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Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión había tomado nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva, que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión tomó nota de que según el Gobierno, la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.