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Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Spain (RATIFICATION: 1990)

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Observation

2015
2014
2004

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La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores recibidas el 11 de noviembre de 2015.

Artículos 2-7 del Convenio. Aplicación de una política nacional de readaptación y empleo para las personas con discapacidad. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno que describa su política nacional de rehabilitación profesional y empleo para los trabajadores con discapacidad. A este respecto, la Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en su memoria sobre la campaña «integración laboral para discapacitados» para el año 2014 sobre la cuota de reserva del 2 por ciento a favor de trabajadores con discapacidad y las medidas alternativas relativas al empleo de personas con discapacidad, tales como los contratos con centros especiales de empleo, donaciones y constitución de enclaves laborales. Además, el Gobierno transmite datos de contratación que afectan a personas con discapacidad en las distintas modalidades. El Gobierno indica que no existe ninguna institución donde estén representados tanto los interlocutores sociales como las organizaciones representativas del sector de la discapacidad. Sin embargo, las organizaciones representativas del sector de la discapacidad pueden realizar sus propuestas directamente al Ministerio de Empleo y Seguridad. También el mencionado Ministerio remite sus proposiciones normativas a las organizaciones representativas del sector de la discapacidad para su informe y consideración. La Comisión observa que la CCOO y la UGT sostienen que las personas con discapacidad en edad laboral se encuentran mayoritariamente entre los inactivos. En 2014, la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue de 24,3 por ciento mientras que para las personas sin discapacidad se situaba en 57,1 por ciento. Según la CCOO, los resultados de las políticas públicas son deficientes y la totalidad de las empresas obligadas no cumplen con la cuota de reserva. La CCOO sostiene que se deben reforzar, incluso mediante la negociación colectiva, los programas e incentivos para la eliminación de barreras, obstáculos físicos, arquitectónicos y de transporte para las personas con discapacidad; adaptar los horarios y dar la posibilidad de alternar trabajo presencial y teletrabajo. Entre otras iniciativas, la UGT propone que se potencie el papel de los servicios públicos de empleo para adecuarse a las necesidades de los trabajadores con discapacidad mediante la creación de unidades especializadas y se desarrolle una coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo. En su respuesta, el Gobierno destaca la importancia del papel que le cabe a la Inspección del Trabajo para verificar que no existe discriminación en el acceso al empleo y en el cumplimento de la normativa sobre la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas para aplicar una política nacional de rehabilitación profesional y empleo para los trabajadores con discapacidad y que informe sobre sobre el impacto que hayan tenido dichas medidas para que las personas con discapacidad logren empleo en el mercado libre de trabajo. Sírvase presentar ejemplos sobre la manera en que se ha consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, así como a las organizaciones representativas constituidas por personas con discapacidad para diseñar, aplicar y revisar dicha política. La Comisión espera que la memoria también contenga informaciones actualizadas sobre los servicios de orientación e información profesionales, colocación y empleo que se ofrecen a las personas con discapacidad para que puedan lograr, conservar y progresar en el mercado libre de trabajo.

[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]