Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

La Comisión toma nota de que, según la información suministrada en julio de 2004 por la delegación centroafricana a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 2002 se están reformando el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal vigentes desde la independencia, con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en la República Centroafricana (BUNOCA). La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien suministrar informaciones más detalladas sobre el proceso de reforma de la legislación penal y, si procediere, comunicar copia de los textos adoptados. La Comisión espera que, en esta ocasión, el Gobierno tendrá en cuenta los comentarios siguientes.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación sobre las cuestiones siguientes.

Artículo 1, a), del Convenio. 1. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de que pueden imponerse penas de reclusión que implican un trabajo obligatorio, en virtud de las disposiciones de la ley núm. 60/169, de 12 de diciembre de 1960 (difusión de publicaciones prohibidas que pueden ser susceptibles de atentar contra la construcción de la nación centroafricana) y del decreto núm. 3-MI, de 25 de abril de 1969 (difusión de periódicos o de noticias de origen extranjero no aprobados por la censura). La Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara las leyes en consideración y que comunicara una copia de las nuevas disposiciones adoptadas. La Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales se habían transmitido al Ministro de la Comunicación las observaciones de la Comisión relativas a las leyes mencionadas. Sin embargo, el Gobierno no indicó si se habían modificado la ley núm. 60/169 y el decreto núm. 3-MI. La Comisión espera vivamente que la próxima memoria del Gobierno mencione las medidas adoptadas o previstas para garantizar el respeto del Convenio.

2. En relación con la libertad de expresión, la Comisión solicitó al Gobierno, en los comentarios anteriores, que comunicara informaciones sobre la aplicación práctica de algunas disposiciones mencionadas con anterioridad, con el fin de garantizar que estuviesen de conformidad con el Convenio:

i)  artículo 77 del Código Penal (difusión de propaganda con fines determinados; actos dirigidos a comprometer la seguridad pública, etc.);

ii)  artículos 130 a 135 y 137 a 139 del Código Penal (delitos respecto de las personas que ocupan diversas funciones públicas).

La Comisión tomó nota de que estas disposiciones del Código Penal prevén penas de reclusión que implican la obligación de trabajar, según el artículo 62 del decreto núm. 2772, de 18 de agosto de 1955, que reglamentan el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y el trabajo de los detenidos. En lo que respecta al párrafo 105 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión recordó que el trabajo impuesto a las personas como consecuencia de una condena judicial, no guardará, en la mayor parte de los casos, relación alguna con la aplicación del Convenio. Por el contrario, si de alguna manera una persona está obligada a realizar un trabajo por haber expresado determinadas opiniones políticas, ello se relaciona con el Convenio.

En cuanto a la libertad sindical, la Comisión tomó nota de que, además, pueden imponerse penas de reclusión que implican la obligación de trabajar, en virtud del artículo 12 de la ley núm. 61/233, que reglamenta las asociaciones en la República Centroafricana, y del artículo 62 del decreto núm. 2772, que reglamenta el trabajo penitenciario. Tomó nota de que el artículo 3 de la ley núm. 61/233, fija determinados límites al derecho de sindicación y prevé especialmente que cualquier asociación que se «dirija a ocasionar disturbios políticos o a desacreditar las instituciones políticas o su funcionamiento», es nula. El artículo 12 de la mencionada ley, prevé que «los fundadores, directores, administradores o miembros de la asociación que se mantuviera o se reconstituyera ilegalmente tras la sentencia de disolución», serán pasibles de una pena de reclusión.

La Comisión recordó que el Convenio prohíbe todo recurso al trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, en tanto que medida de coacción o de educación política o en su carácter de sanción respecto de las personas que tuviesen o expresaran determinadas opiniones políticas o manifestaran su oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La protección del Convenio no se limita a las actividades en las que se expresan o manifiestan opiniones divergentes en el marco de los principios establecidos. En consecuencia, si algunas actividades se orientan a aportar cambios fundamentales a las instituciones del Estado, ello no constituye una razón para considerar que aquellas se encuentran al margen de la protección del Convenio, mientras no se haga recurso o llamamiento a métodos violentos con miras a llegar al resultado buscado. La Comisión observó igualmente la importancia que revisten, para el respeto efectivo del Convenio, las garantías legales relativas a los derechos de reunión, de expresión, de manifestación y de asociación, y la incidencia directa que la limitación de estos derechos puede tener en la aplicación del Convenio. En efecto, es frecuente que sea en el ejercicio de estos derechos que pueda manifestarse la oposición política al orden establecido. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que no se imponga pena alguna que implique la obligación de trabajar, por razones de expresión de opiniones políticas, y que comunicara las medidas adoptadas o previstas al respecto. En espera de la adopción de tales medidas, solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación práctica de los artículos 77, 130 a 135 y 137 a 139, del Código Penal, y de los artículos 3 y 12 de la ley núm. 61/233, así como transmitir una copia de cualquier decisión judicial dictada en virtud de estas disposiciones.