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Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Ecuador (RATIFICATION: 1977)

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Artículos 1 a 5 del Convenio.Políticas y programas educativos y de formación.Colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la adopción en 2018 de la primera Agenda Nacional de Capacitación, la cual está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo «Toda Una Vida» 2017-21. La Agenda es un instrumento de planificación que articula las diferentes intervenciones en materia de capacitación y certificación de competencias laborales con miras a fomentar la mejora de la competitividad empresarial a través del incremento de la productividad de los trabajadores y la reducción de la brecha de empleabilidad. La Agenda incluye tres ejes relativos: la democratización de la certificación y la capacitación para el talento humano, el emprendimiento sostenible con base en el desarrollo de competencias y el aumento de la productividad a través de la capacitación y certificación por competencias. La Agenda considera como principios fundamentales el acceso igualitario a la capacitación y certificación de competencias laborales de hombres y mujeres, y grupos prioritarios, tales como personas con discapacidad, adultos mayores y personas privadas de libertad con la finalidad de que puedan acceder a empleos dignos y de calidad. La Comisión observa que en su diseño e implementación intervienen numerosos actores, tales como el sector privado, organismos territoriales y diversas instituciones nacionales. La Comisión toma nota también de que el Gobierno indica que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) diseña e implementa programas de capacitación con base en la demanda identificada del mercado de trabajo y a las nuevas tendencias laborales. A este respecto, la Comisión toma nota de la información incluida en la memoria del Gobierno relativa a los procesos que se siguen para diseñar la oferta formativa del SECAP, tales como el uso de herramientas para recabar información fiable y pertinente para determinar las necesidades de capacitación de las empresas. El Gobierno indica que los cursos de capacitación del SECAP se imparten tanto de manera presencial en sus 27 centros presentes en 24 provincias del país, como de manera virtual a través de la plataforma Moodle. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno informa de que, entre 2016 y 2021, 285 730 personas fueron capacitadas y 275 630 personas recibieron una certificación por competencias laborales. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no proporciona información sobre la inserción laboral de las personas que participaron en formaciones o revieron certificaciones. En lo que respecta a la colaboración con los interlocutores sociales, el Gobierno indica que para el desarrollo de los perfiles de cualificación personal del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), se cuenta con la participación activa de, entre otros actores, empleadores, trabajadores, gremios, cámaras, actores de la economía popular y solidaria, entidades públicas y la academia. El Gobierno informa asimismo de la vigencia de 24 convenios celebrados entre el SECAP y diversas empresas y organizaciones sociales del sector privado destinados a fomentar el acceso de los ciudadanos a los servicios de capacitación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información actualizada y detallada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las distintas políticas y programas de educación y formación profesional, incluyendo información estadística, desagregada por edad y sexo sobre la inserción laboral de las personas que participaron en dichos programas. Asimismo, pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre la manera en la que se asegura en la práctica que la oferta de capacitación se coordina con la demanda de conocimientos y aptitudes y el panorama cambiante del mercado de trabajo. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el modo en el que se asegura la colaboración de los interlocutores sociales y otros organismos interesados en la formulación, aplicación y seguimiento de los programas de educación y formación profesional, incluyendo en el marco de la implementación de la Agenda Nacional de Capacitación.

Procesos de capacitación y de certificación.Marco nacional de cualificaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la certificación por competencias laborales permite que las personas obtengan un certificado que respalde sus conocimientos y destrezas en una actividad productiva específica, independiente de su formación. El Gobierno informa que los perfiles ocupacionales del CNCP son empleados como insumos para los procesos de capacitación y certificación por competencias laborales y añade que las competencias son actualizadas de manera constante. El Gobierno informa asimismo de que el proceso de certificación se realiza a través de 257 Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) reconocidos por la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales del Ministerio del Trabajo, que utilizan los perfiles del CNCP y sus esquemas de certificación e instrumentos de evaluación. La Comisión toma nota igualmente de la información estadística proporcionada por el Gobierno sobre el número de capacitaciones efectuadas en diversas áreas. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, entre 2016 y agosto de 2021, se entregaron 275 630 certificaciones en competencias laborales (el 22,19 por ciento de los participantes eran mujeres, el 0,76 por ciento se encontraba en una situación de discapacidad y el 0,37 por ciento eran personas extranjeras). La Comisión solicita al Gobierno que continué enviando información detallada y actualizada, incluyendo información estadística desagregada por sexo y edad, sobre el número de personas que participan en programas de capacitación y procesos de certificación de competencias. Además, pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con los interlocutores sociales, para ampliar los programas de capacitación y los procesos de certificación profesionales, de manera que cubran todas las ramas de la actividad económica y se adapten a las necesidades cambiantes de las personas a lo largo de la vida, así como a las exigencias actuales y anticipadas del mercado laboral y de las diferentes ramas de la actividad económica.

Grupos en situación de vulnerabilidad. La Comisión observa que, según la información estadística facilitada por el Gobierno, la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, migrantes, poblaciones indígenas y trabajadores del sector rural en los programas de capacitación y certificación es bastante baja en relación con el número total de participantes. Al respecto, el Gobierno indica que los procesos, tanto de capacitación como de certificación, no son excluyentes a las personas en situación de vulnerabilidad. La Comisión toma nota, por otro lado, de que el Gobierno indica que el SECAP estableció un descuento en cursos de formación para las personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas en desventajas crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas y adolescentes de entre 15 y 18 años con escolaridad inconclusa. Según información estadística facilitada por el SECAP, entre 2019 y 2021, 1 238 personas (704 mujeres y 534 hombres) en situación de vulnerabilidad participaron en capacitaciones del SECAP. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las distintas políticas y programas de educación y formación profesional adoptados con miras a fomentar el acceso a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente de las personas con necesidades específicas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5, h), de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195). La solicita también al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desagregada por sexo y edad, sobre el número de participantes en los distintos programas de educación y formación profesional.