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La Comisión toma nota con interés de la información detallada comunicada por el Gobierno en septiembre de 2009, en respuesta a la discusión tripartita que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2009, y a su observación anterior.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno prosigue sus estrategias y políticas de largo plazo para promover el empleo, da prioridad a la expansión del empleo en el desarrollo socioeconómico y se esfuerza para alcanzar una integración solvente entre el desarrollo económico y la generación de empleo. El Gobierno dedica su atención a desarrollar industrias intensivas en mano de obra y terciarias, empresas privadas y empresas de inversión extranjera, pequeñas y medianas empresas (PYME), empleo por cuenta propia y formas flexibles de empleo. Para garantizar que la creación de empleo se sitúa en el centro de las políticas macroeconómicas, las autoridades establecieron para la coordinación de las políticas, grupos de trabajo interdepartamentales sobre el empleo. Un sistema conjunto de reuniones ministeriales, dirigido por un Viceprimer Ministro, reúne a representantes de más de 20 ministerios. Se adoptan en la actualidad políticas activas de empleo, centrándose en la reducción de impuestos, en los microcréditos y en los préstamos con tasas de interés subvencionadas para las empresas que comienzan y para el empleo por cuenta propia; incentivos a la contratación, como la reducción fiscal y las subvenciones a las cotizaciones al seguro social para las empresas que contraten a los desempleados; regímenes de creación de empleo público para los trabajadores difíciles de colocar; y programas específicos de asistencia al empleo, para garantizar que cada familia tenga al menos a un miembro empleado. El Gobierno reconoce la presión del empleo de larga duración que viene sufriendo, debido a factores tales como la gran población, la industrialización, la urbanización, la reestructuración económica y la calidad comparativamente baja de la fuerza del trabajo. El Gobierno también declara que, cada año, China tiene 24 millones de demandantes de empleo en las zonas urbanas y 10 millones de trabajadores rurales que buscan colocación, lo que arroja como resultado una presión sobre el mercado del trabajo que no conoce ningún otro país. En su memoria, el Gobierno indicó que, desde 2003, se crearon más de 10 millones de empleos y más de 8 millones de trabajadores fueron trasladados de las zonas rurales cada año. En 2008, el desempleo urbano registrado se situó en el 4,2 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información acerca del impacto de las mencionadas medidas para generar empleo.

Medidas adoptadas en respuesta a la crisis mundial. La Comisión toma nota de que la crisis había afectado especialmente al sector de las exportaciones y a las PYME y de que los migrantes y los nuevos ingresantes en el trabajo, se encontraban entre los más afectados. En su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión tomó nota de que el Consejo de Estado había adoptado la Notificación núm. 4, de 2009, relativa a las cuestiones que afectan al empleo en la actual crisis económica, así como otros documentos sobre cómo afrontar la actual situación económica y dar más estabilidad a la relación de trabajo (párrafo 620 del Estudio General de 2010). Entre las medidas adoptadas para dar respuesta a la crisis, el Gobierno inició paquetes de estímulo que se centran en las infraestructuras, en las obras públicas, en la inversión en desarrollo rural y en un respaldo a las industrias intensivas en mano de obra, especialmente de las PYME y del sector de los servicios. Se permitió que las empresas aplazaran o redujeran el pago de las cotizaciones al seguro social y también recibieron subvenciones. La Comisión toma nota de que se promueve en la actualidad el diálogo social como herramienta para responder a la crisis. El mecanismo tripartito nacional publicó una guía sobre cómo hacer frente a la crisis económica actual y estabilizar la relación laboral para impulsar y orientar a las empresas y a los trabajadores para que obtengan puestos de trabajo estables y en la medida de lo posible se eviten los despidos, mediante consultas, ajustes salariales y un tiempo de trabajo flexible. La Comisión destaca la importancia que tienen unas consultas tripartitas genuinas para afrontar y mitigar los efectos de la crisis económica mundial. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre la participación de los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de una política activa de empleo, para contribuir a superar los efectos negativos de la crisis.

Impacto de la legislación en la creación de empleo. El Gobierno indica que la aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo había traído consigo un incremento de los empleos suscritos (alcanzándose el 93 por ciento en 2008), y un descenso de la tendencia de suscripción de contratos de corta duración, lo que supuso una mayor estabilidad de los trabajadores en el empleo. La aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo también se derivó en un incremento del número de personas que se habían registrado en la seguridad social. El Gobierno también declara que la Ley sobre Promoción del Empleo, había traducido las políticas activas de empleo en un texto legislativo, aportando un poderoso apoyo legal a la consecución del pleno empleo. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto y los resultados alcanzados en términos de creación de empleo productivo y sobre la mejora de la seguridad en el empleo de los trabajadores, a través de la aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo y de la Ley sobre la Promoción del Empleo.

Grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las diferentes políticas, planes y acciones de empleo desarrollados para abordar las consecuencias del devastador terremoto de Sichuan (mayo de 2008), incluida la asistencia al empleo y las políticas de apoyo para recuperar la producción y estabilizar el empleo. Según los datos transmitidos por el Gobierno, hasta marzo de 2009, las localidades habían comunicado información sobre más de 1.170.000 oportunidades de trabajo en las zonas afectadas por el terremoto, se había contribuido a que 105.000 trabajadores encontraran empleo, a través del cambio de empleo en zonas lejanas y del empleo directo, proyectos de reconstrucción para paliar el desastre, los cuales habían asistido a más de 1.267.000 trabajadores a encontrar empleo en el lugar o en sitios cercanos y 308.000 trabajadores fueron trasladados de Sichuan, mediante migraciones laborales organizadas. La Comisión también toma nota de que se había dado inicio a un sistema «Emergency-Start and Improve Your Business (E-SIYB)» para apoyar la recuperación de la producción de las PYME en el terreno y de los trabajadores rurales, para la creación de empresas en las ciudades de Chengdu, Deyang y Mianyang. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del reglamento adoptado para promover el empleo de las personas con discapacidad. El Gobierno informa asimismo de que había formulado una serie de políticas y medidas de acompañamiento, a los efectos de una mayor asistencia a las personas con discapacidad y de promoción de su empleo, incluidos los servicios especiales, la mejora de los servicios del empleo y la formación orientada a ayudarlos a comenzar su propia empresa y el empleo por cuenta propia. El Gobierno también adoptó medidas específicas para los trabajadores rurales con discapacidad para aumentar su empleabilidad. A finales de 2008, se había encontrado un nuevo empleo para 368.000 trabajadores con discapacidad, en las zonas urbanas, y 17.171.000 trabajadores rurales con discapacidad habían sido contratados en la producción activa. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información acerca del impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo productivo para los grupos de trabajadores vulnerables. Sírvase asimismo incluir en la próxima memoria datos sobre la situación y las tendencias de la población activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, desglosados por sector, edad y género, en particular para los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores rurales y las minorías étnicas.

Garantizar el reempleo de los trabajadores despedidos. En relación con las medidas encaminadas a aumentar la empleabilidad de los trabajadores que habían sido despedidos por empresas del Estado, el Gobierno indica que entre 2003 y 2008, más de 30 millones de trabajadores se habían reintegrado por diferentes canales en el mercado del trabajo. El Gobierno había establecido instituciones de formación laboral para impartir formaciones flexibles y diversificadas, y había lanzado un proyecto de reempleo con capacitación, mediante el cual se esperaba formar a 4 millones de trabajadores al año. Entre 2006 y 2008, había encontrado trabajo el 68 por ciento de los 18.880.000 trabajadores que habían participado en la formación para el reempleo. La Comisión toma nota de que las empresas que contratan a trabajadores de edad avanzada, reciben subvenciones, y de que se presta especial atención a los trabajadores de más edad en el grupo situado entre los 40 y los 50 años. La Comisión pide al Gobierno que siga brindando información acerca de las medidas previstas para mejorar la inserción en el mercado laboral de los trabajadores que continúan afectados por los despidos de las empresas del Estado.

Coherencia y transparencia de la información relativa al mercado laboral. El Gobierno informa de que, hasta noviembre de 2008, se habían realizado siete encuestas laborales. No obstante, la complejidad del mercado del trabajo no queda completamente reflejada. La Comisión toma nota de que el Gobierno explora en la actualidad la manera de mejorar dichos métodos de encuesta, para obtener mejores resultados. La Comisión había tomado nota, en el Estudio General de 2010, de que la Confederación de Empresas de China, mediante su red de afiliados, recoge información de las empresas, en relación con la contratación, la gestión de los recursos humanos y la formación profesional (párrafo 80 del Estudio General de 2010). La Comisión recuerda la importancia de compilar y analizar los datos estadísticos y las tendencias actualizados, como base para la decisión de medidas de política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe brindando información sobre los progresos realizados para la obtención de datos actualizados y la manera de utilizarlos para formular y revisar políticas de empleo.

Construcción de un mercado del trabajo unificado. La Comisión toma nota de que la reforma del sistema de registro de los hogares avanza de manera constante y que la reforma se dirige a lograr una gestión integrada de los permisos de residencia de la población inmigrante. El Gobierno flexibiliza en la actualidad el requisito para los trabajadores rurales que ya tienen empleo y residencia estables en ciudades y pueblos. También se realizan esfuerzos para desarrollar de manera activa las empresas en ciudades y pueblos y las economías en el ámbito del condado para aumentar las oportunidades de empleo de la fuerza de trabajo rural. El Gobierno informa de que trata de incrementar los esfuerzos encaminados para garantizar un mercado laboral urbano-rural unificado y aplicar la Ley sobre Promoción del Empleo de manera más exhaustiva, de modo de acelerar la instauración de una política de empleo que contemple la igualdad entre las zonas rurales y urbanas. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre el impacto de las medidas que se aplican en la actualidad para garantizar que los trabajadores gocen de los mismos derechos y obligaciones en un mercado laboral unificado. Sírvase comunicar más información sobre los proyectos iniciados para unificar la gestión del empleo y los resultados alcanzados por los servicios del empleo para dar empleo a los trabajadores rurales que buscan trabajo en las ciudades. La Comisión espera que las medidas que han de adoptarse tengan éxito para unificar el mercado laboral e invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria una evaluación sobre cómo se ha alcanzado un crecimiento equilibrado del desarrollo económico y del empleo en las diferentes regiones del país.

Extensión de la seguridad social y de la asistencia sanitaria. El Gobierno indica que la cobertura de seguridad social se extiende para cubrir a más personas, especialmente los trabajadores rurales migrantes y los trabajadores con empleo precario, y que se acelera el establecimiento de un sistema de seguro médico básico. El Gobierno informa que se espera que, entre 2009 y 2011, los gobiernos de todos los niveles inviertan alrededor de 120 billones de dólares de los Estados Unidos en la mejora del seguro médico y del sistema de servicios médicos. El Gobierno espera que en 2010, cada uno de los 1,3 billones de ciudadanos del país goce de una plena cobertura de seguro de salud. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información actualizada sobre este tema y su impacto en la creación de un empleo duradero.

Fortalecimiento de los servicios de empleo. El Gobierno indica que en 2008, el 99 por ciento de los barrios urbanos y el 80 por ciento de los pueblos habían establecido servicios públicos de empleo que brindan asistencia y servicios de colocación laboral, y que habían contribuido a que 20 millones de personas encontraran trabajo. La Comisión recuerda el papel clave que desempeñan los servicios de empleo eficaces para mantener el pleno empleo y atender las necesidades de los trabajadores y de las empresas (párrafo 202 del Estudio General de 2010). En 2008, operaban en el país 10.000 agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de que, dentro de los esfuerzos dirigidos a completar y mejorar los servicios del empleo, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, se había dado inicio a proyectos piloto para el establecimiento de sistemas de servicio de empleo público a nivel de condado y de pueblo. En 2009, se dio inicio a otro programa orientado a proporcionar prácticas a 3 millones de graduados universitarios y existen planes para ayudar a 1 millón de trabajadores desempleados de larga duración a encontrar trabajos, y asistir a 8 millones de trabajadores migrantes para que se coloquen en el sector no agrícola. La Comisión invita al Gobierno a que informe acerca de los logros para fortalecer los servicios públicos del empleo y para regular las agencias de empleo privadas. Sírvase también comunicar información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas, y las medidas que el Gobierno adopta para impulsar a las agencias de empleo privadas a que mejoren la calidad de sus servicios, para cumplir con sus funciones de promover empleo.

Promoción de las pequeñas y las medianas empresas. La Comisión toma nota del incremento de los canales para financiar las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno también había alentado a las instituciones financieras a que mejoraran sus servicios y a que aumentaran su apoyo al crédito para las PYME, incluida la concesión de microcréditos para las personas que establecieran sus propias empresas. En 2008, el Gobierno publicó una guía sobre la intensificación de los esfuerzos dirigidos a alentar los inicios de la promoción del empleo y se creó una junta directiva para brindar asistencia a los empresarios que dieran inicio a sus empresas. La Comisión toma nota de que se habían seleccionado 82 ciudades para liderar una nueva iniciativa de la ciudad orientada a los emprendimientos. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, más información sobre estas iniciativas e información sobre el impacto de dichas medidas en la creación de empleo. Sírvase también informar sobre las medidas adoptadas para facilitar los procedimientos de inicio de las empresas y sobre los esfuerzos realizados para crear un entorno que conduzca a la creación, al desarrollo y a las sostenibilidad de las PYME.

Formación profesional y políticas educativas. El Gobierno trata de suministrar una formación profesional no agrícola a 40 millones de trabajadores rurales, a través del Programa empleo con capacitación para la fuerza de trabajo rural. Entre 2006 y 2008, habían sido 26.500.000 los trabajadores rurales que habían recibido una formación. Además, algunas localidades habían emitido cupones de formación y abierto cuentas de formación, en un esfuerzo encaminado a alentar a los trabajadores rurales a que participaran en la formación. La Comisión también toma nota de que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social había aplicado, en 2009-2010, un programa especial de formación profesional, a efectos de aportar una «formación adaptada», para dar cumplimiento a los requisitos laborales específicos de las empresas, de modo que los trabajadores rurales pudiesen ser encaminados directamente al trabajo. La Comisión también toma nota de que, con el fin de asistir a los trabajadores despedidos y de que volviera a ingresar en el mercado laboral la fuerza de trabajo rural, el Gobierno había designado instituciones de formación profesional, para que se llevaran a cabo formaciones flexibles y diversificadas. La Comisión también advirtió, en el Estudio General de 2010, de que los sindicatos de diversos niveles habían establecido agencias de formación profesional (párrafo 176 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre cómo se coordinan las políticas de desarrollo de recursos humanos con las políticas de empleo y sobre cómo se fortalece en la actualidad la coordinación entre las instituciones profesionales. También pide que se incluya información sobre cómo participan las entidades locales y los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de las políticas y los programas de formación.

Cooperación técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que el Programa de la OIT Comienzo y Mejora de su Empresa (SIYB), había completado sus actividades en áreas de desarrollo del producto, de control de calidad y de desarrollo de los formadores. La Comisión también toma nota de que la asistencia técnica aportada con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, con la OIT como organismo ejecutivo rector, espera mejorar el contenido y la aplicación del marco de la política de servicios a los jóvenes trabajadores rurales. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre los resultados obtenidos mediante estos proyectos y también sobre los resultados para crear empleo derivados de la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País (2006-2010).