Interim Report - REPORT_NO281, March 1992

1. 442. En comunicaciones de 25 de junio y 16 de agosto de 1991, la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA) presentó alegatos relativos a la violación de los derechos sindicales por el Gobierno de la República Islámica de Mauritania. El querellante facilitó informaciones complementarias en una comunicación de fecha 2 de septiembre de 1991.
2. 443. El Gobierno presentó sus observaciones sobre los alegatos formulados contra él en una comunicación de fecha 30 de octubre de 1991.
3. 444. La República Islámica de Mauritania ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). En cambio, no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante

1. 445. En su carta de 25 de junio de 1991, la OUSA alega que el Gobierno ha violado abiertamente los Convenios núms. 87 y 98. El querellante aduce que para hacer fracasar la huelga general de los días 19 y 20 de junio declarada por la Unión de Trabajadores de Mauritania (UTM), la central sindical nacional, la autoridad pública mauritana difundió falsas informaciones por conducto de los medios de información del Estado, ejerció presiones, intimidó a un gran número de dirigentes sindicales y falsificó documentos preparados por la dirección de la UTM.
2. 446. En su comunicación complementaria de 2 de septiembre de 1991, la OUSA concreta sus alegatos indicando que el Gobierno, por los medios de comunicación del Estado, difundió en nombre de la mesa nacional de la UTM un comunicado en el que se anunciaba la anulación de la orden de huelga prevista los días 19 y 20 de junio. Según la OUSA, las autoridades mauritanas recurrieron a esta mentira para hacer fracasar una huelga legal de los trabajadores.
3. 447. La OUSA también alega que el Gobierno mauritano detuvo y llevó por la fuerza a Nouakchott a unos 20 miembros de la mesa nacional de la UTM de Nouadhibout y Zouérate, e indica que estas personas, en el momento de su llegada a Nouakchott, se vieron obligadas a firmar un comunicado en el que se exigía de la mesa ejecutiva de la UTM la celebración de una reunión extraordinaria para denunciar la huelga que habían decidido libremente unos días antes.
4. 448. Un tercer alegato se refiere a la detención y tortura de miembros de las mesas de las uniones sindicales regionales de Nouakchott y de Nouadhibou con el fin de obligarlos a apoyar un comité ejecutivo fantoche establecido por las autoridades mauritanas para servir su causa.
5. 449. Finalmente, la OUSA alega que el 22 de junio de 1991 el Gobierno difundió una petición firmada bajo coacción policial por varios miembros de la mesa nacional de la UTM en la que se declaraba la expulsión del Sr. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Radhi, secretario general de la mesa ejecutiva de la UTM legalmente elegido en congreso; alega asimismo que las autoridades ocuparon ilegalmente la sede del Centro Nacional de Educación Obrera de la UTM en Nouakchott.

B. Respuesta del Gobierno

1. 450. En su comunicación de fecha 30 de octubre de 1991, el Gobierno declara en primer lugar que las comunicaciones del querellante muestran una desproporción evidente entre la gravedad de los alegatos formulados contra él y la fragilidad de las informaciones presentadas en apoyo de estos alegatos.
2. 451. Según el Gobierno, la queja de la OUSA se fundamenta en los solos alegatos del antiguo secretario general de la UTM, que por la mesa nacional de la central sindical destituyó de su cargo por mayoría de dos tercios de sus miembros porque la huelga general declarada por iniciativa suya violaba los estatutos y el reglamento de la UTM y revestía un carácter exclusivamente político, como demuestran las palabras y las prácticas del interesado.
3. 452. El Gobierno indica que dado el comportamiento del antiguo secretario general, se creó un foso cada vez más profundo entre la aplastante mayoría de los miembros de la UTM y el Sr. Radhi, ex secretario general. Según el Gobierno, la ruptura repentina y unilateral de las negociaciones entre los interlocutores sociales, que se desarrollaban en un clima de apertura, empezó a despertar sospechas en la mayoría de los sindicalistas respecto de los objetivos reales del antiguo secretario general. Las declaraciones puramente políticas del interesado que acompañaron la decisión de declarar una huelga general en violación del artículo 38 de los estatutos de la UTM, con arreglo al cual "las huelgas generales se deciden por la mesa nacional de la central por mayoría de dos tercios de sus miembros cuando se trata de una acción que moviliza a todos los trabajadores", así como el hecho de que la huelga se decidiera fuera de la mesa nacional, pusieron al antiguo secretario general en una situación de crisis que según el Gobierno conducía inevitablemente a su expulsión. El Gobierno estima que la OUSA comete un error al avalar espontáneamente los alegatos del Sr. Radhi y hacer caso omiso de la situación de crisis sindical que restaba toda credibilidad a las palabras de este último. En efecto, es comprensible, agrega el Gobierno, que el antiguo secretario general quiera plantear el problema a nivel internacional e implicar al Gobierno mauritano en cuestiones internas de la central sindical.
4. 453. En lo que se refiere al alegato relativo a la difusión por los medios de comunicación del Estado de un comunicado que anunciaba la anulación de la orden de huelga prevista para los días 19 y 20 de junio de 1991, el Gobierno declara que éste carece totalmente de fundamento y que, en realidad, la aplastante mayoría de los sindicalistas había declarado en sus propios comunicados que se disociaba de una huelga ilícita y de la desviación politiquera de su central. Según el Gobierno, este hecho era una de las consecuencias inevitables de la crisis que el Sr. Radhi había asumido la responsabilidad de provocar al romper unilateralmente las negociaciones y decidir la declaración de una huelga general sin consultar con la mesa nacional, único órgano capacitado en virtud de los estatutos para adoptar una decisión de esta naturaleza. El Gobierno añade que el respeto de la libertad sindical le impuso una estricta neutralidad en este asunto.
5. 454. En lo que se refiere a los alegatos relativos a la detención y traslado forzoso a Nouakchott de los miembros de la mesa de la UTM de Naouadhibou y la tortura de miembros de las uniones sindicales regionales de Nouakchott y Nouadhibou, el Gobierno declara que ningún sindicalista ha sido detenido o torturado y advierte que este alegato especialmente grave no se acompaña con ningún dato sobre los nombres de las supuestas víctimas ni sobre la duración y circunstancias de estas detenciones.
6. 455. También respecto de estos alegatos, el Gobierno indica que si la OUSA hubiera realizado tan sólo una investigación mínima en la materia, habría comprobado que la libertad sindical nunca se ha puesto en tela de juicio en Mauritania y que no se recurrió a ninguna medida de coacción con sindicalistas u otros ciudadanos durante el período considerado en la queja del Sr. Radhi. El Gobierno declara que durante este período, el Gobierno se proponía someter al pueblo, por vía de referéndum, un proyecto de Constitución que consagraba todas las libertades reconocidas por las naciones civilizadas. Este proyecto, que recibió un apoyo masivo del pueblo mauritano y se promulgó en julio de 1991, garantiza la libertad sindical y dispone en su artículo 13 que "una persona sólo puede ser arrestada, detenida, juzgada o condenada por una jurisdicción competente y con arreglo a un procedimiento regular" y que "se prohíbe toda forma de violencia física o moral". También según el Gobierno, la promulgación del texto constitucional se completó con ordenanzas que autorizan la libre creación de partidos políticos y la libertad de la prensa. El Gobierno señala que ningún periódico alude al menor atentado contra la libertad sindical y pretende que si el antiguo secretario general de la UTM pudiera haber aducido el menor asomo de prueba en apoyo de sus alegatos, lo habría comunicado a la prensa o a los partidos de la oposición.
7. 456. En lo que atañe al alegato relativo a la difusión por los medios de comunicación del Estado de una petición firmada bajo coacción policial por varios miembros de la mesa nacional de la UTM en la que se declaraba la expulsión del secretario general elegido en congreso, el Gobierno concreta en primer lugar que no se trataba de una petición, sino de un comunicado del órgano legal de la UTM, la mesa nacional (adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros), en el que se designaba con carácter provisional a un nuevo secretario general interino en espera, con arreglo a los estatutos y el reglamento, de la celebración del congreso de la central. Señala que ulteriormente los medios de comunicación del Estado se limitaron a publicar esta información y añade que si el interesado hubiera deseado impugnar la validez de la decisión de la mesa nacional de la UTM, podría haberlo hecho ante el tribunal de trabajo, pero que éste no ha sido el caso.
8. 457. Por último, respecto del alegato relativo a la ocupación ilegal de la sede del Centro Nacional de Educación Obrera de la UTM, el Gobierno declara que esta acusación es ridícula y que, si estuviera fundamentada, sería muy probable que apareciera en los periódicos independientes y que se mencionara en los discursos de los partidos de la oposición.
9. 458. El Gobierno termina sus observaciones reafirmando su adhesión a la libertad sindical que, a su juicio, alcanzará su pleno desarrollo dentro del marco del régimen de democracia pluralista que la República Islámica de Mauritania ha adoptado con carácter irreversible.

C. Conclusiones del Comité

1. 459. El Comité toma nota de que los diversos alegatos formulados por los querellantes y de la respuesta del Gobierno sobre estos aspectos son, en gran parte, contradictorios.
2. 460. Tal es el caso en particular de los aspectos relativos a la legalidad o ilegalidad de la huelga general prevista para el 19 y 20 de junio de 1991, la expulsión del Sr. Radhi del secretariado general de la UTM, la difusión por el Gobierno de un comunicado anulando la declaración de huelga general, la convocación de una reunión extraordinaria de la UTM, la ocupación de una sede sindical así como la detención y tortura de sindicalistas.
3. 461. Teniendo en cuenta estas contradicciones flagrantes, el Comité no puede determinar, basándose en las informaciones disponibles, si hubo violación de los derechos sindicales por las autoridades mauritanas. Considera, pues, necesario transmitir, de acuerdo con su procedimiento, las observaciones del Gobierno a la organización querellante con el fin de que ésta pueda formular los comentarios que juzgue apropiados.