Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO380, October 2016

1. 305. La queja figura en una comunicación de 4 de junio de 2014 presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética (SINTRAMIENERGETICA).
2. 306. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de 22 de mayo de 2015.
3. 307. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

A. Alegatos de la organización querellante

Primer conflicto colectivo

1. 308. La organización querellante denuncia en primer lugar la violación de los derechos de huelga y de negociación colectiva en relación con un conflicto colectivo ocurrido en el seno de la empresa Drummond Ltd. A este respecto, la organización querellante manifiesta específicamente que: i) SINTRAMIENERGETICA es la organización sindical mayoritaria en el seno de la empresa por afiliar a más del 50 por ciento de los trabajadores de la empresa; ii) se han ido celebrando sucesivas convenciones colectivas de trabajo entre la empresa y el sindicato; iii) de acuerdo con la legislación en vigor, SINTRAMIENERGETICA denunció la convención colectiva vigente y presentó un nuevo pliego de peticiones cuya negociación (etapa de arreglo directo) empezó el 28 de mayo de 2013; iv) prorrogada el 17 de junio de 2013, la etapa de arreglo directo concluyó el 7 de julio de 2013 sin que se alcance un acuerdo; v) siempre de acuerdo con la legislación vigente, SINTRAMIENERGETICA, en cuanto sindicato mayoritario, convocó la asamblea de los trabajadores sindicalizados de la empresa para decidir entre declarar la huelga o someter el conflicto a un Tribunal de Arbitramento; vi) la mayoría de los afiliados optaron por la huelga, la cual se llevó a cabo a partir del 23 de julio de 2013; vii) el 23 de agosto de 2013, un grupo de 47 trabajadores no sindicalizados informó al Ministerio de Trabajo que se llevaría a cabo, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2013, una asamblea general de los trabajadores de la empresa para determinar si se continuaba con la huelga o si se dirimía el conflicto por medio de un Tribunal de Arbitramento; viii) a pesar de que SINTRAMIENERGETICA fuera el único titular del conflicto colectivo, y por lo tanto el único con capacidad para interrumpir la huelga, el Ministerio de Trabajo ordenó, por medio de la resolución núm. 3256 de 2013, la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio en la empresa; ix) SINTRAMIENERGETICA interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión, recurso que fue rechazado por una nueva resolución de fecha 5 de noviembre de 2013; el 9 de diciembre de 2013, se ordenó la integración del Tribunal de Arbitramento Obligatorio, quedando patente la violación de la autonomía sindical protegida por los convenios de OIT, y x) a pesar de que la huelga fuera declarada de conformidad con las disposiciones legales, el Tribunal Superior de Valledupar la declaró ilegal el 19 de febrero de 2014, sentencia que fue apelada por SINTRAMIENERGETICA.

Segundo conflicto colectivo

1. 309. La organización querellante denuncia en segundo lugar que la misma empresa está adelantando una acción judicial millonaria (6 260 219,28 dólares de los Estados Unidos) en contra de la organización sindical SINTRAIME para cobrarle los presuntos perjuicios ocasionados durante un cese de actividades llevado a cabo en marzo de 2013. La organización querellante añade que los hechos que dieron origen a la acción judicial son propios de las relaciones entre obreros y empleadores, por lo cual se trata de intimidar el ejercicio futuro de los derechos colectivos.

Tercer conflicto colectivo

1. 310. La organización querellante denuncia en tercer lugar la violación de los derechos de huelga y de negociación colectiva en relación con un conflicto colectivo ocurrido en el seno de la empresa Carbones de La Jagua S.A. A este respecto, la organización querellante manifiesta específicamente que: i) SINTRAMIENERGETICA es el sindicato mayoritario en el seno de dicha empresa que se dedica a la extracción y aglomeración de hulla; ii) la convención colectiva celebrada entre la empresa y la organización sindical, con fecha de vencimiento 30 de abril de 2012, fue denunciada por ambas partes; iii) al no haber prosperado ningún acuerdo entre las partes durante la etapa de arreglo directo, el sindicato, de conformidad con la legislación vigente, votó a favor de la declaración de huelga, la cual se llevó a cabo en julio de 2012; iv) la empresa interpuso una acción judicial alegando el carácter ilegal del cese de actividades; v) el lugar de trabajo, la mina de carbón a cielo abierto La Jagua, es explotado por tres empresas propiedad de Glencore: la mencionada empresa, adquirida en 2005; el Consorcio Minero Unido S.A, adquirida en 2006, y Carbones El Tesoro S.A., adquirida en 2007; vi) si bien, a la fecha de la interposición de la acción judicial, la empresa demandante indicó que no existía unidad de empresas entre las tres estructuras, Glencore procedió poco tiempo después a integrarlas en una sola; vii) la empresa alegó ante el tribunal que la huelga no se había desarrollado de forma pacífica por haberse interrumpido el fluido eléctrico en la empresa; por haberse bloqueado las vías de acceso a «otras empresas»; por haber tomado los trabajadores de manera violenta las instalaciones de la empresa, y por haber saqueado los lugares donde vivían los trabajadores.
2. 311. La organización querellante manifiesta además que la empresa demandante añadió adicionalmente que el sindicato había violado los linderos físicos entre las tres empresas, entorpeciendo las operaciones de empresas ajenas al conflicto. SINTRAMIENERGETICA logró sin embargo demostrar que las tres empresas mineras realizaban sus actividades de manera integrada, sin existir claridad sobre sus límites físicos, con un mismo personal administrativo (incluyendo el mismo jefe de gestión humana) y operativo, por lo cual no se podía reclamar la independencia de las tres empresas mineras y era materialmente imposible que el cese de actividades no afectara la actividad de todas ellas, por la superposición de sus actividades. La empresa alegó también que la organización sindical se había negado a la aprobación de un plan de contingencia que permitiera el mantenimiento de las labores vitales de la empresa a pesar de que SINTRAMIENERGETICA hubiera presentado una propuesta en este sentido el 27 de julio de 2012, la cual no fue firmada por la empresa.
3. 312. La organización querellante señala que por medio de una providencia de 27 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Valledupar, después de un examen detallado de todos los elementos de prueba, declaró el carácter legal de la huelga. El Tribunal señaló que si bien se había presentado alguna tensión propia de este tipo de conflictos, la huelga se había llevado a cabo de forma pacífica y que no se había presentado pruebas de los hechos alegados.
4. 313. La organización querellante manifiesta que, sin embargo, mediante sentencia de 10 de abril de 2013, la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de primera instancia y declaró ilegal el cese de actividades. La organización querellante alega específicamente que la Corte no llevó a cabo un análisis jurídico de la figura de la unidad de empresa y que tomó en consideración los testimonios relativos a supuestos actos de violencia que no habían sido considerados válidos por el Tribunal Superior de Valledupar. Alega adicionalmente que la Corte Suprema llevó a cabo un análisis parcial y sesgado de los medios de prueba, en la medida en que: i) maximizó la toma en cuenta de los apartes de las declaraciones de los que se podía inferir una fuerte tensión; ii) minimizó las expresiones que indicaban que su desenvolvimiento fue pacífico, y iii) desconoció las actas elaboradas por funcionarios del Ministerio de Trabajo que sirvieron de base para la decisión de primera instancia.
5. 314. La organización querellante concluye la exposición de sus alegatos manifestando que los ejemplos descritos son contrarios a la autonomía sindical, al derecho de huelga, y al fomento de la negociación colectiva, violándose de esta manera los Convenios núms. 87, 98 y 154 de la OIT, ratificados por Colombia.

B. Respuesta del Gobierno

Primer conflicto colectivo

1. 315. En una comunicación de 22 de mayo de 2015, el Gobierno se refiere en primer lugar al conflicto colectivo entre la organización sindical SINTRAMIENERGETICA y la empresa Drummond Ltd., comunicando primero la respuesta de la empresa. Con respecto al alegato según el cual se puso fin al movimiento de huelga entablado por SINTRAMIENERGETICA por medio de una votación convocada por un grupo de trabajadores no sindicalizados, la empresa manifiesta que: i) la decisión de poner fin al movimiento de huelga y de solicitar la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento fue tomada por la mayoría de los trabajadores de la empresa y la empresa no tuvo relación directa con dicha votación; ii) SINTRAMIENERGETICA se caracterizó por su falta de buena fe a lo largo de las negociaciones ya que rechazó repetidas ofertas de la empresa de mejorar el monto del bono por firma del acuerdo colectivo y del incremento salarial; iii) el 6 de agosto de 2013, el Viceministro de Relaciones Laborales convocó una reunión entre la empresa y los tres sindicatos involucrados en el conflicto (SINTRAMIENERGETICA, SINTRADRUMMOND y AGRETRITRENES), negándose SINTRAMIENERGETICA a asistir a la misma; iv) la organización querellante no explica por qué la decisión mayoritaria de los trabajadores de la empresa de acudir al Tribunal de Arbitramento violaría los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, ni cuestiona el desarrollo de dicha votación. Desde una perspectiva más general, la empresa considera que la convocatoria del Tribunal de Arbitramento no era contraria a los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva en la medida en que dicha convocatoria no fue impuesta ni por las autoridades administrativas ni por el empleador sino que resultó de la decisión democrática de los trabajadores y que dicha solución no fue cuestionada sino aceptada por la empresa.
2. 316. La empresa se expresa en segundo lugar acerca de la declaratoria de ilegalidad de la huelga llevada a cabo por SINTRAMIENERGETICA del 23 de julio al 13 de septiembre de 2013. La empresa manifiesta que fue el carácter no pacífico del cese de actividades, especialmente el día en el cual los trabajadores de la empresa votaron sobre la continuación del movimiento de huelga, lo que motivó tanto las decisiones del Tribunal Superior de Valledupar como de la Corte Suprema de Justicia, las cuales se basaron, entre otros elementos, en las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.
3. 317. El Gobierno comunica a continuación sus propias observaciones acerca del conflicto entre la primera empresa y SINTRAMIENERGETICA. El Gobierno indica que, al no haberse logrado un acuerdo sobre la firma de una nueva convención colectiva, los trabajadores de la empresa optaron por acudir a la huelga. Durante el transcurso de la misma, el Ministerio de Trabajo, que había puesto a disposición sus buenos oficios para asegurar la continuación de las negociaciones, fue informado por un grupo de 47 trabajadores de que se llevaría a cabo una asamblea general de los trabajadores para determinar la continuación del movimiento de huelga o la solicitud de que se convoque un Tribunal de Arbitramento. La inspección del trabajo pudo constatar que la mayoría de los trabajadores se pronunció a favor de que se solicite la convocación de un Tribunal de Arbitramento, lo cual se dio por resolución de 13 de septiembre de 2013. El Gobierno indica adicionalmente que: i) de esta manera, se cumplió con el artículo 445.2 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual «durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o la asamblea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, podrán determinar someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de Arbitramento», y ii) el recurso de tutela presentado por la organización sindical en contra de la resolución del Ministerio de Trabajo fue negado en primera y segunda instancia.

Segundo conflicto colectivo

1. 318. El Gobierno comunica la respuesta de la empresa acerca del alegato según el cual la mencionada empresa estaría adelantando una acción judicial millonaria (6 260 219,28 dólares de los Estados Unidos) en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector (SINTRAIME) para cobrarle los presuntos perjuicios ocasionados durante un cese de actividades. A este respecto, la empresa manifiesta que: i) entre el 14 de marzo y el 26 de marzo de 2013, SINTRAIME bloqueó las porterías de varias minas de la empresa así como las vías públicas de las localidades correspondientes; ii) dichas acciones se acompañaron de intimidaciones en contra de los empleados de la empresa y de empleados de empresas contratistas que querían ejercer su libertad de trabajo; iii) dicha violación de la libertad de trabajo fue constatada en repetidas ocasiones por la inspección del trabajo; iv) los actos ilegales de SINTRAIME causaron un importante perjuicio económico a la empresa y atentaron contra el propósito de mantener una relación de confianza entre las partes, y v) en este sentido, la acción judicial llevada a cabo por la empresa ni constituye un acto de agresión ni persigue intimidar el ejercicio de la asociación sindical.

Tercer conflicto colectivo

1. 319. Con respecto al conflicto colectivo entre la organización sindical SINTRAMIENERGETICA y la empresa Carbones de La Jagua S.A., el Gobierno comunica primero la respuesta de la empresa, la cual manifiesta que: i) la declaratoria de ilegalidad de la huelga promovida por SINTRAMIENERGETICA en julio de 2012 se basó en los actos de violencia que acompañaron el cese de actividades y en la ocupación de la empresa en contravía de lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo, impidiendo que se pusiera en funcionamiento un plan de contingencia para garantizar la seguridad de las instalaciones de la empresa; ii) la violencia ejercida por los trabajadores en huelga no sólo afectó a la empresa sino a terceros ajenos al conflicto; iii) en una acta de fecha 15 de agosto de 2012, la Inspección del Trabajo de Curumani dejó constancia del comportamiento agresivo del presidente de la seccional de SINTRAMIENERGETICA; iv) las organizaciones sindicales de Colombia reclamaron por muchos años que la declaratoria de ilegalidad de la huelga correspondiera a los tribunales de justicia, posición que supone aceptar las decisiones judiciales que no favorecen los intereses de los sindicatos, y v) la decisión de la Corte Suprema ha sido objeto de dos acciones de tutela instauradas ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y el Consejo Seccional de la Judicatura.
2. 320. El Gobierno comunica, a continuación, sus propias observaciones acerca de este conflicto, indicando que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Valledupar reconociendo la legalidad del cese de actividades llevado a cabo por SINTRAMIENERGETICA fue revocada por la Corte Suprema de Justicia por medio de una sentencia de 10 de abril de 2013, y que la decisión de la Corte se basó en la existencia de hechos violentos durante la realización de la huelga, de conformidad con los principios del Comité de Libertad Sindical.

C. Conclusiones del Comité

1. 321. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega que el Ministerio de Trabajo y los tribunales colombianos violaron los derechos de huelga y de negociación colectiva en el marco de tres conflictos colectivos en el sector minero.

Primer conflicto colectivo

1. 322. El Comité toma nota de que la organización querellante se refiere en primer lugar a un conflicto colectivo entre la empresa Drummond Ltd. y SINTRAMIENERGETICA, en el cual la organización sindical, mayoritaria en la empresa, decidió, ante la falta de acuerdo sobre la renegociación de la convención colectiva de la empresa, convocar una huelga que se llevó a cabo a partir del 23 de julio de 2013. En este contexto, la organización querellante alega primero que el Ministerio de Trabajo vulneró su autonomía y su derecho de huelga al haber interrumpido la huelga y convocado un Tribunal de Arbitramento después de que 47 trabajadores no sindicalizados hubieran convocado, el 23 de agosto de 2013, una asamblea general de todos los trabajadores de la empresa, la cual votó a favor de la finalización de la huelga y del nombramiento de un Tribunal de Arbitramento. La organización querellante afirma que, en la medida en que la huelga había sido convocada por SINTRAMIENERGETICA, tan sólo SINTRAMIENERGETICA disponía de la titularidad del mencionado conflicto colectivo y de la facultad de poner fin al cese de actividades.
2. 323. A este respecto, el Comité toma nota de las respuestas coincidentes de la empresa y del Gobierno en las que señalan que: i) en virtud de la legislación colombiana (artículo 444.2 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)), la posibilidad de declarar la huelga corresponde tanto a las organizaciones sindicales mayoritarias (por medio de un voto de su asamblea) como a la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa; ii) de igual manera, el CST (artículos 445.2 y 448) prevé que tanto la organización sindical mayoritaria como la mayoría de los trabajadores de la empresa pueden, durante el desarrollo de la huelga, poner fin a la misma y solicitar que se convoque un Tribunal de Arbitramento; iii) la organización querellante no ha alegado que la votación llevada a cabo por el conjunto de los trabajadores de la empresa haya dado lugar a irregularidades, y iv) el nombramiento del Tribunal de Arbitramento en este caso cumplió por lo tanto plenamente con las disposiciones legales, tal como lo demuestran las sentencias judiciales que denegaron el recurso de tutela presentado por el sindicato.
3. 324. En relación con este primer alegato, el Comité constata que la organización querellante, la empresa y el Gobierno coinciden en la sucesión de los hechos y que la regularidad del desarrollo de la votación por parte de la mayoría de los trabajadores para poner fin al movimiento de huelga no ha sido cuestionada por la organización querellante. El Comité observa por lo tanto que este primer aspecto de la queja consiste en determinar si el hecho de que un voto del conjunto de los trabajadores de la empresa haya puesto fin a una huelga convocada por SINTRAMIENERGETICA es contrario o no a los principios de libertad sindical. A este respecto, el Comité toma nota de que, en virtud de la legislación colombiana: i) tanto una organización sindical mayoritaria como la mayoría absoluta del conjunto de los trabajadores de la empresa tienen a la vez la posibilidad de declarar una huelga (artículo 444.2 del CST) y de poner fin a una huelga en curso, solicitando que se nombre un Tribunal de Arbitramento (artículos 445.2 y 448 del CST), y ii) la declaración de la huelga produce sus efectos — en especial la suspensión de los contratos de trabajo — respecto del conjunto de los trabajadores, que sean afiliados sindicales o no o que hayan votado a favor de la huelga o no (artículo 448.2 del CST). En estas circunstancias específicas el Comité considera que el voto mayoritario a favor de la finalización del movimiento de huelga y a favor del nombramiento de un Tribunal de Arbitramento no es contrario a los principios de la libertad sindical.
4. 325. En el marco del mismo conflicto colectivo, el Comité toma nota de que la organización querellante alega que los tribunales colombianos violaron el Convenio núm. 87 y los principios de la libertad sindical al declarar ilegal el movimiento de huelga iniciado por SINTRAMIENERGETICA el 23 de julio de 2013. El Comité toma nota a este respecto de que la empresa manifiesta que tanto el Tribunal Superior de Valledupar como la Corte Suprema de Justicia declararon la ilegalidad de la huelga con base en la comisión de actos violentos durante el cese de actividades. Observando que la organización querellante no indica de qué manera las mencionadas sentencias violarían los principios de la libertad sindical, el Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

Segundo conflicto colectivo

1. 326. El Comité toma nota de que la organización querellante alega que la empresa Drummond Ltd. estaría adelantando una acción judicial millonaria (6 260 219,28 dólares de los Estados Unidos) en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector (SINTRAIME) para cobrarle los presuntos perjuicios ocasionados durante un cese de actividades llevado a cabo en marzo de 2013. El Comité toma también nota de que la organización querellante añade que los hechos que dieron origen a la acción judicial son propios de las relaciones entre obreros y empleadores, por lo cual la acción de la empresa tendría la finalidad de intimidar el ejercicio futuro de los derechos colectivos. El Comité toma también nota de la respuesta de la empresa, comunicada por el Gobierno, según la cual, entre el 14 y el 26 de marzo de 2013, SINTRAIME llevó a cabo un cese de actividades acompañado de intimidaciones en donde bloqueó vías de comunicación, vulnerándose de esta manera la libertad de trabajo de los empleados de la empresa y de empresas contratistas y causando un importante perjuicio económico a la empresa. Observando que el Gobierno no ha proporcionado sus observaciones acerca de este alegato y subrayando la importancia de que las sanciones impuestas en caso de huelgas abusivas no tengan el efecto de disuadir el ejercicio legítimo de los derechos sindicales, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informando de la evolución de la acción judicial entablada por la empresa en contra de SINTRAIME.

Tercer conflicto colectivo

1. 327. El Comité toma nota de que la organización querellante se refiere por último a la declaración, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la ilegalidad de la huelga llevada a cabo por SINTRAMIENERGETICA en julio de 2012 en el seno de la empresa Carbones de La Jagua S.A. El Comité toma especialmente nota de que la organización querellante alega que: i) a diferencia del Tribunal Superior de Valledupar que había constatado el carácter pacífico de la huelga y declarado su legalidad, la Corte Suprema habría examinado de forma parcializada y sesgada los testimonios a disposición, de manera de poder concluir que la huelga no se había desarrollado de forma pacífica, y ii) en este sentido, la Corte Suprema no habría tomado en consideración actas de funcionarios del Ministerio de Trabajo presentes en el momento de los hechos que constataban el carácter pacífico del movimiento.
2. 328. El Comité toma también nota de que el Gobierno y la empresa coinciden en indicar que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia revocando la decisión proferida por el Tribunal Superior de Valledupar y declarando la ilegalidad de la huelga se basó, de conformidad con los principios del Comité de Libertad Sindical, en la existencia de algunos hechos violentos durante el arranque de la huelga y en la ocupación ilegal del lugar de trabajo a lo largo de la paralización de las actividades. El Comité toma finalmente nota de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de dos recursos de tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y el Consejo Seccional de la Judicatura.
3. 329. Con base en el texto de las sentencias de primera instancia y de la Corte Suprema proporcionadas tanto por la organización querellante como por el Gobierno, el Comité constata primero que el Tribunal Superior de Valledupar concluyó, basándose principalmente en las actas de verificación de la Inspección del Trabajo, que: i) el cese de actividades se había desarrollado de forma pacífica; ii) si bien se habían presentado altercados y situaciones de tensión en la hora cero de la huelga, ello era normal por ser la huelga un instrumento de presión que podía presentar este tipo de enfrentamientos; iii) la permanencia de algunos trabajadores en las instalaciones del sitio de explotación tampoco permitía calificar de ilegal la huelga ya que no se había impedido el ingreso del personal de dirección, no se habían producido actos de agresión encausados por el sindicato y que dicha presencia, en ausencia de la concertación de un plan de contingencia, permitía salvaguardar las instalaciones de la empresa. El Comité constata por otra parte que la Corte Suprema consideró que: i) su análisis debía basarse en los artículos 446 y 450, f), del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud de los cuales la huelga debe efectuarse de forma ordenada y pacífica, siendo ilegal la suspensión colectiva del trabajo que no se limite a la suspensión pacífica del trabajo; ii) a diferencia de lo considerado por el Tribunal Superior de Valledupar, debían ser tomados en consideración los testimonios de dos trabajadores de la empresa, en la medida en que no desempeñaban funciones de dirección o de confianza; iii) si bien a partir del segundo día de huelga se observó un desarrollo normal y pacífico del cese de actividades, esto no exculpa ciertos hechos de violencia ocurridos el primer día de la huelga, y iv) la toma ilegal de las instalaciones de la empresa por parte de los trabajadores sindicalizados se había extendido a lo largo de todo el cese de actividades, motivo por el cual la huelga declarada por SINTRAMIENERGETICA no se había limitado a la suspensión pacífica del trabajo y debía ser declarada ilegal.
4. 330. El Comité observa, por una parte, que el desarrollo de la huelga en el seno de la mencionada empresa ha dado lugar a distintos matices de apreciación tanto por parte de la inspección del trabajo como de las autoridades judiciales y, por otra, que dos acciones de tutela relativas a este caso están todavía pendientes de resolución ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y el Consejo Seccional de la Judicatura. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la resolución de las mencionadas acciones de tutela.