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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guatemala (RATIFICATION: 2001)

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La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículo 7, 2), del Convenio. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que, según el informe anual del país, de 2014, del UNICEF, la tasa de escolarización en la enseñanza primaria, sufrió una gran disminución esos últimos años, pasando del 96 por ciento, en 2010, al 88,6 por ciento, en 2013 y al 80 por ciento en 2014. La Comisión solicitó al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y del CACIF, que indican que el Gobierno elaboró una Hoja de ruta para la prevención y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y que la estrategia del Ministerio de Educación (MINEDUC) es la de integrar la red empresarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, «Los niños y las niñas a la escuela», creada en 2015. La red empresarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, junto con una política de «tolerancia cero al trabajo infantil» es activa en el fortalecimiento del sistema escolar primario y secundario, entre otras cosas. Además, en 2017, el sector de los empleadores nombró un punto focal de la Iniciativa regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil y participa en este marco en las iniciativas regionales para la erradicación del trabajo infantil. Durante el V Congreso del CACIF, 2018, se realizó el pre-lanzamiento de la red mundial de aprendizaje (GAN Guatemala) que es una coalición de compañías comprometidas, organizaciones internacionales y organizaciones empresariales que se han unido con el fin de crear programas de preparación para los jóvenes para el mercado laboral para el colectivo juvenil y favorecer el desarrollo de competencias profesionales en beneficio de las empresas y los jóvenes.

La Comisión toma nota, en la memoria del Gobierno, del documento de «análisis de la información recabada en la encuesta sobre las condiciones de vida ENCOVI 2014, sobre el trabajo infantil y sus peores formas». Según este informe, el 75,6 por ciento de niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años que están en la escuela y, de ellos, el 11,3 por ciento también trabaja simultáneamente. El porcentaje de niños escolarizados de 7 a 9 años de edad, es del 87,5 por ciento, el de los niños escolarizados de 10 a 13 años de edad, es del 87,4 por ciento y el de los niños escolarizados de 14 a 17 años, es del 56, 15 por ciento.

La Comisión toma nota de las informaciones del anexo 19 de la memoria del Gobierno, sobre los avances de la Hoja de ruta, especialmente en su dimensión 3, «garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes, en especial a quienes se encuentren en riesgo o situación de trabajo infantil y sus peores formas». En lo que respecta a la enseñanza primaria, el MINEDUC proporcionó material didáctico para todos los centros escolares y se elaboraron programas de apoyo y compensatorios a la economía familiar, en el marco de la gratuidad. Además, el Programa de educación de adultos por correspondencia (PEAC) formó adolescentes y adultos para llegar al nivel escolar primario.

La Comisión toma nota de la existencia de «equipos filtros» de la Procuraduría, en coordinación con el MINEDUC, con el objetivo de localizar a los niños víctimas de explotación en el trabajo que pueden beneficiarse de los recursos materiales y ser acompañados, con el fin de que no abandonen el ciclo escolar. Considerando que la educación es esencial para impedir que los niños estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que prosiga sus esfuerzos dirigidos a mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país. Al respecto, le solicita que tenga a bien adoptar medidas para incrementar la tasa de escolarización en la enseñanza primaria, y secundaria, y aumentar la tasa de finalización en la enseñanza primaria, y seguir comunicando informaciones sobre los resultados obtenidos en cuanto a las medidas adoptadas, en particular en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta. Sírvase enviar información desglosada por edad y género.

Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. 1. Niños afectados por el conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según estimaciones oficiales, son 200 000 los niños huérfanos y más de 1 millón las personas que fueron desplazadas al interior del país debido al conflicto. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas inmediatas para proteger a los niños huérfanos en razón del conflicto armado contra las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala (SEPAZ), creada por el decreto núm. 17-97 del Congreso, es una instancia gubernamental con la misión de dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos de paz. La SEPAZ elaboró la agenda política de la paz 2017-2026. El compromiso núm. 11 de la agenda, se refiere a «hacer particular énfasis en la protección de las familias encabezadas por mujeres, así como las viudas, y de los huérfanos que no han sido más afectados». El programa nacional de resarcimiento a los niños víctimas del conflicto, tiene el propósito de «reparar, resarcir, indemnizar, asistir, rehabilitar y dignificar, a los que sufrieron violaciones contra la niñez», se adoptaron las siguientes medidas en relación con los más vulnerables: i) la realización de diagnósticos de los principales problemas psicosociales y la atención psicosocial integral con prioridad en los grupos vulnerables, programas de educación y recuperación de la historia, reconocimiento de los hechos y responsabilidad sobre los mismo; ii) la creación de espacios para poder hablar y socializar las experiencias; iii) búsqueda de espacios para el acceso a la justicia, y iv) promoción de la salud mental en el ámbito comunitario y la capacitación del personal de salud comunitario e institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Además, el programa nacional de resarcimiento desarrolló, con el MINEDUC, un proyecto educativo de memoria histórica a favor de los niños y adolescentes.

Por último, la Comisión toma nota, en las observaciones finales de 2018 del Comité de los Derechos del Niño, sobre el Convenio relativo a los derechos del niño, de la recomendación realizada al Gobierno, según la cual, es necesario que se refuercen las actividades de prevención de reclutamiento de niños por grupos armados no estatales, en particular maras y narcotraficantes, abordando las causas profundas, como la pobreza, la exclusión económica y la discriminación (documento CRC/C/GTM/CO/5-6, párrafo 48, b)). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le solicita que tenga a bien seguir adoptando medidas para proteger a los niños huérfanos en razón de conflicto armado contra las peores formas de trabajo infantil. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones detalladas sobre los resultados obtenidos en cuanto a las medidas adoptadas, precisando el número de niños que se beneficiaron de estas medidas.

2. Niños de la calle. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, el Plan nacional para protección de los niños, niñas y adolescentes de la calle (2004-2014), fue elaborado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y el movimiento social para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala. En enero de 2012, la SBS participó en el programa para niños, niñas y adolescentes de la calle, que contaba, como personal, solamente con un educador de calle para realizar las actividades. La labor principal del educador de calle fue realizar recorridos, tanto diurnos como nocturnos, principalmente en la zona 1 de la cuidad capital y los alrededores de los diferentes focos, con el fin de detectar niños y adolescentes en situación de calle y abordarlos para insertarlos en un programa, con el objetivo de retirarlos de la calle y detectar el surgimiento de nuevos focos.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, desde 2015, la SBS ya no abordó directamente el problema de la infancia y la adolescencia de la calle. Sólo a modo preventivo, los niños en situación de riesgo, de edades comprendidas entre los 8 meses y los 6 años de edad, son atendidos en el marco del programa de centros de atención infantil completos (CAI), con 42 centros en todo el país, en donde reciben tutorías o refuerzo escolar. El Programa de reforzamiento escolar y prevención (REPREDEC), que funciona en horario de la tarde, siempre en las instalaciones de los CAI y brinda ayuda extracurricular a niños y niñas de 7 a 12 años de edad cuyos padres trabajan, con miras a evitar que al salir de la escuela se queden en la calle. Considerando que los niños de la calle están particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para retirar a los niños de la calle y garantizar su rehabilitación e inserción social. Le solicita que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas, en el marco del plan nacional para la protección de niños, niñas y adolescentes de la calle, así como sobre el número de niños retirados de la calle y que recibieron una instrucción.

3. Niños de pueblos indígenas. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló, que según el informe de 2015, la educación para todos 2000 2015, logros y desafíos, la UNESCO comprobó que algunos grupos étnicos, como los de habla q’eqchi, son especialmente vulnerables a la pobreza económica y educativa (página 96). La Comisión solicitó al Gobierno que tuviera bien adoptar medidas inmediatas y con plazos determinados para proteger a esos niños de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Fondo de desarrollo indígena guatemalteco (FODIGUA) facilita el acceso de las comunidades autóctonas a la tecnología, con miras a su inserción en el terreno de la educación. En 2014, 22 445 niñas y niños se beneficiaron de este programa y en 2015, los 83 centros educativos de 83 comunidades autóctonas determinaron que 22 409 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron de material y capacitación para la informática. El FODIGUA realizó otras actividades, como la rehabilitación o la construcción de nuevos espacios físicos para la continuidad del aprendizaje de niños y niñas de las zonas rurales indígenas. Tomando nota de que los niños de los pueblos indígenas quedan particularmente expuestos al riesgo de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir adoptando medidas inmediatas en un plazo determinado para proteger a esos niños de las peores formas de trabajo infantil. Le solicita que tenga a bien seguir comunicando informaciones precisas sobre las medidas adoptadas y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 8. Reducción de la pobreza. La Comisión toma nota, en la memoria del Gobierno, de las estadísticas de la Encuesta nacional de condiciones de vida (ENCOVI), según las cuales, en 2014, el 22,8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza, trabajan. La Comisión toma nota de los diferentes programas de bolsas de estudios en curso: i) el programa «mi beca segura, beca educación media», que representa las transferencias monetarias condicionadas (TMC), con la corresponsabilidad (en materia de salud y de educación) de las familias que se encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema, con niños de 6 a 15 años de edad, con la finalidad de impulsar la inscripción y la asistencia escolar en los niveles de preprimaria y primaria; ii) el programa social de becas «mi beca segura, beca mi primer empleo», que busca facilitar la integración al mercado laboral formal de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza o de pobreza extrema y desempleo, a través de la contratación temporal en una empresa en calidad de aprendiz; iii) el programa «mi comedor seguro» que consiste en el entrega de raciones alimentarias de desayuno y almuerzo a un costo subsidiado que permite a los estudiantes tener acceso a los alimentos. En 2017, el programa contaba con 21 037 beneficiarios; iv) el programa social «mi bolsa segura», fue creado en 2012, mediante el acuerdo ministerial núm. 02-2012 y fue formado a través del acuerdo ministerial de DS 07-2015. Entre 2016 y 2017, esta beca benefició a 15 7053 estudiantes, y v) el «jóvenes protagonistas» que se enfoca y promueve la participación escolar de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social por su condición de pobreza, a través de la educación. En 2017, el programa se amplió a 15 departamentos, 78 municipios y 109 escuelas.

La Comisión toma asimismo nota de las medidas y de las prácticas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social para luchar contra la pobreza, en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta 2016-2020. En 2017 la variable «trabajo infantil» se integró en la ficha de identificación de programas sociales (FIPS), con el fin de que las instituciones que integran el sistema nacional de información (SNIS) transmitan los datos al Registro único de usuarios nacionales en el tema de trabajo infantil (RUUN). La Dirección de Promoción Social impartió dos capacitaciones sobre la colección de datos relativa al trabajo infantil del SNIS, en coordinación con el comité técnico sectorial, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la Dirección de Promoción Social. El coordinador de CODEPETI convocó reuniones ordinarias y extraordinarias en los diferentes departamentos sobre el tema de la erradicación del trabajo infantil. La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos y le solicita que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre los resultados concretos obtenidos gracias a los diversos programas sociales que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, así como sobre las medidas prácticas adoptadas para luchar contra la pobreza, en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta.