Interim Report - REPORT_NO331, June 2003

• y el favoritismo posterior; injerencia en las actividades internas del BPAD y el Sindicato Regional de Empleados de la Cultura de Minsk actos de discriminación antisindical contra sus miembros; despidos de los Sres. Evgenov, Evmenov y Bourgov y amenazas de despido de los miembros del Sindicato Libre GPO de Khimvolokno y del Sindicato Libre de la fábrica Zenith; negativa de emplear al presidente reelecto del Sindicato Libre de Trabajadores de la Metalurgia de la fábrica de automóviles de Minsk, Sr. Marinich; ausencia de registro del sindicato BFTU en la agrupación de empresas estatales Khimvolokno; injerencia en las actividades internas de los sindicatos en virtud de los decretos presidenciales núms. 8 y 11
  122. 122 El Comité ha examinado este caso en cuanto al fondo en varias ocasiones, en las que presentó informes provisionales al Consejo de Administración [véanse 324.º informe, párrafos 133?218; el 325.º informe, párrafos 111?181; el 326.º informe, párrafos 210?244; el 329.º informe, párrafos 217?281 y el 330.º informe, párrafos 207-238 aprobados por el Consejo de Administración en sus 280.ª, 281.ª, 282.ª, 285.ª y 286.ª reuniones (marzo, junio y noviembre de 2001, noviembre de 2002 y marzo de 2003)]. El Comité recibió nuevos alegatos e información complementaria del Sindicato Libre de Belarús (BFTU), el Congreso de Sindicatos Democráticos (CDTU), el Sindicato de Controladores Aéreos de Belarús (BPAD), y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres en comunicaciones de 4, 5, 6 y 15 de febrero de 2003 las que se resumieron brevemente en el último examen de este caso llevado a cabo por el Comité y se exponen detalladamente a continuación. El Sindicato de Trabajadores del Sector de la Radio y la Electrónica (REWU) envió nuevos alegatos por comunicación de 2 de mayo de 2003.
  123. 123 La Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) transmitió una comunicación de fecha 10 de marzo de 2003 sobre algunas cuestiones planteadas en este caso.
  124. 124 El Gobierno transmitió información adicional en su respuesta al Comité en una comunicación de 21 de marzo de 2003.
  125. 125 Belarús ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen previo del caso

1. 126. En su reunión de marzo de 2003, el Consejo de Administración aprobó las siguientes recomendaciones a la luz de las conclusiones provisionales del Comité:
   • a) habida cuenta de que el Gobierno no ha adoptado medidas para dar aplicación a sus recomendaciones anteriores, el Comité debe una vez más instar al Gobierno a que:
   • i) realice investigaciones independientes, que cuenten con la confianza de todas las partes afectadas, sobre las alegaciones de injerencia gubernamental en las elecciones de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), el Sindicato de Trabajadores del Sector Agrícola (ASWU), la Asociación Regional de Sindicatos de Brest y el Comité Regional de Sindicatos de Ciencia y Educación de Brest, con el fin de rectificar los posibles efectos de esa injerencia;
   • ii) se emprendan investigaciones independientes sobre los alegatos de tácticas antisindicales respecto del Sindicato Libre GPO de Khimvolokno y del Sindicato Libre de la fábrica Zenith, así como que lo mantenga informado al respecto;
   • iii) realice una investigación independiente sobre los alegatos de presiones de la administración para el establecimiento de un sindicato regional de trabajadores de la electrónica y para la afiliación de la fábrica Tsvetotron al nuevo sindicato regional;
   • iv) adopte las medidas necesarias para el registro del Sindicato Libre de Belarús en la agrupación de empresas estatales Khimvolokno y a que elimine los obstáculos al registro mencionados en sus informes anteriores;
   • v) enmiende el decreto presidencial núm. 8 para que las organizaciones de trabajadores y empleadores puedan beneficiarse libremente, y sin autorización previa, de la asistencia que pudieran ofrecer organizaciones internacionales para actividades compatibles con la libertad sindical, así como el decreto presidencial núm. 11, a fin de garantizar que las restricciones sobre piquetes se limiten a los casos en que la acción deje de ser pacífica o dé lugar a una grave perturbación del orden público y que las posibles sanciones impuestas sean proporcionadas a la infracción cometida;
     • el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre los progresos realizados en este sentido, así como sobre el resultado de las investigaciones;
   • b) el Comité pide al Gobierno que comunique hasta qué punto las organizaciones alternativas que representan a los trabajadores, como las recogidas en la presente queja, encuentran lugar en los distintos órganos tripartitos nacionales, como el Consejo Nacional sobre Cuestiones Laborales y Sociales y el Grupo de Expertos sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas laborales internacionales y que envíe sus observaciones relativas a los nuevos alegatos presentados por los querellantes a este respecto;
   • c) el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado acerca de las medidas adoptadas en relación con la reintegración de los Sres. Evgenov, Evmenov y Bourgov en su puesto de trabajo y que envíe sus observaciones respecto a los nuevos alegatos relativos al Sr. Evmenov;
   • d) el Comité pide al Gobierno que facilite información sobre la presunta negativa de emplear al presidente reelecto del Sindicato Libre de Trabajadores de la Metalurgia de la fábrica de automóviles de Minsk, Sr. Marinich, e invita a los querellantes a que faciliten la información adicional que pudieran tener sobre la situación actual del Sr. Marinich, y
   • e) el Comité pide al Gobierno que envíe urgentemente sus observaciones en lo que respecta a los nuevos alegatos e información complementaria enviada por los querellantes en febrero de 2003.

B. Nuevos alegatos del querellante

1. 127. En su comunicación de fecha 4 de febrero de 2003, el Sindicato Libre de Belarús (BFTU) afirma que la situación de los derechos humanos y sindicales en Belarús no mejora. El Gobierno hace caso omiso a todos los llamamientos del movimiento sindical internacional y de la OIT para que adopte medidas destinadas a imponer orden. Como resultado de ello, la situación de los ciudadanos y los trabajadores cuyos derechos han sido violados está empeorando.
2. 128. El BFTU menciona el caso del Sr. Evmenov, que fue despedido en enero de 2000 por su negativa a trabajar en el subbotnik (día libre de trabajo voluntario no remunerado) y que sigue desempleado. En 2002, se dirigió directamente al presidente del Comité Ejecutivo del Distrito de Osipovichi para solicitarle que se pusiese en práctica la recomendación de la OIT sobre su reincorporación al trabajo y la indemnización por todos los salarios no percibidos, pero se limitaron a responderle cínicamente que, debido a sus referencias profesionales negativas, ninguna empresa o institución de la ciudad deseaba emplearlo. En octubre de 2002, el Sr. Evmenov consiguió un empleo temporal, del que fue posteriormente despedido. Al parecer, se encargó a las autoridades competentes que averiguasen quién lo había ayudado a obtener un empleo, aunque fuese temporal.
3. 129. El Congreso de Sindicatos Democráticos (CDTU) envió una comunicación de fecha 5 de febrero de 2003 con pruebas adicionales, a su parecer, de que la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) es ahora un sindicato gubernamental plenamente controlado por el Estado y está bajo su patrocinio.
4. 130. El CDTU y sus unidades estructurales alquilaron sus locales a la FPB. Dichos locales fueron comprados por la Federación en la época comunista, cuando existía un monopolio estatal sobre las actividades sindicales. En aquel entonces, toda la mano de obra solía afiliarse automáticamente a los sindicatos y pagaba las cuotas de manera «voluntaria-obligatoria». Así pues, las propiedades de la FPB iban creciendo a expensas de toda la población, incluidos los miembros actuales del CDTU. Por ese motivo, desde la aparición del movimiento sindical independiente, ha existido la práctica de que el CDTU y sus unidades estructurales alquilasen locales (muy limitados) a la FPB a las tarifas fijadas para las asociaciones sin ánimo de lucro que alquilan locales de propiedad estatal. Esa relación se mantuvo durante más de 10 años. Sin embargo, la situación cambió cuando el Sr. Kozik fue nombrado presidente de la FPB. Se comunicó al CDTU y a sus unidades estructurales la intención de multiplicar por 20 el precio del alquiler para obligarlos a abandonar los locales. Según el CDTU, evidentemente su objetivo era crear problemas con el domicilio legal e ilegitimar la organización.
5. 131. El CDTU planteó esta cuestión y la relativa al decreto presidencial de noviembre de 2002 que otorga únicamente a la FPB el derecho a utilizar el nombre oficial del Estado en su título, sin que el Fiscal General pudiese hacer nada al respecto. El CDTU desea conocer el motivo por el que se discrimina al resto de los sindicatos y aduce que ese tipo de actos demuestran que la FPB es una institución estatal.
6. 132. Otra prueba de ello es que la FPB negoció y firmó el Acuerdo Tripartito General con el Gobierno y la Confederación de Fabricantes y Empresarios de Belarús en nombre de las asociaciones sindicales republicanas, sin conocimiento del CDTU. En opinión del Congreso, esos y otros actos de favoritismo demuestran que, en las circunstancias actuales, la FPB no puede actuar de manera independiente.
7. 133. En una comunicación de fecha 6 de febrero de 2003, el Sindicato de Controladores Aéreos de Belarús (BPAD), una nueva parte querellante en este caso, alega que, en 2002, un órgano gubernamental — el Comité Nacional de Aviación — y el empleador (la Empresa Unitaria Republicana «Belaeronavigatsiya») comenzaron a infringir el derecho internacional y la legislación nacional con respecto al BPAD. Cuando se aplica el procedimiento de clasificación (aumento del escalafón profesional) a los miembros sindicales, los funcionarios del Comité Nacional preguntan si el candidato es miembro del BPAD y critican la actividad del sindicato. Según el BPAD, se trata de una violación del derecho de la libertad sindical y un intento de interferir en la actividad del sindicato.
8. 134. Asimismo, en octubre de 2002, un representante del Comité Nacional de Aviación propuso que la directiva del BPAD examinase la posibilidad de integrarse del sindicato de trabajadores del sector de la aviación ya existente (afiliado a la FPB), lo que habría supuesto la desaparición del BPAD. El BPAD intentó en numerosas ocasiones integrarse al sindicato de los trabajadores del sector de la aviación conservando al mismo tiempo su condición jurídica, pero dichos intentos fracasaron. Los miembros sindicales decidieron entonces unirse al CDTU. Tras la fusión, el empleador, subordinado al Comité Nacional de Aviación, intentó en varias ocasiones acabar con el sindicato. Con ocasión de diversas subdivisiones de la empresa, se celebraron reuniones en que los jefes de las subdivisiones convencían a los trabajadores de que no era práctico ser miembro del BPAD. Además, las solicitudes de baja en el sindicato a menudo estaban escritas y firmadas por algunos trabajadores en la oficina del jefe de la correspondiente subdivisión.
9. 135. Asimismo, durante tres meses, el empleador incumplió la legislación y el acuerdo general en lo concerniente a la transferencia de las cuotas sindicales a la cuenta de la organización sindical, poniendo así serias trabas a las actividades financieras del sindicato. El empleador también violó derechos sindicales al prohibir oficialmente que se distribuyese información sindical en el lugar de trabajo sin autorización previa directa del empleador o su adjunto y denegar en repetidas ocasiones la cesión de locales para celebrar reuniones.
10. 136. El empleador adoptó todas esas medidas tras la propuesta del Comité Nacional de disolver el BPAD, pues antes de que eso sucediese, las relaciones entre el empleador y el sindicato solían desarrollarse dentro del marco jurídico. Además, a finales de 2002, el Comité Nacional de Aviación solicitó al Ministerio de Justicia que comprobase si el BPAD estaba registrado correctamente, pese a que el sindicato había vuelto a registrarse en 1999 al amparo del decreto presidencial núm. 2 y no se había recibido ninguna queja al respecto. Aunque el Ministerio de Justicia confirmó que el nuevo registro era legal, el Fiscal General encargó al Ministerio de Transporte que investigase la legalidad del registro del sindicato y de sus actividades y se pidió al dirigente sindical que presentase una lista de los miembros.
11. 137. Por último, en junio de 2002, la administración del Centro de Coordinación Aérea despidió a tres miembros sindicales que habían formado una unidad de base del BPAD en cuanto expiraron sus contratos. Evidentemente, esos despidos estuvieron relacionados con su negativa a abandonar el BPAD, como les pedía la administración. Los tres trabajadores fueron despedidos sin la indemnización por cese equivalente a tres meses exigida por la ley.
12. 138. En su comunicación de fecha 19 de febrero de 2003, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) afirma que la situación de los derechos sindicales en Belarús no ha mejorado en los últimos meses. Aunque el Gobierno y el presidente de la FPB han expresado su presunto deseo de mejorar las relaciones con la OIT, el Gobierno no ha adoptado medidas concretas para poner en práctica las recomendaciones del Comité.
13. 139. La CIOSL ya denunció, en una comunicación anterior enviada al Comité, el control por las autoridades públicas — Gobierno y administración presidencial — de la FPB. Así lo han puesto de manifiesto en los últimos meses las distintas medidas adoptadas por el Gobierno, que aspiran claramente a favorecer a esa organización, a menudo en detrimento de los demás sindicatos. El mejor ejemplo de ello es la inclusión de la FPB en la lista de organizaciones facultadas para establecer un «fondo para la innovación» que les permitirá beneficiarse de un presupuesto central financiado por el 0,25 por ciento de los costos de los bienes (trabajo y servicios) vendidos por entidades jurídicas y empresas comerciales. El sistema de «fondos para la innovación» se creó en 2002 con una lista de beneficiarios que abarcaba varias organizaciones públicas. En 2003, se incluyó por primera vez en la lista a la FPB y es la única organización sindical que se beneficiará de esos fondos. El CDTU protestó por el apoyo directo a la FPB con fondos públicos y por la clara discriminación que ello entrañaba para su propia organización.
14. 140. Además, el presidente de la FPB ha hecho un llamamiento a la «unificación» del movimiento sindical de Belarús. Dicho llamamiento ha ido asociado a presiones directas que han llevado a la CIOSL a pensar que, en realidad, el principal objetivo es suprimir todas las organizaciones sindicales independientes de Belarús. En apoyo de esa opinión, se presentaron los siguientes hechos (descritos en detalle en los alegatos arriba expuestos): el incremento del alquiler de las oficinas sindicales y la presión relacionada con esa medida; la exclusión del CDTU de las negociaciones tripartitas nacionales; la discriminación antisindical y la injerencia en los asuntos del BPAD, y la discriminación antisindical persistente al Sr. Evmenov.
15. 141. La CIOSL también adjunta a su comunicación una queja presentada por el Sindicato Regional de Empleados de la Cultura de Minsk (MRTUECS), que apoya formalmente. La queja se refiere a los continuos intentos de las autoridades estatales, respaldadas por los dirigentes de la FPB, de destruir el MRTUECS, alegando la creación ilegal, al margen de la estructura de la FPB, de un «sindicato de empleados de la esfera de la cultura y el deporte de la ciudad de Minsk». Los querellantes afirman que el objetivo era apartar a las organizaciones profesionales de subordinación federal y municipal de Minsk del control de la organización sindical regional y, de ese modo, debilitar sus operaciones. La presunta organización ficticia comenzó a desmoronarse en otoño de 2002 y algunas organizaciones sindicales importantes se incorporaron a la estructura regional, aunque las autoridades locales persiguieron a los activistas de esa organización y transfirieron a tres miembros ofreciéndoles contratos discriminatorios.
16. 142. En octubre de 2002, el Comité Directivo del Ministerio de Cultura y del Comité Ejecutivo Municipal de Minsk publicaron la decisión núm. 10/1497, que hace referencia a las «órdenes del presidente de Belarús en la IV asamblea especial de la FPB, celebrada el 19 de septiembre de 2002» y prevé la creación por parte de la FPB del Sindicato Municipal Unido de los Empleados de la Cultura de Minsk. En la decisión también se estipula que el Viceministro Primero de Cultura y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo Municipal de Minsk se encargarán de su puesta en práctica. La decisión fue plenamente apoyada por el presidente de la FPB en una carta de fecha 9 de diciembre de 2002, y se ha intentado destituir al presidente del MRTUECS.
17. 143. El 24 de diciembre de 2002, la III sesión plenaria del MRTUECS confirmó la solidez de su base representativa y criticó la injerencia de las autoridades estatales y la directiva de la FPB en sus asuntos internos (adjunta a la queja se remitió una copia de la correspondiente resolución). Las autoridades estatales y locales y la FPB están haciendo nuevos intentos para crear una organización artificial con miras a interferir en las actividades del MRTUECS, en contra de los principios de la democracia, la transparencia y los reglamentos sindicales pertinentes.
18. 144. En su comunicación de 2 de mayo de 2003, el Sindicato de Trabajadores del Sector de la Radio y la Electrónica (REWU) envía alegatos relativos a nuevas violaciones a los derechos sindicales cometidas desde que el Comité examinó este caso por última vez. En particular, el REWU alega la tentativa por parte del presidente de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), en diciembre de 2002 y marzo de 2003, de remover de su cargo al presidente del REWU. Esta tentativa se vio agravada por el hecho de contar con el apoyo del Diputado Ministro de la Industria y fue, según la organización querellante, instigada mediante un informe proveniente del Presidente de la República de Belarús. Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automovilística y de la Maquinaria Agrícola de Belarús (AAMWU) debió enfrentarse a las mismas dificultades. El REWU concluye alegando que las autoridades han decidido una vez más intentar eliminar el movimiento independiente de sindicatos de Belarús.

C. Nueva respuesta del Gobierno

1. 145. En su comunicación de fecha 21 de marzo de 2003, el Gobierno afirma que ha estudiado detenidamente los hechos relacionados con la elección del presidente de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) y ha llegado a la conclusión de que se efectuó de plena conformidad con la legislación de la República de Belarús y el reglamento de la FPB.
2. 146. El Gobierno recuerda que la VI sesión plenaria del Consejo de la FPB se celebró el 16 de julio de 2002 en Minsk y contó con la presencia de 226 de los 252 miembros del Consejo. La elección del presidente de la FPB y la fijación de la fecha para la IV conferencia general extraordinaria de la FPB fueron los principales temas abordados durante la sesión plenaria.
3. 147. El presidente de la FPB, Sr. Vitko, fue relegado de sus funciones a petición propia antes de finalizar su mandato en virtud de una resolución de la VI sesión plenaria del Consejo de la FPB. Doscientos quince miembros del Consejo de dicha Federación votaron a favor de la resolución del cese del Sr. Vitko, cinco miembros votaron en contra y hubo seis abstenciones (en virtud del párrafo 5.11 del reglamento de la FPB en vigor, «toda resolución del Consejo de la FPB se considerará adoptada si más de la mitad de los miembros del Consejo presentes en la reunión votan a favor»).
4. 148. Antes de que se celebrase la sesión plenaria del Consejo de la FPB, la candidatura del Sr. Kozik al puesto de presidente de la Federación había sido propuesta por varias organizaciones sindicales de la República. La cuestión de la posible candidatura para el puesto de presidente de la FPB también fue examinada por el Presidium del Consejo de la FPB el 12 de julio de 2002, quien recomendó por mayoría absoluta de votos elegir presidente de la Federación al Sr. Kozik, miembro del Consejo de la FPB de Minsk. En nombre del Presidium del Consejo de la FPB, la candidatura fue presentada para su examen por la sesión plenaria de dicho Consejo. Ningún asistente a la sesión propuso a otro candidato para el puesto de presidente.
5. 149. La candidatura del Sr. Kozik recibió el apoyo del antiguo presidente de la FPB, Sr. Vitko, del vicepresidente de la FPB, del Director del «Instituto Internacional de Trabajo y Relaciones Sociales» de la FPB y de tres miembros del Consejo de la Federación. A la candidatura se opusieron el presidente del Consejo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automovilística y de la Maquinaria Agrícola de Belarús, Sr. Bukhvostov, y el presidente del Consejo Republicano del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Radio y la Electrónica de Belarús, Sr. Fedynich.
6. 150. De conformidad con el párrafo 5.7.6 del reglamento de la FPB («en caso de que el presidente de la FPB abandone el cargo antes de que finalice su mandato o cambie de puesto, el Consejo de la FPB elegirá un nuevo presidente»), el Sr. Kozik fue elegido presidente en la VI sesión plenaria del Consejo de la FPB con 208 votos a favor, diez en contra y ocho abstenciones. Tras su elección como presidente de la FPB, el Sr. Kozik abandonó su cargo de Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente de la República de Belarús en virtud del decreto presidencial núm. 392 de 17 de junio de 2002. Asimismo, el Sr. Kozik abandonó otras funciones que le habían sido confiadas por el Jefe de Estado.
7. 151. En la IV conferencia general extraordinaria de la FPB, que tuvo lugar del 18 al 19 de septiembre de 2002, se debatió el tema de la elección del presidente de la FPB y se eligió presidente al Sr. Kozik, y también se eligieron nuevos funcionarios del Consejo de la FPB y su Presidium.
8. 152. Así pues, el Gobierno señala que el Consejo de la FPB eligió como presidente al Sr. Kozik de conformidad con su reglamento y que, dos meses más tarde, la conferencia general extraordinaria de la FPB, cuyos delegados fueron elegidos en la administración anterior de la Federación, confirmó ese nombramiento. Asimismo, el Gobierno transmite la información que le envió la FPB sobre su labor de defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores.
   • Información de la FPB, transmitida por el Gobierno, sobre su labor de defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores
9. 153. La FPB recuerda en un voluminoso documento adjunto a la respuesta del Gobierno los numerosos ámbitos en que ha trabajado para defender los derechos y los intereses de los trabajadores, entre los que cabe citar los siguientes: el restablecimiento del sistema de descuento en nómina para la transferencia de las cuotas sindicales suprimido el 27 de enero de 2003 en virtud del decreto presidencial núm. 41; la estrecha vigilancia de las actividades legislativas de las autoridades estatales a todos los niveles para tener la oportunidad de opinar en relación con las decisiones que afectan los intereses de los trabajadores; la inclusión de servicios para las organizaciones de trabajadores en el acuerdo general; la supervisión activa del cumplimiento de la legislación laboral; la prestación de servicios de asesoramiento jurídico; la defensa de la eliminación de las diferencias salariales y el aumento del salario mínimo garantizado; la oposición al uso de un criterio único basado en un determinado porcentaje de la cifra de negocios para los fondos salariales y la introducción de una escala de salarios por horas para determinados trabajadores, y la participación activa en cuestiones relacionadas con la privatización, los intereses laborales y sociales y las indemnizaciones por accidentes.
10. 154. Según la FPB, los logros de su labor quedan patentes en el aumento de la confianza de la gente en los sindicatos, así como en el número de reclamaciones presentadas a la FPB por ciudadanos (el presidente de la FPB recibió 37.328 reclamaciones de ciudadanos, incluidas las 19.175 presentadas en empresas, organizaciones y establecimientos).

D. Nueva información transmitida por la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB)

1. 155. En una comunicación de fecha 10 de marzo de 2003, la FPB planteó una serie de cuestiones relacionadas con este caso, en particular en lo referente a los problemas que afectan al movimiento sindical en Belarús. La FPB alude especialmente a los presuntos intentos de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de dividir el movimiento sindical y aislar a la Federación, impidiéndole entablar contactos con sindicatos extranjeros. La FPB hace referencia a la recomendación del Comité de realizar una investigación independiente de la injerencia del Gobierno en las elecciones del sindicato, pero señala que la CIOSL, en su opinión, ha extraído conclusiones unilaterales acerca del proceso de elección. La FPB considera particularmente inaceptable esa actuación, teniendo en cuenta la naturaleza representativa de su organización, a diferencia del Congreso de Sindicatos Democráticos, que sólo tiene 4.000 afiliados y es fundamentalmente, según la FPB, una organización política.

E. Conclusiones del Comité

1. 156. El Comité observa que tanto los alegatos pendientes como los nuevos en este caso se refieren a las siguientes cuestiones: la grave injerencia de las autoridades gubernamentales en las actividades y elecciones de los sindicatos, en particular en lo que respecta a la presidencia de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) y el posterior favoritismo; la injerencia en los asuntos internos del Sindicato de Controladores Aéreos de Belarús (BPAD) y del Sindicato Regional de Empleados de la Cultura de Minsk (MRTUECS) y la grave discriminación antisindical con respecto a sus miembros; los despidos de los Sres. Evgenov, Evmenov y Bourgov y las amenazas de despido de los miembros del Sindicato Libre GPO de Khimvolokno y del Sindicato Libre de la fábrica Zenith; la negativa a emplear al presidente reelecto del Sindicato Libre de Trabajadores, Sr. Marinich, en la fábrica de automóviles de Minsk; la falta de registro del sindicato BFTU en la agrupación de empresas estatales Khimvolokno, y la injerencia en las actividades internas de los sindicatos en virtud de los decretos presidenciales núms. 8 y 11.
2. 157. En primer lugar, el Comité lamenta profundamente observar una vez más que, en su última respuesta, el Gobierno se limita a reiterar los datos técnicos de la dimisión del Sr. Vitko, antiguo presidente de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), y la elección reglamentaria del Sr. Kozik, sin abordar ninguna de las cuestiones planteadas en los alegatos relativos a las circunstancias de esa elección y las repercusiones de la injerencia del Gobierno en ese proceso, ni señalar las medidas adoptadas para poner en marcha una investigación independiente al respecto con objeto de rectificar cualquier efecto de dicha injerencia, como recomendaba el Comité [véase 329.º informe, párrafos 269 a 275].
3. 158. En cuanto a la información proporcionada por la FPB, el Comité observa en primer lugar que la comunicación transmitida por el Gobierno se centra en las diversas actividades llevadas a cabo por la Federación en defensa de los intereses de los trabajadores. En ese sentido, el Comité considera importante recordar que nunca se ha puesto en tela de juicio la condición sindical de la FPB. Se trata más bien de dilucidar la verdadera independencia de la organización en el contexto de la injerencia del Gobierno en las elecciones de 2002 y las declaraciones formuladas por el Presidente de la República en la conferencia general, que son las cuestiones que verdaderamente inquietan al Comité. El Comité toma nota asimismo a este respecto de que las observaciones de la FPB se refieren en general más a la representación de los ciudadanos que a la de los trabajadores. Los nuevos alegatos presentados por las partes querellantes en febrero de 2003, a los que el Gobierno aún no ha respondido, relativos a su favoritismo hacia la FPB y los continuos actos de discriminación antisindical e injerencia gubernamental sólo contribuyen a aumentar esa inquietud.
4. 159. La otra comunicación de la FPB, de fecha 10 de marzo de 2003, plantea cuestiones en relación con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) una de las organizaciones querellantes en este caso. El Comité desearía señalar que los alegatos presentados en este caso con respecto a la injerencia del Gobierno en las elecciones de la FPB no sólo fueron formulados por la CIOSL, sino también por las demás partes querellantes, incluidas las organizaciones regionales pertenecientes a la estructura de la FPB. Las quejas no iban dirigidas a la propia estructura sindical, sino al Gobierno, ya que su injerencia en ese asunto supuso una violación del derecho de los trabajadores a la libertad sindical y puso en peligro la independencia del movimiento sindical. Las acusaciones directas de la FPB a la CIOSL no tienen cabida en el Comité, cuya tarea en el presente caso consiste en determinar si la legislación y/o la práctica nacionales cumplen las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98 ratificados por Belarús.
5. 160. Teniendo en cuenta todas las consideraciones arriba expuestas, el Comité lamenta la persistente falta de cumplimiento de sus recomendaciones por el Gobierno y le insta una vez más a que adopte las medidas necesarias de manera urgente para realizar una investigación independiente, que cuente con la confianza de todas las partes interesadas, de los alegatos de injerencia en las elecciones de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), así como en las elecciones del Sindicato de Trabajadores del Sector Agrícola (ASWU), la asociación de sindicatos de la región de Brest y la comisión de sindicatos de ciencias y enseñanza de la región de Brest, a fin de rectificar cualquier efecto de esa injerencia. El Comité solicita firmemente al Gobierno que lo mantenga informado de los resultados de estas investigaciones.
6. 161. El Comité también lamenta que el Gobierno no haya respondido a ninguno de los alegatos expuestos en las comunicaciones de las organizaciones querellantes de febrero de 2003 sobre actos graves de injerencia en el funcionamiento y las actividades de varios sindicatos y actos de discriminación antisindical en el lugar de trabajo. En particular, el Comité toma nota con profunda inquietud de los alegatos de una decisión del Ministerio de Cultura sobre las «órdenes» emitidas por el Presidente de Belarús en la asamblea especial de la FPB, que preveían la creación de un sindicato municipal unido de empleados de la cultura de Minsk. En ese sentido, el Comité debe recordar sus conclusiones anteriores sobre este caso de que algunas declaraciones del discurso del Presidente de Belarús en el Congreso de la FPB de septiembre de 2002 constituían un claro intento por transformar el movimiento sindical en un instrumento para el logro de fines políticos [véase 329.º informe, párrafo 275]. Habida cuenta de la decisión tomada por el Ministerio de Cultura parecería que, lamentablemente, el Gobierno no ha tomado en consideración la petición del Comité de abstenerse de realizar ese tipo de intentos en el futuro, de manera que el movimiento sindical pueda actuar con plena libertad e independencia [véase 329.º informe, párrafo 281, d)].
7. 162. En vista de todo lo anterior, el Comité insta al Gobierno a realizar investigaciones independientes de las quejas que afirman que las autoridades estatales y locales han actuado con miras a propiciar la disolución del MRTUECS y del BPAD, así como los alegatos de discriminación antisindical hacia algunos miembros de esas organizaciones, y, en caso de que se compruebe que los alegatos son ciertos, que adopte todas las medidas necesarias para proteger a esas organizaciones de tales injerencias en el futuro y que se rectifique cualquier acto de discriminación antisindical. El Comité pide al Gobierno que responda detalladamente a esos alegatos y que lo mantenga informado del resultado de las investigaciones.
8. 163. El Comité lamenta tomar nota asimismo de los gravísimos alegatos de injerencia en los asuntos internos del sindicato presentados por el Sindicato de Trabajadores del Sector de la Radio y la Electrónica (REWU) en su comunicación de 2 de mayo de 2003 y pide al Gobierno que envíe con carácter urgente sus observaciones al respecto.
9. 164. Con respecto a los alegatos de continuo favoritismo respecto de la FPB presentados en comunicaciones enviadas por varios de los querellantes en febrero de 2003, el Comité recuerda que, al favorecer o desfavorecer a una determinada organización frente a las demás, los gobiernos pueden influir en el ánimo de los trabajadores cuando eligen la organización a la que piensan afiliarse. Un gobierno que obrase así de manera deliberada infringiría además el principio contenido en el Convenio núm. 87 de que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar los derechos otorgados por ese instrumento o a entorpecer su ejercicio legal [véase Recopilación, op. cit., párrafo 304]. El Comité pide al Gobierno que responda detalladamente a los alegatos pendientes para que pueda examinar esas importantes cuestiones con pleno conocimiento de los hechos.
10. 165. Asimismo, el Comité lamenta que el Gobierno no haya proporcionado ninguna información con respecto a su solicitud anterior sobre la medida en que las organizaciones alternativas que representan a los trabajadores, como las que presentan la queja, participan en los diversos órganos tripartitos nacionales, ni haya respondido al alegato formulado por el Congreso de Sindicatos Democráticos (CDTU) de que la FPB firmó el acuerdo general en otoño de 2002 sin su conocimiento. El Comité desearía recordar en ese sentido la importancia, para el equilibrio de la situación social de un país, de una consulta regular de los medios representativos de los empleadores y de los trabajadores y, por lo que se refiere al mundo sindical, del conjunto de sus integrantes, cualesquiera que puedan ser las opciones filosóficas o políticas de los dirigentes [véase Recopilación, op. cit., párrafo 924]. Así pues, el Comité insta al Gobierno a hacer todo lo posible por garantizar que las organizaciones representativas de los trabajadores pertinentes puedan participar de forma efectiva en los distintos órganos existentes en el país para promover el diálogo social.
11. 166. En cuanto al despido de los tres dirigentes sindicales por la negativa a trabajar en su día libre (un trabajo voluntario no remunerado denominado «subbotnik»), el Comité lamenta que el Gobierno no haya indicado las medidas adoptadas para garantizar su reincorporación al trabajo ni haya respondido a los nuevos alegatos relativos al acoso continuado que sufre el Sr. Evmenov en relación con sus oportunidades de empleo. El Comité insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que los Sres. Evgenov, Evmenov y Bourgov se reintegren a sus puestos de trabajo con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, y pide al Gobierno que lo mantenga informado de las medidas tomadas en ese sentido.
12. 167. Por último, el Comité observa con pesar que el Gobierno no ha proporcionado información complementaria respecto de las recomendaciones pendientes sobre los siguientes aspectos: la creación de un sindicato regional de trabajadores en la Asociación de Investigación y Producción del Grupo Integral y la baja del Sindicato de la principal organización sindical de la fábrica Tsvetotron de Brest del sindicato que representa a los trabajadores del sector de la radio y la electrónica; la presunta negativa a emplear al presidente reelecto del Sindicato Libre de Trabajadores de la Metalurgia de la fábrica de automóviles de Minsk, Sr. Marinich; el registro del Sindicato Libre de Belarús en la agrupación de empresas de producción estatal Khimvolokno, y la necesidad de enmendar el decreto presidencial núm. 8 para que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan beneficiarse libremente, y sin autorización previa, de la asistencia que pueden prestar las organizaciones internacionales para actividades compatibles con la libertad sindical y el decreto presidencial núm. 11, de forma que las restricciones impuestas a los piquetes se limiten a los supuestos en que la acción deje de ser pacífica o entrañe una perturbación grave del orden público, y que las sanciones que se impongan en tales casos sean proporcionales a la violación cometida. El Comité insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dar curso a estas recomendaciones con carácter urgente y a suministrar la información adicional solicitada a fin de permitir al Comité examinar este caso con pleno conocimiento de causa. A este respecto el Comité desea subrayar que la reiterada falta de envío de las informaciones solicitadas por el Comité constituye un importante obstáculo para el desarrollo de su trabajo.