Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria.

1. a) Legislación federal. Artículo 45, d) de la ley sobre prácticas comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la ley de 1993 sobre la reforma de las relaciones de trabajo (en adelante denominada "ley de reforma") ha modificado la ley sobre prácticas comerciales a fin de limitar lo dispuesto en el artículo 45, d) a los boicots no vinculados a conflictos de trabajo que tienen por objeto y efecto causar una disminución de la competencia en un mercado. Además, la Comisión tomó nota de que la ley de reforma, si bien no prohíbe dichos boicots, los limita en ciertas circunstancias. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el proyecto de modificación de la legislación sobre relaciones profesionales en el lugar de trabajo y textos afines, de 1996, que es examinado actualmente por el Parlamento Federal, contiene amplias modificaciones de las actuales disposiciones relativas al boicot. La Comisión toma nota de esta información y solicita al Gobierno se sirva suministrar una copia del proyecto de modificación de la legislación sobre relaciones profesionales en el lugar de trabajo y textos afines de 1996 tan pronto sea adoptado, y comunicar en su próxima memoria, informaciones sobre la aplicación práctica de las disposiciones relativas al boicot, que incluyan toda eventual decisión de justicia adoptada a este respecto.

b) Legislación de los Estados. Nueva Gales del Sur (NSW): ley de 1991 sobre las relaciones profesionales y artículos 4, 17 y 18 de la ley de 1988 sobre servicios esenciales de dicho Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara todo hecho nuevo en relación con la prohibición de los boicots, así como la definición de los servicios esenciales en Nueva Gales del Sur. El Gobierno declara en su memoria que, en lo que respecta a las disposiciones relativas a los boicots no vinculados a conflictos de trabajo contenidas en la ley de 1991 sobre relaciones profesionales (NSW) que se basaban en los artículos 45, d) y 45, e) de la ley federal de 1974 sobre prácticas comerciales, la ley de 1991 sobre relaciones profesionales (NSW) ha sido derogada. Dichas disposiciones no forman parte de la ley de 1996 sobre relaciones profesionales (NSW). La Comisión toma nota de esta información.

2. Legislación sobre servicios esenciales. a) Legislación federal. En comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que la mantuviera informada de todo progreso realizado en lo que respecta a la derogación de los artículos 30, j) y 30, k) de la ley de 1914 sobre crímenes y delitos. En efecto, la Comisión había tomado nota de que el artículo 30, j) prohibía las huelgas en los servicios en los casos en que el gobernador general había proclamado la existencia de conflictos de trabajo graves que: "perjudican o amenazan los intercambios comerciales con otros países o entre Estados", y que el artículo 30, k) prohibía los boicots que obstaculizaban o impedían el funcionamiento de los servicios del Gobierno australiano o el transporte de mercaderías o personas en los intercambios internacionales. El Gobierno declara que, por haber asumido sus funciones tras la elección federal del 30 de marzo de 1996, todavía no ha adoptado posición respecto de la posible derogación de estas disposiciones. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno que el Gobierno anterior había informado que el artículo 30, j) no había sido invocado desde 1951 y que no se había iniciado ninguna acción judicial en virtud del artículo 30, b) desde hacía muchos años. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que considere seriamente derogar ambas disposiciones a fin de poner la legislación en conformidad con el Convenio y con la práctica nacional.

b) Legislación de los Estados. Además, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicara el número y los tipos de casos en los que las restricciones a la huelga previstas en la ley de 1878 sobre conspiración y protección de la propiedad (en adelante denominada "ley de conspiración"), y en la ley sobre la codificación del derecho penal, 1935-75 (en adelante denominada "ley de codificación"), habían sido utilizadas en los Estados de Australia del Sur y de Tasmania respectivamente.

El Gobierno declara en su memoria que no se han aplicado las restricciones a las huelgas previstas en la ley de conspiración o la ley de codificación durante el período considerado en la memoria. El Gobierno explica que la ley de conspiración de 1878, entró en vigor el 30 de noviembre de 1879 y reflejaba las disposiciones de la ley de 1875 sobre conspiración y protección de la propiedad de Gran Bretaña, las que fueron adoptadas en esa época por todos los Estados y territorios de Australia. Posteriormente la ley de conspiración fue derogada en 1935 y las disposiciones respectivas fueron incorporadas a la ley de codificación en los artículos 260-266. Estas disposiciones proscribían ciertas actividades sindicales que podían conducir a la ruptura de la paz, recurriendo a la violencia, la intimidación, los piquetes de huelga, etc. Dichas disposiciones eran consideradas en la época una concesión significativa a la liberalización de la actividad sindical. La ley de codificación fue posteriormente modificada por la ley núm. 35 de 1992 que suprimió los artículos 260-266 y los reemplazó por un nuevo artículo 258 que entró en vigor el 6 de julio de 1992. El nuevo artículo 258 prevé que una acción en previsión de o en apoyo de un conflicto de trabajo según lo dispuesto en la legislación de los Estados sobre las relaciones profesionales es punible en virtud de la ley de codificación, a menos de que se trate de una falta que justifique una acción judicial. La Comisión toma nota con satisfacción de esta información.

En relación con los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala en su memoria que el artículo 26 de la ley de codificación de 1935-75 del derecho penal, y la ley de 1889 sobre conspiración y protección de la propiedad de Tasmania habían sido derogadas por la ley núm. 59 de 1994, y la ley de 1991 sobre la revisión del derecho escrito, respectivamente. La Comisión toma nota de esta información con satisfacción.

El Gobierno del Estado de Victoria señala que no existe una total prohibición de las huelgas en los servicios esenciales o en las industrias vitales de dicho Estado. La ley de 1958 sobre los servicios esenciales, la ley de 1992 sobre las industrias vitales del Estado (empleos y servicios) y la ley de 1958 sobre la protección de la seguridad pública, como sus nombres lo indican, abarcan situaciones vinculadas a las industrias vitales y a los servicios esenciales. No obstante, estas leyes prevén garantías para el ejercicio de ciertas facultades, pues exigen al gobernador del Consejo que invoque las facultades que le conceden estas leyes cuando estime que existe una situación de emergencia. Las dos primeras leyes, en particular, limitan la duración de toda declaración o proclamación hecha en virtud de dichas leyes, y autorizan al Parlamento a que derogue dicha declaración o proclamación. Además, ninguno de los textos legislativos sobre los servicios esenciales antes mencionados han sido invocados durante el período examinado en la memoria. La Comisión toma nota de esta información.

Por último, la Comisión toma nota de una decisión de la Alta Corte de Australia dictada el 4 de septiembre de 1996. La Comisión toma nota de que la decisión ha sido tomada después de un juicio en contra del Gobierno del Commonwealth de Australia iniciado por los Estados de Victoria, Australia del Sur y Australia occidental que pretendían que se tomara una decisión declaratoria según la cual ciertas disposiciones de la ley de relaciones profesionales de 1988 carecían de validez legal. Las disposiciones de la ley que estaban en discusión eran, entre otras, las que preveían las negociaciones colectivas y el derecho a la huelga. La Comisión toma nota con interés de que la decisión apoya ampliamente estas disposiciones, sobre la base de que el Gobierno del Commonwealth está facultado para legislar en estas materias, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución australiana, en lo que respecta a los poderes en materia de "asuntos externos" que posee el Gobierno del Commonwealth.