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La Comisión toma nota de que según los comentarios presentados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) la negociación colectiva en el sector de los servicios públicos no está permitida por la legislación. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que se reconozca el derecho de negociación colectiva a todos los empleados y servidores públicos que no trabajen en la administración del Estado, de conformidad con el artículo 6 del Convenio.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión había tomado nota de que el artículo 7 de la Ley sobre los Sindicatos (LUA) establece los fines legales para los cuales pueden establecerse las federaciones. Los fines mencionados incluyen, entre otras cosas: la formulación de una política relativa a la administración adecuada de los sindicatos y al bienestar general de los empleados; la planificación y la administración de programas educativos de los trabajadores; y la consulta en torno a todas las cuestiones relacionadas con los asuntos laborales de los sindicatos. Observando que el fin legal concebido con arreglo al artículo 7 de la LUA, no incluye la negociación colectiva, la Comisión recuerda que el derecho de negociación colectiva también debería otorgarse a las federaciones y a las confederaciones de sindicatos (véase el Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva, párrafo 249). En relación con esto, la Comisión pide al Gobierno que confirme si se garantiza el derecho de las federaciones de sindicatos a negociar colectivamente, en la LUA o en otra legislación.

Arbitraje obligatorio. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 5, 3), de la Ley de Conflictos Laborales (arbitraje y conciliación), de 2006, en los casos en los que un conflicto laboral notificado a un dirigente laboral no se remite a un tribunal del trabajo dentro de las ocho semanas a partir del momento de su notificación, cualquiera de las partes o ambas partes en el conflicto pueden remitir el mismo al Tribunal del Trabajo. La Comisión tomó nota asimismo de que el artículo 27 de la ley, faculta al Ministro a remitir los conflictos al Tribunal del Trabajo, cuando una o ambas partes en un conflicto se nieguen a dar cumplimiento a las recomendaciones del informe emitido por un consejo de investigación. Vinculado con esto, la Comisión recuerda que el recurso al arbitraje obligatorio es aceptable sólo para: 1) los trabajadores de los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, y 2) los empleados públicos que trabajan en la administración del Estado. Por otra parte, las disposiciones que permiten que las autoridades impongan un arbitraje obligatorio o que permiten que una parte presente unilateralmente un conflicto a las autoridades para su arbitraje, contravienen el principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos consagrados en el artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que enmiende la legislación anterior para ponerla en conformidad con el Convenio.