Interim Report - REPORT_NO283, June 1992

1. 320. La Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FITCM) presentó una querella contra el Gobierno de Lesotho alegando violaciones de la libertad sindical en comunicaciones de fecha 5 de septiembre de 1990. Presentó información adicional en escritos de 24 de junio, 19 de julio, 25 de septiembre y 5 de noviembre de 1991.
2. 321. El Gobierno remitió algunas observaciones sobre los alegatos en comunicaciones de fecha 13 de diciembre de 1991 y 29 de enero de 1992.
3. 322. Lesotho ha ratificado tanto el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 323. En sus escritos de 5 de septiembre de 1990 y 24 de junio de 1991, la FITCM alega que las autoridades militares habían adoptado medidas contra su afiliado, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Conexos de Lesotho (CAWULE), motivadas por un conflicto entre el Sindicato y una compañía internacional de construcción, la SPIE-BATIGNOLLES. La compañía fue contratada para la construcción del Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas. Durante el transcurso de las obras, las negociaciones entre el Sindicato y la compañía se rompieron desembocando en una huelga. Durante la huelga, varios miembros del Sindicato fueron despedidos y se recurrió a trabajadores temporeros para sustituirlos. El Sindicato se halla actualmente en vías de plantear este asunto ante los tribunales de Lesotho, con vistas a la readmisión de los sindicalistas despedidos.
2. 324. El querellante alega que el Gobierno ha vulnerado el Convenio núm. 87 por los siguientes motivos:
   • - la detención arbitraria de dirigentes sindicales, incluyendo la del secretario general del CAWULE, el Sr. Sello Ts'Ukulu, detenido durante la noche del 20 de julio de 1990;
   • - la agresión física por parte de policías fuertemente armados, también el 20 de julio, contra miembros del comité sindical en los terrenos de construcción de la presa hidroeléctrica de Bokong Ha Katse, resultando siete funcionarios sindicales con heridas de bala;
   • - la retirada del pasaporte del Sr. Ts'Ukulu, impidiéndole asistir a una reunión de la FITCM durante la primera semana de agosto de 1990;
   • - nuevas detenciones arbitrarias, realizadas el 30 de agosto de 1990, de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Ladrillería, la Construcción y la Madera de Lesotho (LBCWWU), los Sres. Lebohang Belebesi y Tsehla Motsamai, sin presentar cargos contra ellos;
   • - repetidas acusaciones contra los funcionarios sindicales por incitación a la huelga y por cargos relativos a la seguridad interior que han sido desestimados por el Tribunal Supremo;
   • - la negativa persistente por parte de la compañía a readmitir a 200 trabajadores involucrados en la última huelga, asunto que el CAWULE ha llevado ante el Tribunal Supremo.
3. 325. El querellante incluye una declaración del CAWULE a la prensa dando explicaciones acerca del conflicto y la huelga. Al parecer, se planteó un conflicto con la compañía en relación con las condiciones de contratación (transporte a y desde Maseru, subsidios y alojamiento para los empleados y salarios e incrementos salariales) el 15 de mayo de 1990, tras llegar a un punto muerto en el procedimiento de conciliación que duró tres días, entre el 7 y el 9 de mayo. El 15 de junio de 1990 los trabajadores decidieron por unanimidad recurrir a la huelga. El 4 de julio el Departamento de Trabajo notificó al Sindicato que el aviso de huelga presentado al Ministro parecía ir en contra de las disposiciones de la ley aplicable, ya que el Ministro no había preguntado aún al Sindicato si iba a ser necesario un arbitraje; el comisario laboral afirmó que la huelga perjudicaría a las demás partes implicadas en el conflicto. El 13 de junio el Sindicato se reunió con la dirección de la compañía para discutir los acuerdos de reconocimiento y se sacó a colación el tema de la huelga propuesta; el Sindicato solicitó una vez más el voto de los trabajadores para que confirmaran si deseaban seguir adelante con la huelga, y recibieron un apoyo aplastante, ya que los empleados habían rebasado su nivel de tolerancia ante la postura arrogante de la compañía. Al iniciarse la huelga, 30 trabajadores fueron despedidos sin consultar con el Sindicato.
4. 326. El querellante adjunta a sus escritos de 19 de julio de 1991 copias de los siguientes documentos: el recurso del CAWULE al Tribunal de Apelación de Lesotho visto el 19 de julio de 1991; una carta de fecha 1.o de julio de 1990, remitida por la compañía, en la que asume los gastos correspondientes al tratamiento médico del miembro del CAWULE, Peter Moshoeshoe, tras sufrir éste una agresión, junto con el informe médico correspondiente; una carta de fecha 22 de marzo de 1990 remitida por la compañía proporcionando alojamiento a la policía en los terrenos de la presa; una carta de la compañía de fecha 18 de mayo de 1991 denegando el acceso a un representante sindical para entrevistarse con los trabajadores; una denuncia por difamación presentada por el CAWULE contra miembros del Consejo Militar; las actas del procedimiento de conciliación de fechas 7, 8 y 9 de mayo de 1990; la comunicación de huelga legal por parte del CAWULE con fecha 15 de mayo de 1990; la notificación de recurso y el consiguiente decreto del Tribunal de 5 de julio de 1990 autorizando la intervención policial para asegurar el acatamiento de su decisión de impedir el acceso del CAWULE o de sus miembros al recinto del campamento de la compañía en Katse; la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1990 declarando ilegal la huelga; la lista de los 334 trabajadores despedidos que solicitaban su readmisión.
5. 327. El querellante repite que la connivencia entre el Gobierno y la compañía para privar al CAWULE de su derecho de sindicación y para discriminar a los sindicalistas que participaron en la huelga de junio de 1990 representan sendas violaciones de los Convenios núms. 87 y 98. Señala que el documento antes mencionado en que la compañía acepta costear el tratamiento médico y el desplazamiento de un trabajador constituye una muestra del nivel de intimidación practicado por la compañía. También destaca el recurso frecuente de la compañía a la policía para impedir las acciones sindicales durante la huelga.
6. 328. La huelga ya ha terminado y se ha llegado a un nuevo acuerdo, y aun así la compañía, con el apoyo de los tribunales de Lesotho, sigue discriminando a los trabajadores que tomaron parte en la huelga. El querellante enumera ejemplos recientes de intimidación sindical:
   • - en 1991, las autoridades militares autorizaron al CAWULE a organizar la celebración del Primero de Mayo en la historia de Lesotho, pero 212 personas fueron detenidas a las 7 de la mañana y liberadas a las 11 de la mañana sin formular cargos contra ellas, se confiscaron todas las banderas del CAWULE y éstas todavía no han sido devueltas;
   • - unos 15 policías militares fuertemente armados estuvieron presentes filmando las celebraciones, y la policía intimidó a los dirigentes sindicales que hablaron durante el evento y les señaló que no criticaran al Gobierno o no se darían más permisos para posteriores reuniones públicas del Sindicato;
   • - el 2 de mayo de 1991, policías fuertemente armados penetraron en la sede del CAWULE en busca de trabajadores que se suponía debían presentarse en la comisaría de policía.
7. 329. En su carta de 25 de septiembre de 1991, el querellante describe la sentencia del Tribunal de Apelación de 26 de julio de 1991 en que se rechaza la apelación del CAWULE contra la compañía por despido improcedente de afiliados al Sindicato. Cita al juez:
   • No parece que existan normas en Lesotho que protejan a los trabajadores que recurren, por ejemplo, a la huelga como consecuencia de un conflicto salarial. El concepto de "prácticas desleales" que existe en Sudáfrica y en ciertos países occidentales, todavía no se aplica en Lesotho. Este concepto faculta, por ejemplo, a un sindicato para hacer un llamamiento a la huelga a sus afiliados cuando hayan sido objeto de un trato injusto, sin temor a que su ausencia del puesto de trabajo se considere como una ruptura de los contratos de trabajo de los trabajadores. Dicha arma negociadora se considera esencial en nuestros días, para obtener un equilibrio de fuerzas justo entre empleador y empleado, y no parece existir ninguna razón por la que Lesotho no debiera unirse en este sentido a los demás países mencionados.
   • La FITCM considera que este reconocimiento constituye una prueba evidente del desprecio del Gobierno por la normativa laboral internacional, en particular porque las leyes están en contradicción con el Convenio núm. 87, que protege el derecho a la huelga.
8. 330. Añade que, en la Empresa Hidráulica de las Tierras Altas para la Construcción de la Presa de Katse, los afiliados al CAWULE siguen siendo objeto de persecución. El 30 de agosto de 1991 a las 4 de la mañana, el Sr. Ngaka Sula, enlace sindical que trabajaba como vigilante nocturno, fue asesinado a tiros; estaba cooperando con el organizador regional del CAWULE al permitirle acceder a las residencias de los trabajadores por las noches. Al parecer, la compañía no permitía a los organizadores sindicales hablar con los trabajadores durante el día. El organizador fue posteriormente detenido durante cuatro días y, según el querellante, las circunstancias indican que el asesinato se produjo debido a actividades sindicales legítimas. El organizador consiguió escapar e informar a los representantes del CAWULE de este suceso.
9. 331. En su carta de 5 de noviembre de 1991, el querellante añade que el organizador regional del CAWULE fue trasladado por tres miembros de la policía al escenario del asesinato del Sr. Sula y brutalmente interrogado. Se le dijo que la actitud del Sr. Sula contra la policía fue la que provocó el que la policía decidiera finalmente asesinarle. El querellante incluye copia de una carta de fecha 19 de agosto de 1991 en la que el CAWULE solicitaba del comisario laboral que convocara a la compañía a un encuentro con el Sindicato para discutir sobre asuntos laborales en una mesa de negociación, pero el comisario ignoró, al parecer, dicha petición.

B. Respuesta del Gobierno

1. 332. En una carta de 13 de diciembre de 1991, el Gobierno comienza poniendo en duda la identidad del querellante, al remitirse a la correspondencia anterior enviada por el CAWULE como base para la querella, en lugar de a las cartas de la FITCM de 5 de septiembre de 1990 y 24 de junio de 1991. A juicio del Gobierno, si se decide que las cartas de la FITCM son las que fundamentan el procedimiento formal del Comité de Libertad Sindical, existe un fallo en el procedimiento ya que la FITCM no ha proporcionado al Gobierno, a través de la Oficina, la totalidad de la información y los documentos en su poder para permitir al Gobierno dar una respuesta completa y con conocimiento de causa. El Gobierno considera que es deber del querellante proporcionar toda la información a aquellos contra quienes se dirige la querella para permitirles conocer la verdadera naturaleza del caso presentado contra ellos. Además, el Gobierno declara que las dos cartas iniciales de la FITCM están redactadas en términos generales e inconcretos y no señalan ninguna infracción específica de los derechos sindicales.
2. 333. En relación con la carta de la FITCM de 19 de julio de 1991, el Gobierno opina que los anexos que se incluyen no aportan ninguna nueva luz al caso. Se refiere a ellos como una amalgama de documentos diferentes que no están relacionados y que, como tales, son improcedentes. En especial, la relevancia de la demanda por difamación interpuesta por el CAWULE, la de las actas del procedimiento de conciliación y la de la notificación de huelga de fecha 15 de mayo de 1990 le ofrece dudas. En lo que se refiere a la carta de la compañía en la que se basa el querellante como prueba de intimidación por parte de la compañía, el Gobierno declara que el hecho de que la compañía aceptara en una única ocasión la responsabilidad financiera del tratamiento del Sr. Moshoeshoe no determina quién fue el agresor, ni el motivo de la agresión. De la misma forma, el alojamiento de la policía en los terrenos de la compañía en Katse es un acontecimiento que tuvo lugar en marzo de 1990 y, por lo tanto, no guarda relación alguna con el período abarcado por este caso, concretamente el período de la huelga que empezó el 15 de junio de 1990. La copia de los argumentos del CAWULE presentados ante el tribunal competente es también, en opinión del Gobierno, completamente irrelevante y no puede pretender, por la simple anexión a cartas sobre este caso, convertirse en prueba o argumento en apoyo del mismo. Por último, en lo que se refiere a las copias de dos decisiones judiciales, el Gobierno declara que ni la OIT ni ninguno de sus diferentes comités son tribunales de apelación competentes; por lo tanto, no considera que puedan resultar de ninguna utilidad en este caso. En este mismo sentido, el Gobierno opina que la inclusión de la lista de trabajadores despedidos que están implicados en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Apelación no demuestra ninguna infracción de los derechos sindicales; declara que, después de todo, se les ha concedido audiencia.
3. 334. En relación con el alegato de la FITCM de nuevas detenciones arbitrarias de representantes del LBCWWU, el Gobierno señala que no existen pruebas de que este Sindicato local o el LBAWU estén afiliados a la FITCM.
4. 335. Por lo tanto, el Gobierno propone que se desestime este caso hasta que se presente otro mejor articulado por los querellantes. Según el Gobierno, en su configuración actual, el someter a consideración una querella tan general e inconcreta, que no señala ninguna infracción específica de los derechos sindicales, sólo supondría un abuso contra los mecanismos bienintencionados de la OIT para la resolución de conflictos.
5. 336. En su comunicación de 29 de enero de 1992, el Gobierno reitera que puesto que la FITCM se refiere a la carta del CAWULE, puede considerarse que la parte que presenta la queja es este último; se considera perjudicado para la preparación de la respuesta a este caso porque la carta del CAWULE no se envió con la queja de la FITCM. En cuanto al fondo del caso, el Gobierno declara que no se propone utilizar el Comité de Libertad Sindical como foro para examinar los fallos de los tribunales de Lesotho. Por consiguiente, limita sus comentarios sobre el fallo a los aspectos materiales del caso sometido al Comité y al objetivo que la FITCM perseguía al presentarlo.
6. 337. Según el Gobierno, el llamado considerando extraído del fallo del Tribunal de Apelación sólo refleja una opinión expresada por el juez competente en su examen del caso, pero no es esencial para la decisión que se tomó sobre el particular. Huelga decir que, en derecho, la opinión formulada fortuitamente por un juez no tiene la autoridad de una decisión sobre un asunto litigioso de por sí y no constituye un precedente. El Gobierno declara que si se conoce la legislación del trabajo de Lesotho es evidente que el juez competente se equivocó al decir que "el concepto de prácticas desleales que existe en Sudáfrica y en varios países occidentales no se admite todavía en Lesotho", sino todo lo contrario. El Gobierno indica que el concepto de "prácticas desleales de trabajo" se incluye en la parte XI de la ley núm. 11 de 1964 sobre sindicatos y conflictos de trabajo, así como disposiciones muy detalladas que protegen el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos sin injerencia o influencias indebidas. Prohíbe toda forma de discriminación contra los trabajadores o de acoso de los trabajadores por motivo de su afiliación sindical o de haber sido designados como dirigentes de un sindicato. Es impropio decir, como se infiere del extracto del fallo del Tribunal de Apelación, que los trabajadores de Lesotho no pueden interrumpir su trabajo cuando han sido objeto de prácticas indebidas por parte de un empleador. El artículo 15, 4) de la ley núm. 22 de 1967 sobre el empleo, dispone que "un trabajador puede negarse a continuar trabajando para un empleador cuando ha sido objeto de malos tratos por parte de este último. La cuestión de si estos malos tratos son reales puede someterse a la Oficina de Trabajo con arreglo a las disposiciones del artículo 81". El Gobierno no está de acuerdo con que, contrariamente a las disposiciones del Convenio núm. 87, la legislación de Lesotho no protege el derecho de huelga. La ley núm. ll de 1964, en sus partes VIII y X, establece el procedimiento de huelga. Con arreglo a las disposiciones de estas partes de la ley, la huelga es legal a reserva de que se realice después de haberse agotado los procedimientos establecidos en la misma. En virtud de la ley, las personas que participan en una huelga legal de esta naturaleza están protegidas contra diligencias penales. El Gobierno no está de acuerdo con la sugerencia según la cual hay una norma internacional de conformidad con la cual no puede despedirse a trabajadores huelguistas. Tampoco está de acuerdo con el juez competente del Tribunal de Apelación a ese respecto. Se pregunta qué países occidentales tenía en mente el juez competente al decir que la legislación autoriza que los trabajadores se declaren indefinidamente en huelga sin exponerse a un despido.
7. 338. El Gobierno declara que la ley núm. 11 de 1964 define la huelga, entre otros, en el sentido siguiente: un acto que rescinde el contrato de servicio de los trabajadores. Uno de los casos más evidentes en que un contrato de empleo puede terminarse por razones legítimas es cuando una de las partes en el mismo viola sus cláusulas. El Gobierno sostiene que se trata aquí de una práctica aceptada internacionalmente. Cuando una huelga equivale a una ruptura de contrato, se infiere que el empleador puede ya sea legitimar esta ruptura y continuar considerando que los huelguistas son trabajadores suyos, o reconocer que hay ruptura y terminar los servicios de los huelguistas por este motivo. El Gobierno está convencido, pues, de que la legislación de Lesotho no vulnera ninguna norma internacional del trabajo respecto de la protección del derecho de huelga.
8. 339. El Gobierno declara que poco tiene que decir sobre el asesinato de Ngaka Sula, salvo para confirmar que el Gobierno fue informado de que, el 27 de agosto de 1991 o en una fecha próxima a esta última, un policía llamado Molebatsi disparó y mató a una persona llamada Ngaka Sula, que trabajaba en una de las empresas contratadas para el Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas. En la medida en que ha podido comprobarlo el Gobierno, la muerte del Sr. Sula no guarda relación alguna con su actividad sindical. Entiende que las dos personas tuvieron una pelea en una cervecería y que el tiroteo fue consecuencia de un malentendido. Sin embargo, el policía de que se trata ha sido acusado de asesinato en la causa penal núm. RCI/83/8/91. El Gobierno está convencido de que la vista de este caso por el Tribunal permitirá esclarecer la mayor parte de los hechos relativos a este suceso sobre el que no pueden presentarse comentarios ahora puesto que el asunto se halla sub judice.

C. Conclusiones del Comité

1. 340. El Comité observa que este caso comprende alegatos sobre prácticas antisindicales de un empleador y del Gobierno, tras una huelga del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Conexos de Lesotho en junio de 1990, que vulneran los Convenios núms. 87 y 98. Aun cuando la huelga ha terminado, se ha firmado un nuevo convenio colectivo, y se ha pronunciado la sentencia final del Tribunal de Apelación que desestima la reclamación sindical por despido improcedente, el querellante alega que su afiliado, el Sindicato de la Construcción de que se trata, sigue siendo objeto de discriminación antisindical.
2. 341. Los alegatos concretos pueden resumirse como sigue: 1) la detención de los tres dirigentes y miembros sindicales citados (el secretario general del CAWULE, Sr. Sello Ts'Ukulu, el 20 de julio de 1990, y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Ladrillería, la Construcción y la Madera de Lesotho, Sres. Lebohang Belebesi y Tsehla Motsamai, el 30 de agosto de 1990); 2) la agresión y el tiroteo por parte de la policía contra siete dirigentes sindicales, que tuvo lugar en los terrenos donde se procede a la construcción de la Empresa Hidroeléctrica de Bokong Ha Katse, el 20 de julio de 1990; 3) la retirada del pasaporte del Sr. Ts'Ukulu para impedirle participar en una reunión sindical internacional; 4) frecuentes procesos judiciales contra representantes sindicales como forma de hostigamiento después de una huelga; 5) el despido, primero de 30, y posteriormente de un total de 334 trabajadores, y la negativa a readmitirlos después de la huelga; 6) la injerencia policial del 1.o de mayo de 1991 con motivo de la celebración de este día; 7) el asesinato, el 30 de agosto de 1991, de un enlace sindical del CAWULE que trabajaba como vigilante nocturno, el Sr. Ngaka Sula, y el interrogatorio brutal de un organizador regional del CAWULE en relación con este asesinato; y por último 8) a nivel legislativo, la falta de disposiciones en la legislación de Lesotho que protejan a los trabajadores que participan en huelgas legales tal y como señala la sentencia del Tribunal de Apelación que desestima la reclamación del CAWULE contra la compañía por despido improcedente.
3. 342. El Comité toma nota de que el Gobierno, en su primera respuesta, pone en tela de juicio la identidad del querellante y sostiene que este último debería ser el Sindicato Nacional CAWULE, y no la organización internacional de trabajadores a la que está afiliado, puesto que esta última se refiere a una carta del CAWULE que precede a la queja inicial de la FITCM.
4. 343. En relación con los comentarios del Gobierno sobre la forma de la queja, en primer lugar, el Comité desearía recordar que, de acuerdo con decisiones relativas a su procedimiento aprobadas por el Consejo de Administración, los alegatos son admisibles si son presentados por una organización de trabajadores o de empleadores directamente interesada en la cuestión, por organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores que tengan estatuto consultivo ante la OIT, o si emanan de otras organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores cuando se refieran a cuestiones que afecten directamente a sus organizaciones afiliadas (Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición, 1985, párrafo 34). En el caso que nos ocupa, las cartas de la FITCM de septiembre de 1990 y junio de 1991 contienen alegatos que se refieren a asuntos que afectan de forma directa a su afiliado en Lesotho, el CAWULE, a quien se refiere de forma específica. Los alegatos son por lo tanto admisibles de acuerdo con el tercer criterio arriba mencionado. El hecho de que la FITCM haga referencia en sus cartas relativas a la queja - sin proporcionar copias - a correspondencia remitida por su afiliada con fecha muy anterior a la presentación de la querella, puede ser objeto de comentarios en la respuesta del Gobierno, pero no afecta a la admisibilidad de la querella de la FITCM. Por consiguiente, al reconocer su admisibilidad, el Comité acoge con satisfacción el hecho de que el Gobierno, pese a sus reservas, presenta observaciones detalladas sobre algunos de los alegatos.
5. 344. En lo que se refiere a la forma de la queja, el Comité también toma nota del argumento del Gobierno de que las cartas no señalan ninguna infracción específica de los derechos sindicales. Considera, sin embargo, que la descripción que hace el querellante de los ocho asuntos enumerados más arriba proporciona elementos suficientes para iniciar un examen, y debería haber incitado al Gobierno a esforzarse en formular respuestas detalladas. Sobre cada uno de ellos el Comité querría recordar que el objeto de todo el procedimiento es fomentar el respeto de los derechos sindicales de jure y de facto, y el Comité abriga la certeza de que, si el procedimiento protege a los gobiernos contra acusaciones infundadas, los gobiernos, por su parte, deben reconocer la importancia que tiene enviar respuestas precisas a los alegatos formulados por las organizaciones querellantes para examen objetivo (primer informe del Comité, párrafo 31).
6. 345. El Comité toma nota de que el Gobierno critica la falta de detalles y de pertinencia de los documentos que la FITCM presenta como pruebas de su queja inicial; sostiene que la protección de los huelguistas está garantizada por la legislación del trabajo de Lesotho; y declara que la persona que mató al enlace sindical del CAWULE será procesada, pero que no dispone de información más detallada sobre este aspecto del caso en la fase actual, puesto que el asunto está sub judice. El Comité toma debidamente nota, en especial, de la respuesta del Gobierno a seis puntos planteados por el querellante. El Comité los resumirá en la forma siguiente. En primer lugar, el Gobierno declara que los documentos de apoyo de la FITCM como el que describe una demanda por difamación son irrelevantes para este caso. En segundo lugar, niega que la aceptación por parte de la compañía de la responsabilidad financiera referida al tratamiento médico de un trabajador (ocasionado por una agresión producida el 12 de mayo de 1990) demuestre ninguna conexión entre la compañía y el agresor o arroje ninguna luz acerca del motivo de la agresión. En tercer lugar, niega la pertinencia del alegato con arreglo al cual se ofreció alojamiento a la policía en la obra de construcción en marzo de 1990, ya que ello se decidió muchos meses antes de los acontecimientos ocurridos durante la huelga de junio de 1990. En cuarto lugar, niega que las copias de distintas sentencias judiciales puedan constituir el objeto principal de la queja y declara que los mecanismos de la OIT no son un tribunal de apelación competente. En quinto lugar, en lo que se refiere a los despidos, señala que todos los trabajadores despedidos fueron oídos. Por último, el Comité toma nota de la cuestión de procedimiento planteada por el Gobierno relativa a la detención el 30 de agosto de 1990 de dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Ladrillería, la Construcción y la Madera de Lesotho (LBCWWU), por el hecho de que el querellante no especifica si este sindicato también es afiliado suyo. Por consiguiente, el Comité pide que el querellante aclare este punto de manera que el Gobierno pueda presentar sus comentarios sobre el particular.
7. 346. Al examinar los alegatos concretos que se formulan en el orden arriba mencionado, el Comité lamenta en primer lugar que el Gobierno guarde silencio acerca de la supuesta detención, el 20 de julio de 1990, concretamente un mes después de la huelga declarada por el CAWULE, de su secretario general, el Sr. Sello Ts'Ukulu, y la retirada de su pasaporte. Desearía recordar que la detención de dirigentes sindicales por actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales es contraria a los principios de la libertad sindical (Recopilación, op. cit., párrafo 87) y que la participación en calidad de sindicalista en las reuniones sindicales internacionales es un derecho sindical fundamental, por lo cual los gobiernos deben abstenerse de toda medida, como el retener documentos de viaje, que impidan a un representante de una organización de trabajadores ejercer su mandato con plena libertad e independencia (254.o informe, caso núm. 1406 (Zambia), párrafo 470). El Comité exhorta por lo tanto al Gobierno a que confirme que el secretario general del CAWULE goza de libertad para atender a sus funciones sindicales, incluyendo los viajes al extranjero cuando sea necesario, y que su pasaporte le ha sido devuelto.
8. 347. En lo que se refiere al alegato relativo al ataque y tiroteo por parte de la policía contra siete dirigentes sindicales en la obra de una presa el 20 de julio de 1990, un mes después de la huelga, el Comité lamenta una vez más no disponer de información específica por parte del Gobierno sobre este incidente. Aun cuando el Gobierno rechace la pertinencia del alegato relativo al hecho de que se ofrecía alojamiento a la policía en la obra de la presa en marzo de aquel año, rechazo que se basa en el hecho de que los sucesos alegados ocurrieron mucho después de la huelga de junio de 1990, el Comité no puede sino subrayar que la presencia de la policía, aunque fuera por un período limitado, sólo podía infundir una impresión de amenaza a los trabajadores y sus sindicatos y, por consiguiente, respecto del ejercicio de sus derechos sindicales. Por esta razón, el Comité estima que estas prácticas tendrían que evitarse. Por otra parte, señala a la atención del Gobierno el principio con arreglo al cual cuando se han producido disturbios que provocaron la pérdida de vidas humanas y heridos graves, la realización de una investigación judicial es un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos (Recopilación, op. cit., párrafo 78). Pide al Gobierno que tenga a bien indicar si ha llevado a cabo esta investigación y comunicarle sus resultados.
9. 348. Como el querellante no ha dado precisiones sobre el alegato con arreglo al cual se interponen a menudo recursos judiciales contra dirigentes sindicales que participan en una huelga y como el Gobierno tampoco presenta comentarios sobre el particular, el Comité no puede considerar este aspecto del caso.
10. 349. Respecto del alegato relativo a la injerencia de la policía en la celebración por el Sindicato del 1.o de mayo de 1991, el Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido a este punto y señala a su atención el principio con arreglo al cual el derecho de organizar reuniones públicas y desfiles para el 1.o de mayo constituye un aspecto importante de los derechos sindicales, y las autoridades policiales deberían recibir instrucciones precisas a fin de evitar que, en los casos en que no esté seriamente amenazado el orden público, se detenga a personas por el simple hecho de haber organizado o participado en una manifestación (Recopilación, op. cit., párrafos 155 y 168). Ello es tanto más importante en el presente caso cuanto que, según se infiere, las autoridades habían autorizado las actividades del sindicato. Por consiguiente, el Comité confía en que todos los bienes sindicales confiscados el 1.o de mayo serán devueltos al sindicato y que, en el futuro, se evitarán estos actos de injerencia.
11. 350. En lo que se refiere al asesinato por un policía del enlace sindical del CAWULE, Sr. Ngaka Sula, el 30 de agosto de 1991, el Comité toma nota de que la causa penal está sub judice. Pide al Gobierno que envíe una copia del fallo relativo a dicho asesinato, cuando lo dicte el tribunal competente y, entre tanto, pide que tenga a bien informar sobre la evolución del caso.
12. 351. En lo que se refiere al despido de un total de 334 trabajadores que tomaron parte en la huelga convocada por el CAWULE, el Comité considera insuficiente la primera respuesta del Gobierno con arreglo a la cual todos los trabajadores despedidos fueron oídos. Ha podido, sin embargo, disponer de copias de varios documentos judiciales proporcionados por el querellante para valorar este aspecto de la queja. De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1990, la huelga de un día de duración era ilegal, debido a un error cometido respecto del procedimiento de notificación de la huelga. Se deduce de la sentencia del Tribunal de Apelación de 26 de julio de 1991 que los tribunales de Lesotho se basan en el derecho consuetudinario para pronunciarse sobre los despidos resultantes de acciones de huelga - sea ésta legal o no - y consideran que una huelga constituye una infracción tan grave del contrato de trabajo que el empleador tiene derecho a considerarla como una ruptura del contrato y a despedir en consecuencia a los trabajadores. La decisión señala que "salvo que exista un decreto legal que le impida hacerlo (el empleador) tenía derecho a despedir a los huelguistas sobre la base de su ruptura del contrato". El Comité ha examinado la segunda respuesta del Gobierno en la que sostiene que la legislación del trabajo de Lesotho autoriza despidos por motivo de huelga aun cuando esta última sea legal si se considera que la huelga entraña una ruptura de contrato, y toma nota de que el Gobierno rechaza la opinión accesoria de los jueces del Tribunal de Apelación en el caso de despido indebido presentado por el CAWULE.
13. 352. En lo que se refiere a este punto específico, el Comité desea recordar el principio con arreglo al cual el derecho de huelga es un derecho legítimo fundamental de los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses profesionales (Recopilación, op. cit., párrafos 362-364). Se infiere de ello que el recurso a medidas extremadamente graves como el despido de trabajadores por haber participado en una huelga y rehusar su reingreso implican graves riesgos de abuso y constituyen una violación de la libertad sindical (Recopilación, op. cit., párrafo 444). Señalando que las relaciones laborales, perturbadas por el despido colectivo basado en la participación en una acción de huelga, pueden mejorar de forma significativa si los empleadores implicados consideran seriamente la posibilidad de readmitir a las personas así sancionadas, el Comité solicita del Gobierno que se ponga en contacto con el empleador para que reintegre a los trabajadores en cuestión y que le mantenga informado del desarrollo de la situación.
14. 353. A nivel legislativo, el Comité señala que el querellante cita la decisión del Tribunal de Apelación en que se declara que no existe protección legislativa contra el despido improcedente por motivo de huelga en Lesotho. El Comité señala, sin embargo, que sí existen disposiciones en la "Trade Unions and Trade Disputes Law" (ley de sindicatos y conflictos laborales) de 1964 que permiten a los sindicalistas denunciar ante los tribunales, como prácticas laborales indebidas, decisiones de los empleadores tales como los despidos tras una huelga, por ser contrarios a los derechos sindicales. Sin embargo, dadas las declaraciones contradictorias del Tribunal de Apelación y del Gobierno, el Comité pide al Gobierno que explique el alcance de las disposiciones de la ley para proteger a los trabajadores frente a los despidos por actos de huelga y que indique en particular si estas disposiciones permiten una protección contra los despidos que se basen en el "common law".
15. 354. El Comité recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT está a su disposición para todo aquello que pudiera necesitar en materia de legislación laboral.