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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. En respuesta a la observación de 2009, el Gobierno expuso en su memoria, recibida en septiembre de 2010, la interrelación entre las medidas pasivas y activas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que se modificó la Ley de Seguro de Desempleo, reconociendo el pago de una prestación especial a los mayores de 50 años que tengan dificultades importantes para encontrar empleo. Para determinados sectores particularmente afectados por la crisis en las industrias del cuero, textil y confección, madera y metalmecánica, se estableció un régimen especial de subsidio por desempleo parcial. Asimismo, la Comisión toma nota de que se adoptaron medidas de protección al empleo para capacitar, recalificar y entrenar a trabajadores de los sectores más vulnerables mediante el programa Objetivo Empleo y el programa Uruguay Estudia. La Comisión toma nota de que durante 2009, a pesar de los efectos de la crisis, la economía mantuvo una tasa de crecimiento positiva (2,9 por ciento) sustentada por el incremento del consumo, de la inversión pública y de la demanda externa. Los sectores que mostraron mayor dinamismo fueron el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, mientras que la industria en general registró una fuerte contracción asociada a la disminución de las exportaciones. En 2009, la tasa de actividad se situó en el 63,2 por ciento y la tasa de desempleo descendió del 7,3 por ciento (en 2009) al 6,8 por ciento (durante 2010). La Comisión toma nota de que siguió el proceso de fortalecimiento de la red de Centros Públicos de Empleo (CEPES) y que, en mayo de 2010, había 24 CEPES funcionando. La Comisión se remite a su observación anterior, y pide al Gobierno que indique en su próxima memoria la manera en que se avanzó para alcanzar los objetivos de superación de la pobreza, reducción de las desigualdades sociales y garantía de desarrollo sostenible que se habían indicado en el Programa de Trabajo Decente convenido en febrero de 2007. La Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre los resultados de las medidas activas y pasivas del mercado del trabajo que se mencionan en la presente observación y la manera en que han contribuido al objetivo de un empleo pleno, productivo y de calidad. La Comisión desearía poder examinar datos desagregados por categorías de trabajadores que suelen tener más dificultades para encontrar empleo duradero, tales como las mujeres que se encuentran en el sector rural, los trabajadores más jóvenes y los trabajadores desocupados de mayor edad.

Fortalecimiento y coordinación institucional. El Gobierno indica que, en el marco del Programa de Trabajo Decente, se reorganizó el sistema Dirección Nacional de Empleo – Junta Nacional de Empleo, dentro del cual destaca la creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) en octubre de 2008. En el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, la Comisión observó la creación del INEFOP (párrafo 144 del Estudio General de 2010). La Comisión recuerda la importancia de vincular las medidas que se toman en el marco de la política del empleo y de formación profesional, con las políticas generales de desarrollo, especialmente con las de promoción industrial. La Comisión invita al Gobierno a agregar en su próxima memoria informaciones sobre los mecanismos que se hayan establecido para facilitar la coordinación necesaria de las políticas de empleo y de enseñanza con las políticas de desarrollo económico y social que se adoptan en diferentes instancias ministeriales.

Trabajadores de la economía informal. El Gobierno declara que la informalidad en el mercado de trabajo se ha reducido marcadamente, debido a un conjunto de medidas adoptadas con ese fin. La Comisión toma nota con interés de que para alcanzar tal objetivo se constituyó un grupo de negociación del servicio doméstico en el seno del Consejo de Salarios y el Banco de Previsión Social adoptó iniciativas para reducir la falta de inscripciones en la seguridad social, lo que incrementó el número de cotizantes. Además, se facilitó la formalización de las empresas más pequeñas, el régimen impositivo y la promoción de exportaciones de productos fabricados por microempresas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2008, la tasa de informalidad alcanzó el 32,9 por ciento, en mayor medida en el interior del país, con una brecha entre hombres y mujeres más elevada allí que en las zonas urbanas. La Comisión invita al Gobierno a que continúe brindando informaciones sobre la integración de los trabajadores de la economía informal en el mercado formal del trabajo y sobre el impacto de las medidas de apoyo a la creación y consolidación de micro y pequeñas empresas.

Cooperativas. La Comisión toma nota de que por decreto núm. 558/009, de 9 de diciembre de 2009, el Gobierno reguló el funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), que tiene entre otros cometidos la coordinación de la formulación, la articulación y la ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, el fomento del sector cooperativo y la formulación de programas de formación para la generación de capacidades de dirección de las cooperativas. La Comisión invita al Gobierno a que amplíe en la próxima memoria la información sobre los progresos que hace el INACOOP para fomentar las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales.

Enseñanza y oferta de formación profesional. El Gobierno informó sobre el programa Uruguay Estudia, basado en la mejora de las competencias, conocimientos y habilidades vinculadas a proyectos innovadores y a las demandas de los sectores públicos, privados y sociales. Se han establecido becas, pasantías y líneas de crédito para quienes posteriormente a sus procesos de formación y capacitación quieran desarrollar emprendimientos productivos. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria agregue información acerca del impacto de las medidas adoptadas y de las otras iniciativas destinadas a capacitar a los trabajadores activos, a los desempleados recientes y a desempleados de larga duración.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas de empleo y formación profesional. El Gobierno destaca en su memoria el carácter tripartito del INEFOP lo cual fortalece las posibilidades de diseño y ejecución de programas de formación profesional en el país. El Gobierno menciona también que, en noviembre de 2009, en el marco del compromiso nacional por el empleo en el sector de la construcción, se llevaron a cabo actividades con interlocutores sociales de Argentina para capacitar trabajadores en el sector. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información más detallada sobre la manera en que los interlocutores sociales participan en el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo y formación profesional, incluyendo datos sobre actividades desarrolladas por las comisiones tripartitas del INEFOP sobre empleo y formación profesional a nivel departamental y sectorial y con otros países de la región.