Interim Report - REPORT_NO243, March 1986

1. 419. El Comité de Libertad Sindical, en su reunión de mayo de 1985, al examinar los casos relativos a Honduras (casos núms. 1216 y 1271) solicitó del Gobierno que aceptara una misión de contactos directos habida cuenta de la gravedad de los alegatos y de la falta de informaciones suficientes en relación con el caso núm. 1216 (véase 239.o informe del Comité, párrafo 258), y con objeto de proceder a un examen completo de los distintos aspectos del caso núm. 1271 (véase 239.o informe, párrafo 275). Asimismo, en su reunión de noviembre de 1985, el Comité expresó la esperanza de que la misión de contactos directos podría obtener informaciones sobre el alegato que quedó pendiente en relación con el caso núm. 1307 (véase 241.er informe del Comité, párrafo 749). Por último, quedaba pendiente ante el Comité un alegato presentado en el marco del caso núm. 1268 (véase 234.o informe, párrafo 384).
2. 420. Duante la 71.a reunión (Ginebra, 1985) de la Conferencia Internacional del Trabajo, el representante gubernamental de Honduras declaró que solicitaba formalmente que los contactos directos se llevaran a cabo a fin de aclarar la situación y armonizar la legislación del país con los Convenios núms. 87 y 98.
3. 421. Posteriormente, el Gobierno de Honduras, por comunicación de 29 de noviembre de 1985, aceptó que la misión se llevara a cabo del 7 al 11 de enero de 1986.
4. 422. El Director General de la OIT designó como representante para llevar a cabo esta misión al Sr. Andrés Aguilar ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de esta Comisión y del Comité de Derechos Humanos. La misión se realizó en Tegucigalpa en las fechas previstas. En el transcurso de la misión acompañaron al representante del Director General el Sr. Alberto Odero, miembro del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero regional para las normas.
5. 423. La misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Amado H. Núñez, Ministro de Trabajo y Asistencia Social, y con altos funcionarios del Ministerio, así como por representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores.
6. 424. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 425. El Comité desea, en primer lugar, agradecer al Sr. Andrés Aguilar que haya aceptado llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su detallado informe sobre los casos en instancia, que ha permitido el examen de los mismos por parte del Comité. El Comité estima que el informe del representante del Director General muestra la utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las cuestiones planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.
7. 426. Habida cuenta de que el contenido de los alegatos y de las informaciones suministradas por el Gobierno, así como las informaciones obtenidas por el representante del Director General durante la misión figuran en el informe de misión (véase anexo), el Comité puede proceder directamente a la formulación de sus conclusiones sobre los distintos casos.

A. Conclusiones de carácter general

1. 427. El Comité toma nota del informe del representante del Director General sobre la misión efectuada del 7 al 11 de enero de 1986 en Honduras. El Comité toma nota con interés de que el representante del Director General recibió todas las facilidades por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social para el cumplimiento de la misión. El Comité observa que las informaciones obtenidas durante la misión en relación con dos dirigentes sindicales desaparecidos mencionados en las quejas no aportan nuevos elementos.

B. Conclusiones sobre el caso núm. 1216

1. 428. Cuando el Comité examinó este caso en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o informe, párrafos 243 a 258) quedaron pendientes dos cuestiones. Por una parte, el Comité había instado al Gobierno a que facilitara información sobre el asesinato alegado de Jacobo Hernández, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), y había llamado la atención sobre la necesidad de llevar a cabo investigaciones judiciales al respecto. Por otra parte, el Comité había instado al Gobierno a que facilitara información sobre las más recientes evoluciones del proceso relativo al asesinato de Dagoberto Padilla, Ismael Ulloa, Angel Alvarado y Carlos Alcides Mejía, y a los graves ataques contra la integridad física de que habían sido objeto Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y Eulogio Figueroa, todos ellos dirigentes o sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula (SITRACOAGS). El Comité había subrayado la gravedad del alegato relativo a la implicación del gerente y los propietarios de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula en los mencionados asesinatos consumados o frustrados, y consideró que por ser competencia de la justicia penal debería ser objeto de una investigación criminal. Por consiguiente, instó al Gobierno a que facilitara información sobre tal investigación. Por último, con posterioridad al último examen del caso por el Comité, en su comunicación de 11 de octubre de 1985, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó nuevos alegatos, relativos a la desaparición del Sr. José Manuel Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Minas "El Mochito", que, según la CIOSL, había sido detenido por militares de la 105.a Brigada de Infantería.
2. 429. En lo que respecta a la muerte del dirigente sindical de ANACH, Sr. Jacobo Hernández, el Comité toma nota de que, según el informe de misión, el 28 de marzo de 1983 se inició juicio contra el Sr. Marco Tulio Pineda Torres (actualmente recluido en la penitenciaría central de Tegucigalpa) por el delito de homicidio consumado.
3. 430. En relación con las muertes de cuatro dirigentes de SITRACOAGS y los graves ataques a la integridad física de que fueron objeto otros tres dirigentes de esta organización, el Comité toma nota de que, según el informe de misión, el correspondiente juicio por asesinato consumado o frustrado continúa en la etapa sumarial. El Comité toma nota asimismo de diferentes evoluciones que se han producido en el referido juicio: 1) se ha absuelto de responsabilidad criminal a los Sres. Alfredo Villeda Henríquez y Moisés Reyes Orellana, sobre los que en un principio se había dictado auto de prisión por asesinato consumado; 2) se ha dictado auto de prisión por asesinato frustrado en perjuicio de Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y Eulogio Figueroa; 3) continúan prófugos de la justicia los Sres. Marco Antonio Molina y Fausto Isaúl Garcéa, quienes antes de fugarse de la prisión habían confesado ante la autoridad judicial su participación como autores en los asesinatos consumados, según puede comprobarse a la lectura de los documentos judiciales remitidos a la misión.
4. 431. En cuanto a la implicación del gerente (Sr. Carlos González) y de los propietarios de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula (en particular el Sr. Jaime Echeverría), en los asesinatos en cuestión, el Comité toma nota de que la autoridad judicial puso en libertad a estas personas por no haber mérito para continuar en prisión.
5. 432. Cuando se le presentan alegatos relativos a la muerte o a graves ataques a la integridad física de dirigentes sindicales o sindicalistas, el Comité siempre ha insistido en que se proceda a una investigación judicial con objeto de esclarecer plenamente los hechos, deslindar las responsabilidades correspondientes y sancionar a los culpables. En el presente caso, el Comité observa que los juicios se encuentran en marcha, y que se ha podido identificar a los dos presuntos autores de los correspondientes asesinatos consumados o frustrados, si bien éstos son prófugos de la justicia. En estas condiciones, el Comité expresa la esperanza de que los procesos en cuestión concluirán lo antes posible, y permitirán sancionar a los culpables, y pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados finales.
6. 433. En lo que respecta a la desaparición del dirigente sindical Sr. José Manuel Guerrero, el Comité toma nota de la comunicación escrita remitida a la misión por el Ministro de Trabajo, en la que se indica que fuentes de absoluto crédito informaron a las autoridades de seguridad que el Sr. José Manuel Guerrero, presidente del sindicato obrero "El Mochito", se encontraba implicado en el tráfico de explosivos y otras actividades tendientes a socavar la tranquilidad de la nación, la paz y la democracia, por lo que el 2 de octubre de 1985 fue detenido. No obstante, dado que realizadas las investigaciones de rigor dieron como resultado su inocencia, fue inmediatamente puesto en libertad y continuó ejerciendo sus funciones sindicales; actualmente el Sr. Guerrero participa en política y fue elegido diputado en el Congreso por el Partido Nacional.
7. 434. En estas condiciones, habida cuenta de que la detención del Sr. Guerrero se debió a una falsa delación implicándole en el tráfico de explosivos, y que fue liberado una vez comprobada su inocencia, el Comité señala a la atención del Gobierno que las medidas de arresto o detención de dirigentes sindicales o sindicalistas en condiciones como las del presente alegato, aparte de que pueden entorpecer gravemente el ejercicio de los derechos sindicales, y pueden crear un clima de intimidación y de temor que impida el desenvolvimiento normal de las actividades sindicales, cuando obedecen a razones sindicales son contrarias a los principios del Convenio núm. 87.

C. Conclusiones sobre el caso núm. 1271

1. 435. Cuando el Comité examinó el caso en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o informe, párrafos 259 a 275, aprobado por el Consejo de Administración en su 230.a reunión (mayo-junio de 1985)) quedaron pendientes dos cuestiones. La primera se refería a la alegada injerencia del Gobierno en los estatutos de una organización y en las elecciones de dirigentes sindicales mediante la adopción de una ley de 1983 que rige el estatuto de la organización de personal docente COLPROSUMAH. El Comité subrayó con firmeza que al ratificar el Convenio núm. 87, el Gobierno se había comprometido a otorgar a las organizaciones de trabajadores el derecho de elaborar sus propios estatutos y reglamentos administrativos y el de elegir libremente a sus representantes. En consecuencia, el Comité pidió al Gobierno que le indicara las medidas que pensaba adoptar con miras a derogar las disposiciones de la legislación nacional incompatibles con el Convenio y permitir a la organización en causa la elaboración de sus propios estatutos, de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87. La segunda cuestión que quedó pendiente se refería a la no readmisión en su empleo de cierto número de maestros, designados por sus nombres (un total de 31), despedidos a causa de una huelga en 1982. El Comité estimó que los despidos por motivos de huelga constituéan una grave discriminación en materia de empleo por el ejercicio de una actividad sindical lícita, y que era contraria al Convenio núm. 98, ratificado por Honduras, e insistió ante el Gobierno para que indicara las medidas que piense adoptar para conseguir la readmisión en su empleo de los maestros despedidos.
2. 436. Por otra parte, la organización querellante, en su comunicación de 19 de diciembre de 1985, presentó nuevos alegatos en los que señalaba que el 17 de diciembre fue detenido el Sr. Ambrosio Sabio, anterior presidente del COLPROSUMAH. Según parece, añadía el querellante, la detención tuvo lugar a petición del grupo rival formado por el Gobierno en esa organización.
3. 437. En lo que respecta a la ley de 1983 que rige el estatuto del Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), el Comité toma nota de que el Ministro de Trabajo informó a la misión de que sería muy difícil que se tomaran medidas para derogar dicha ley. El Comité toma nota asimismo de que según el Gobierno la ley de 1983 fue adoptada por el Congreso Nacional a petición de la junta directiva de COLPROSUMAH reconocida por las autoridades. El Comité observa en este sentido que según el Gobierno, el COLPROSUMAH no es una organización sindical sino un colegio profesional de docentes. Una ley de 1964 regía ya el estatuto del COLPROSUMAH antes de que se adoptara la ley de 1983, y nada obsta, según el Gobierno, a que los docentes formen sindicatos.
4. 438. Con independencia de que el COLPROSUMAH sea un colegio profesional, el Comité desea recordar que en su reunión de mayo de 1985 (véase 226.o informe, párrafo 342) concluyó que el COLPROSUMAH era una organización que debería disfrutar de las garantías del Convenio núm. 87, ya que tenía por objeto el fomento y la defensa de los intereses de los trabajadores docentes (véase 226. o informe, caso núm. 1166 (Honduras), párrafo 342). Por otra parte, en las elecciones de 1982 para la junta directiva que fue posteriormente reconocida por las autoridades, el Comité había apreciado implícitamente la existencia de injerencias contrarias a los principios del Convenio núm. 87 (véase 230.o informe, caso núm. 1166 (Honduras), párrafo 111).
5. 439. En lo que respecta a los 31 maestros que continuarían destituidos a raíz de la huelga de 1982, el Comité toma nota de las detalladas informaciones facilitadas por el Gobierno, de las que se deduce que un cierto número de los maestros que mencionaba la organización querellante se encontrarían ejerciendo la docencia pública, y que el resto han abandonado la docencia para desempeñarse en otros cargos no docentes o actividades de carácter político, o bien han estado fuera del servicio por causas sancionables legalmente sin relación con la referida huelga. El Comité observa que la junta directiva del COLPROSUMAH no reconocida por las autoridades señaló a la misión que el problema de los maestros destituidos no había sido resuelto: una de las personas entrevistadas por la misión (Sr. Marcelino Borjas) declaró que continuaba despedido y que otros ejercéan la docencia al servicio de la actividad privada.
6. 440. Como quiera que la junta del COLPROSUMAH no reconocida se comprometió durante la misión a enviar a la OIT una relación exacta sobre la situación de los destituidos, el Comité aplaza el examen de este alegato en espera de esta información.
7. 441. En lo que respecta a la detención del Sr. Ambrosio Sabio (ex presidente del COLPROSUMAH), el Comité toma nota de que, según el Gobierno, se encuentra en etapa de sumario el juicio emprendido en 1983 contra el Sr. Sabio por los delitos de falsificación de documentos privados, usurpación de funciones y estafa continuada en perjuicio del COLPROSUMAH. El Comité toma nota asimismo de que, según el Gobierno, habiendo sido detenido el Sr. Sabio el 18 de diciembre de 1985 fue puesto en libertad provisional el 4 de enero de 1986 al haberse decretado la nulidad de ciertas diligencias y no arrojar los autos mérito suficiente para decretar auto de prisión.
8. 442. El Comité toma nota por otra parte de las declaraciones del Sr. Sabio a la misión y, en particular, de que: la acusación contra él data de 1983 y ya en ese año el Juzgado Primero de lo Criminal no encontró méritos para su captura; su detención se produjo días después de que se celebrara el Congreso Ordinario del COLPROSUMAH convocado por la junta no reconocida para el 10 de diciembre de 1985; desde 1983, cuatro jueces se ocuparon del asunto sin pronunciar orden de captura por no existir mérito alguno; cuando se produce una brevísima suplencia en diciembre de 1985 dicha orden es inexplicablemente emitida por un juez que es el mismo que en total irrespeto de la legalidad vigente certificó en noviembre de 1982 que la elección de la junta directiva oficialista del COLPROSUMAH se había realizado de manera regular.
9. 443. En estas condiciones, observando que el Sr. Sabio fue puesto en libertad 17 días después de su detención por considerarse que no había méritos para su auto de prisión, el Comité concluye que las medidas privativas de libertad del Sr. Sabio tuvieron carácter antisindical. Por consiguiente, al tiempo que lamenta la detención del Sr. Sabio, el Comité señala a la atención del Gobierno que las medidas de arresto o detención de dirigentes sindicales o sindicalistas en razón de su condición o de sus actividades como tales son contrarias a los principios del Convenio núm. 87.

D. Conclusiones sobre los casos núms. 1268 y 1307

1. 444. El Comité había pedido al Gobierno que informara sobre las investigaciones en curso para dar con el paradero de los dirigentes sindicales Sres. Rolando Vindel González (véase 234.o informe, caso núm. 1268, párrafo 384) y Gustavo Morales (véase 241.er informe, caso núm. 1307, párrafo 749).
2. 445. El Comité toma nota de que según se indica en el informe de misión, las investigaciones emprendidas continúan en curso, pero que todavía no se ha podido dar con el paradero de estos dirigentes. En estas condiciones, al tiempo que expresa su preocupación observando el largo período transcurrido desde la desaparición de estos dirigentes, pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones en curso para dar con su paradero.

ANEXO

1. Informe del Sr. Andrés Aguilar sobre la misión de contactos
2. directos
3. realizada en Honduras
4. (7-11 de enero de 1986)
5. I. Introducción
6. El Comité de Libertad Sindical, en su reunión de mayo de 1985,
7. al examinar
8. los casos relativos a Honduras (casos núms. 1216 y 1271)
9. solicitó del Gobierno
10. que aceptara una misión de contactos directos habida cuenta
11. de la gravedad de
12. los alegatos y de la falta de informaciones suficientes en
13. relación con el
14. caso núm. 1216 (véase 239.o informe del Comité, párrafo 258),
15. y con objeto de
16. proceder a un examen completo de los distintos aspectos del
17. caso núm. 1271
18. (véase 239.o informe, párrafo 275). Asimismo, en su reunión de
19. noviembre de
20. 1985, el Comité expresó la esperanza de que la misión de
21. contactos directos
22. podría obtrener informaciones sobre el alegato que quedó
23. pendiente en relación
24. con el caso núm. 1307 (véase 241.er informe del Comité,
25. párrafo 749). Por
26. último, quedaba pendiente ante el Comité un alegato
27. presentado en el marco del
28. caso núm. 1268 (véase 234.o informe, párrafo 384).
29. Durante la 71.a reunión (Ginebra, 1985) de la Conferencia
30. Internacional del
31. Trabajo, el representante gubernamental de Honduras declaró
32. que solicitaba
33. formalmente que los contactos directos se llevaran a cabo a fin
34. de aclarar la
35. situación y armonizar la legislación del país con los convenios
36. núms. 87 y 98.
37. Posteriormente, el Gobierno de Honduras, por comunicación
38. de 29 de noviembre
39. de 1985, aceptó que la misión se llevara a cabo del 7 al 11 de
40. enero de 1986.
41. El Director General de la OIT me designó como representante
42. para llevar a
43. cabo esta misión que se realizó en Tegucigalpa en las fechas
44. previstas. En el
45. transcurso de la misión me acompañaron el Sr. Alberto Odero,
46. miembro del
47. Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas
48. Internacionales del
49. Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero regional para las
50. normas.
51. Durante la misión fuimos recibidos por el Exmo. Sr. Amado H.
52. Nuñez ,
53. Ministro de Trabajo y Asistencia Social, y por altos funcionarios
54. del
55. Ministerio, así como por representantes de las organizaciones
56. de empleadores y
57. trabajadores. La lista de todos los entrevistados figura al final de
58. este
59. informe. Deseo dejar constancia de que he recibido todas las
60. facilidades por
61. parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo para el
62. cumplimiento de la
63. misión, por lo cual les estoy sumamente agradecido. También
64. agradezco a todas
65. las personas entrevistadas por las informaciones que me han
66. proporcionado.
67. II. Casos pendientes ante el Comité de Libertad Sindical
68. Caso núm. 1216
69. Esta queja fue presentada por la Confederación Internacional
70. de
71. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Federación
72. Internacional de los
73. Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares
74. (FITPAS) en una
75. comunicación conjunta de 15 de junio de 1983. FITPAS envió
76. informaciones
77. complementarias por comunicaciones de 5 y 25 de julio y 12 de
78. agosto de 1983.
79. El Gobierno respondió por comunicaciones de 5 de julio y 8 de
80. agosto de 1983,
81. y 30 de abril de 1984. El Comité examinó el caso por primera
82. vez en su
83. reunión de mayo de 1984 y presentó un informe provisional
84. (véase 234.o
85. informe, párrafos 571 a 584, aprobado por el Consejo de
86. Administración en su
87. 226.a reunión (mayo-junio de 1984)).
88. Posteriormente, el Gobierno envió información parcial sobre los
89. alegatos que
90. quedaron pendientes en comunicaciones de 12 de junio, 24 de
91. agosto y 31 de
92. octubre de 1984. El Comité volvió a examinar el caso y a
93. presentar un informe
94. provisional en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o
95. informe del Comité,
96. párrafos 243 a 258, aprobado por el Consejo de Administración
97. en su 230.a
98. reunión (mayo-junio de 1985)). Más tarde, la CIOSL presentó
99. nuevos alegatos
100. en una comunicación de 11 de octubre de 1985.
101. Examen anterior del caso.
102. Los querellantes alegaron que el 29 de marzo de 1983, entre
103. las 20 y 21
104. horas, en el lugar conocido como aldea El Bálsamo, entre la
105. ciudad de El
106. Progreso y Santa Rita de Yoro, fueron asesinados los siguientes
107. dirigentes y
108. sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Compañía
109. Agrícola y Ganadera
110. del Sula, SITRACOAGS, afiliada a la FITPAS de Honduras:
111. Dagoberto Padilla
112. Escoto (presidente), Ismael Ulloa (secretario de actas de la
113. subseccional
114. Finca 9 de Guanchias), Angel Alvarado (secretario general de la
115. subseccional
116. Finca 9) y Carlos Alcides Mejía (miembro de base del sindicato).
117. Por otra
118. parte resultaron gravemente heridos Pedro Chavarría (secretario
119. de actas y
120. educación), Jacobo Núñez (vicepresidente del Comité de
121. disciplina), y Eulogio
122. Figueroa (vicepresidente de la subseccional Finca 9). Los
123. querellantes
124. señalaban que los asesinatos ocurrieron tres horas y media
125. después de
126. concluida una asamblea de trabajadores que se realizó en la
127. Finca 11.
128. Según los querellantes, los hechos se produjeron de la siguiente
129. forma: cerca
130. de las 17 horas, terminada la asamblea algunos dirigentes se
131. dirigieron a sus
132. respectivos campos en un vehículo tipo "jeep" marca "Toyota",
133. propiedad del
134. sindicato. Cuando se disponían a retornar a El Progreso, en
135. Finca 9, fueron
136. interceptados por dos hombres vestidos de uniforme militar, de
137. color verde
138. olivo, quienes portaban un rifle "Falk" y una escopeta. Los
139. supuestos
140. militares solicitaron a los sindicalistas que los trasladaran a la
141. localidad
142. de Santa Rita, a lo cual accedieron. Todos juntos se
143. dispusieron a viajar en
144. el vehículo mencionado. Al salir de los caminos de las fincas
145. bananeras y
146. llegar al camino pavimentado, uno de los uniformados se dirigió
147. a Dagoberto
148. Padilla, quien conducía, para que detuviera el vehículo en la
149. aldea "El
150. Bálsamo". Fue allí que sin mediar palabras, el uniformado que
151. portaba la
152. escopeta disparó contra el Sr. Padilla, quien cayó muerto sobre
153. el pavimento.
154. Ya en el suelo y sin vida le disparó por segunda vez. Acto
155. seguido el
156. uniformado que portaba el rifle "Falk" disparó ráfagas contra el
157. resto de los
158. sindicalistas, descargando todos sus proyectiles.
159. Resultaron así muertos cuatro sindicalistas y tres gravemente
160. heridos. Los
161. querellantes indicaron que, posteriormente, se había logrado
162. establecer que
163. los dos supuestos militares asesinos, eran en realidad vigilantes
164. de las
165. fincas bananeras que actuaron por orden directa del yardero de
166. la oficina del
167. gerente, previo pago de 4 000 lempiras (moneda nacional) para
168. cada uno, y que
169. a la vez este último recibió instrucciones del jefe del resguardo
170. en esas
171. fincas autorizado por el gerente y los propietarios que se
172. apellidan
173. Echeverri.
174. Los querellantes alegaron asimismo que diferentes sindicatos
175. reaccionaron
176. públicamente frente a este horrible hecho. De manera especial
177. lo hizo la
178. Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH, al
179. publicar un comunicado
180. conminando a las autoridades civiles y militares para el pronto
181. esclarecimiento y captura de los responsables. Dos días
182. después, el dirigente
183. sindical del Consejo Directivo de la ANACH, compañero Jacobo
184. Hernández, fue
185. asesinado en la ciudad de Danli, aproximadamente a las 19
186. horas por un
187. desconocido que disparó a corta distancia sin mediar
188. provocación alguna. Este
189. dirigente estaba participando en la solución de un conflicto
190. producido por
191. tierras que se encuentran no cultivadas.
192. Los querellantes alegaron por último que a principios de julio se
193. produjo
194. una fuga de prisioneros de la cárcel de El Progreso-Yoro,
195. encontrándose entre
196. ellos, Fausto Garcéa Rivera y Marco Antonio Molina, dos de los
197. autores
198. materiales de la masacre perpetrada el 29 de marzo de 1983.
199. El Gobierno informó que en el Juzgado de Paz de lo Criminal
200. de dicha ciudad
201. con fecha 30 de marzo de 1983 se instruyó proceso contra
202. Marco Antonio Molina
203. Martínez, Fausto Garcéa Rivera, Alfredo Villeda Henréquez y
204. Moisés Reyes
205. Orellana, por el delito de asesinato consumado en perjuicio de
206. Dagoberto
207. Padilla Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado y Carlos Alcides
208. Mejía, y,
209. asesinato frustrado en Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y
210. Eulogio Figueroa,
211. juicio que se continúa sustanciando en el Juzgado de Paz. El
212. proceso en
213. mención se encuentra en la etapa sumarial, motivo por el cual
214. no se puede dar
215. más informes sobre dicho juicio.
216. En una comunicación posterior, de 12 de junio de 1984, el
217. Gobierno adjuntaba
218. una nota, de 17 de mayo de 1984, del Tribunal Supremo en la
219. que se señalaba
220. que el juez de primera instancia había pedido un aplazamiento
221. de la vista en
222. el proceso por asesinato de tres de los acusados y que, aunque
223. otros dos
224. acusados habían escapado de la prisión, el proceso contra
225. ellos se hallaba en
226. la fase sumarial. En una comunicación de 24 de agosto de
227. 1984, el Gobierno
228. indicaba que estaba a la espera de nuevas informaciones del
229. Tribunal Supremo
230. acerca de si sigue la vista del caso por asesinato o ésta ha
231. finalizado ya. El
232. Gobierno indicó asimismo que había pedido al Tribunal Supremo
233. que le
234. suministre información sobre el alegado asesinato del dirigente
235. sindicalista
236. de ANACH, Jacobo Hernández, en abril de 1983.
237. El Comité formuló las recomendaciones siguientes:
238. a) En lo referente a los asesinatos y graves heridas de 8
239. dirigentes y
240. afiliados sindicales de SITRACOAGS y ANACH, en marzo y abril
241. de 1983, el
242. Comité lamenta observar que el proceso por asesinato se
243. hallaba aún en la fase
244. sumarial en mayo de 1984 y que no se ha facilitado ninguna
245. información
246. concreta sobre las investigaciones en relación con el asesinato
247. del dirigente
248. sindical de ANACH.
249. b) El Comité llama a la atención del Gobierno la importancia
250. que siempre ha
251. atribuido a la realización de una investigación judicial, rápida e
252. independiente en aquellos casos en que se hayan producido
253. muertes y ataques a
254. la integridad física de sindicalistas, con miras a clarificar los
255. hechos,
256. identificar a las personas responsables y proceder a su
257. enjuiciamiento. Insta
258. al Gobierno a que le facilite información sobre las más recientes
259. evoluciones
260. del proceso y a que en su caso le envíe el texto de la sentencia
261. que se haya
262. dictado.
263. c) El Comité subraya la gravedad del alegato relativo a la
264. implicación del
265. gerente y los propietarios de la Compañía Agrícola Ganadera
266. del Sula en los
267. asesinatos consumados o frustrados, y considera que por ser
268. competencia de la
269. justicia penal debería ser objeto de una investigación criminal.
270. Insta al
271. Gobierno a que facilite información sobre tal investigación.
272. d) El Comité insta al Gobierno a que facilite información sobre
273. el
274. asesinato alegado del dirigente sindical de la ANACH, Jacobo
275. Hernández. (El
276. Comité en sus conclusiones, llamó la atención asimismo sobre la
277. necesidad de
278. llevar a cabo investigaciones judiciales, rápidas e
279. independientes al
280. respecto.)
281. Nuevos alegatos.
282. En su comunicación de 11 de octubre de 1985, la
283. Confederación Internacional
284. de Organizaciones Sindicales Libres alega la desaparición del
285. Sr. José Manuel
286. Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Minas
287. "El Mochito",
288. que había sido detenido por militares de la 105.a Brigada de
289. Infantería. Según
290. la CIOSL, a pesar de que numerosos testigos presenciaron la
291. detención de este
292. dirigente, las autoridades hondureñas niegan este hecho.
293. Informaciones obtenidas durante la misión.
294. En relación con el caso núm. 1216, el Ministro de Trabajo
295. informó a la misión
296. que los juicios por homicidio consumado, asesinato consumado
297. y asesinato
298. frustrado de dirigentes sindicales y sindicalistas se encontraba
299. todavía en la
300. etapa sumarial.
301. El Ministro de Trabajo facilitó a la misión informes emitidos por el
302. juzgado
303. de letras sobre los referidos juicios en los que se señala que el
304. 28 de marzo
305. de 1983 se inició juicio contra el Sr. Marco Tulio Pineda Torres
306. por el delito
307. de homicidio consumado en la persona de Jacobo Hernández
308. (dirigente de ANACH),
309. y que dicho reo se encuentra recluédo en la penitenciaría
310. central de
311. Tegucigalpa. Asimismo, según indica el juzgado de letras, en el
312. juicio por
313. asesinato consumado o frustrado contra dirigentes y afiliados de
314. SITRACOAGS se
315. dictó auto de prisión por asesinato consumado en perjuicio de
316. los miembros del
317. cuerpo de seguridad de la Compañía Agrícola Ganadera de
318. Sula, Marco Antonio
319. Molina, Fausto Isaúl Garcéa (ambos prófugos de la justicia),
320. Alfredo Villeda
321. Henriquez y Moisés Reyes Orellana (ambos posteriormente
322. absueltos de
323. responsabilidad criminal). Se dictó asimismo auto de prisión por
324. asesinato
325. frustrado en perjuicio de Pedro Chavarría, Jacobo Nuñez y
326. Eulogio Figueroa
327. El juzgado de letras facilita también el nombre de una serie de
328. personas que
329. fueron puestas en libertad por no haber mérito para continuar en
330. prisión,
331. entre las que se encuentran el Sr. Jaime Echeverría, uno de los
332. propietarios
333. de la Compañía Agrícola Ganadera de Sula y Carlos González,
334. gerente de la
335. misma compañía. Cuando la misión se entrevistó con los
336. dirigentes de la
337. Confederación de Trabajadores Hondureños (en cuya
338. estructura están encuadrados
339. SITRACOAGS y ANACH), éstos declararon que no disponían
340. de informaciones
341. precisas sobre los asesinatos en cuestión.
342. Por otra parte, el Ministro del Trabajo remitió una comunicación
343. escrita en
344. la que se señala que fuentes de absoluto crédito informaron a
345. las autoridades
346. de seguridad que el Sr. José Manuel Guerrero, presidente del
347. sindicato obrero
348. "El Mochito", se encontraba implicado en el tráfico de
349. explosivos y otras
350. actividades tendientes a socavar la tranquilidad de la nación, la
351. paz y la
352. democracia, por lo que el 2 de octubre de 1985 fue detenido.
353. No obstante,
354. dado que realizadas las investigaciones de rigor dieron como
355. resultado su
356. inocencia, fue inmediatamente puesto en libertad y continuó
357. ejerciendo sus
358. funciones sindicales. Actualmente el Sr. Guerrero participa en
359. política y fue
360. elegido diputado en el Congreso por el Partido Nacional.
361. Caso núm. 1271
362. La queja de la Confederación Mundial de Organizaciones de
363. Profesionales de la
364. Enseñanza fue presentada en una comunicación de 23 de
365. marzo de 1984. En su
366. reunión de febrero de 1985 el Comité, habiendo observado que
367. el Gobierno, a
368. pesar de varios llamamientos, no había remitido todavía las
369. informaciones y
370. observaciones que le habían sido solicitadas, le dirigió un
371. llamamiento
372. urgente instándole encarecidamente a que enviara
373. urgentemente sus
374. observaciones. El Comité señaló asimismo a la atención del
375. Gobierno que, de
376. conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 17
377. de su 127.o
378. informe, aprobado por el Consejo de Administración, podría
379. presentar en su
380. próxima reunión un informe sobre el fondo del caso, aunque las
381. observaciones
382. del Gobierno no se hubiesen recibido en esa fecha (238.o
383. informe del Comité,
384. párrafo 20). No habiendo el Gobierno remitido informaciones ni
385. observaciones
386. sobre este caso, en la fecha esperada, el Comité lo examinó en
387. su reunión de
388. mayo de 1985. (Véase 239.o informe, párrafos 259 a 275,
389. aprobado por el
390. Consejo de Administración en su 230.a reunión (mayo-junio de
391. 1985).)
392. En nombre del Colegio Profesional de Superación Magisterial
393. Hondureño
394. (COLPROSUMAH), organización sindical que le está afiliada, la
395. Confederación
396. Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza
397. (CMOPE) presentaba
398. una queja contra el Gobierno de Honduras por violación de la
399. libertad
400. sindical. Según la CMOPE, se trata de un caso de injerencia
401. gubernamental en
402. el derecho de las organizaciones a elaborar sus propios
403. reglamentos y a elegir
404. sus propios representantes, violado por medidas legislativas, y
405. en el derecho
406. de la organización más representativa a elegir sus propios
407. representantes en
408. los organismos consultivos, violado por el retiro de tal
409. representación a los
410. auténticos representantes del personal docente de Honduras y
411. la concesión del
412. mismo a un grupo disidente establecido con el apoyo del
413. Gobierno, respaldado
414. en su acción por la policía y los militares.
415. De una forma más precisa, la CMOPE explicaba que el 26 de
416. septiembre de 1983
417. el Gobierno adoptó el decreto núm. 170-83 conteniendo una
418. nueva ley sobre el
419. Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
420. (COLPROSUMAH) y
421. derogando la ley anterior de 11 de diciembre de 1964 que
422. regulaba la materia.
423. Esta nueva ley, publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre
424. de 1983, fue
425. elaborada sin la participación de COLPROSUMAH. Se
426. establecen en ella nuevas
427. normas para la elección de la Junta Central Ejecutiva, las cuales
428. estipulan
429. que los miembros de dicha Junta no pueden ser reelegidos
430. hasta que hayan
431. transcurrido dos períodos de dos años (artículos 25 y 26 de la
432. ley). Según la
433. CMOPE, la nueva disposición en materia de elecciones fue
434. promulgada con el
435. único fin de perjudicar a COLPROSUMAH, que representa
436. verdaderamente al
437. personal docente hondureño, y de favorecer al grupo de
438. maestros que se
439. apoderaron de la organización con el apoyo del Gobierno.
440. La CMOPE precisaba que la aprobación de la nueva
441. legislación y el cambio de
442. los representantes sindicales en los diferentes organismos
443. consultivos debían
444. analizarse a la luz de los acontecimientos ocurridos en
445. 1982-1983, que fueron
446. motivo de una queja ante el Comité de Libertad Sindical (caso
447. núm. 1166,
448. relativo al despido de maestros, al allanamiento de los locales
449. sindicales y a
450. la confiscación de los bienes de COLPROSUMAH).
451. La CMOPE recordaba que, en el caso en cuestión, el Gobierno
452. había adoptado
453. medidas represivas tras una huelga y una manifestación,
454. despidiendo a 300
455. maestros, 31 de los cuales permanecen todavía sin empleo, y
456. sometiendo las
457. escuelas a control militar. Además, el Gobierno había
458. respaldado a un grupo
459. disidente en el seno de COLPROSUMAH, compuesto por 25
460. personas, que, tras
461. intentar sabotear la reunión anual celebrada en diciembre de
462. 1982, había
463. celebrado una reunión anual paralela en la que eligió otra Junta
464. Ejecutiva, la
465. cual fue reconocida por las autoridades. Por otra parte, durante
466. la reunión
467. anual de COLPROSUMAH, elementos del Departamento
468. Nacional de Investigación,
469. acompañados de fuerzas de la seguridad pública, se habían
470. posesionado de la
471. sede de COLPROSUMAH y habían impedido a sus funcionarios
472. la entrada en las
473. dependencias. Poco tiempo después, un representante de la
474. Corte Suprema de
475. Justicia había remitido al grupo disidente todos los bienes e
476. inmuebles de
477. COLPROSUMAH.
478. La CMOPE añadía que, tras el establecimiento del grupo
479. disidente, que, según
480. su organización afiliada no goza de la confianza del personal
481. docente
482. hondureño, los legítimos representantes de COLPROSUMAH
483. fueron privados de su
484. representación en diferentes organismos consultivos e
485. instituciones en los
486. cuales estaban anteriormente representados. La legislación que
487. rige
488. COLPROSUMAH prevé la cooperación entre las autoridades
489. educativas y
490. COLPROSUMAH en cuestiones relativas a la enseñanza
491. (artículo 6, f), de la
492. nueva ley).
493. Según la CMOPE, ello confirma los alegatos ya formulados en
494. el caso núm.
495. 1166, de que el grupo reconocido está estrechamente
496. vinculado al Gobierno, así
497. como la falsedad de la afirmación del Gobierno acerca de los
498. acontecimientos
499. que llevaron a la elección de la Junta Ejecutiva de
500. COLPROSUMAH. La CMOPE
501. recordaba que el Gobierno declaraba que "son hechos que
502. competen
503. exclusivamente a esta organización" y que "la participación del
504. Gobierno no
505. puede tener más alcance que los permitidos por las leyes del
506. país" (230.o
507. informe, párrafo 109). Al modificar la representación del
508. personal docente en
509. los diferentes organismos públicos, el Gobierno se había
510. inmiscuido claramente
511. en los asuntos internos de esta organización, afirma la CMOPE.
512. La organización querellante concluía indicando que el grupo
513. disidente ocupaba
514. todavía los locales de COLPROSUMAH y disponía de sus
515. bienes, entre los cuales
516. figuran las cotizaciones de afiliación. Además, el Gobierno ha
517. intentado
518. prohibir la celebración de una asamblea del Frente de Unidad
519. Magisterial
520. Hondureño, y hubo también injerencia gubernamental en las
521. actividades del
522. Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
523. (COPEMH) y del Primer
524. Colegio de Maestros (PRICPHMA), como lo corroboran los
525. recortes de periódicos
526. adjuntos a la comunicación de la CMOPE.
527. Por último, la organización querellante adjuntaba una lista de
528. los maestros
529. despedidos que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno, no
530. han sido
531. readmitidos en sus empleos. Se trata de Omar Edgardo Rivera,
532. Herminio Alcerro
533. Cálix, Sócrates Saúl Coello, Orlando Turcios, Juan Ramón
534. Miralda, Santos
535. Gabino Carbajal, Adalid Romero, Galel Cárdenas, Jorge Gálvez,
536. Venancio Ocampo,
537. Marco Tulio Mejía, Luis Alonso Canales, Alba de Mejía,
538. Francisco Marcelino
539. Borjas, Odavia Chinchilla, Margarita Escobar, Maribel Gómez
540. Robleda, Felix
541. Chinchilla, Isabel Traperos, Manlio Ernesto Ayae, Armando
542. Acosta, Justo Pastor
543. Bonilla, Eloísa Escoto de Berrios, Edil Adonay Carranza, Miguel
544. Angel Berrios,
545. Wilberto Mendez, Isidro Rivas, Ramón Zavala, Marco Aurelio
546. Pinto, Marco
547. Antonio Vallecillo, Iván Díaz Panchamé.
548. El Comité presentó un informe provisional al Consejo de
549. Administración con
550. las recomendaciones siguientes:
551. a) El Comité reprueba que, a pesar del tiempo transcurrido
552. desde la
553. presentación de la queja y los numerosos llamamientos que se le
554. han dirigido,
555. el Gobierno no haya comunicado sus observaciones sobre este
556. caso.
557. b) Con respecto a la injerencia del Gobierno en los estatutos
558. de una
559. organización y en las elecciones de dirigentes sindicales
560. mediante la adopción
561. de una ley de 1983 que rige el estatuto del COLPROSUMAH,
562. organización de
563. personal docente afiliada a la confederación querellante, el
564. Comité subraya
565. con firmeza que al ratificar el Convenio núm. 87, el Gobierno se
566. ha
567. comprometido a otorgar a las organizaciones de trabajadores el
568. derecho de
569. elaborar sus propios estatutos y reglamentos administrativos y el
570. de elegir
571. libremente a sus representantes. En consecuencia, el Comité
572. pide al Gobierno
573. que le indique las medidas que piensa adoptar con miras a
574. derogar las
575. disposiciones de la legislación nacional incompatibles con el
576. Convenio y
577. permitir a la organización en causa la elaboración de sus propios
578. estatutos,
579. de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87.
580. c) Con respecto a la no readmisión en su empleo de cierto
581. número de
582. maestros, designados por sus nombres, despedidos a causa de
583. una huelga en
584. 1982, el Comité estima que los despidos por motivos de huelga
585. constituyen una
586. grave discriminación en materia de empleo por el ejercicio de
587. una actividad
588. sindical lícita, y que es contraria al Convenio núm. 98, ratificado
589. por
590. Honduras, e insiste ante el Gobierno para que le indique las
591. medidas que
592. piense adoptar para conseguir la readmisión en su empleo de
593. los maestros
594. despedidos.
595. d) El Comité ruega al Gobierno que acepte una misión de
596. contactos directos
597. en el país con objeto de plroceder a un examen completo de los
598. distintos
599. aspectos del caso.
600. Nuevos alegatos.
601. En su comunicación de 17 de mayo de 1985, CMOPE señala
602. que en el sistema
603. hondureño los jueces del Tribunal Supremo son elegidos por el
604. poder
605. legislativo, y que la Asamblea Nacional ha destituido al Tribunal
606. Supremo por
607. motivos de corrupción y mala administración de justicia. No
608. obstante, el
609. Presidente de la República rehusó aceptar esta decisión de la
610. Asamblea y
611. ordenó la detención del nuevo Presidente del Tribunal Supremo.
612. La CMOPE
613. precisa que en los debates de la Asamblea Nacional se hizo
614. también referencia
615. a las decisiones del Tribunal Supremo con respecto a
616. COLPROSUMAH.
617. En su comunicación de 19 de diciembre de 1985, la CMOPE
618. alega que el 17 de
619. diciembre fue detenido el Sr. Ambrosio Sabio, anterior presidente
620. del
621. COLPROSUMAH. Swgún parece, prosigue el querellante, la
622. detención tuvo lugar a
623. petición del grupo rival formado por el Gobierno en esa
624. organización.
625. Respuesta del Gobierno.
626. El Gobierno declara en su comunicación de 28 de noviembre
627. de 1985 que el
628. Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño
629. (COLPROSUMAH) no
630. constituye ningún sindicato regido por el Código de Trabajo. Se
631. trata de una
632. organización profesional organizada de acuerdo a su propia ley,
633. habiendo
634. seguido para su creación, un procedimiento diferente al de
635. creación de
636. organizaciones sindicales. Los colegios profesionales adquieren
637. su
638. personalidad jurídica cuando el Congreso Nacional aprueba su
639. ley respectiva.
640. Este derecho de los profesionales, está reconocido en la
641. Constitución de la
642. República y en la Ley Orgánica de colegios profesionales. Es el
643. soberano
644. Congreso Nacional el que tiene facultades de emitir, reformar y
645. derogar la
646. ley. Fue éste, como un acto soberano, a petición del
647. COLPROSUMAH, el que
648. reformó la ley Orgánica de este colegio. Los sindicatos son
649. creados por los
650. trabajadores siguiendo lo dispuesto en el Código Laboral sobre
651. este asunto,
652. cuya personalidad jurídica es otorgada por el Poder Ejecutivo al
653. aprobar sus
654. estatutos. En pocas palabras, los colegios profesionales y las
655. organizaciones
656. sindicales, tienen un sistema jurídico diferente y el Gobierno
657. considera que a
658. los primeros no les es aplicable el Convenio núm. 87. Al
659. respecto, la
660. Constitución de la República en su artículo 177 dispone: "Se
661. reconoce la
662. colegiación profesional obligatoria. La ley reglamentará su
663. organización y
664. funcionamiento".
665. El Gobierno añade que los problemas del COLPROSUMAH se
666. deben a una lucha
667. interna de dos sectores con principios ideológicos diferentes. El
668. sector
669. querellante ha pretendido hasta juzgar las actuaciones de la
670. Corte Suprema de
671. Justicia. Aprovechando la crisis política que ha vivido
672. Honduras, debido al
673. enfrentamiento entre los Poderes del Estado, elevó a la
674. Comisión creada por el
675. Congreso Nacional, para investigar la administración de la
676. justicia, una
677. exposición de cargos contra dicho alto tribunal, para que el
678. Poder Legislativo
679. cambiara (sin tener facultades para hacerlo), a los magistrados
680. de la Corte,
681. todo por el hecho de que ésta falló en su contra el recurso de
682. amparo
683. interpuesto con relación a la elección de la Junta Directiva del
684. Colegio, el
685. cual perdieron los recurrentes.
686. En cuanto a la recomendación del Comité en que reprueba la
687. falta de
688. observaciones del Gobierno sobre ese caso, el Gobierno
689. informa que dio
690. contestación al respecto en comunicaciones de 1983 (que el
691. Gobierno transmite
692. en anexo).
693. Por otra parte, el Gobierno envéa un informe del Ministro de
694. Educación
695. Pública sobre los alegatos de la organización querellante, en el
696. que en
697. particular se indica lo siguiente:
698. - El Gobierno de Honduras no ha violado en ningún momento,
699. la libertad
700. sindical ni mucho menos ha tenido injerencia en el derecho de
701. las
702. organizaciones a elaborar sus propios reglammentos y a elegir
703. sus
704. representantes legítimos. En el caso del Colegio Profesional
705. Superación
706. Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), de conformidad al
707. artículo 177 de la
708. Constitución de la República vigente, es una organización
709. garantizada por la
710. ley de colegiación profesional obligatoria, cuya organización y
711. funcionamiento
712. están regulados por la misma. El COLPROSUMAH goza de
713. personería jurídica,
714. otorgada al aprobarse su ley orgánica por decreto núm. 214 del
715. 11 de diciembre
716. de 1964, el cual fue derogado por el decreto núm. 170-83,
717. emitido por el
718. Congreso Nacional el 27 de septiembre de 1983, mismo que
719. ratifica su
720. personalidad jurídica. El reglamento interno del
721. COLPROSUMAH fue aprobado por
722. el II congreso de Asamblea Nacional Extraordinaria del
723. COLPROSUMAH, el 11 de
724. diciembre de 1983 y vigente al aprobarse por el congreso
725. ordinario celebrado
726. del 10 al 13 de diciembre de 1983. Este reglamento derogó el
727. aprobado por el
728. 4.o congreso ordinario del 15 de diciembre de 1965 y las
729. reformas hechas el 14
730. de diciembre de 1966, 17 de diciembre de 1967 y las de 1972.
731. El reglamento
732. antes mencionado desarrolla el decreto núm. 170-83 y reglas
733. específicas para
734. el funcionamiento del COLPROSUMAH. Este extremo prueba la
735. no injerencia del
736. Gobierno de Honduras en el derecho de los colegios
737. profesionales a elaborar
738. sus propios reglamentos y elegir a sus representantes. Para
739. prueba de ello,
740. pueden solicitarse las certificaciones de los puntos de acta de
741. los congresos
742. del COLPROSUMAH en los cuales se aprobaron sus
743. reglamentos y reformas.
744. - En el COLPROSUMAH, como en cualquier otra
745. organización gremial,
746. profesional o sindical, que funcione en un país donde la
747. democracia es un
748. propósito permanennte de todos los sectores poblacionales para
749. su
750. perfeccionamiento, es natural que en su interior se presenten
751. distintas
752. tendencias y/o corrientes. De ahí que, a nadie debiera extrañar
753. que una de
754. esas corrientes esté en la conducción del COLPROSUMAH y la
755. que hasta 1982
756. estuviera en el poder de dicha organización hoy se encuentre
757. en un plano de
758. disidente, utilizando todos los medios a su alcance para
759. recuperar la
760. dirección de este colegio profesional.
761. - De conformidad al artículo 272 de la Constitución de la
762. República
763. (vigente), las Fuerzas Armadas, han sido instituidas, entre otras,
764. para
765. mantener y garantizar el orden público, el cual han sabido lograr
766. cuando las
767. circunstancias lo han exigido, sin que en el caso particular del
768. COLPROSUMAH,
769. se hayan lesionado las garantías individuales o colectivas de
770. los docentes.
771. - Es verdadera la afirmación de que el Congreso Nacional
772. (Poder
773. Legislativo) de la República de Honduras emitió el decreto núm.
774. 170-83 que
775. deroga el 214, sustituyen la antigua ley por una innovada. El
776. anteproyecto de
777. esta ley fue propuesto por la Junta central ejecutiva, legalmente
778. reconocida,
779. en base al estudio que la corriente del COLPROSUMAH que
780. hoy de encuentra como
781. disidente dejara preparado. Luego, tal como corresponde, por
782. su iniciativa de
783. la ley (artículo 213 constitucional) el proyecto fue presentado al
784. soberano
785. Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, por conducto de la
786. Secretaría de
787. Estado en el despacho de Educación Pública. También es
788. cierto que el decreto
789. núm. 170-83, establece que los miembros de la Junta central
790. ejecutiva del
791. COLPROSUMAH no podrán ser reelegidos en ningún cargo ni
792. para otro del mismo
793. organismo, sino hasta después de transcurridos dos períodos.
794. Esta norma no
795. tiene otro espíritu que el de permitir la alternabilidad en la
796. dirección del
797. COLPROSUMAH y evitar el continuismo de quienes se dedican
798. a vivir de las
799. organizaciones gremiales en perjuicio de los intereses de éstas y
800. de sus
801. miembros. Este principio, además, limita la posibilidad de
802. imponer
803. candidatos, pero asegura la oportunidad para los líderes
804. auténticos de poder
805. regresar periódicamente a la conducción del COLPROSUMAH.
806. - En consecuencia, no se ha tenido la intención de perjudicar
807. al
808. COLPROSUMAH ni de hecho ni de derecho y dicha
809. organización continúa teniendo
810. la representación auténtica del personal docente hondureño.
811. - El artículo 25 de la ley del COLPROSUMAH (decreto núm.
812. 170-83) no es una
813. norma que regule los períodos para el ejercicio de los miembros
814. de la Junta
815. central ejecutiva ni prohíbe la reelección. El artículo en
816. mención,
817. textualmente dice: "Se consideran causas justificadas de
818. remoción de los
819. miembros de la Junta central ejecutiva las que establezcan el
820. reglamento de la
821. presente ley". El reglamento aludido no fue aprobado por el
822. Poder Legislativo
823. sino por el propio Congreso o Asamblea Nacional del
824. COLPROSUMAH. Es el
825. artículo 24 de la ley antes mencionada, el que establece un
826. período de dos
827. años de duración para desempeñarse como miembros de la
828. Junta central
829. Ejecutiva, y no encontramos que tal disposición sea perjudicial
830. para el
831. COLPROSUMAH, salvo mejor criterio que la organización
832. querellante pudiera
833. exponer para demostrar su afirmación.
834. - La nueva legislación está en vigencia y es aceptada por los
835. organismos
836. legalmente establecidos en el COLPROSUMAH y por los
837. docentes responsables de
838. las autoridades que han elegido en estos organismos, tanto de
839. nivel nacional
840. como de sus propias bases. En tales elecciones y decisiones, el
841. Gobierno de la
842. República, no tiene ninguna participación o representación ni
843. con carácter de
844. observación. Los cambios en las representaciones del
845. COLPROSUMAH, no las
846. decide el Gobierno, sino que los organismos que lo administran.
847. Además de un
848. representantes propietario y uno suplente que el
849. COLPROSUMAH tiene legal y
850. funcionalmente acreditado ante el directorio del INPREMA,
851. también los tiene
852. antes las comisiones nacionales y departamentales de
853. concursos, las cuales son
854. responsables de calificar los candidatos a ocupar los puestos
855. vacantes que se
856. presentan en la docencia nacional. El COLPROSUMAH,
857. también debiera tener un
858. representante propietario y otro suplente, acreditados ante las
859. comisiones
860. nacionales y departamentales de evaluación de los docentes,
861. pero no los nombra
862. porque tales organismos no son funcionales debido a que la
863. misma organización
864. se ha opuesto reiteradamente a que sus miembros y los
865. docentes en general sean
866. objeto de la evaluación a que se refiere la ley de escalafón del
867. Magisterio.
868. - Sin embargo, de conformidad a la estructura legal y
869. administrativa del
870. Gobierno de Honduras, ninguno de los organismos antes
871. mencionados tiene
872. carácter consultivo, sino que son los propios cuadros directivos
873. del
874. COLPROSUMAH como el resto de colegios profesionales de
875. docentes, quienes
876. tienen el carácter consultivo y de colaboración en la realización
877. de la
878. función educativa del Poder Ejecutivo, por conducto de la
879. Secretaría de Estado
880. en el Despacho de Educación Pública. Pero debe agregarse
881. que, tanto los
882. representantes como los líderes de los colegios profesionales de
883. docentes,
884. tienen una alta beligerancia en el planteamiento de peticiones y
885. búsqueda de
886. soluciones a los problemas de sus afiliados y de la educación
887. nacional.
888. - Conséderese que los cambios en los representantes del
889. COLPROSUMAH no
890. dependen de la nueva legislación, sino de las decisiones
891. internas de dicho
892. colegio profesional que, dada su funcionalidad actual, no
893. debiera analizarse
894. con efecto retroactivo, teniendo como razón fundamental la
895. exposición objetiva
896. que más adelante se hace sobre una acusación inapropiada
897. relativa al despido
898. de maestros, allanamiento de propiedad y confiscación de
899. bienes.
900. - En 1982, el Gobierno de Honduras, por conducto de la
901. Secretaría de
902. Estado en el Despacho de Educación Pública, sostuvo pláticas
903. con los
904. representantes del Frente de Unidad Magisterial Hondureño
905. (FUMH), del cual era
906. integrante el COLPROSUMAH, las cuales fueron interrumpidas
907. por dicho frente al
908. llevar a los docentes a una huelga innecesaria, por no haberse
909. agotado los
910. medios pacíficos de la negociación, situación que daba lugar a
911. declarar dicha
912. huelga como ilegal. Aun asé, el Gobierno estuvo interesado en
913. resolver las
914. peticiones de los huelguistas, siendo recibidos sus dirigentes por
915. el propio
916. Presidente de la República, quien propueso soluciones
917. alternativas a los
918. líderes del FMUH y que no aceptaron al mantener una posición
919. de extrema
920. intransigencia.
921. - La CMOPE expresa a título de recordatorio que, el Gobierno
922. despidió a
923. 300 maestros, pero la lista exhibida únicamente registra 30
924. docentes. A este
925. respecto se debe aclarar que algunos de los docentes incluídos
926. en la lista han
927. estado fuera del servicio por razones que no son imputables al
928. Gobierno ni a
929. los colegios magisteriales, por tratarse de personas cuyos
930. problemas se
931. originaron por otras causas sancionables legalmente que no
932. viene al caso
933. describir, porque de conformidad al derecho que les asiste han
934. prescrito. Sin
935. embargo, para fines de descargo sobre informaciones y alegatos
936. de la
937. organización querellante, la situación de trabajo de los docentes
938. en listados
939. es la siguiente:
940. Sócrates Saúl Coello, maestro auxiliar de la escuela "San
941. Francisco" de El
942. Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro,
943. nombrado por acuerdo
944. núm. 3.000 E.P. del 7 de julio de 1982.
945. Santos Gabino Carbajal, representante del colegio de
946. profesores de
947. educación media, ante el Instituto Nacional de Previsión del
948. Magistrado
949. Hondureño.
950. Adalid Romero, catedrático del Instituto "San Franciso" de
951. Tegucigalpa,
952. D.C . departamento de Francisco Morazán.
953. Galel Cárdenas Amador, catedrático de la escuela superior
954. del profesorado
955. "Francisco Morazán", de Tegucigalpa, D.C., departamento de
956. Francisco Morazán.
957. Jorge Gálvez, subdirector de la escuela "Alma Rodas de
958. Fiallos" de
959. Villanueva, Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
960. Morazán.
961. Venancio Ocampo, subdirector de la escuela "Simón
962. Bolívar", núm. 2 de
963. Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco Morazán y
964. catedrático del
965. Instituto "Froylán Turcios", ubicado en la misma ciudad y
966. departamento.
967. Marco Tulio Mejía, se desempeñó como subsecretario de
968. Estado en el
969. Despacho de Educación Pública (puesto de confianza) desde
970. el 1.o de febrero de
971. 1982 hasta 1984. De esta posición pasó a trabajar con la
972. misión de Honduras
973. de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
974. Unidos de
975. América (USAID), donde se desempeña hasta la fecha,
976. después de haber
977. renunciado al cargo público que ocupaba en el Gobierno de la
978. República.
979. Alba de Mejía, desde algunos años anteriores a 1982,
980. laboraba en el
981. Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Gobierno
982. no tiene ninguna
983. acción directa en la administración del IHSS por tratarse de una
984. institución
985. autónoma administrada al más alto nivel por un directorio.
986. Isabel Traperos, miembro de la Comisión Nacional de
987. Reforma Educativa,
988. Dirección General de Planeamiento y Reforma Educativa,
989. Ministerio de Educación
990. Pública.
991. Manlio Ernesto Ayes, catedrático del Instituto "Froylán
992. Turcios" (privado)
993. de la ciudad de Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
994. Morazán.
995. Justo Pastor Bonilla, maestro auxiliar (de grado) de la escuela
996. "Centro
997. América" de Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
998. Morazán, puesto en el
999. que se desempeñó hasta el día de su muerte acaecida en el
1000. año 1984.
1001. Eloísa Escoto de Berríos, maestra auxiliar (de grado) de la
1002. escuela
1003. "Miriam Gallardo" de la ciudad de Danlé, departamento de El
1004. Paraíso, nombrada
1005. por acuerdo núm. 2745 del 22 de julio de 1983.
1006. Román Zavala, no ejerce la docencia porque está dedicado
1007. a la explotación
1008. de actividades agrícolas y comerciales, además no participó en
1009. la huelga
1010. magisterial de 1982.
1011. Marco Aurelio Pinto, director del "Liceo Militar del Norte", de
1012. la ciudad
1013. de San Pedro Sula, departamento de Cortés. No participó en la
1014. huelga
1015. magisterial de 1982, año que se desempeñaba como supervisor
1016. departamental
1017. (Inspector Superintendente de Educación Primaria).
1018. Iván Díaz Pachamé, subdirector de la escuela "José Trinidad
1019. Reyes" de la
1020. Aldea de Toyos, municipio de El Negrito, departamento de Yoro.
1021. - El Gobierno de la República entiende que, la Junta central
1022. Ejecutiva
1023. del COLPROSUMAH legalmente constituéda, en ningún
1024. momento allanó propiedad
1025. alguna ni se apropió de bienes que no le correspondían. Tanto
1026. el edificio
1027. como el equipo administrativo pertenecen al COLPROSUMAH
1028. como institución
1029. creada de conformidad con la ley, y no persona en particular.
1030. Lo expresado en
1031. el reclamo deja la impresión de que los bienes en cuestión
1032. pertenecen a los
1033. señores que ejercieron en su oportunidad la dirección del
1034. COLPROSUMAH y hay
1035. que dejar claramente establecido que, el hecho de tomar
1036. posesión de su cargo
1037. para el cual se ha sido electo por la voluntad mayoritaria de sus
1038. afiliados y
1039. hacer uso de los bienes de la organización, en ningún momento
1040. puede
1041. considerarse como allanamiento ni usurpación como pretende
1042. afirmar la parte
1043. reclamante.
1044. - Dada la insistencia de la organización querellante en afirmar,
1045. pero sin
1046. objetividad alguna, que el gobierno no readmitió a los maestros
1047. despedidos, se
1048. acompaña la transcripción de los acuerdos de nombramiento de
1049. todos aquellos
1050. docentes que trabajan bajo la jurisdicción de la secretaría de
1051. Educación
1052. Pública, excluyendo el caso de quienes han abandonado la
1053. docencia para
1054. desempeñarse en otros cargos no docentes o actividades de
1055. carácter político.
1056. - El Gobierno de Honduras reitera que la ley (estatuto) del
1057. COLPROSUMAH
1058. fue elaborado por las propias autoridades de esta organizacéón
1059. magisterial y
1060. aprobada por el soberano Congreso Nacional, en aplicación de
1061. las normas y
1062. procedimientos que establece la Constitución de la república y
1063. la ley de
1064. colegiación profesional obligatoria que no son incompatibles con
1065. el artículo 3
1066. del Convenio núm. 87 por tratarse de una organización
1067. profesional no regulada
1068. por el Código de Trabajo.
1069. Informaciones obtenidas durante la misión
1070. El Ministro de Trabajo indicó a la misión que ya había
1071. transmitido a la OIT
1072. la respuesta del Gobierno sobre los alegatos de este caso. Sin
1073. embargo,
1074. subrayó que COLPROSUMAH no es una organización sindical
1075. sino un colegio
1076. profesional de maestros y que nada impedía a esta categoría
1077. de trabajadores la
1078. formación de organizaciones sindicales.
1079. Indicó que sería muy difícil dar curso a la recomendación del
1080. Comité de
1081. Libertad Sindical en el sentido de que se tomaran medidas para
1082. derogar la ley
1083. de 1983 que rige el estatuto del COLPROSUMAH.
1084. Refiriéndose a la detención del Sr. Ambrosio Sabio, ex
1085. presidente del
1086. COLPROSUMAH y miembro de la junta directiva no reconocida
1087. por las autoridades,
1088. el Ministerio del Trabajo declaró que, según había informado el
1089. Juzgado de
1090. Letras, mediante acusación interpuesta por la profesora María
1091. Soleida Núñez
1092. (fiscal de la junta directiva central de COLPROSUMAH), el
1093. Juzgado de Letras
1094. con fecha 24 de febrero de 1983, procedió a instruir las primeras
1095. diligencias
1096. entre otros contra Ambrosio Sabio por los delitos de falsificación
1097. de
1098. documentos privados, usurpación de funciones y estafa
1099. continuada en perjuicio
1100. del COLPROSUMAH. El 18 de diciembre de 1985, la Dirección
1101. Nacional de
1102. Investigaciones puso a la orden del Juzgado de Letras al Sr.
1103. Ambrosio Sabio.
1104. No obstante, habiéndose decretado la nulidad de ciertas
1105. diligencias y no
1106. arrojar los autos mérito suficiente para decretar auto de prisión,
1107. se ordenó
1108. la libertad provisional del Sr. Sabio el 4 de enero de 1986,
1109. encontrándose
1110. actualmente el juicio en la etapa de sumario.
1111. La misión se entrevistó igualmente con las dos juntas directivas
1112. de
1113. COLPROSUMAH. Ambas explicaron con substanciales
1114. diferencias los
1115. acontecimientos que en noviembre de 1982 dieron lugar al
1116. nombramiento de las
1117. dos juntas directivas y postularon su respectiva legitimidad.
1118. Al haber sido examinada ya por el Comité de Libertad Sindical
1119. esta cuestión
1120. no se consignan en este informe las explicaciones y puntos de
1121. vista expresados
1122. por ambas juntas directivas.
1123. En lo que respecta a los asuntos pendientes ante el Comité de
1124. Libertad
1125. Sindical, la junta directiva reconocida señaló que la ley de 1983,
1126. que rige el
1127. estatuto del COLPROSUMAH fue adoptada a petición suya y
1128. que el problema de los
1129. educadores destituidos a raíz de la huelga de 1982 estaba ya
1130. solucionado.
1131. La junta directiva no reconocida manifestó su oposición a las
1132. modificaciones
1133. operadas en virtud de la ley de 1983 y señaló que el problema
1134. de los maestros
1135. destituidos todavía no había sido resuelto. Respondiendo a un
1136. comentario de la
1137. misión en el sentido de que según informaciones de fuente
1138. gubernamental en
1139. todo caso 15 de los maestros destituidos realizaban en la
1140. actualidad funciones
1141. docentes, la junta directiva se comprometió a enviar a la OIT
1142. una relación
1143. exacta sobre la situación de los destituidos. A este respecto,
1144. uno de los
1145. miembros de la junta, el Sr. Marcelino Borjas, declaró que él
1146. continuaba
1147. destituido y que otros ejercéan la docencia al servicio de la
1148. educación
1149. privada.
1150. Por otra parte, el Sr. Ambrosio Sabio explicó de que modo se
1151. produjo su
1152. detención y subrayó los siguientes aspectos: 1) la acusación
1153. contra él data
1154. de 1983 y ya en ese año el Juzgado Primero de lo Criminal no
1155. encontró méritos
1156. para su captura; 2) su detención se produjo días después de
1157. que se celebrara
1158. el Congreso Ordinario del COLPROSUMAH convocado por la
1159. junta no reconocida
1160. para el 10 de diciembre de 1985; 3) la acusación de que había
1161. girado cheques
1162. sin fondos carece de sentido ya que los cheques que firmó
1163. estaban respaldados
1164. por las cotizaciones pertenecientes al COLPROSUMAH; 4) su
1165. auto de prisión fue
1166. decretado por un juez que ejerció interinamente el cargo y que,
1167. según el Sr.
1168. Sabio, es el mismo que en total irrespeto de la legalidad vigente
1169. certificó en
1170. noviembre de 1982 que la elección de la junta directiva
1171. oficialista del
1172. COLPROSUMAH se había realizado de manera regular. Desde
1173. 1983, cuatro jueces
1174. se ocuparon del asunto sin pronunciar orden de captura por no
1175. existir mérito
1176. alguno. Cuando se produce una brevísima suplencia en
1177. diciembre de 1985 dicha
1178. orden es inexplicablemente emitida.
1179. La misión no dispone de elementos suficientes para
1180. pronunciarse sobre la
1181. mayor representatividad de una u otra de las juntas directivas
1182. del
1183. COLPROSUMAH. La cuestión de legitimidad de una u otra es
1184. extremadamente
1185. complicada y por otra parte no correspondía ser examinada por
1186. la misión en la
1187. medida en que el Comité de Libertad Sindical se pronunció al
1188. respecto en su
1189. día. En cualquier caso es de interés señalar que la junta no
1190. reconocida,
1191. invocando su legitimidad, se opondría a participar en un nuevo
1192. congreso
1193. electivo bajo los auspicios de la junta directiva reconocida. La
1194. actitud
1195. combativa de la junta no reconocida se puso especialmente de
1196. manifiesto con
1197. las manifestaciones de protesta que organizó con motivo de la
1198. detención del
1199. dirigente Ambrosio Sabio en diciembre de 1985.
1200. Casos núms. 1268 y 1307
1201. El caso núm. 1268, en el que es querellante la Confederación
1202. Internacional de
1203. Organizaciones Sindicales Libres, fue examinado por el Comité
1204. en su 234.
1205. informe (mayo de 1984) (véanse párrafos 372 a 384) y se refiere
1206. a la
1207. desaparición del dirigente sindical Rolando Vindel González. El
1208. caso núm.
1209. 1307, en el que es querellante la Federación Sindical Mundial,
1210. fue examinado
1211. por el Comité en su 241.er informe (noviembre de 1985) (véanse
1212. párrafos 741 a
1213. 749) y se refiere a la desaparición del dirigente sindical Gustavo
1214. Morales. En
1215. ambos casos, el Comité pidió al Gobierno que le mantuviera
1216. informado de las
1217. investigaciones en curso para dar con el paradero de estos
1218. dirigentes
1219. sindicales.
1220. El Ministro de Trabajo informó que las investigaciones
1221. emprendidas sobre
1222. estos dirigentes continúan en curso, pero que todavía no se
1223. había podido dar
1224. con su paradero.
1225. III. Comentarios de la Comisión de Expertos sobre la aplicación
1226. del Convenio
1227. núm. 87
1228. En su observación de 1985 sobre la aplicación del Convenio
1229. núm. 87 por
1230. Honduras, la Comisión de Expertos tomó nota de que el
1231. Gobierno reiteraba sus
1232. declaraciones en el sentido de que el proyecto de Código de
1233. Trabajo que se
1234. estaba elaborando y que actualmente ha sido presentado al
1235. Congreso, debería
1236. armonizar la legislación y las normas internacionales de los
1237. convenios
1238. ratificados por Honduras. A este respecto, después de recordar
1239. los puntos a
1240. que se referían sus comentarios, la Comisión de Expertos
1241. expresó la esperanza
1242. de que una legislación conforme a las disposiciones del
1243. Convenio se adoptará
1244. en un futuro próximo y que el Gobierno comunicará todo
1245. progreso registrado en
1246. estas materias.
1247. La misión señaló al Ministro de Trabajo que el proyecto de
1248. Código del Trabajo
1249. que se encontraba ante el Congreso Nacional, y que databa de
1250. 1981, comportaba
1251. importantes mejoras que daban curso a los comentarios
1252. formulados por la
1253. Comisión de Expertos. En efecto, el proyecto no priva del
1254. derecho de
1255. sindicación a los trabajadores de las pequeñas explotaciones
1256. agrícolas, como
1257. prevé el artículo 2 del Código del Trabajo; no prohíbe la
1258. existencia, en el
1259. seno de una misma empresa, de varios sindicatos, como prevé
1260. el artículo 472
1261. del Código; no exige que los dirigentes sindicales hayan ejercido
1262. la profesión
1263. u oficio representado por el sindicato durante seis meses como
1264. mínimo, como
1265. prevé el artículo 510 del Código; no prohíbe expresamente el
1266. ejercicio del
1267. derecho de huelga a las federaciones y confederaciones, como
1268. lo hace el
1269. artículo 537 del Código; no exige a los dirigentes de las
1270. federaciones y
1271. confederaciones que hayan ejercido la profesión u oficio
1272. representado por el
1273. sindicato durante más de un año, como prevé el artículo 541;
1274. no exige la
1275. mayoría de dos tercios para declarar la huelga, como prevén los
1276. artículos 495
1277. y 563; no exige un preaviso de seis meses para realizar la
1278. huelga en un
1279. servicio público, como prevé el artículo 558; no confiere al
1280. Ministro de
1281. Trabajo y Asistencia Social la facultad de poner término a un
1282. conflicto entre
1283. un empleador y sus empleados en los servicios de refinería,
1284. transporte y
1285. distribución de petróleo, como prevé el artículo 555.2 del
1286. Código. Por último,
1287. el artículo 568 del proyecto dispone expresamente que todas
1288. las disposiciones
1289. contrarias quedan abrogadas.
1290. No obstante se indicó al Ministro que el proyecto presentaba
1291. ciertas
1292. incompatibilidades con los principios contenidos en el Convenio
1293. núm. 87. En
1294. particular habría que modificar las siguientes disposiciones:
1295. - el artículo 295 a) del proyecto, que prohíbe a los sindicatos
1296. intervenir
1297. en asuntos políticos. Al pronunciarse sobre disposiciones
1298. similares, la
1299. Comisión ha estimado que los sindicatos deberían poder
1300. manifestar públicamente
1301. su opinión sobre las cuestiones de política económica y social
1302. que interesan a
1303. sus afiliados;
1304. - los artículos 297 y 298 del proyecto, leédos conjuntamente,
1305. que permiten
1306. al Ministerio del Trabajo suspender los mandatos sindicales en
1307. caso de fraude
1308. de bienes de un sindicato. La Comisión de Expertos ha
1309. considerado siempre que
1310. la suspensión de dirigentes sindicales en caso de violación de la
1311. ley o de los
1312. estatutos sólo es admisible cuando dicha violación ha sido
1313. probada en el curso
1314. de un procedimiento judicial y la suspensión es objeto de una
1315. decisión
1316. judicial;
1317. - el artículo 289 II que prohíbe a los extranjeros formar parte
1318. de las
1319. juntas directivas sindicales. Esta disposición debería ser un
1320. poco más
1321. flexible, de manera que después de un período razonable de
1322. residencia en el
1323. país de acogida los trabajadores migrantes pudieran ser
1324. elegidos como
1325. dirigentes; - el artículo 289 IV que prohíbe a los dirigentes
1326. destituidos de
1327. sus funciones sindicales formar parte de la directiva sindical.
1328. Esta
1329. disposición sólo debería referirse a las destituciones
1330. pronunciadas por
1331. razones que comprometan la integridad del interesado;
1332. - el artículo 350 contiene una lista demasiado extensa de
1333. servicios y
1334. actividades esenciales; el artículo 351 permite al Ministerio del
1335. Trabajo
1336. someter los conflictos en los servicios públicos o en las
1337. actividades
1338. esenciales al juicio de un tribunal de trabajo; y el artículo 354
1339. permite al
1340. poder ejecutivo en caso de suspensión de los servicios
1341. esenciales asumir la
1342. dirección y admistración de tales servicios durante el tiempo
1343. indispensable
1344. con objeto de evitar perjuicios a la comunidad. La Comisión de
1345. Expertos en
1346. situaciones similares ha admitido que puedan imponerse
1347. limitaciones al
1348. ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales a
1349. condición de
1350. que se trate de servicios esenciales en el sentido estricto del
1351. término, es
1352. decir, los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la
1353. vida, la
1354. seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
1355. población.
1356. El Ministro respondió que a pesar de que el proyecto se
1357. encontraba en el
1358. Congreso Nacional ningún sector había tenido interés en
1359. activar su tramitación
1360. y que él personalmente pensaba que era más apropiado
1361. proceder por la véa de
1362. las reformas parciales.
1363. El sector empresarial indicó a la misión que su falta de interés
1364. por dicho
1365. proyecto se debéa a que no se les había consultado en la
1366. etapa de su
1367. elaboración. Las organizaciones sindicales entrevistadas en su
1368. mayoría sabían
1369. de la existencia del proyecto de Código pero no tenían un
1370. conocimiento preciso
1371. de su contenido.
1372. Cabe formular dos consideraciones finales. En primer lugar,
1373. todos los
1374. sectores entrevistados coincidieron en la necesidad de
1375. modificar el Código de
1376. Trabajo vigente. En segundo lugar, el nuevo Gobierno iniciará
1377. sus funciones
1378. el 27 de enero de 1986, por lo que quizá sería útil que el nuevo
1379. Gobierno y
1380. las organizaciones de empleadores y trabajadores en un
1381. contexto tripartito
1382. expresaran su opinión sobre el proyecto de Código de Trabajo
1383. de 1981, sobre el
1384. que hasta ahora no parece haber habido las consultas
1385. apropiadas.
1386. (Firmado) Andrés Aguilar.
1387. Lista de personas entrevistadas
1388. Ministerio de Trabajo y Asistencia Social:
1389. - Exmo. Sr. Amado H. Núñez, Ministro de Trabajo y Asistencia
1390. Social.
1391. - Haroldo López Herrera, Subsecretario del Trabajo.
1392. - Mercedes Sevilla, Jefa de Relaciones Internacionales.
1393. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP):
1394. - Joaquín Luna Mejía, secretario ejecutivo.
1395. Asociación Nacional de Industrias de Honduras (ANDI):
1396. - Dorcas de González, secretaria ejecutiva.
1397. Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa:
1398. - Saúl Carrasco, secretario ejecutivo.
1399. Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH):
1400. - José Israel Paredes, tesorero de la CTH.
1401. - María Verónica Núñez, secretaria de actas de la CTH.
1402. - Juan Estaban Carbajal, vicepresidente de FECESITLIH.
1403. - Altagracia Fuentes, tesorera de FECESITLIH.
1404. - Micaela Duron, secretaria de asuntos femeninos de
1405. FECESITLIH.
1406. - Erasmo Flores, secretario de cooperativas de la CTH.
1407. Central General de Trabajadores (CGT):
1408. - Felicito Avila Ordoñez, secretario general.
1409. - Oscar Armando Escalante, secretario general adjunto.
1410. - Julio César Umanzor, secretario de actas.
1411. - Ventur Alvarez Molina, miembro del Tribunal de Honor.
1412. - Antonio Hernández, miembro del Tribunal de Honor.
1413. Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH):
1414. - Héctor Hernández, presidente.
1415. - Ramón Varela, fiscal.
1416. Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
1417. (COLPROSUMAH, junta
1418. directiva reconocida):
1419. - Roberto López Tinoco, presidente.
1420. - Margarita Elvir de Lanza, secretaria general.
1421. - Idalia Argentina Portillo de Zelaya, secretaria del interior.
1422. - Mauricio Espinal Osorto, secretario de finanzas.
1423. - Froilan Antonio Medina Cáceres, secretario de publicidad.
1424. - Oscar Rigoberto López, secretario de conflictos gremiales y
1425. profesionales.
1426. - Julián Portillo, fiscal.
1427. - Rolando Espinal Galo, secretario de asuntos culturales y
1428. pedagógicos.
1429. - Emigdio Pineda, secretario del exterior.
1430. Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
1431. (COLPROSUMAH, junta
1432. directiva no reconocida):
1433. - Rosario Avila de Domínguez, presidenta de la junta central
1434. ejecutiva.
1435. - Carlos Zuñiga, ex presidente de la junta central ejecutiva.
1436. - Ambrosio Sabio, ex presidente de la junta central ejecutiva.
1437. - Marcelino Borjas, ex presidente de la seccional núm. 1.
1438. - Reinaldo Erazo, ex presidente de la seccional núm. 1.
1439. - Carlos Mauricio López, ex secretario general de la junta
1440. central
1441. ejecutiva.