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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Canada (RATIFICATION: 1964)

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Discriminación basada en la opinión política y el origen social. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que urgió al Gobierno a que modificara la Ley de Derechos Humanos del Canadá y a que adoptara las medidas necesarias para modificar la legislación de determinadas provincias y territorios ya que el origen social o la «condición social» y la opinión política sólo se incluye como motivo de discriminación en la legislación de Quebec, los territorios del Noroeste, Nuevo Brunswick y Terranova, y Labrador. La Comisión recuerda también que la «condición social» se utiliza en la legislación y jurisprudencia canadiense en el sentido del término «origen social» previsto en el Convenio.

La Comisión toma nota de que según la Ley de Enmienda del Código de Derechos Humanos de Manitoba, adoptada el 14 de junio de 2012, la discriminación en el empleo con motivo de la «desventaja social» que se basa en un estereotipo negativo relacionado con dicha desventaja actualmente está prohibida en el Código de Derechos Humanos de Manitoba (artículos 9, 1); 9, 2), 1) y 14, 1)). La «desventaja social» se define como la pérdida de estatus social o de prestigio social, debido a: a) carecer de vivienda o tener una vivienda inadecuada; b) niveles bajos de educación; c) ingresos bajos de larga duración; o d) subempleo o desempleo de larga duración (artículo 1). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Código de Derechos Humanos de Ontario y la Carta de Derechos y Libertades del Canadá prevén una amplia protección frente a la discriminación que cubre, entre otros, a los pobres y otros grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el origen social o la «condición social» no se incluyen (de manera específica) como un motivo prohibido de discriminación en virtud de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá o del Código de Derechos Humanos de Ontario. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para modificar la Ley de Derechos Humanos del Canadá (CHRA) a fin de incluir el origen social o la «condición social» y la opinión política como motivos prohibidos de discriminación en el empleo y la ocupación, que indique todos los progresos realizados a este respecto e incluya información sobre las medidas de seguimiento adoptadas en relación con el documento de investigación publicado en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos del Canadá sobre la inclusión de la «condición social» en la CHRA. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación práctica del Código de Derechos Humanos de Manitoba en lo que respecta a la «desventaja social» que es un motivo de discriminación prohibido. Sírvase asimismo indicar todas las medidas adoptadas para incluir el origen social o la «condición social» y la opinión política en la legislación de las provincias y territorios pertinentes, incluido Ontario.

Igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda que el artículo 13, 5), de la Ley de la Corporación Postal del Canadá excluye a los contratistas del servicio de correo de la aplicación de la parte I del Código del Trabajo del Canadá. Asimismo, recuerda la observación presentada por el Congreso del Trabajo del Canadá en la que se señala que la exclusión discrimina a las mujeres, que representan el 71 por ciento de los empleados de los servicios de distribución postal de las zonas rurales o suburbanas. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que los hombres y mujeres están concentrados en diferentes sectores económicos. El Gobierno indica que no existe una conexión obvia e intencional entre el artículo 13, 5) y la discriminación por motivo de género. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para examinar y abordar el impacto de la exclusión en virtud del artículo 13, 5), de la Ley de la Corporación Postal del Canadá sobre las mujeres, en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las medidas adoptadas para incrementar el acceso de las mujeres a diversas ocupaciones, incluidos los programas de aprendizaje, en los cuales, en 2010, las mujeres representaban el 16 por ciento del total y el 3 por ciento en los sectores no tradicionales. Los consejos sectoriales a nivel federal han empezado a aplicar estrategias para alentar a las mujeres a trabajar en sectores no tradicionales, incluidos la construcción y la minería. La Comisión también toma nota de medidas similares adoptadas para incrementar el acceso de las mujeres a ocupaciones no tradicionales, en ámbitos como las oficinas políticas, la ciencia, la ingeniería y la tecnología, a nivel provincial, incluso en Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y Ontario. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medias adoptadas tanto a nivel federal como a nivel provincial para promover el acceso de las mujeres al empleo y la ocupación, incluso en sectores en los que tradicionalmente han predominado los hombres, así como sobre el impacto de dichas medidas.

Política nacional. La Comisión recuerda la observación del Congreso del Trabajo del Canadá en la que se hacía hincapié en la necesidad de una política nacional más estructurada en materia de igualdad en el empleo y la ocupación, que abarque principios unificados para todas las jurisdicciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que todas las jurisdicciones canadienses están adoptando y coordinando políticas activas destinadas a implementar el Convenio y que el Gobierno federal no está en posición de desarrollar y aplicar leyes, reglamentos, políticas y programas a nivel federal con respecto a cuestiones tales como la discriminación en el empleo, en las que las provincias y territorios ejercen su jurisdicción. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre toda iniciativa a nivel federal que aborde las diferencias de políticas sobre igualdad en el empleo y la ocupación a nivel provincial y territorial, y que indique todas las medidas adoptadas para coordinar las políticas de igualdad provinciales y territoriales. Sírvase asimismo indicar la manera en que los interlocutores sociales colaboran en estas iniciativas y medidas a nivel federal.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.