Interim Report - REPORT_NO334, June 2004

1. 1090. La queja objeto del presente caso figura en una comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) fechada el 20 de noviembre de 2003.
2. 1091. El Gobierno transmitió sus observaciones por comunicación de fecha 25 de febrero de 2004.
3. 1092. Zimbabwe ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).

A. Alegatos del querellante

1. 1093. En su comunicación de 20 de noviembre de 2003, la CIOSL alega que el Gobierno de Zimbabwe ha cometido nuevamente graves violaciones de los derechos humanos y los derechos sindicales contra dirigentes y afiliados sindicales, que tomaron la forma de amenazas, intimidación, hostigamiento, agresiones y arrestos mientras que el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) realizaba actividades sindicales legítimas.
2. 1094. El 8 de octubre de 2003, 165 dirigentes sindicales fueron arrestados en distintos lugares del país durante una protesta nacional contra el elevado costo de los impuestos, el elevado costo de vida, los problemas de transporte, la escasez de dinero en efectivo y las violaciones de los derechos humanos y sindicales. El Sr. Wellington Chibebe, secretario general del ZCTU, se encontraba entre los 41 sindicalistas detenidos en Harare. Otros sindicalistas fueron detenidos en lugares desconocidos y algunos dirigentes, afiliados y activistas fueron agredidos, entre ellos, el Sr. Samuel Khumalo quien recibió fuertes golpes de la policía de los que le quedaron marcas visibles en el cuerpo; el Sr. Peter Munyukwi, presidente del ZCTU para la región central (ciudad de Gweru), también sufrió una grave agresión; y otras personas resultaron heridas según los informes recibidos, entre las cuales una afiliada del Consejo Consultivo de Mujeres del ZCTU.
3. 1095. El 9 de octubre de 2003, 21 de los 41 sindicalistas arrestados el día anterior en Harare fueron dejados en libertad después del pago de una multa de 5.000 dólares de Zimbabwe. Los otros 20 sindicalistas se negaron a pagar la multa e insistieron en que habían realizado una campaña sindical lícita; un gran número de los que se negaron a pagar la multa fueron acusados de «conducta susceptible de provocar la alteración de la paz» en virtud de la ley de infracciones y delitos. Los dos primeros casos debían ser juzgados el 23 de octubre de 2003; no se había pronunciado sentencia hasta el momento de la presentación de la queja. Finalmente, todos los sindicalistas fueron liberados el 10 de octubre de 2003; cuatro de ellos recibieron atención médica debido a las lesiones causadas por la policía.
4. 1096. A principios de noviembre de 2003, el ZCTU organizó una protesta nacional, programada para el 18 de noviembre de 2003, y debidamente notificada a la policía tal como lo dispone la ley de seguridad y orden público (POSA). La policía amenazó con impedir la protesta por considerarla, en virtud de la ley antes mencionada, una manifestación ilegal. Esta ley, promulgada en 2002, está basada en la ley de mantenimiento del orden, que había sido adoptada por el poder colonial para suprimir los levantamientos de la población negra contra la minoría que gobernaba antes de la independencia.
5. 1097. Si bien la CIOSL envió una carta el 17 de noviembre de 2003 en la que solicitaba al Presidente Mugabe que autorizara la protesta nacional, la policía arrestó preventivamente a varios dirigentes sindicales y detuvo a 390 sindicalistas que participaban en la protesta el 18 de noviembre de 2003. Los informes sobre el número exacto de dirigentes sindicales y afiliados arrestados el 17 y el 18 de noviembre de 2003 son contradictorios; los funcionarios del Gobierno dan dos cifras diferentes, a saber, 88 y 105 arrestos; la última se refiere a 60 arrestos en Harare, 30 en Gweru y 15 en Bulawayo. Por su parte, el sindicato menciona 390 arrestos (300 en Mutare, 50 en Harare, 19 en Bulawayo, 14 en Gweru, 5 en Maswingo, 1 en Victoria Falls y 1 en Gwanda).
6. 1098. En Harare, la alta dirección del ZCTU, es decir, el Sr. Chibebe (secretario general), el Sr. Lovemore Matombo (presidente) y la Sra. Lucia Matibenga (vicepresidenta), fue arrestada el 18 de noviembre de 2003. El Sr. Chibebe fue apartado de los demás dirigentes sindicales arrestados y se le mantuvo incomunicado. La policía antidisturbios irrumpió en el hotel donde el Consejo General del ZCTU estaba reunido para analizar la respuesta de la policía relativa a la protesta y arrestó y llevó a la comisaría a las siguientes personas: Elisa Miotshwa (primera vicepresidenta), Langton Mugeyi, Thabitha Khumalo, Phibion Chenyika, Tecla Masamba, George Nkiwane, Raymond Majongwe, Innocent Sibanda y Mankawuzane. Los detenidos fueron separados en dos grupos: los afiliados fueron acusados en virtud de la ley de infracciones y delitos y los dirigentes, que no fueron autorizados a comunicarse con sus abogados, fueron acusados en virtud de la ley POSA para organizar una huelga (dicha ley prevé sanciones más importantes que la ley de infracciones y delitos).
7. 1099. En Bulawayo, el Sr. David Shambare (vicepresidente de la región occidental) fue arrestado a primera hora del 18 de noviembre de 2003. Ya había recibido amenazas por haber organizado huelgas en los ferrocarriles nacionales de Zimbabwe y, en otra oportunidad, se le había dicho que desocupara su domicilio. La policía dispersó las manifestaciones del 18 de noviembre de 2003 lanzando gas lacrimógeno, golpeando a los manifestantes y soltando perros entre los manifestantes; mientras huía de la policía, un activista del ZCTU fue atropellado por una camioneta y llevado al hospital. Fueron arrestadas 19 personas, entre las cuales la directiva regional.
8. 1100. En Gweru, el Sr. Peter Munyukwi (presidente de la región central) fue arrestado preventivamente en su domicilio a las 3 h. 15 el 17 de noviembre de 2003; (había sido gravemente agredido durante la protesta el 8 de octubre de 2003 y se había convertido en uno de los blancos de la policía desde entonces). El 18 de octubre de 2003 fueron arrestadas 13 personas más.
9. 1101. En Mutare, 300 activistas sindicalistas fueron arrestados mientras preparaban una marcha hacia la ciudad; fueron puestos en libertad el 19 de noviembre de 2003 después del pago de una multa de 5.000 dólares de Zimbabwe. En Maswingo, cinco personas fueron arrestadas; a la hora de presentarse la presente queja se negociaba su puesta en libertad bajo una fianza de 10.000 dólares de Zimbabwe. En Victoria Falls, el presidente del distrito fue arrestado el 18 de noviembre de 2003 por distribuir volantes que informaban a la población acerca de la protesta organizada por el ZCTU. En Gwanda, el presidente del distrito fue arrestado en las primeras horas de la mañana de ese mismo día.
10. 1102. La organización querellante añade que, tomando medidas aún más restrictivas, el jefe de la policía, según voceros del Gobierno, prevé presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que, de ser promulgado, obligaría a los juzgados penales a rechazar el pago de una fianza a las personas arrestadas por cometer delitos que puedan alterar el orden público, hasta que sean juzgadas. El ZCTU sospecha que esta ley será aplicada a los sindicalistas que participen en huelgas o en actividades legítimas afines.
11. 1103. Además, el Gobierno ha seguido, como regla general y en forma continua, intimidando y hostigando a los afiliados y los dirigentes sindicales del ZCTU mientras participan en una actividad sindical cualquiera fuera su tipo. Por ejemplo, el 16 de octubre de 2003, varios miembros del Servicio Central de Inteligencia (CIA) trataron de participar en un taller de negociación colectiva del ZCTU en Mutare; sólo se fueron después de comprobar que la reunión no tenía un programa político. El 6 de noviembre de 2003, dos funcionarios del ZCTU (Sres. Elijah Mutemeri y Vimbal Mashongera) que trabajaban en un proyecto ACTU/CTUC sobre economía informal, viajaron a Chivhu para organizar un taller de un día de duración; cuando se proponían realizar el taller al día siguiente, fueron recibidos por un grupo de jóvenes y activistas del ZANU en el poder, que los sometieron a un interrogatorio hostil durante una hora y media; después del interrogatorio se les dijo que anularan el taller y fueron escoltados hasta la parada del ómnibus para regresar a Harare.
12. 1104. Según la organización querellante, estos acontecimientos son otras tantas pruebas de que el Gobierno de Zimbabwe sigue violando los derechos fundamentales y los derechos sindicales, en particular mediante el hostigamiento incesante de los dirigentes sindicalistas por parte de la policía.

B. Respuesta del Gobierno

1. 1105. Por comunicación de 25 de febrero de 2004, el Gobierno sostiene que los acontecimientos del 8 de octubre de 2003 constituyen una manifestación ilegal realizada por la dirección del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU). Efectivamente 55 sindicalistas, incluidos los dirigentes del ZCTU, fueron arrestados en todo el país dado que habían violado la ley de seguridad y orden público (POSA) al organizar una manifestación sin la autorización de las autoridades competentes. Todos los sindicalistas en cuestión, incluido el Sr. Chibebe, fueron puestos en libertad el 9 de octubre de 2003 después de pagar multas por infringir la ley POSA.
2. 1106. El Gobierno añade que, el día mencionado, los trabajadores ignoraron el llamado a la huelga del ZCTU. Por consiguiente, su dirección tuvo que armar una manifestación por cuenta propia, lo que fue hecho en violación de las leyes del país. De hecho, la actividad comercial fue la habitual en todas las ciudades y todos los lugares de trabajo. Según el Gobierno, la dirección del ZCTU y, de manera más general, los trabajadores tienen pleno conocimiento de los esfuerzos realizados por el Gobierno para atender los problemas económicos del país; todos los interlocutores sociales han convenido adoptar un enfoque conjunto para discutir estos problemas en el Foro de Negociación Tripartito (TNF). No obstante, el ZCTU se retiró del TNF en abril de 2003; lo cual anticipaba su adhesión a la oposición política. La fracasada manifestación estaba fuera de lugar puesto que el Gobierno ya había tratado las reivindicaciones específicas mencionadas o estaba haciéndolo. El 30 de septiembre de 2003, se trató la cuestión de la escasez de dinero en efectivo. En lo que respecta a las elevadas tasas de imposición, se informó a los sindicatos que la modificación de los niveles de imposición dependía del presupuesto de 2004, cuyo monto sería anunciado en el otoño de 2003. Las cuestiones del transporte urbano y del costo de vida elevado forman también parte del programa del Gobierno: se han asignado partidas de combustible para los operadores del transporte suburbano; y las medidas para tratar los aspectos macroeconómicos fundamentales comprenden los mecanismos de control y seguimiento de los precios, en particular en lo que respecta a los productos de primera necesidad. Según el Gobierno, los sindicalistas y los trabajadores rechazaron el llamado del ZCTU, pues no era más que la expresión política habitual de elementos del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) pertenecientes al ZCTU.
3. 1107. Según el Gobierno, ningún sindicalista fue agredido ese día durante los arrestos y ningún hecho semejante fue denunciado a la policía o los juzgados. A fin de considerar estos alegatos, el Gobierno pide detalles sobre las agresiones alegadas; por ejemplo cuándo ocurrieron y qué juzgados se encargaron de esos casos, en particular en lo que respecta a los Sres. S. Khumalo y P. Munyukwi.
4. 1108. Además, el Gobierno señala ciertas contradicciones en las comunicaciones de la organización querellante: la carta de la CIOSL de 20 de noviembre de 2003 menciona el arresto de 165 sindicalistas, mientras que en una comunicación de 8 de octubre de 2003 se refería a 55 sindicalistas en relación con los mismos incidentes; la carta de la CIOSL de 20 de noviembre de 2003 menciona que 21 de 41 sindicalistas fueron puestos en libertad el 9 de octubre de 2003 después de pagar multas y que los 20 restantes se negaron a pagarlas, pero no dice nada sobre los demás excepto que todos fueron liberados el 10 de octubre de 2003; la carta menciona también a cuatro sindicalistas que recibieron atención médica por lesiones supuestamente infligidas por la policía. Sin detalles sobre estas personas, el Gobierno no está en condiciones de proceder a una investigación fundada y, por consiguiente, necesita aclaraciones.
5. 1109. En lo referente a la manifestación de 18 de noviembre de 2003, que tampoco había sido autorizada en virtud de la ley POSA, el Gobierno indica que varios sindicalistas fueron detenidos y multados. Si bien la CIOSL reconoce tener cifras contradictorias, la investigación realizada por el Gobierno revela que las personas arrestadas fueron: 53 en Harare, 13 en Gweru, 19 en Bulawayo y 222 en Mutare. Es cierto que varios dirigentes del ZCTU fueron arrestados en Harare, entre ellos las personas que pertenecen a organizaciones cuasi políticas y cuyo objetivo es destituir al Gobierno legítimo mediante la violencia con el apoyo del principal partido político opositor. Se trata del Sr. Lovemore Madhuku (presidente, Asamblea Constitucional Nacional), el Dr. John Makombe y el Sr. Phillip Pasiral (ambos pertenecientes a Coalición de Crisis).
6. 1110. Los sindicalistas arrestados comparecieron en un tribunal en Harare el 20 de noviembre de 2003 y fueron liberados sin fianza bajo ciertas condiciones relacionadas con su comparecencia. Se trata de: Wellington Chibebe (secretario general), Lovemore Matombo (presidente), Lucia Matibenga (primera vicepresidenta), Langton Mugeyi, Thabitha Khumalo y Raymond Majongwe. El Gobierno rechaza la alegación según la cual el Sr. Chibebe estuvo incomunicado; como cualquier otra persona detenida por la policía, fue puesto en una celda con otras personas.
7. 1111. Con el fin de responder a la alegación de injerencia por parte de funcionarios del Servicio Central de Inteligencia (CIA) en una reunión de negociación colectiva el 16 de octubre en Mutare, el Gobierno pide más detalles para determinar el sindicato y su contraparte empleadora respecto de los cuales ha habido una injerencia. El Gobierno solicita también más informaciones sobre los incidentes alegados ocurridos en Chivhu el 6 de noviembre de 2003.
8. 1112. El Gobierno no tiene conocimiento de ningún proyecto de ley que penalizaría las actividades sindicales, entre las cuales las huelgas, tal como lo alega el querellante. Las cuestiones relativas a las acciones laborales colectivas son tratadas en la ley del trabajo, capítulo 28:01.
9. 1113. El Gobierno reitera que en las filas del ZCTU hay elementos que siguen el programa político del MDC, un partido de oposición cuya constitución fue facilitada por el ZCTU. El programa del MDC es destituir el Gobierno legítimo mediante la violencia. No es sorprendente ver que dichos elementos del ZCTU, junto con miembros de organizaciones cuasi políticas como el NCA, llamen a manifestaciones sobre cuestiones que podrían fácilmente discutirse con el Gobierno, sin que haya que recurrir a los procedimientos establecidos en la POSA. Las reuniones y las manifestaciones que se ciñen a las cuestiones de trabajo nunca son objeto de injerencia oficial ni están sujetas a la ley POSA. Sólo los tribunales, que son independientes, pueden determinar si ciertas conductas son delictivas.

C. Conclusiones del Comité

1. 1114. El Comité observa que la queja se refiere a alegatos de arrestos de afiliados y dirigentes sindicales del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) y de actos de intimidación y hostigamiento antisindical mediante repetidas intervenciones de las autoridades y la policía, lo que incluye ejemplos de talleres sindicales cuya actividad ha sido demorada o impedida.
2. 1115. El Comité observa además que estos incidentes se dan después de acontecimientos similares ocurridos en marzo de 2002, a raíz de lo cual el Comité había pedido al Gobierno que actuara con gran moderación en todo lo que atañía a la intervención en los asuntos internos de los sindicatos [véase 329.º informe, caso núm. 2184, párrafo 831] y en diciembre de 2002, ocasión en la cual instó una vez más al Gobierno a abstenerse de interferir en las actividades sindicales del ZCTU y de recurrir a medidas de arresto y detención de dirigentes sindicales o sindicalistas por motivos relacionados con sus actividades sindicales [véase 332.º informe, caso núm. 2238, párrafo 970]. Además, el Comité se sintió suficientemente preocupado por la extrema gravedad y urgencia de este último caso para llamar especialmente la atención del Consejo de Administración sobre la situación [véase 332.º informe, párrafo 4, aprobado por el Consejo de Administración en su 288.ª reunión].
3. 1116. En lo referente al aspecto político planteado por el Gobierno, el Comité debe recordar una vez más que las actividades sindicales no pueden limitarse únicamente a las cuestiones laborales puesto que las políticas y las opciones de los gobiernos están generalmente relacionadas y tienen un impacto sobre los trabajadores. Si bien las organizaciones sindicales no deben incurrir en abusos en cuanto a su acción política, excediendo sus funciones propias para promover esencialmente intereses políticos, la prohibición general de toda actividad política de los sindicatos no sólo sería incompatible con los principios de la libertad sindical, sino que carecería de realismo en cuanto a su aplicación práctica. En efecto, las organizaciones sindicales pueden querer, por ejemplo, manifestar públicamente su opinión sobre la política económica y social de un gobierno [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 454-455] o, como en el presente caso, sobre cuestiones relacionadas con el costo de vida elevado o los derechos sindicales.
4. 1117. El Comité toma nota de que el Gobierno sólo hace observaciones generales acerca de ciertos alegatos y pide información adicional a fin de suministrar una respuesta completa. Por consiguiente, el Comité pide a la organización querellante que dé precisiones sobre: las circunstancias del arresto y la detención de los Sres. S. Khumalo y P. Munyukwi y sobre el número y las circunstancias de los arrestos que tuvieron lugar el 8 de octubre de 2003, incluidas precisiones sobre las alegaciones relativas a lesiones causadas por la policía a cuatro sindicalistas.
5. 1118. Si bien faltan informaciones de ambas partes sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2003, el Comité recuerda que la detención de dirigentes sindicales o sindicalistas por motivos relacionados con actividades de defensa de los intereses de los trabajadores constituye una grave violación de las libertades públicas en general y de las libertades sindicales en particular [véase Recopilación, op. cit., párrafo 71]. El Comité no puede sino expresar nuevamente su profunda preocupación dado que este tipo de injerencia del Gobierno ya ha ocurrido en varias ocasiones en el país, y puede crear un clima de intimidación y temor que impida el desenvolvimiento normal de las actividades sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 76]. El Comité insta firmemente al Gobierno una vez más a que se abstenga en el futuro de recurrir a tales medidas de arresto y detención de dirigentes sindicales o sindicalistas por razones relacionadas con sus actividades sindicales.
6. 1119. En cuanto a los incidentes ocurridos en Mutare el 16 de octubre de 2003 (taller de negociación colectiva) y Chivhu el 6 de noviembre de 2003 (taller ZCTU/CTUC sobre economía informal), el Comité observa que estas reuniones eran prima facie actividades sindicales legítimas. El taller de Mutare fue autorizado sólo después de que funcionarios de la CIA comprobaran que la reunión no tenía un programa político (véanse los comentarios expuestos más arriba); y el taller de Chivhu no pudo tener lugar dado que los representantes del ZCTU recibieron la orden de volver a Harare después de ser interrogados de manera hostil por activistas del ZANU. Recordando que la libertad sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las asociaciones de su elección, sino también el de las asociaciones profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en defensa de sus intereses profesionales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 447], el Comité insta firmemente una vez más al Gobierno a que no interfiera en las actividades sindicales legítimas del ZCTU.
7. 1120. En lo que se refiere a un proyecto de ley que según se alega sería elaborado y podría ser utilizado contra los sindicalistas y los afiliados que participan en huelgas o en actividades sindicales legítimas afines, el Comité observa que no se han presentado pruebas concretas y que el Gobierno niega formalmente que dicha legislación se esté elaborando y tampoco considera la posibilidad de hacerlo.