. Nuestra comisión puede recordar e insistir en estos elementos. Las Naciones Unidas y la OIT siguen desarrollando actividades en el terreno. Es cierto que son limitadas, pero deben aprovecharse para mejorar, aunque solo sea ligeramente, la situación de las mujeres y las niñas en este país. Este trabajo técnico se ve gravemente obstaculizado por las recientes decisiones del Gobierno en el poder, que prohíben a las mujeres afganas trabajar con las Naciones Unidas o las ONG. Sugerimos que la Oficina lleve a cabo un análisis de las condiciones para continuar esta labor y aumentar su impacto. Esto debería hacerse en asociación con las partes que puedan aportar sus competencias técnicas y su conocimiento del terreno.

Dada la gravedad de la situación, los miembros trabajadores solicitan que este caso sea objeto de un párrafo especial.

Miembros empleadores - Como se recuerda en el Estudio General de 2012, «[a] fin de lograr la eliminación de la discriminación en el empleo y en la ocupación se requiere que los Estados desarrollen e implementen una política nacional de igualdad multifacética. La implementación de una política nacional de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas específicas y concretas, incluyendo en la mayoría de los casos la necesidad de un marco legislativo claro y comprensivo y la garantía de que el derecho a la igualdad y la no discriminación es eficaz en la práctica. Se requieren medidas proactivas para tratar las causas subyacentes de la discriminación y las desigualdades de hecho resultantes de una discriminación profundamente arraigada». Estos principios fundamentales se aplican de manera general a todos los Estados.

A la vista de lo que está ocurriendo en el Afganistán, condenamos, al igual que todos los aquí presentes, el hecho de que este país siga incumpliendo gravemente la aplicación del Convenio. Los miembros empleadores piden a las «autoridades de facto» que:

1) faciliten información completa sobre todos los progresos realizados para poner fin a las discriminaciones;

2) tomen las medidas necesarias para definir y prohibir expresamente en la ley toda discriminación directa e indirecta;

3) adopten medidas específicas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, la formación profesional y el empleo, y

4) tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a mecanismos judiciales formales no discriminatorios y a recursos eficaces.

Queda mucho camino por recorrer. Lo importante es emprenderlo de forma proactiva. No solo debe mejorarse el arsenal jurídico contra la discriminación, sino también ponerlo en práctica. Para ello, habrá que abordar las causas profundas de la discriminación, que se basan en prejuicios profundamente anclados en la tradición, o en determinados tipos de tradición.

Habida cuenta de la extrema gravedad de este caso, los miembros empleadores insistimos en que se añada un párrafo especial sobre el Afganistán a las conclusiones de los trabajos de nuestra comisión. La Comisión debe desempeñar plenamente su papel y formar parte así de los medios de presión internacionales para que se respeten los derechos humanos en todo el mundo.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de que, desde 2019, el Gobierno no ha respondido a los comentarios de la Comisión.

La Comisión expresó su más profunda preocupación por el significativo deterioro, desde 2021, de la situación de las mujeres y las niñas, en particular de los grupos vulnerables de mujeres, y otras minorías.

La Comisión deploró profundamente las prohibiciones y restricciones discriminatorias por motivo de sexo impuestas a las niñas y a las mujeres desde 2021, que repercuten negativamente en sus posibilidades de disfrutar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La Comisión también deploró la falta de un marco jurídico que defina y prohíba explícitamente la discriminación directa e indirecta basada en al menos todos los motivos enunciados en el Convenio, en todos los aspectos del empleo y la ocupación, así como la falta de acceso a mecanismos formales de justicia no discriminatorios y a vías de reparación eficaces, en consonancia con el Convenio.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión insta a que, en consulta con los interlocutores sociales, se adopten medidas efectivas y en un plazo determinado para:

- suprimir sin demora todas las prohibiciones, prácticas discriminatorias y desigualdades de trato por motivo de sexo impuestas a las niñas y a las mujeres a fin de prohibir, limitar o impedir su acceso a la enseñanza secundaria y superior, a la formación profesional, al empleo y a todo tipo de ocupaciones en todos los sectores; y facilitar información a la Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas al respecto y sobre los resultados obtenidos;

- adoptar las leyes, las políticas y las estrategias de aplicación necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso contra niñas y mujeres; y proporcionar información a la Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas al respecto y sobre los resultados obtenidos;

- modificar el artículo 9 de la Ley del Trabajo para definir y prohibir explícitamente en la ley la discriminación directa e indirecta, en consonancia con el Convenio;

- garantizar el acceso a mecanismos judiciales formales no discriminatorios y a vías de reparación eficaces;

- organizar actividades y llevar a cabo una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre los principios de no discriminación e igualdad protegidos en virtud del Convenio;

- facilitar información sobre la adopción de todas las medidas mencionadas, sobre todo progreso realizado al respecto, así como sobre los resultados obtenidos en materia de igualdad de participación de las mujeres en el empleo y la ocupación, incluso proporcionando información estadística, desglosada por sexo y ocupación, sobre la participación de las niñas y las mujeres en la educación, la formación profesional y el empleo, y

- desarrollar un plan de acción multidisciplinar y multisectorial para luchar contra la discriminación en el empleo, la ocupación y la educación, con la asistencia técnica de la OIT y en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil, y en coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas que trabajan en el territorio.

La Comisión también pide que se tomen medidas específicas para facilitar el acceso a la educación y la formación profesional y promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, en particular las niñas y las mujeres.

La Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su informe.