Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

1. Aplicación de una política nacional. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2005 donde se describen las actividades que realiza el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADES). Además, la Comisión ha tomado conocimiento que, el 30 de enero de 2006, se reformó el Código del Trabajo para asegurar que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, queda obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad, de género y diversidad de discapacidad. Se establece que desde el segundo año de vigencia de las nuevas disposiciones legislativas la contratación deberá ser del 1 por ciento del total de los trabajadores, el tercer año del 2 por ciento, en el cuarto año el 3 por ciento hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4 por ciento del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. La Comisión toma nota con interés de las iniciativas legislativas y de las actividades prácticas realizadas y pide al Gobierno que siga informando, en su próxima memoria, sobre los resultados alcanzados para integrar a las personas con discapacidad en el mercado abierto del trabajo (artículo 2 del Convenio).

2. Consulta de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y recuerda la importancia que tiene la consulta de las organizaciones profesionales para la aplicación de la política de readaptación profesional y empleo en relación con las personas con discapacidades. La Comisión reitera su interés por recibir informaciones sobre las consultas efectuadas con las organizaciones profesionales de empleadores y de trabajadores en lo que concierne a las medidas adoptadas para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación profesional (artículo 5).