Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO396, October 2021

1. 274. La queja figura en una comunicación de fecha 5 de febrero de 2020 remitida por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
2. 275. El Gobierno del Ecuador envió sus observaciones sobre los alegatos en una comunicación de fecha 24 de abril de 2020.
3. 276. El Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de las organizaciones querellantes

1. 277. En su comunicación de fecha 5 de febrero de 2020, la CEDOCUT y el FUT denuncian la acción penal presentada contra el Sr. Manuel Mesías Tatamuez Moreno, presidente de la CEDOCUT y presidente de turno del FUT, posteriormente a las protestas que tuvieron lugar en el país entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. También denuncian la falta de diálogo social con respecto a un proyecto de reformas laborales elaborado por el Gobierno.
2. 278. Las organizaciones querellantes indican que en octubre de 2019, el Presidente del Ecuador, por medio del Decreto Ejecutivo núm. 883, puso fin a los subsidios a la gasolina, lo que elevó el precio de la gasolina «extra» —la más usada en el país— en poco más de 0,50 dólares de los Estados Unidos por galón.
3. 279. Las organizaciones querellantes manifiestan que el gremio de transportistas convocó un paro, en el que se bloquearon carreteras y calles en todo el país, lo que dio por iniciado una serie de protestas en el Ecuador, durante las cuales se registraron enfrentamientos entre la policía que pretendía guardar el orden público y miles de protestantes indignados por las medidas económicas que afectaban fuertemente su vida cotidiana. Indican que a estas protestas se sumaron cientos de comunidades indígenas y trabajadores que llegaron a Quito con el pasar de los días.
4. 280. Las organizaciones querellantes afirman adicionalmente que: i) anteriormente a las referidas medidas económicas plasmadas en el Decreto Ejecutivo núm. 883, el Gobierno había comunicado en abril de 2019 acerca de la elaboración de un paquete de reformas laborales flexibilizadoras incluyendo la creación de una nueva figura contractual (el contrato de emprendimiento), así como la eliminación de la jubilación patronal para convertirla en una aportación mensual atada al tiempo de trabajo; ii) el Gobierno había establecido un diálogo acerca de este paquete de reformas únicamente con organizaciones aliadas a sus políticas coyunturales, sin respetar a los dirigentes de las principales centrales del país; iii) a este panorama se sumaba la inestabilidad de los funcionarios del sector público a consecuencia del uso de contratos de servicios ocasionales, y iv) ante la falta de diálogo, las centrales sindicales habían previsto, en abril de 2019, una huelga nacional como un mecanismo de presión para lograr la atención del Gobierno.
5. 281. Las organizaciones querellantes afirman que, en el mencionado contexto, y ante las medidas económicas adoptadas por el Gobierno con el apoyo del Fondo Monetario Internacional; sectores sociales, organizaciones de indígenas, organizaciones sindicales y del transporte se manifestaron en el mes de octubre de 2019, generándose una huelga nacional. Refiriéndose a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que constató un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas, las organizaciones querellantes afirman que existió mucha represión durante la huelga nacional y que muchos han muerto en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía ecuatoriana, mientras centenares de personas resultaron heridas y detenidas.
6. 282. Las organizaciones querellantes manifiestan que el Ecuador pasó por una grave crisis y que el Gobierno declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas. Alegan que el Presidente de la República, a pesar de haberse negado inicialmente a entablar contactos con las organizaciones, no tuvo más opción que acogerse al diálogo por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas y poner fin al conflicto, derogando el Decreto Ejecutivo núm. 883 y estableciendo otras medidas que beneficien a todo el país. A este respecto, se refieren al papel desempeñado por las centrales sindicales en su llamado al diálogo con el Gobierno.
7. 283. Las organizaciones querellantes alegan que, posteriormente al conflicto, el Gobierno desconoció los acuerdos alcanzados por intermedio de las Naciones Unidas y presentó una denuncia penal contra los dirigentes del movimiento de octubre de 2019, tanto líderes sindicales como líderes indígenas, por secuestro de fuerzas públicas dentro de las instalaciones de un lugar público donde se llevaba a cabo una audiencia indígena en la que asistieron miles de personas y a la cual los dirigentes sindicales acudieron en apoyo de los objetivos de la huelga nacional que había sido convocada con anterioridad al mes de octubre.
8. 284. Las organizaciones querellantes denuncian específicamente que el Sr. Manuel Mesías Tatamuez Moreno, presidente de la CEDOCUT y presidente de turno de la FUT, recibió una solicitud de información a instituciones, de fecha 24 de octubre de 2019, en relación con la denuncia penal mencionada. También informan que el 7 de enero de 2020, el Sr. Tatamuez Moreno fue notificado para asistir a la Fiscalía y dar su versión de los hechos. Este último indicó no haber sido parte de un secuestro de nadie ni haber tenido conocimiento de ninguna intención de secuestrar en ese lugar a ningún agente de policía o periodista sino que participó en una manifestación pacífica. Según las organizaciones querellantes, el objetivo de esta acción, por parte del Gobierno, consiste en que los dirigentes sindicales no continúen con su posición de combatir las políticas de reformas laborales en el país, lo cual constituye un acto antisindical que va en contra de lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 11 del Convenio núm. 87 y en los artículos 1, 2, y 4 del Convenio núm. 98. Sostienen que el Gobierno incumplió dichos convenios al tener injerencia en el sistema de justicia penal con miras a limitar a través del miedo y la intimidación el ejercicio de los derechos sindicales en general y, de la libertad de expresión de las centrales sindicales en particular.
9. 285. Las organizaciones querellantes alegan adicionalmente que el Gobierno ha incumplido su obligación de ser un agente de comunicación entre actores sociales en relación con el proyecto de reformas laborales mencionado anteriormente. A este respecto, las organizaciones querellantes: i) afirman que el Gobierno realizó reuniones de validación de las políticas del Estado únicamente con organizaciones sindicales afines a las empresas públicas que dependen del Estado sin tener ninguna representación de los trabajadores del sector privado y que, en consecuencia, no existe un ambiente de diálogo social, y ii) solicitan tomar conocimiento del proyecto de reformas laborales antes de su inminente presentación ante la Asamblea Nacional.

B. Respuesta del Gobierno

1. 286. En su comunicación de fecha 24 de abril de 2020, el Gobierno manifiesta que la presente queja basa gran parte de su argumentación en el contexto de la expedición del Decreto Ejecutivo núm. 883 de 1.º de octubre de 2019. Indica que dicho decreto fue emitido en razón a la latente necesidad de reformar el Reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, conforme a las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno del Ecuador, encaminadas a establecer nuevos precios de los combustibles acorde a la realidad económica del país, en aras de salvaguardar los intereses del Estado y evitar el contrabando de combustibles. El Gobierno indica que es un hecho público y notorio que la adopción de esta decisión conllevó a una serie de manifestaciones en contra de tal resolución.
2. 287. El Gobierno informa que, como consecuencia de aquello, el 3 de octubre de 2019, mediante el Decreto Ejecutivo núm. 884, el Presidente del Ecuador declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país alteraron el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de dicho Decreto Ejecutivo, también alertó de una posible radicalización de las movilizaciones en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continuaban convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida.
3. 288. El Gobierno explica que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo núm. 884 suspendió en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y, el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales. El Gobierno informa que dicha suspensión consistió en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día con el objeto de impedir que se atente contra los derechos del resto de ciudadanos.
4. 289. Asimismo, el Gobierno señala que, como consecuencia de las protestas que mediaron por varios días en el país y del diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, del Consejo Ecuatoriano de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos y de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, el Presidente del Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo núm. 894, de 14 de octubre de 2019, resolvió dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo núm. 883, lo cual supuso el cese de las manifestaciones acaecidas en el territorio ecuatoriano.
5. 290. Con respecto a este punto, el Gobierno manifiesta que, de conformidad con sus propias decisiones, el Comité no es competente para tratar alegatos de naturaleza puramente política, y que, en el presente caso, no se evidencia la vulneración a los derechos laborales o sindicales de ningún miembro de la CEDOCUT o del FUT.
6. 291. En cuanto a un supuesto proyecto de precarización laboral mencionado por las organizaciones querellantes, el Gobierno destaca que: i) una de las políticas proyectadas por el Gobierno y, alineada a la promoción del empleo, es incluir una figura de contrato de emprendimiento para negocios de reciente creación, misma que incluiría todos los derechos laborales ya reconocidos a los trabajadores, en aras de dinamizar el empleo en el Ecuador; ii) la jubilación patronal se mantendría, ya que el Estado es garante de derechos, y iii) los contratos de servicios ocasionales son parte del régimen laboral previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público desde la publicación de la misma el 6 de octubre de 2010 y, constituye un tipo de contrato para cubrir necesidades institucionales no permanentes en el sector público.
7. 292. El Gobierno indica, a continuación, que el proyecto de reformas laborales mencionado por las organizaciones querellantes no ha sido presentado ante la Asamblea Nacional del Ecuador y que se han realizado de manera continua diálogos sociales con diferentes actores del sector empleador y trabajador, mismos que engloba tanto a representantes de empleadores como de trabajadores y que incluyen a la CEDOCUT y el FUT. Sostiene que las organizaciones querellantes muestran su inconformidad únicamente por cuanto no se ha socializado formalmente el proyecto con sus representantes, lo cual no representa la realidad en razón de que el Ministerio del Trabajo mantuvo mesas de trabajo, incluso con las organizaciones querellantes, así como ha realizado a través de medios de comunicación difusiones a tal proyecto.
8. 293. El Gobierno añade que, dado que los alegatos de las organizaciones querellantes se refieren a un proyecto de ley sin fuerza legal, el Comité no tiene motivo suficiente para pronunciarse al respecto. El Gobierno manifiesta adicionalmente que las afirmaciones de las organizaciones querellantes no reflejan la realidad de las reformas laborales impulsadas por el Ministerio del Trabajo. El Gobierno indica que, tratando de aumentar la promoción del empleo en aras de disminuir la tasa de desempleo y subempleo, analizó ciertas propuestas en su momento. Sin embargo, se vuelve a hacer hincapié en que las mismas no fueron presentadas ante la Asamblea Nacional.
9. 294. En lo que respecta a la investigación fiscal por un presunto delito de secuestro en contra del Sr. Tatamuez Moreno, el Gobierno subraya que, en el marco del Estado constitucional de derechos, las funciones del Estado se encuentran debidamente separadas y gozan de independencia. Consecuentemente, a la Fiscalía General del Estado le corresponde el ejercicio público de la acción, especialmente cuando medie la noticia del delito canalizada a través de denuncia, de conformidad con el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
10. 295. El Gobierno indica que, en base a lo expuesto por las asociaciones querellantes, se puede colegir que la Fiscalía General del Estado en atención a sus competencias y atribuciones se encuentra realizando una investigación previa por los hechos acaecidos en el contexto de las protestas sociales de octubre de 2019 con el fin de reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación. Según el Gobierno, se desprende que el Sr. Tatamuez Moreno ha sido notificado a fin de que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento, como persona que puede esclarecer los hechos, de conformidad con el artículo 582 del COIP. Informa que, por estas consideraciones y en atención a lo preceptuado en el artículo 584 del COIP, la investigación previa tendrá el carácter de reservada.
11. 296. El Gobierno precisa que rendir una versión ante un fiscal debidamente nombrado no constituye que la persona sea sospechosa o procesada. También afirma que, sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha sido garante de derechos a la libertad sindical, mismos que son ajenos completamente a una denuncia seguida por el presunto delito de secuestro.
12. 297. En cuanto a los artículos de los Convenios núms. 87 y 98 invocados por las organizaciones querellantes, el Gobierno declara que las organizaciones querellantes erróneamente arguyen que ha existido injerencia por parte del Gobierno en la investigación penal. Sostiene que no existe ningún elemento probatorio que pudiera inferir que haya sucedido alguna actuación que hubiera vulnerado los derechos del Sr. Tatamuez Moreno a causa de su calidad de dirigente sindical. También indica que se colige con meridiana claridad que no ha puesto en detrimento los derechos sindicales a través de la legislación nacional.
13. 298. El Gobierno concluye reiterando que las pretensiones de las organizaciones querellantes no versan sobre violaciones de los derechos sindicales y que, por el contrario, se fundamentan en aspectos meramente políticos ajenos a la competencia del Comité.

Recomendaciones del Comité

1. 306. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado del examen de la denuncia penal presentada en contra del Sr. Manuel Mesías Tatamuez Moreno y confía en que, en el marco del examen de la mencionada denuncia, las autoridades competentes tomarán plenamente en cuenta las decisiones sobre la libertad sindical mencionadas en las conclusiones de este caso, y
   • b) el Comité confía en que el Gobierno se asegurará de que los proyectos de reformas laborales que se elaboren en el futuro serán consultados con todas las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores concernidas.