Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Costa Rica (Ratification: 1966)

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La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), transmitidas por el Gobierno en su memoria. La Comisión toma nota igualmente de las respuestas del Gobierno a las mismas.

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en relación con el impacto de las medidas implementadas con miras a alcanzar los objetivos del Convenio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018. Entre los objetivos de dicho plan, se encuentran: impulsar el crecimiento económico, generar empleo de calidad, combatir la pobreza, y reducir la desigualdad. Al respecto, el Gobierno informa de que, según información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2017 la economía costarricense creció poco más de 3,2 por ciento, mientras que el crecimiento económico mundial fue del 3,7 por ciento. La inversión social aumentó del 22,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014 al 23,3 por ciento en 2016. El Gobierno indica que, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), entre 2013 y 2017 la tasa de desempleo se redujo un 1,1 por ciento y la tasa de empleo informal disminuyó del 44 por ciento al 41 por ciento. En términos de poblaciones meta, la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 a 17 años también mostró una reducción, al pasar del 26 por ciento en 2013 al 23,2 por ciento en 2017, y la tasa de desempleo de jóvenes entre 18 a 24 años también disminuyó, bajando del 19,8 por ciento en 2013 al 17,8 por ciento en 2017. Además, en ese mismo período la tasa de desempleo de hogares pobres se redujo un 2,4 por ciento y la tasa de desempleo de mujeres se redujo un 1,5 por ciento. En lo que respecta al acceso a la sanidad y a la vivienda, se mantuvo una amplia cobertura del sistema sanitario con un 86 por ciento de la población asegurada, y el déficit habitacional (falta de nuevas viviendas) se redujo del 15,8 por ciento en 2013 al 14,9 por ciento en 2017. El Gobierno se refiere además a diversos indicadores que muestran mejoras en el nivel de vida de la población, tales como el aumento de las tasas de escolaridad en la educación primaria y secundaria, y de la esperanza de vida, así como la reducción de las tasas de mortalidad infantil. Con miras a alcanzar el objetivo del PND de reducir la pobreza, se implementó la Estrategia nacional para la reducción de la pobreza de la administración Solís Rivera (2015-2018), denominada «Puente al Desarrollo» destinada a asegurar el acceso preferente a programas sociales a 54 600 familias en situación de pobreza extrema. El Gobierno indica que, gracias a la ejecución de dicha estrategia, la pobreza extrema se redujo del 6,7 por ciento en 2014 al 5,7 por ciento en 2017, mientras que la tasa de pobreza no extrema disminuyó del 15,7 por ciento al 14,3 por ciento. La tasa de desigualdad se redujo ligeramente del 0,512 en 2014 al 0,514 en 2017, debido al aumento de los ingresos por trabajo y de los ingresos por hogares a través de transferencias o subsidios estatales y becas. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 21 de octubre de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESC) expresó su preocupación acerca del hecho de que las medidas adoptadas para combatir la pobreza no habían sido lo suficientemente efectivas para disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en los últimos años, ni para combatir los crecientes niveles de desigualdad que afectan a los grupos más desfavorecidos y marginados (documento E/C.12/CRI/CO/5, párrafo 39). Por otro lado, el Gobierno informa de la suscripción el 9 de setiembre de 2016 del Pacto Nacional por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Comisión toma nota igualmente de la adopción en diciembre de 2018 del Plan nacional de desarrollo y de inversión pública del bicentenario 2019-2022, que incluye entre sus metas reducir la pobreza multidimensional entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales y detener el crecimiento del nivel de desigualdad en un 0,511 del coeficiente de Gini. Sin embargo, en sus observaciones, la CCTD sostiene que la información proporcionada por el Gobierno no representa la situación actual del país. La CCTD afirma que la población se ha empobrecido, la salud se ha deteriorado, la brecha social se ha acrecentado y el desempleo ha crecido. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por el Plan nacional de desarrollo y de inversión pública del bicentenario 2019-2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población costarricense (artículo 2), especialmente en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad.

Artículo 4. Productores agrícolas. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre la mejora de diversos indicadores relativos al crecimiento económico en el sector agropecuario. En este sentido, el Gobierno indica que, a pesar del impacto de los fenómenos naturales acaecidos a nivel nacional, en 2017, la producción agropecuaria registró un crecimiento del 2,7 por ciento. El Gobierno informa asimismo de la ejecución entre 2015 y 2018 de 15 nuevos proyectos con miras a mejorar el nivel de vida de las familias en zonas rurales, que incluyen medidas relativas a la adquisición de tierras, infraestructuras, crédito rural y seguridad alimentaria. El Gobierno añade que 477 327 familias se beneficiaron de tales proyectos. Con respecto a la reducción de la pobreza rural, el Gobierno informa que en 2017 se registró un 24,1 por ciento de hogares rurales en condición de pobreza, cumpliéndose satisfactoriamente la meta del 25 por ciento prevista en el PND. Además, el Gobierno se refiere a la implementación de diversos proyectos financieros para asistir a los productores de aquellas regiones que se vieron afectadas por los factores climatológicos. Por otro lado, el Gobierno indica que, gracias a la implementación de tales programas, entre 2016 y 2017, se registró un aumento del 2,8 por ciento en el ingreso promedio por hogar en las zonas rurales y del 7,2 por ciento en el número de empleos en el sector rural. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para aumentar la capacidad de producción y mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas, así como sobre el resultado las mismas.

Parte III. Trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de las iniciativas implementadas a través de la Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013 2023), con miras a lograr la protección de los trabajadores migrantes. En particular, el Gobierno se refiere a la adopción de medidas para simplificar los trámites migratorios de indígenas migrantes, tales como la ejecución del programa «Migramóvil» por la Dirección General de Migración y Extranjería en la zona de Los Santos, gracias al cual se proporcionó asesoría y se tramitaron las solicitudes de regularización de su condición migratoria de migrantes procedentes de la comunidad indígena Ngäbe. Además, se ha capacitado a funcionarios públicos de la zona de Los Santos sobre el derecho de las personas migrantes, con especial énfasis en pueblos indígenas. Por otro lado, la Comisión se refiere a su solicitud directa de 2015 relativa a la aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), en los que tomó nota de las medidas adoptadas con miras a mejorar la cooperación entre el Gobierno y Panamá en materia de la movilidad migratoria de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé. Por último, la Comisión se refiere a su solicitud directa de 2018 sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en los que tomó nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), acerca de las violaciones de los derechos de algunos trabajadores empleados en las plantaciones de bananas y de ananás, especialmente en materia de tiempo de trabajo, condiciones de trabajo, protección social y derechos sindicales. Al respecto, la CTRN observó que los trabajadores más vulnerables son los trabajadores migrantes estacionales. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o contempladas con miras a garantizar que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tengan en cuenta sus necesidades familiares normales (artículo 6). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto de tales medidas en relación con los trabajadores empleados en las plantaciones de bananas y ananás y aquellos trabajadores procedentes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares. Asimismo, solicita al Gobierno que envíe información actualizada y detallada sobre el impacto de la cooperación en materia de migración laboral entre las autoridades del Gobierno de Panamá, en relación con los migrantes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé (artículo 8).